Urbanismo frena el intento de lucro en dos expropiaciones (La Opinión)

Los propietarios piden 34 millones de € por suelos que adquirieron por 432.000 € hace 7 meses

Una vista aérea de la parcela situada en San Vicente de Paul, en El Limonar.  La Opinión

JAVIER GARCÍA RECIO El Ayuntamiento de Málaga va a frenar dos nuevos intentos de enriquecimiento desproporcionado de dos empresas que adquirieron terrenos que debían ser expropiados por la Gerencia de Urbanismo, para a continuación reclamar por la expropiación de esos suelos cantidades muy superiores a las desembolsadas por ellos en la compra. Todo ello en un corto espacio de tiempo y sin haber realizado ninguna modificación en dicho suelo.

Los dos proyectos de expropiación se verán en el consejo de la Gerencia de Urbanismo del próximo jueves donde el Ayuntamiento aprobará fijar unas expropiaciones muy por debajo de las exigidas por las dueños de las dos parcelas.

Esto se debe a que estas parcela, al igual que otras que están en el entorno de Gibralfaro, figuraban en el PGOU de 1997 como suelo a obtener por el Ayuntamiento para sistema general. La ley señala que si esos suelos no son obtenidos por la administración en el plazo de cuatro años desde la aprobación del PGOU, sus propietarios podrán reclamar su expropiación «por ministerio de ley», es decir, de forma forzosa y el Ayuntamiento está obligado a realizarla.

En el primer caso se trata de una parcela de 6.024 metros, en el Camino de la Desviación, en El Morlaco. La finca fue adquirida en dos operaciones, una de compra y otra de aportación entre los meses de abril y diciembre de 2005 por 56.250 euros y 70.000 euros, sumando un total de 126.250 euros. Sólo tres meses después, el 4 de marzo de 2006, la empresa propietaria del solar presentó ante la Gerencia de Urbanismo solicitud de expediente de expropiación forzosa, presentando una valoración de 16.669.189 euros.

La comisión provincial de valoraciones, un órgano independiente cuyos miembros son nombrados por la administración autónoma y que está encargado de determinar el justiprecio de las expropiaciones forzosas cuando hay litigio, valoró la finca en 5.566.949 euros.

Ahora el Ayuntamiento, tras el informe del servicio de valoraciones ha fijado para la finca un justiprecio de 729.870 euros, estimando que es el precio más ajustado, muy lejos de los 16,6 millones que pretende obtener la empresa propietaria del solar.

El segundo caso que se verá el jueves corresponde a otra finca de calle San Vicente de Paul, en El Limonar, cerca del Castillo de Santa Catalina. La sociedad mercantil propietaria de la finca realizó la compra en febrero de 2004 y pagó por sus 8.818 metros 432.000 euros.

Solo siete meses después, y sin haber realizado ninguna alteración en el terreno, presentó la solicitud de expropiación al Ayuntamiento valorando la finca en 34.239.178 euros por su expropiación. De 432.000 euros a 34 millones, lo que supone casi un 8.000 por ciento más.
La comisión de valoración lo ha tasado en 2.342.766 euros. Ahora el Ayuntamiento va a fijar una valoración de 952.269 euros, más otros 284 euros por la arboleda.

El Tribunal Supremo avala la orden de demolición del club náutico de Torre del Mar. Vélez-Málaga (SUR)

El Ayuntamiento de Vélez solicita a Costas la cesión provisional de las instalaciones en un intento de frenar la derribo del edificio

01.11.2011 - 

AGUSTÍN PELÁEZ

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

El Club Náutico está en el paseo marítimo de Torre del Mar. :: A. P.

El fantasma de la demolición vuelve a planear sobre las instalaciones del Club Náutico de Torre del Mar, edificio incluido por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía en octubre de 2006 en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.

La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado, con fecha 19 de septiembre de 2011, una sentencia por la que rechaza un recurso de casación presentado por la Asociación Club Náutico de Torre del Mar contra la demolición del edificio. El recurso fue presentado contra un fallo judicial de la Audiencia Nacional de 2007 desestimando otro anterior contra la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 25 de junio de 2004 denegando al colectivo la concesión de las instalaciones y ordenando la demolición del inmueble.

