sábado, 24 de enero de 2009

Las inmobiliarias critican el régimen fiscal de las Socimi y piden más flexibilidad (El Mundo)


El texto definitivo se presentará al Congreso el próximo 10 de febrero
Para Metrovacesa, tener que invertir el 85% en alquiler penalizará la promoción
Testa sugiere que quienes destinen del 25% al 75% al alquiler tributen al 9% en el IS

MADRID.- El sector inmobiliario quiere adelantarse a la redacción definitiva de la Ley que regulará las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi), abierta a enmiendas en la Comisión de Economía del Congreso hasta el 10 de febrero, y han planteado una mayor flexibilizar su fiscalidad para hacerlas más atractivas al sector.
Algunas de sus críticas se centran en la obligación de que el nivel de endeudamiento de estas sociedades no supere el 60%, así como en los mayores costes fiscales que supondrán a las inmobiliarias que quieran incorporar parte de sus activos a estas sociedades.
Metrovacesa pide más margen de endeudamiento
Así, Metrovacesa indicó en un comunicado que "ninguna de las empresas líderes del sector inmobiliario en España cumple con las limitaciones para poder acogerse al régimen de las Socimi, por lo que tendrían que emprender cambios en su estructura".
En este sentido, señaló que este límite de endeudamiento del 60% provocará que pocas compañías puedan acogerse a este sistema, teniendo en cuenta los niveles de deuda que actualmente soportan. Además, señaló que la exigencia de los años que deben permanecer los activos en la cartera de estas sociedades -7 años para los inmuebles autopromovidos y 3 para los activos adquiridos- "impedirá que las compañías roten sus activos para optimizar la cartera".
Asimismo, desde Metrovacesa se entiende que la obligación de reservar un mínimo del 85% de la inversión a activos en alquiler penalizará la promoción inmobiliaria, lo que, unido a la imposibilidad de invertir en nuevos proyectos inmobiliarios con sociedades que no sean Socimi "obstaculizará el crecimiento y la competencia internacional".
"Una mayor flexibilidad en la regulación permitirá que formen parte del régimen Socimi la mayor parte de sociedades posibles, multiplicando las posibilidades de inversión para el pequeño inversor y atrayendo capitales tanto españoles como extranjeros a las compañías españolas", añadió Metrovacesa.
Más críticas
Por su parte, el consejero delegado de la filial especializada en alquileres de Sacyr, Testa, Daniel Loureda, aprovechó la misma jornada para apuntar que las Socimi podrían no tener un efecto dinamizador sobre el mercado de la vivienda en alquiler, puesto que no contemplan la obligación de invertir en viviendas y las rentabilidades del mercado apuntan hacia otro tipo de activos inmobiliarios.
Así pues, Loureda apostó por incentivar la inversión en este tipo de activos a través de beneficios fiscales. Por ejemplo, indicó que aquellas sociedades que destinen entre un 25% y un 75% de sus inversiones a viviendas en alquiler tributen a un tipo del 9% en el Impuesto sobre Sociedades, la mitad que el general en el caso de las Socimi, y que, una vez superado el 75%, estén exentas.
Otras de las desventajas del actual articulado apuntadas desde Testa se refieren a factores que podrían desincentivar la entrada en las Socimi, tanto de empresas inmobiliarias nacionales como de capitales extranjeros.
Diferir los impuestos de las plusvalías
En el primer caso, y ante la mala situación de las inmobiliarias españolas, Loureda instó a permitir que se pueda diferir el pago de los impuestos por tributación de las plusvalías obtenidas con la incorporación de los activos a las Socimi. En este sentido, la mejor posición de la banca la sitúa como el segmento que más podría acudir a este nuevo vehículo de inversión, mientras que "pocas empresas inmobiliarias" apostarán por las Socimi.
En el segundo, el hecho de que las sociedades tengan que cotizar, aunque sea por un reducido 18% en el Impuesto sobre Sociedades, supondrá un freno para el capital extranjero, puesto que en otros países de la UE estas sociedades están exentas y son los socios los que tributan.
Por último, indicó que estas sociedades presentarán una mayor volatilidad que los fondos de inversión inmobiliaria, por lo que podrían no ser tan interesantes como aquellos para los pequeños inversores.

