La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares es un colectivo organizado que lucha por los derechos de los propietarios de estos inmuebles. Vázquez
María del Mar Vázquez, en el centro de Málaga. Carlos Criado
María del Mar Vázquez e s ama de casa, madre de dos hijos y propietaria de un inmueble de apenas 45 metros cuadrados en un diseminado de Campanillas.
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA
¿Por qué surge la idea de crear esta asociación?
Surge porque los vecinos no obtenemos soluciones por parte del Ayuntamiento ni de la Junta de Andalucía y estamos aislados al vivir en distintos municipios.
¿Cuál es la causante de vuestro problema?
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El artículo 46 dice que cualquier propietario de vivienda hecha en terreno no urbanizable tiene que justificar su actividad agropecuaria. Que me digan a mí qué casa hay en el campo que viva del campo. Yo creo que habrá pocas.
Y la situación actual es...
Los cortijos, por lo general, se han ido heredando a los descendientes de cada familia. Se han ido haciendo particiones y se han ido aprobando. En algunos casos, además, se han vendido. Los ayuntamientos han ido aprobando segregaciones donde no se podían generar. Como resultado, hay diseminados con 200 y 300 casas que ahora nos dicen que son ilegales. Los terrenos están protegidos, la ilegalidad de las casas no prescribe y la orden de demolición tampoco.
¿Cuál es la postura de los políticos ante esta circunstancia?
El caso es que ellos pusieron en vigor la LOUA en 2003. Todos estos años lleva sin desarrollarse y ahora están haciéndolo. Queremos que el desarrollo que hagan se ajuste a la legalización de las viviendas; pero con un artículo así...
Entonces, quieren modificar la LOUA.
En Extremadura, el PP y el PSOE han llegado a un acuerdo y han modificado la ley del suelo. Lo único que pedimos es que la copien aquí. Que la adapten y que nos den una solución aquí.
Aunque lo hicieran, ¿ es posible que se aplique con carácter retroactivo?
En Extremadura la están aplicando con carácter retroactivo y las legalizaciones son de segundas viviendas. Ojo, que no estamos diciendo que toda la LOUA no valga. Tan sólo nos referimos al punto donde se refiere a las viviendas irregulares.
¿No le parece una amnistía?
No pedimos amnistía. Nosotros pagamos. Pero queremos pagar una legalización, no un derribo. Por cierto, tenemos unas multas desorbitadas. Hay vecinos con sanciones de hasta 300.000 euros con viviendas cuyo valor no llega a 10.000.
¿Entiende la postura del ciudadano que pueda considerarse una víctima del sistema si legalizan sus casas?
Entiendo la postura del ciudadano que ha pagado licencia y proyecto. Pero también le digo que nosotros vamos a pagar más del triple de lo que vale una vivienda normal. El problema es que piensan que el que tiene una casa en el campo, tiene una mansión como segunda residencia. Ese caso es el más extraño. Yo tengo una vivienda de 45 metros cuadrados. Pero yo no me niego a pagar. La solución que proponemos es que se legalicen las casas para quedarnos con ellas y que nos pongan equipamientos. Además, recordamos que el problema no es sólo problema del propietario, sino de la mala gestión del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. No ha habido vigilancia. No han hecho su trabajo. Por tanto, no es justo que ahora sea el vecino solo el que pague el pato.
El propietario también debería conocer la ley o preocuparse por lo que adquiere, ¿ no?
Una persona cuando se compra un coche, elige modelo y equipamiento pero no sabe si la empresa que pone los tubos de escape, los fabrica mal y resulta perjudiciales para la salud. Pero ya digo que estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad, lo que no tolero es que se vengan ahora a cortar cabezas de personas normales sin cortar la de los responsables políticos. El caciquismo en Andalucía se tiene que acabar.
¿Cuántas viviendas contabilizan en estas condiciones?
Hablamos de unas 60.000. Pero tampoco es una cifra real porque no hemos podido llegar a todos los pueblos y a sus diseminados.
Son muchas.
Por eso no valen ya soluciones individuales. Tiene que ser una solución conjunta. Queremos una solución real para el problema. Nosotros no hemos dejado de pagar el IBI.
¿Qué propone para evitar que la historia se repita en el futuro?
Que los gobernantes hagan su trabajo. Que controlen en los pueblos donde hay menos de veinte mil habitantes. Que actúen rápido cuando se detecte una obra ilegal y que no acudan cuando ya está consolidada.
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