El fallo del TS avala por tanto la orden de demolición dictada por Medio Ambiente hace ahora siete años, lo que ha llevado al Ayuntamiento a aprobar por vía de urgencia en el último pleno de la corporación una propuesta de la Alcaldía dirigida a conseguir la conservación de las instalaciones y su explotación por parte del Consistorio. En concreto, el pleno ha pedido a la Demarcación de Costas la cesión provisional de las instalaciones hasta tanto el Ayuntamiento no tramita el expediente de concesión definitiva.

Escuela Náutica

La intención de la corporación, según consta en la propuesta aprobada por el pleno, es ubicar en el edificio una Escuela Náutica Municipal, para lo cual se ha realizado la correspondiente solicitud a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. Una vez obtenida la concesión, el Ayuntamiento no descarta pactar con el Club Náutico un uso compartido de las instalaciones.

La asociación Club Náutico de Torre del Mar ha sido titular de las instalaciones desde el 21 de noviembre de 1969, gracias a una concesión otorgada por 15 años. La concesión autorizaba al club a ocupar unos 2.600 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para la construcción de la edificio social, un embarcadero deportivo, una piscina y unas pistas deportivas. La concesión en cuestión fue prorrogada posteriormente hasta el 31 de diciembre de 1989.

El Club Náutico volvió entonces a solicitar otra concesión, aunque le fue denegada por Orden Ministerial de 4 de octubre de 1989. La decisión fue recurrida y desestimada por sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de junio de 1991. El fallo fue confirmado en apelación por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1994.

En 1999, la Asociación Club Náutico de Torre del Mar volvió a solicitar nuevamente la concesión, siéndole denegada por la Orden Ministerial de 25 de junio de 2004 y confirmada por silencio en reposición. El Ministerio denegó la concesión a la vez que ordenaba a la Demarcación de Costas en Málaga que procediera en el plazo de tres meses a la demolición de todas las instalaciones.

Aunque el edificio principal del Club Náutico está incluido en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, la protección del inmueble no incluye la zona de la piscina ni los almacenes. La protección está recurrida por Costas.

El edificio cuenta con dos plantas y dos zonas diferenciadas: una social y otra destinada a embarcaciones. La planta se organiza en tres círculos de distinto tamaño y varios rectángulos. El elemento más destacable es la torreta en forma de cono invertido para control de competiciones.

El euríbor vuelve a subir y encarece las hipotecas en casi 40 euros al mes (SUR)

Si le revisan este mes la hipoteca, ya puede ir haciéndose a la idea de que en la próxima cuota deberá desembolsar unos 40 euros más. El euríbor ha roto con dos meses consecutivos de caídas y ha cerrado octubre en el 2,11%, su nivel más alto desde julio, cuando acabó en el 2,183%. Respecto al mismo mes del año pasado, el indicador al que están referenciados la mayoría de préstamos en España ha subido 0,615 puntos. Traducido en euros, supone que una hipoteca media de 120.000 euros a un plazo de 25 años y un diferencial de euríbor + 1% con un tipo de revisión anual se encarecerá unos 38 euros mensuales o 454 euros al año.

Los expertos consultados por Europa Press esperan que el indicador mantenga la senda alcista que ha seguido durante todo el año, después de las bajadas consecutivas en agosto y septiembre, si bien, descartan que se anote ascensos «significativos». Las revueltas en el Norte de África y su incidencia en el precio del petróleo propiciaron que el BCE subiera los tipos de interés al 1,5% en julio, justo cuando la economía europea empezaba a recuperarse, lo que incidió también en un aumento del euríbor .

Para la analista de Self Bank Covadonga Fernández, el precio del dinero al que los bancos se prestan entre sí, que queda fijado por el euríbor, podría seguir su senda alcista ante la dificultad de las entidades financieras para acudir al mercado a financiarse. «Pero sería una subida poco significativa», matiza.

La crisis de deuda pública volvió a encender las alarmas sobre un estancamiento económico, si bien el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, no cedió a las presiones y decidió mantener el precio del dinero en el 1,5% actual. Ahora, las expectativas en torno al cambio en la dirección del banco central del Viejo Continente, con el inicio del mandato de Mario Draghi, apuntan a una rebaja de tipos, lo que serviría para aligerar la carga que tienen que soportar las familias por sus hipotecas.

El nuevo 'desahucio exprés' beneficiará a unos 900 propietarios al año en Málaga (SUR)

Los expertos dudan de la eficacia de la norma y advierten de que los procedimientos se alargarán por el atasco en los juzgados

01.11.2011 - 

M. ÁNGELES GONZÁLEZ maguisado@diariosur.es

 

MÁLAGA.

