lunes, 21 de julio de 2008

Comienza el plazo para solicitar ayudas para la inspección de edificios (SUR)


La comisión de Movilidad y Urbanismo que se celebrará mañana tiene previsto dar el visto bueno inicial a la ordenanza que regulará la concesión de ayudas económicas para financiar el coste de los informes para la obligatoria Inspección Técnica de Edificios (ITE), a aquellos vecinos que dispongan de escasos recursos económicos. Estas subvenciones se concederán siempre que los informes se presenten dentro del primer plazo para hacerlo, que expira el próximo 11 de noviembre para los edificios con protección arquitectónica o con más de cien años de antigüedad.La cuantía para las primeras subvenciones asciende a 90.000 euros (el importe máximo de la parte subvencionada es de 900 euros) y se beneficiarán entre 260 y 300 familias (el 10% del total).

El ocaso de un ´imperio´ (La Opinión)

El alto precio que Martinsa pagó por Fadesa llevó a la empresa a la situación actual. Los analistas aseguran que la salvación de la compañía dependerá de las ventas pendientes
Martinsa-Fadesa es una de las empresas más conocidas en estos días por el anuncio de suspensión de pagos y por el expediente de regulación de empleo presentado que afecta a 234 trabajadores. Precisamente hoy se retoman las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo. No obstante, aún hay muchos aspectos que se desconocen sobre por qué la empresa ha llegado a esta situación. La realidad es que a Martinsa-Fadesa no le falta patrimonio, pues tiene, y mucho. El problema es el dinero de la caja, la liquidez. El bolsillo está tan vacío que ni siquiera pudo arañar los 150 millones de euros que le hubieran permitido cumplir una de las cláusulas impuestas por las entidades financieras para revisar los plazos de la multimillonaria deuda que arrastra y posiblemente así evitar la mayor suspensión de pagos de la historia en España.Todo empezó cuando el 28 de septiembre de 2006, Fernando Martín, por aquel entonces presidente de Martinsa, pactó con Manuel Jove la compra de Fadesa por más de 4.000 millones de euros. Para llevar a cabo esta compra, Martín, ex presidente del Real Madrid, tuvo que acudir a la financiación externa y firmar un crédito multimillonario con el que abonar, por un lado, los 2.200 millones que tenía que pagar a la familia Jove por su 54,61% de la empresa, y casi otro tanto en previsión de que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada sobre el 100% del capital fuera masiva. Para evitar que la falta de liquidez estropeara que la empresa estuviera en Bolsa, el núcleo de Fadesa se abrió a nuevos socios, tales como Bancaja o Caja Madrid. Las sombras sobre la financiación llegaron pronto. En junio de 2007, distintas cajas de ahorro, preocupadas por los problemas del mercado inmobiliario, ponían trabas para sindicar el préstamo. No obstante, Fernando Martín negó que hubiera problemas. El gran salto. Martinsa-Fadesa dio el salto a convertirse en un gran promotor y hacia el sector servicios, con la explotación de energías. Respecto a la construcción, cambió de rumbo y apostó por viviendas unifamiliares, de precios asequibles y buena calidad. Además cruzó las fronteras hacia zonas geográficas en las que la demanda de pisos estaba comenzando, como Europa del Este, Marruecos o Norteamérica. Por otra parte, el camino se complicaba con las llamadas de atención desde las entidades bancarias. Por ello, Fadesa empezó a vender suelo y activos. La compañía intentaba así levantar los resultados trimestrales y el anual, casi en números rojos tras los enormes gastos de la Opa. El beneficio neto del primer semestre de 2007 caía un 1,8%. Sin embargo, los resultados anuales del grupo le dieron cierta tregua. Los 60 millones de euros de beneficio le permitieron mantener las apariencias en medio de anuncios de pérdidas en el sector. El 16 de marzo la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaba negociando un trato con la mayoría de las entidades financieras para prorrogar los pagos. El acuerdo se cerró y Martinsa-Fadesa tenía tres meses para pagar 150 millones de euros. Para conseguirlo, la compañía intentó que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) le diera un préstamo por esa cuantía, sin embargo el organismo rechazó la solicitud, acabando así con el as que Martín guardaba bajo la manga.Así, Martinsa-Fadesa ha llegado a la situación actual, aunque todavía, su presidente, Fernando Martín, y los directivos del consejo de administración creen que hay margen para la esperanza, que la compañía tiene "viabilidad". Con la mayor cartera de suelo de toda Europa, el concurso de acreedores llega en un momento álgido de la actividad inmobiliaria del grupo, que tiene en obras o fase de proyecto casi 47.000 viviendas repartidas por proyectos residenciales y bloques de pisos y apartamentos en España, media Europa y algunos países latinoamericanos. La empresa asegura que seguirá con las construcciones, al fin y al cabo lo que necesitan es dinero. De hecho los expertos aseguran que la salvación vendrá de las ventas pendientes, las cuales están valoradas en más de 450 millones de euros. Habrá que esperar y ver qué pasa.