Vivienda recibe 33 ofertas de suelo por un valor de 541 millones (El Mundo)


Estos suelos están ubicados en 11 comunidades autónomas y en Melilla
La iniciativa permitirá la construcción de 25.607 VPO y crear unos 7.500 empleos


MADRID.- El Ministerio de Vivienda, a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), ha recibido 33 ofertas de suelo por un importe superior a 541 millones de euros, en el marco de la oferta pública de compra de terrenos privados dotada con un presupuesto de 300 millones. Cifras que son ligeramente superiores a las provisionales, ofrecidas por el Ministerio el pasado 30 de diciembre.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha informado al Consejo de Ministros del resultado de esta iniciativa, mediante la que se han recibido ofertas de suelos ubicados en 11 comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y País Vasco), así como en la ciudad autónoma de Melilla.
Según el ministerio, este suelo permitirá la construcción de 25.607 viviendas protegidas, lo que moverá una inversión de 2.440 millones de euros y permitirá crear unos 7.500 empleos directos.
Desde que se cerró la convocatoria el 29 de diciembre, SEPES dispone de cuatro meses para analizar la viabilidad económica de las ofertas y consultar con las comunidades autónomas y ayuntamientos antes de realizar su compra, con preferencia por los suelos que tengan un grado de desarrollo más avanzado, con lo que la adjudicación definitiva no se hará hasta el próximo 30 de abril.
Los suelos finalmente adquiridos serán desarrollados por SEPES para poner solares transformados a disposición del sector privado, comunidades autónomas y ayuntamientos para que promuevan la edificación de vivienda protegida (VPO), si bien aún no se han fijado las condiciones de ese traspaso.
La oferta pública de suelo, que tendrá una duración de cuatro años, cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros, a los que SEPES suma otros 130 millones para la urbanización de los terrenos. A la espera de la adjudicación definitiva, se estima que el 75% de la inversión prevista se ejecutará a lo largo de 2009, mientras que en los dos años siguientes se destinará un 22% y en 2012, el 3% restante.
SEPES calcula que a partir de 2011 podrá empezar a generar ingresos por la venta de los terrenos urbanizados. El Ministerio de Vivienda subraya que el objetivo de esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan Español de Estímulo a la Economía y el Empleo (Plan E), es contribuir a dinamizar la urbanización de suelo para evitar que se produzca una paralización en la construcción de vivienda protegida por la falta de terrenos.
Para el desarrollo de la oferta de compra de suelo, SEPES ha firmado protocolos de colaboración con Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Baleares, La Rioja y Cataluña, así como con el Cabildo de Gran Canaria.

Un puente quitará curvas entre Cuevas Bajas y San Marcos. (SUR)

La estructura, que tendrá 240 metros de longitud y 35 metros de altura, costará cinco millones a Obras Públicas
El puente sobre el arroyo La Vaquera es una de las actuaciones más esperadas por los vecinos de Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos, ya que eliminará un buen tramo de curvas en zigzag que existe actualmente en la carretera que une ambas localidades, la A-7300, y que supone un verdadero peligro para el medio millón de vehículos y los 20.000 camiones que circulan cada año por esta vía.
La delegada en Málaga de la Consejería de Obras Pública de la Junta de Andalucía, Dolores Fernández, anunció ayer que la obra ya está proyectada por 5.371.920,86 euros y que actualmente va a iniciar el trámite de información pública y el trámite ambiental, por lo que podría salir a licitación a finales de año o principios de 2010. «El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses si el tiempo acompaña, ya que no se puede trabajar en un arroyo si hay lluvias o temperaturas inferiores a cinco grados», explicó la delegada, quien consideró un gran avance que ya esté el proyecto terminado para eliminar ese peligroso tramo de curvas y beneficiar con ello a unas 10.000 personas.
Otras actuaciones
Las obras, que crearán 95 puestos de trabajo -de los cuales, 55 serán directo y el resto indirectos-, se enmarcan en el Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad Vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía 2004-2003, conocido como Mascerca. Este plan, cofinanciado con fondos Feder, tiene entre sus objetivos mejorar la accesibilidad y la conectividad en el interior de la región, con especial atención a las áreas con peores condiciones de acceso, facilitando la movilidad de personas y con ello el desarrollo de la economía.
La delegada, que presentó el proyecto junto a los alcaldes de Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos -los socialistas Manuel Jesús Gines y Manuel Hinojosa-, también apuntó que en el término municipal de Cuevas de San Marcos hay obras desarrollándose por más de un millón de euros. Precisamente, en la A-7300 hay dos actuaciones muy importantes para evitar la movilidad del terreno y se espera que de aquí al verano se inicien los proyectos para que a mediados del año que viene se refuerce la carretera de Cuevas Bajas a Villanueva de Algaidas. Fernández también anunció una mejora sustancial de la carretera que va de Villanueva de Algaidas a Archidona y que pasa por la Estación de la Romera, para que la zona no se inunde. El proyecto de las obras, presupuestadas en unos 600.000 euros, va a empezar a redactarse para comenzar su ejecución en 2010.