Los desalojos se prolongan varios meses. :: SUR

El año pasado 878 inquilinos acabaron en los juzgados malagueños por no pagar el alquiler. Los datos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ponen de relieve, además, que la provincia es una de las más conflictivas de España en este aspecto, hecho que tiene su reflejo en los tribunales, donde se amontonan los procedimientos por este asunto. Y llegan los retrasos. El cuello de botella que se forma en los servicios judiciales ha hecho que el llamado 'desahucio exprés', aprobado en el año 2009, no haya conseguido sus objetivos.

Ayer entró en vigor una nueva ley que pretende agilizar el lanzamiento y que en la teoría podría beneficiar al menos a unos 900 arrendatarios cada año en la provincia. Sin embargo, la falta de medios humanos en los juzgados hace que expertos del sector consultados por este periódico duden de la eficacia de la norma.

Fundamentalmente, la Ley de Medidas de Agilización Procesal establece un periodo de diez días para que el inquilino, una vez presentada la demanda por impago, abone la cantidad adeudada, abandone la vivienda o presente las alegaciones por las que se opone al pago. Si transcurrido ese plazo el demandado no ha respondido, el secretario judicial procederá directamente a dar fecha para el desahucio. Hasta ahora, tras la demanda por impago el juzgado señalaba la fecha del juicio, en la que se reconocía al propietario el derecho a recuperar su vivienda, así como la fecha de lanzamiento, lo que alargaba los plazos meses.

«Fabuloso» si funciona

«La medida es fabulosa siempre y cuando funcione. Ahora en tres meses teóricamente el inquilino que no pague tiene que estar en la calle, pero la realidad no es así por el colapso de los juzgados», señala el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga, Cayetano Rengel, que apunta que la celeridad en los trámites provocaría más rotación en el mercado inmobiliario y más seguridad y tranquilidad a los propietarios. «La nueva ley es bien recibida y supone un avance enorme, pero si no va acompañada de una ampliación del personal de los juzgados parece difícilmente viable», argumenta.

En la misma línea, el gerente de la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda Arrenta, su gerente, Carlos Ruiz, se lamenta de que el cambio legal con el que se pretendía agilizar el proceso judicial para desalojar a los inquilinos morosos se ha quedado en papel mojado por la realidad de los juzgados. Y la nueva norma, a su juicio, no va a resolver el problema. «Es más de lo mismo. El 'desahucio exprés' no ha sido efectivo porque no hay medios materiales y humanos que puedan desarrollar esta idea y el cuello de botella va a seguir siendo el mismo en la gran mayoría de partidos judiciales. Si en un futuro se resuelve este problema puede dar resultado, pero ahora no creo que sirva para nada», explica Ruiz, que defiende el sistema de arbitraje como «el auténtico 'desahucio exprés', ya que es el único que en permite tener una sentencia en treinta días».

En la capital malagueña, según abogados consultados, desde que se presenta la demanda hasta que se produce el desalojo pasan como mínimo seis meses, muy lejos de los sesenta días que se puso como meta en la anterior reforma legal.

Alhaurín inicia los trámites para hacerse con el solar de la antigua Cámara Agraria (SUR)

El concejal de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Salvador Herrera, presentará en el próximo pleno municipal de noviembre una moción en la que promoverá una innovación del planeamiento urbanístico apara declarar el solar de la Cámara Agraria Local (en la calle Juan Carlos I) como equipamiento público. Esta medida pretende paralizar de forma automática la pretendida venta del antiguo inmueble por parte de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, adscrita a la Junta de Andalucía, por medio de subasta, con un precio de salida de más de 160.000 euros. Asimismo, la iniciativa del equipo de gobierno permite la suspensión de concesión de licencia de obra alguna en la parcela y propicia el inicio de un expediente de expropiación del suelo para que pase a titularidad del Ayuntamiento en el plazo máximo de cuatro años. La intención del Consistorio es ubicar en este inmueble el centro definitivo del 'Legado Sesmero'.

Rincón contempla un parque empresarial de medio millón de metros cuadrados en el PGOU (SUR)

El Ayuntamiento quiere convertir la zona de la Finca Garcés en un enclave comercial y de ocio de primer nivel para diversificar la economía

31.10.2011 - 

EUGENIO CABEZAS

 

RINCÓN DE LA VICTORIA.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Rincón contempla unas 700 nuevas viviendas. :: E. C.

