Nunca llueve a gusto de todos y menos en un tema tan espinoso como el urbanismo. Ya se anunciaba antes incluso de su entrada en vigor. Las impugnaciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella iban a llegar desde distintos frentes. Del lado de los descontentos con la situación en que han quedado sus viviendas o sus terrenos y del otro, del de los vecinos críticos con que se hayan legalizado irregularidades que en su día supusieron una merma en su calidad de vida. Un mes después de que el Plan echara a andar, ya ha trascendido que los recursos contenciosos administrativos comienzan a acumularse en los tribunales.
Aunque tanto el Ayuntamiento como la Junta guardan un total hermetismo sobre este asunto, lo cierto es que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) daba la primera pista la semana pasada. En una resolución, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda emplazaba a los terceros que pudieran estar afectados en ocho impugnaciones de la aprobación definitiva del PGOU, que se produjo el 25 de febrero de este año y que fue el primero de los últimos pasos para que el planeamiento se convirtiera en una realidad.
Aunque no ha trascendido el contenido de los recursos, fuentes jurídicas consultadas por este periódico explicaron que la Junta está obligada a informar a los posibles interesados para que puedan personarse como demandados. Esto es, cuando las impugnaciones no se refieran a un aspecto del Plan que sólo atañe al demandante sino que implique a otros, caso de promotores o propietarios de viviendas. De momento son los únicos recursos que han trascendido, pero puede haber ya muchos más sin terceros afectados.
Buscan la nulidad
«La intención es pedir la nulidad de plan, atacar a su racionalidad o demostrar que no se cumple el principio de proporcionalidad», explica uno de los abogados consultados, que representa a algunas comunidades de propietarios que ya han llevado su descontento con el Plan a los tribunales. Los especialistas discrepan sobre si el recurso había que presentarlo a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva -el plazo ya venció-, o si debe hacerse a la publicación del documento, que se produjo el 20 de mayo, por lo que restarían tres semanas de plazo. Sea como fuere, el Ayuntamiento considera que el plazo para presentar las impugnaciones acaba el 20 de julio. Otra cosa es lo que digan finalmente los tribunales.
Lo que también es una incógnita es si la avalancha que se anunciaba será tal o si finalmente los jueces tendrán sobre la mesa los casos normales cuando se abordan planes generales de este envergadura. El equipo de gobierno lleva semanas mandando un mensaje de tranquilidad a los vecinos e instándoles a que acudan a Urbanismo para conocer cuáles son realmente las compensaciones a las que tendrán que hacer frente sus promociones urbanísticas para entrar en la senda de la legalidad.
«La gente no está muy por la labor porque confía en lo que ha dicho la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y no han valorado el tema de las compensaciones», anotan. La Junta también se curó en salud con las áreas suspendidas en el frente litoral para intentar blindar el Plan frente a los contenciosos de los promotores del medio millar de viviendas fuera de ordenación.
Dentro de un mes se conocerá si el aluvión ha sido tal. Si los tribunales les dan o no la razón, requerirá de más paciencia. A día de hoy los pleitos urbanísticos tardan una media de dos años en resolverse, según apuntan algunas fuentes. Para muchos, una eternidad.
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