sábado, 25 de julio de 2009

La tensión da paso a una tregua en la negociación del Plan General de Málaga. (SUR)

La tensión da paso a una tregua en la negociación del Plan General de Málaga
Espadas, a la derecha, en una reunión con el alcalde y otros concejales malagueños./ SUR
La pelota sobre el futuro planeamiento urbanístico de la capital vuelve a estar en el tejado del Ayuntamiento, que tiene ahora la palabra. La Junta de Andalucía acordó ayer devolver en su totalidad al Consistorio el documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga para que corrija «las numerosas deficiencias» detectadas en el mismo y que, además de cuestiones menores de modificación de términos o nombres, afecta a algunos de los grandes proyectos impulsados desde la Casona del Parque como la construcción en Arraijanal o al norte de las rondas, el puerto deportivo del Morlaco o el traslado del colegio de los Maristas.
En un principio se había planteado que el documento se aprobase de manera parcial, dejando en suspenso aquellos asuntos en los que la Junta ponía reparos a iniciativas municipales como las anteriormente descritas. Sin embargo, un informe de los servcios jurídicos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, conocido por su titular, Juan Espadas, en la tarde del pasado jueves, sostiene que lo mejor en este caso era la suspensión de la aprobación y su devolución al Consistorio.
Y para ello, el informe se basa en la doctrina de los recientes fallos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el planeamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y en la doctrina del Tribunal Supremo donde se argumenta que la suspensión parcial de una parte del planeamiento debe adoptarse cuando ésta no afecte a los elementos sustanciales del plan. Un aspecto que no sucede en el caso del PGOU de Málaga.
Así, en la reunión celebrada en Sevilla, durante casi tres horas, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo -donde están representadas las distintas administraciones, los agentes económicos y sociales y los colegios profesionales- acordó suspender la aprobación definitiva del documento y emplaza al Ayuntamiento a: «La subsanación de los errores detectados, a la corrección de éstos o a su eliminación, al entender que el proyecto presentado incluye sustanciales modificaciones respecto al modelo inicial, lo que se traduce en un alto grado de inseguridad jurídica que repercutiría de forma directa sobre los ciudadanos».
Entre las deficiencias detectadas en el proyecto, se advierte al Consistorio que no ha cumplido su obligación de adaptar el planeamiento urbanístico a las correcciones que le obligaba la Declaración de Impacto Ambiental en proyectos como la construcción de 2.100 viviendas al oeste del Parque Tecnológico o el levantamiento de viviendas en la vega de Campanillas, así como no haber tenido en cuenta el grado de protección fijado en Arraijanal. Asimismo, se amonesta al Consistorio por no atender a los dictámenes y recomendaciones de los informes sectoriales o por no adaptarse a las especificaciones del Plan de Ordenación del Área Metropolitana (Potaum) en asuntos como el puerto del Morlaco, cuyo preceptivo estudio de viabilidad no se ha incluido en el documento.
El informe, de 127 páginas avala, aunque de manera condicionada a ligeros retoques, las torres en Repsol, Martiricos y La Térmica.
La decisión de devolver el documento al Ayuntamiento se toma al final de una semana bastante caldeada a cuenta del planeamiento urbanístico de Málaga con duros cruces de reproches entre ambas administraciones. Este nuevo giro, sin embargo, no se interpreta como un revés para las pretensiones de la Casona del Parque sino que abre una nueva tregua entre Junta y Consistorio y establece una vía para intentar alcanzar acuerdos en asuntos en los que actualmente las posiciones están muy alejadas.
Antes de final de año
Juan Espadas y Francisco de la Torre, alcalde de la capital, coincidieron en afirmar que están dispuestos a alcanzar acuerdos y señalaron que la devolución del documento al Ayuntamiento no debe suponer un retraso en la aprobación del mismo. «No se ralentiza el procedimiento», aseguró el regidor.
Ambos responsables incidieron en que esperan que el PGOU de Málaga y su adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) sea una realidad a final del presente año. Cuando se subsanen los errores, el texto irá directamente al consejero y no deberá pasar por la comisión.

Entre la sorpresa, la aceptación y las críticas de la oposición. Málaga (SUR)

El consejero de Vivienda dice que su departamento «no puede aprobar» un documento con informes jurídicos contrarios.

Entre la sorpresa, la aceptación y las críticas de la oposición
La delegación malagueña que acudió ayer a Sevilla, encabezada por el alcalde, Francisco de la Torre, y el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, se encontró con la sorpresa de la postura defendida por la Junta de Andalucía, toda vez que ya habían asimilado que se iba a aprobar el PGOU dejando en suspenso sólo algunos de los puntos que han creado más discrepancias. Tras esa decisión «sorpresiva», según el regidor y una vez que recibieron las oportunas explicaciones tanto del consejero, Juan Espadas, como de los técnicos de la Consejería de Vivienda, los responsables de la capital fueron asimilando la situación y el nuevo escenario que se abre a partir de ahora.

Díaz señaló en un comunicado que Urbanismo va a elaborar la documentación para dar cumplimiento a lo requerido, pero reiteró la postura ya manifestada días atrás de que se reservan el recurrir a los tribunales en aquellos asuntos que «no se adecuen a la legalidad o al ámbito competencial municipal».

Juan Espadas, por su parte, argumentó la postura de su departamento en declaraciones a SUR: «La Junta no puede aprobar un documento contrario a informes jurídicos que son vinculantes».