Un gran parque empresarial, comercial y de ocio, en la zona de la Finca Garcés, entre la Autovía del Mediterráneo y el arroyo de Benagalbón, con una superficie total de medio millón de metros cuadrados. Este es uno de los grandes proyectos que quiere incluir el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la que trabaja desde su llegada al poder el pasado mes de junio.

«Desde la zona este de Málaga capital y en toda la Axarquía no existe ningún parque comercial como los que hay en dirección a Benalmádena y a Torremolinos. Este proyecto permitiría que Rincón de la Victoria dejara de basar su economía en el ladrillo y en el turismo en exclusiva y pase a diversificarla con el comercio y la distribución, con naves de menos de 2.500 metros cuadrados», explicó a SUR el concejal de Urbanismo, Antonio Manuel Rando (PP).

«Necesitamos impulsar este nuevo PGOU cuanto antes», aseguró el edil, quien recordó que entre las medidas que están tomando para su tramitación y aprobación por parte de la Junta de Andalucía, y para que no vuelva a ocurrir lo que ya le pasó al anterior equipo de gobierno del PSOE y PSIRV en 2010, es reducir el número de nuevas viviendas y desarrollos urbanísticos previstos en el planeamiento. Así, en el último pleno se anularon, por estar caducados y sin haberse iniciado, tres convenios que contemplaban la ejecución de unos 8.000 metros de techo edificable, lo que equivaldría a unas 80 casas.

Además del nuevo parque comercial, otros equipamientos que contemplará el nuevo PGOU son un recinto ferial al norte de la Autovía del Mediterráneo, junto al campo de fútbol, y un puerto deportivo, además de zonas verdes y de esparcimiento. El equipo de gobierno del PP quiere conseguir así que el nuevo documento cumpla con los límites del 40% del suelo urbanizable y del 30% de la población que fija la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como los planes regionales, tanto el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) como el Plan de Ordenación del Área Metropolitana de Málaga (POTAUM).

Regularizar viviendas

Así, para conseguir encajar el nuevo PGOU en las normas andaluzas, el Ayuntamiento apuesta también por regularizar las alrededor de 800 viviendas fuera de ordenación que existen en el municipio rinconero, especialmente en la zona de la carretera hacia Benagalbón. «Así conseguimos convertir en suelo urbano un entorno que ya prácticamente cuenta con todos los servicios públicos, porque así se les ha ido dotando en los últimos años con las sucesivas corporaciones locales», consideró.

Con todo ello, el objetivo del equipo de gobierno del PP es que el crecimiento para la próxima década sea «muy moderado», con tan solo unas 700 nuevas viviendas, frente a las 15.459 que llegó a plantear el anterior equipo de gobierno de PSOE y PSIRV, unas cifras que fueron rechazadas por la Junta de Andalucía, lo que paralizó la tramitación del nuevo PGOU rinconero.

«Si hacemos las correcciones en los que estamos trabajando ahora, con la anulación de los convenios y la regularización de las viviendas en el suelo no urbanizable, podremos estar en disposición de presentar una aprobación provisional del nuevo PGOU antes de finales de año», afirmó el edil de Urbanismo. «El objetivo es mejorar el impacto medioambiental, la seguridad y la estética urbanística de la localidad, porque ahora hay muchas más limitaciones para construir en laderas, como en la zona de Parque Victoria», añadió.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), consideró que «se trata de desarrollar actuaciones urbanísticas acordes con la ciudad que queremos, un modelo más respetuoso con el entorno y el medio ambiente y que respete la idiosincrasia del paisaje y una estética urbanística acorde».

El Museo de la Piedra, sine die. Vélez-Málaga (SUR)

El centro de interpretación de la antigua cantera de la catedral de Málaga acumula ya cinco años de retraso El Ayuntamiento de Vélez aparca el proyecto a causa de los problemas económicos

31.10.2011 - 

AGUSTÍN PELÁEZ apelaez@diariosur.es

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

El anterior gobierno tripartito inauguró el museo en marzo, aunque el complejo sigue cerrado :: SUR

El Museo de la Piedra de Sant Pitar, un complejo arqueológico y monumental ubicado en la antigua cantera de Valle-Niza, continuará cerrado a cal y canto y sin fecha de apertura. Los más de 250.000 euros invertidos en la instalaciones, de los cuales 114.100 han sido subvencionados por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía a través de la Iniciativa de Turismo Sostenible (ITS), no son, a juicio del actual gobierno del PP en el Ayuntamiento de Vélez, suficientes para poder abrir el complejo como espacio museístico y centro de interpretación de la piedra.