Urbanismo entrega los proyectos del programa de rehabilitación de viviendas. Vélez-Málaga (SUR)

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento entregó ayer a los beneficiarios de las 45 actuaciones incluidas en el programa de rehabilitación autonómica de viviendas de 2007 los proyectos y las solicitudes de licencia para que puedan comenzar las obras en el menor tiempo posible.
El programa cuenta con un presupuesto total de 486.024 euros. De esta cantidad, la mitad es aportada por la Junta de Andalucía (243.012 euros) y la otra mitad por los beneficiarios.
Según el Ayuntamiento, para el plan de 2007 se presentaron 93 demandas, aunque sólo se seleccionaron 76 conforme a los baremos establecidos por el Ayuntamiento.
Además de la ayuda económica, los beneficiarios reciben asistencia técnica gratuita para la redacción del proyecto y dirección de obras.

El PSOE pide a De la Torre que no obstaculice el PGOU con proyectos rechazados (SUR)

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento solicitó ayer al alcalde, Francisco de la Torre, que deje de «obstaculizar» la aprobación definitiva del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) retirando los proyectos que cuentan con informes negativos. El portavoz socialista, Rafael Fuentes, afirmó que la ciudad se encuentra «paralizada» a causa de lo que calificó como «empecinamiento del alcalde en defender los intereses privados de unos cuantos en contra de los beneficios de los malagueños».
Fuentes criticó que a pesar de la «necesidad» de que Málaga cuente con un plan que regule el desarrollo urbanístico, «después de dos años de tramitación del PGOU hemos vuelto al punto de partida, ya que el Ayuntamiento no ha subsanado nada en este tiempo».
El dirigente socialista señaló que el equipo de gobierno del PP se ha convertido en el principal «freno» para el desarrollo económico y social de la ciudad de Málaga, a lo que añadió que resulta «lamentable» que además de «ocultar» la información y el debate del PGOU a los malagueños «se busque el enfrentamiento con otras administraciones públicas para tapar los intereses ocultos que el futuro planeamiento encierra».
Arraijanal
Así, el concejal socialista Sergio Brenes recordó que determinados proyectos, como por ejemplo el de Arraijanal, cuentan con una Declaración de Impacto Medio Ambiental (DIA) negativa.
A este respecto, indicó que «incluso en la reunión mantenida para conocer el documento, el redactor del mismo reconoció que se mantenían actuaciones que no coincidían con el POTA», entre las que citó el caso de Arraijanal, el puerto deportivo de El Morlaco, el parque fluvial del Guadalhorce o la construcción al norte de la ronda.
Por otro lado, Brenes cuestionó los motivos por los que el equipo de gobierno popular contempla en el nuevo planeamiento actuaciones que ya contaban con informes negativos por parte de la Consejería de Cultura.
Junto a ello, el edil socialista manifestó que los informes no favorables dictaminados a través de la Dirección General de Bienes Culturales «corroboran una vez más el escaso interés que mantiene el equipo de gobierno por preservar el patrimonio histórico de la ciudad, pese a que se aspira a la Capitalidad Cultural en 2016».