Alertan a arquitectos de que falsear declaraciones de obra conlleva cárcel (La Opinión)

La Fiscalía detecta un repunte de falsificaciones de certificados en los que se presentan construcciones recién realizadas como si fueran antiguas
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Los fiscales no quieren permitir más argucias para burlar la política urbanística. Así, el área de Medio Ambiente del ministerio público ha lanzado un aviso claro y directo para los arquitectos, ingenieros agrícolas y aparejadores que rubriquen declaraciones de obra presentando una construcción ilegal recién ejecutada como si tuviera varios años de antigüedad: pueden dar con sus huesos en la cárcel.El caso es típico en numerosos pueblos de la provincia que han crecido a base de diseminados sobre parcelas rurales y da una idea de hasta qué punto muchos pequeños promotores han aguzado el ingenio para burlar la ley. "Un hombre no puede construir en su parcela, pero empieza a hacerlo sin solicitar la licencia de obra al consistorio en cuestión. Espera que no lo cojan, pero después acaba presentando al registro de la propiedad una declaración de obra nueva, junto al título de propiedad de la finca, firmado por un perito -habitualmente un perito agrícola, un aparejador o un arquitecto-. Se trata de demostrar que la construcción se ha desarrollado durante cuatro o cinco años o tiene esa fecha, todo ello con el objetivo de legalizar la obra", explica el ministerio fiscal.Ya han sido ´cazados´ varios de estos promotores y sus cooperadores gracias a testigos o a las fotos aéreas hechas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.Pero el horizonte penal de los profesionales que incurran en este delito se complica. Este ilícito se recoge en el Reglamento Hipotecario Urbanístico, una norma que a partir de ahora deberá ser interpretada de forma más dura. De esta forma, los profesionales que firmaban estas declaraciones de obra se enfrentaban únicamente a cuantiosas multas. Ahora, hay penas de cárcel que oscilan entre los tres y los seis años, multas e inhabilitaciones."Estamos hablando de algo muy grave, concretamente de falsedad en documento público, porque esa declaración de obra se inscribe, junto a otros documentos, en el registro de la propiedad, de forma que el profesional que hace la anotación lo da por bueno", relata la acusación pública.Así se elude el control del Ayuntamiento sobre el desarrollo urbanístico de su territorio y, por otro lado, las autoridades municipales no advierten esta manifiesta ilegalidad. "Estamos hablando de documentos de carácter oficial en los que el arquitecto dictamina que la obra de nueva construcción tiene más de cuatro o cinco años. Ahora estamos detectando numerosos casos de este tipo y el profesional puede verse ante una tesitura difícil", indica. Sólo en este año se han detectado veinte casos de este tipo, aunque según las estimaciones de la Fiscalía, "únicamente se registra la mitad de los que se dan en toda la provincia". Un caso típico. La Fiscalía de Málaga solicita una multa de seis meses a razón de treinta euros diarios para un arquitecto que certificó que una obra desarrollada en Vélez Málaga tenía una antigüedad superior a los seis años, "cuando consta que es de reciente construcción atendiendo al documento fotográfico que se incorpora y que revela que la misma comenzó en 2005, ejecutada además sin licencia ni autorización municipal".El certificado de obra fue entregado en el registro civil por los otros dos acusados, quienes de común acuerdo, según el fiscal, construyeron la vivienda unifamiliar aislada de unos 125 metros cuadrados en una finca de Iznate, concretamente en una parcela no urbanizable de especial protección, de forma que el 23 de noviembre de 2005 incorporaron el certificado presuntamente falso en la documentación del registro civil. Estos dos procesados se enfrentan a dos años de cárcel y a dos multas cuya suma final asciende a 10.800 euros.