La cantera es conocida porque sirvió para suministrar de piedra durante su construcción, entre 1727 y 1755. a la Catedral de Málaga.

Aunque su actividad apenas duró 30 años, el Ayuntamiento veleño siempre ha pensado en este complejo como en un espacio temático dedicado a la historia del hombre y la piedra.

El recinto de la antigua cantera de Valle-Niza fue objeto entre los años 2003 y 2006 de una inversión de 1.200.000 euros por parte de los sectores en desarrollo de la zona que permitió la limpieza y adecentamiento del complejo. Las actuaciones llevadas a cabo entonces permitieron el ajardinamiento del conjunto y la realización de dos itinerarios o senderos peatonales para guiar las visitas de 1.168 y 970 metros de longitud, respectivamente. También se realizaron miradores desde los que contemplar las vistas que se divisan desde el macizo rocoso, a la vez que se procedió a la demolición de las antiguas casas de los canteros, que estaban parcialmente derruidas.

Cinco años después de aquellos primeros trabajos el Museo de la Piedra no parece encontrase entre las prioridades del nuevo gobierno en el Consistorio.

La razón, según el edil de Cultura, el popular José Antonio Fortes (PP), es que debido al momento actual de incertidumbre económica el proyecto no cuenta ni parece que cuente a corto plazo con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actuaciones necesarias dirigidas a facilitar su apertura al público.

«No se ha realizado casi nada. Por no haber no hay ni proyecto. El museo como tal no existe», asegura Fortes, que desconoce asimismo la inversión que sería necesaria para convertir la cantera en un centro de interpretación de la piedra que se pueda abrir con todas las garantías.

Fortes señala además que se trata de una instalación que exige un mantenimiento constante. De hecho, según el edil, recientemente ha sido necesario realizar una limpieza bastante profunda de la vegetación que ha crecido en el complejo y que había invadido los senderos que deben recorrer los visitantes, conforme a diseño realizado por el anterior gobierno tripartito.

El complejo consta de un conjunto rupestre mozárabe de los siglos VIII-IX después de Cristo excavado en la roca, una ermita de siglo XVIII, dos minas, dos senderos y diversos paseros. La cantera se levanta a 15 metros sobre el nivel del mar, justo detrás del Castillo del Marqués de Valle-Niza. Su proximidad a la costa, fue un elemento clave a la hora de explotar la cantera, ya que facilitaba el transporte de las piedras.

La cantera vivió su mejor momento a partir de 1727, año en el que el maestro de obras de la Catedral, José de Bada, descubrió el lugar. La mayor parte del material procedente de Valle Niza se utilizó para la construcción de la única torre de la basílica malagueña. En el lugar llegaron a trabajar hasta un centenar de canteros, aunque problemas con la calidad de la piedra obligaron a abandonar su explotación en 1755.

El material procedente de la cantera de Valle Niza sirvió no obstante para abastecer de piedra a edificios monumentales tan destacados como el teatro romano y la Alcazaba de Málaga.

Benalmádena prohíbe la conversión de hoteles en viviendas (SUR)

El Ayuntamiento ha aprobado de manera definitiva una modificación de la ordenanza de uso comercial del tipo residencial hotelero que prohíbe la división horizontal de estos establecimientos para su conversión en viviendas y venta posterior. Así, a partir de ahora, los proyectos de edificios destinados a este uso deberán incorporar, al recibir la licencia urbanística, la anotación en el Registro de la Propiedad del destino hotelero, así como la imposibilidad de segregación.

«Esta iniciativa supone una garantía de defensa para el mantenimiento y protección de nuestra planta hotelera, vital para el fomento del comercio y el turismo», asegura el alcalde benalmadense, Javier Carnero, quien recuerda que esta modificación comenzó su tramitación por parte del anterior equipo de gobierno. «No podemos permitir que en tiempos de recesión financiera nuestros hoteles sean pasto de la especulación urbanística», recalcó el regidor municipal

La insistencia vecinal logra el derribo de una nave en ruinas en El Torcal (SUR)

El Ayuntamiento inicia los trámites para demoler la edificación y prepara el proyecto para conectar la calle Acanto con José Palanca

31.10.2011 - 

NOEMI R. NAVAS nrodriguez@diariosur.es

 

MÁLAGA

La nave está ubicada entre las calles Esmalte y Acanto, a pocos metros de la avenida de Velázquez. :: N. R. N.

El que la sigue la consigue. Los vecinos de la barriada El Torcal no tendrán que preocuparse por el mal estado de la vieja nave industrial ubicada entre las calles Esmalte y Acanto, en peligro de derrumbe desde hace años. El Ayuntamiento se ha comprometido a dar una solución definitiva a esta queja vecinal, que se remonta diez años atrás, cuando la nave dejó de tener actividad.

Desde el distrito de Carretera de Cádiz aseguran que ya ha culminado el proceso de expropiación de estos terrenos, que ahora son propiedad municipal. «La idea es que la demolición sea cuanto antes porque sabemos del problema de inseguridad y suciedad que sufren los bloques colindantes. Estos trámites son lentos, pero esperamos que estén resueltos en los próximos dos meses», destacó el delegado Raúl Jiménez. El responsable de Carretera de Cádiz informó de que una vez derribada la nave se redactará un proyecto de urbanización entre las vías Esmalte y José Palanca, acabando así con una cicatriz histórica en el barrio.

El proyecto será consensuado con los residentes de la zona, quienes han sido clave en la actuación municipal. «Con las primeras lluvias hemos vuelto a sufrir las calles inundadas prácticamente por los grandes socavones junto a la nave, por no hablar de la suciedad acumulada junto a los muros del edificio», denunció Juan Martín. Este vecino de la avenida de Velázquez considera que el remedio ha tardado muchos años en llegar, «pero más vale tarde que nunca».

Los residentes consideran que la noticia del derribo por parte del Consistorio es un paso adelante para acabar con la inseguridad en esta zona de El Torcal. «Esta manzana de corte industrial tiene poca vida una vez que cierran los talleres y el translado o cierre de varios locales han perjudicado mucho al vecindario», considera Concha Jiménez, portavoz.

Las principales críticas vecinales se centran en la insalubridad del entorno y el mal estado de las vigas del edificio. «El temor es que lleguen lluvias fuertes y el muro ceda. Hay muchos niños en el barrio que corren y juegan en calle Acanto cuyo acerado es amplio, pero no seguro mientras la nave siga en pie. Además, al fondo de la calle se acumula escombros y cristales rotos desde hace meses sin que sean recogidos por Limasa», afirmaron los vecinos.

Respecto a la idea de abrir el callejón, los residentes se muestran de acuerdo con el proyecto, que dependerá de las dotaciones presupuestarias de 2012.

El derribo de las casas ilegales permitirá a los condenados eludir la cárcel (SUR)

El derribo de las casas ilegales permitirá a los condenados por delitos contra la ordenación del territorio eludir la prisión siempre que sea la primera vez que hayan delinquido y si la sentencia es inferior a dos años de cárcel. La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga pretende que los condenados demuestren su rehabilitación restaurando el daño causado, por lo que tienen que reponer a su estado primitivo la zona donde se habían construido una vivienda ilegal.

Esta medida, pionera en España, según han asegurado fuentes judiciales, ya se ha hecho efectiva en varias sentencias dictadas por los jueces de lo Penal de Málaga, que vinculan la suspensión de las condenas con el derribo de la vivienda ilegal. Los requisitos son que la condena no sea superior a los dos años de cárcel, que no se tengan antecedentes penales y se satisfaga la responsabilidad civil, añadieron las fuentes.

El derribo de la viviendas ilegales normalmente conlleva numerosos problemas burocráticos aunque se haga con mandato judicial. De este modo, el bien jurídico protegido, el suelo, puede volver a su situación en un periodo de tiempo más corto y con menos coste para las administraciones, que en muchas ocasiones se hacen cargo del derribo y luego pasan las facturas a los condenados.

Caso reciente

Unas de las últimas sentencias ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número nueve de Málaga, que ha condenado a una mujer a un año de prisión y una multa de 2.160 euros por construir en 2006 una vivienda unifamiliar de cien metros cuadrados de superficie en suelo no urbanizable del paraje La Isla de Málaga. En la sentencia, el Juzgado también la condena a la demolición de lo construido, pero le concede la suspensión de la pena durante dos años siempre que no vuelva a delinquir en ese plazo y derribe la construcción.

La Fiscalía señala que la suspensión de pena «es un beneficio y no un derecho», y que por tanto el penado debe mostrarse merecedor del mismo, para lo que se debe producir «la reparación del daño causado».

En el caso de concederse la suspensión de la pena, el fiscal entiende que debe estar condicionada a la demolición, ya que «para considerar rehabilitada socialmente a una persona, ésta debe demostrar su arrepentimiento por los hechos cometidos» y reparar el bien vulnerado que dio lugar a su condena por la comisión de un delito.

Eludir la cárcel en Málaga... Derribando las casas ilegales (La Opinión)

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga quiere que los condenados restauren el daño causado

EFE El derribo de las casas ilegales permitirá a los condenados por delitos contra la ordenación del territorio eludir la prisión siempre que sea la primera vez que hayan delinquido y si la sentencia es inferior a dos años de cárcel.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga pretende que los condenados demuestren su rehabilitación restaurando el daño causado, por lo que tienen que reponer a su estado primitivo la zona donde se habían construido una vivienda ilegal.

Esta medida, pionera en España, según han asegurado a Efe fuentes judiciales, ya se ha hecho efectiva en varias sentencias dictadas por los jueces de lo Penal de Málaga, que vinculan la suspensión de las condenas con el derribo de la vivienda ilegal.

Los requisitos son que la condena no sea superior a los dos años de cárcel, que no se tengan antecedentes penales y se satisfaga la responsabilidad civil, añadieron las fuentes.

El derribo de la viviendas ilegales normalmente conlleva numerosos problemas burocráticos aunque se haga con mandato judicial.

De este modo, el bien jurídico protegido, el suelo, puede volver a su situación en un periodo de tiempo más corto y con menos coste para las administraciones, que en muchas ocasiones se hacen cargo del derribo y luego pasan las facturas a los condenados.

Unas de las últimas sentencias ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número nueve de Málaga, que ha condenado a una mujer a un año de prisión y una multa de 2.160 euros por construir en 2006 una vivienda unifamiliar de cien metros cuadrados de superficie en suelo no urbanizable del paraje La Isla de Málaga.

En la sentencia, el Juzgado también la condena a la demolición de lo construido, pero le concede la suspensión de la pena durante dos años siempre que no vuelva a delinquir en ese plazo y derribe la construcción.

La Fiscalía señala que la suspensión de pena "es un beneficio y no un derecho", y que por tanto el penado debe mostrarse merecedor del mismo, para lo que se debe producir "la reparación del daño causado".

En el caso de concederse la suspensión de la pena, el fiscal entiende que debe estar condicionada a la demolición, ya que "para considerar rehabilitada socialmente a una persona, ésta debe demostrar su arrepentimiento por los hechos cometidos" y reparar el bien vulnerado que dio lugar a su condena por la comisión de un delito.

Así, durante el tiempo de la suspensión, el condenado puede demostrar su rehabilitación, restaurando el daño causado o, en caso contrario, no mostrarse merecedor de dicha suspensión, por lo que se revocaría la decisión, indica.

Un estudio constata la inestabilidad de las casas de la aldea de El Chorro (SUR)

El informe geológico vincula el uso industrial del embalse a los corrimientos de tierra que amenazan a una docena de viviendas

30.10.2011 - 

J. J. BUIZA

 

ÁLORA.

Vecinos de El Chorro muestran el considerable grosor de una grieta en una de las casas afectadas. :: J. J. B.

Las continuas oscilaciones del nivel del agua en el embalse del Tajo de la Encantada están detrás de los corrimientos de tierra que desde hace un tiempo han llenado de grietas las viviendas de El Chorro, la aldea de Álora levantada hace casi un siglo precisamente para alojar a los trabajadores que construyeron el pantano. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio geológico al que ha tenido acceso este periódico y que ha sido redactado por una empresa especializada por encargo del Ayuntamiento.

Las conclusiones del informe vienen a respaldar así las afirmaciones de los vecinos, que han venido achacando el problema a la explotación del salto de agua por parte de la central hidroeléctrica que Endesa gestiona en la zona. Concretamente, en el documento se señala que esa «utilización industrial» del embalse es el origen de la «inestabilidad» en las construcciones de El Chorro.

El mismo estudio indica que no se puede hablar de un «riesgo de colapso» de las casas pero sí de un «deterioro progresivo» de las estructuras de las viviendas, lo cual «impide una reparación efectiva de estas mientras no se actúe sobre la estabilidad global de la ladera». «Estos movimientos medidos en el estiaje entre los meses de agosto-septiembre del corriente año pueden verse incrementados en la zona trasera, viviendas, tras un período de fuertes precipitaciones», añade el documento, visado por el Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía el pasado 7 de octubre.

Techos apuntalados

Hay que reseñar que, pese a que en la aldea existen más de medio centenar de construcciones, la mayoría de ellas muy antiguas, las casas que presentan grietas más graves son aproximadamente una docena, lo que ha obligado a sus inquilinos a apuntalar los techos para prevenir desplomes. En verano, la asociación de vecinos de la barriada denunció a este periódico que la situación se había agravado especialmente desde hacía unos dos años, y expresó además su temor de que el problema fuera a más cuando llegaran las lluvias del otoño, un riesgo que también señalan los autores del informe, que consta de 43 folios.

A principios de agosto, el Ayuntamiento ordenó oficialmente el desalojo de tres viviendas donde el peligro de derrumbe era muy serio. En este tiempo, los vecinos han mantenido reuniones con representantes de la Delegación de Medio Ambiente y la Agencia Andaluza del Agua, que se comprometieron a hablar con Endesa para encontrar una solución. De hecho, la asociación pretende presentar una demanda contra la compañía eléctrica, para lo cual estaban a la espera de las conclusiones del estudio geotécnico ya redactado.

En él, se recomiendan además dos medidas estabilizadoras: rebajar el nivel de agua en la zona de las viviendas mediante la apertura de un pozo abierto dotado de drenes radiales y construir una pantalla de pilotes con anclajes de unos 50 metros de longitud para dar estabilidad a la ladera. Se estima que la primera obra costaría alrededor de 8.000 euros, mientras que la segunda se valora en unos 131.700. El informe añade que el pozo, una opción más económica y de rápida ejecución, serviría para compensar el efecto de las precipitaciones estacionales, si bien la estabilidad global de la aldea sólo se conseguirá con elementos estructurales como la mencionada pantalla.

Urbanismo proyecta demoler la antigua estación de autobuses de Vélez (SUR)

El equipo de gobierno del PP del Consistorio no descarta convocar un concurso de ideas para decidir el futuro del solar

30.10.2011 - 

AGUSTÍN PELÁEZ

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

La estación terminal de autobuses permanece cerrada y fuera de uso desde marzo de 2010. ::SUR

La antigua estación terminal de autobuses de Vélez, una instalación que lleva cerrada desde marzo de 2010, tiene los días contados. De hecho, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha redactado ya el correspondiente proyecto para proceder a la demolición de las instalaciones, después de haber logrado que los inquilinos que seguían ocupando el edificio hayan abandonado el inmueble tras finalizar sus respectivos contratos de arrendamiento.

La demolición del edificio está no obstante pendiente de la obtención de la consignación económica necesaria para proceder al derribo. Los trabajos de demolición de la antigua terminal están presupuestados en unos 80.000 euros, según la edil de Urbanismo, Concha Labao.

Los accesos a la antigua terminal se encuentran clausurados y tapiados desde hace meses para evitar un posible expolio e impedir la entrada de personas en el interior ante al riego que presenta el inmueble como consecuencia de su abandono.

Sobre el futuro de la parcela sobre la que se levanta la estación, Labao ha señalado que el equipo de gobierno de Ayuntamiento no tiene adoptada todavía ninguna decisión, por lo que no se descarta la convocatoria de un concurso de ideas para decidir los posibles usos.

La edil ha declarado que el actual ejecutivo no comparte la idea avanzada por el anterior gobierno tripartito de destinar el solar a la construcción de un aparcamiento subterráneo y un edificio municipal que podría servir albergar a la propia Gerencia Municipal de Urbanismo.

«Una vez consigamos el dinero para demoler el edificio, la idea es habilitar la explanada resultante como aparcamiento provisional hasta tanto no se adopta una decisión y se acuerda el uso final de la parcela», ha explicado Labao.

El Ayuntamiento veleño acordó iniciar el expediente para recuperar la concesión de la estación de autobuses en julio de 2008 como consecuencia de los incumplimientos por parte de la empresa Estación Vélez, titular de la concesión desde 1986 por un periodo de 25 años, que ha culminado en 2011.

La estación permanece cerrada y fuera de usos desde marzo de 2010 por decisión de la propia empresa adjudicataria.