Desde los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, aseguró que el PGOU se ha hecho sin consenso ni participación ni debate y que era el plan general de De la Torre, pero no el de la ciudad de Málaga. Unas declaraciones que hizo junto al responsable de urbanismo de la ejecutiva local del PSOE, Diego Martín Reyes, quien criticó que en todo el proceso de tramitación del documento, el PP había utilizado la estrategia del victimismo y del agravio comparativo.

El portavoz municipal de IU, Pedro Moreno Brenes, consideró que el alcalde no es un interlocutor ante las administraciones después de haber sometido a la ciudad y el Ayuntamiento a «un embrollo político y jurídico» sobre el PGOU.

La ampliación del puerto de Caleta de Vélez incluirá un museo del mar y un acuario. (SUR)

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) ha dado el visto bueno a la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga para construir un museo y de un acuario en el puerto de Caleta de Vélez, con motivo de la ampliación de este recinto portuario que incrementará el número de atraques en 700 puestos.

La alcaldesa se ha reunido con el director gerente de la EPPA, José Salgueiro, quien ha confirmado que ya se han concluido el proyecto básico de ejecución y el estudio de impacto ambiental, por lo que las obras se licitarán el próximo mes de septiembre. Además, la regidora ha señalado que se construirá un hotel, restaurantes y un puesto de socorro para Cruz Roja.

Fuengirola aparca su plan de playas hasta que se aclare qué pasa con los chiringuitos. (SUR)

Esperará a que los merenderos tengan una concesión administrativaque les permita afrontar la inversión con garantías de futuro. El proyecto, cuyo inicio se preveía para este año, contempla la unificación de la imagen de todos los equipamientos del litoral.

El plan de homogeneización estética de las playas de Fuengirola tendrá que esperar. El Ayuntamiento ha decidido aparcar temporalmente el ambicioso proyecto con el que se pretende dotar de una personalidad propia al litoral fuengiroleño a la espera de que se estabilice definitivamente la situación de los chiringuitos y puestos de hamacas. La razón radica en que además de la inversión pública, una ordenanza municipal obliga a los empresarios a ajustarse a las nuevas directrices, lo que conlleva que también deben financiar parte de la renovación de sus equipamientos, gasto que en el Consistorio consideran inoportuno mientras éstos no dispongan de concesiones administrativas. Todo ello a pesar de que desde un principio se había planteado la posibilidad de ofrecer algún tipo de subvención a los empresarios para la adquisición del nuevo material.

«Todas las instalaciones se encuentran en una situación de precariedad e incertidumbre, así que no creemos que sea lo más adecuado pedirles que realicen una inversión en toldos, sombrillas, quitavientos, duchas y demás elementos», afirmó la alcaldesa de la ciudad, Esperanza Oña. Por este motivo, el Ayuntamiento ha desestimado la posibilidad de incluir esta actuación entre los proyectos futuribles de ser financiados a través del Plan Qualifica para la mejora de la franja litoral, decantándose finalmente por la revitalización del entorno del río Fuengirola.
Una imagen única
La decisión ha sido aplaudida por el sector, que siempre ha defendido la necesidad de que las autorizaciones temporales para las instalaciones de playas se conviertan en concesiones administrativas con la seguridad jurídica necesaria para poder invertir en la mejora de sus instalaciones. «Una vez se solucione lo de las concesiones, estaremos a disposición de todo lo que sea necesario por el bien de los empresarios y del municipio; de momento, no puede ser de otra manera», comentó el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Playa, Miguel Arrabal, quien confió en que los primeros avances en las negociaciones con Costas se puedan producir tras el verano.

El Plan de Embellecimiento y Homogeneización de las playas arrancó en 2007 con la convocatoria de un concurso de ideas que permitiera crear una nueva imagen que identifique la costa de Fuengirola a nivel internacional. A través de la propuesta conjunta de los diseñadores y paisajistas Daniel Pérez y Eduardo Cobacho, se sentaron las bases para la unificación estética de las playas del municipio, afectando a las hamacas, colchonetas, sombrillas, toldos, accesos, pérgolas, jardines, papeleras, señalización, duchas, torres de vigilancia e incluso la vestimenta de los empleados. Todo ello con una peculiaridad: los colores, dimensiones, formas, materiales y distribución serán idénticos o con una variedad predeterminada que se integre en un conjunto homogéneo a lo largo de los diez kilómetros de litoral.

Además, también contempla la creación de una fuente de agua de mar a unos 50 metros de la orilla, un cine de verano y el ajardinamiento de la desembocadura de los arroyos.

Málaga expondrá en un museo su patrimonio industrial de los dos últimos siglos. (SUR)

La comisión de Cultura respalda por unanimidad la propuesta de IU, pero no fija plazos para su construcción.


La creación del Museo del Patrimonio Industrial inicia su andadura. La comisión de pleno de Cultura y Educación la ha respaldado por unanimidad y el próximo jueves será aceptada en el Pleno por mayoría absoluta, ante la propuesta que puso en marcha Izquierda Unida, con el fin de perpetuar la historia de Málaga del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX.

El portavoz del grupo municipal de IU, Pedro Moreno Brenes, destacó ayer que el proyecto pretende poner en valor la historia obrera de la ciudad así como defender los 130 años transcurridos entre 1830 y 1960 ya que impulsaron un fuerte desarrollo económico, urbanístico y social. Asimismo apuntó que considera «inadmisible» que en Málaga se hayan creado museos como el de las gemas, o el de coches antiguos y que, sin embargo, el pasado industrial «no quede reflejado como tal».

Asegurar el proyecto
Brenes resaltó también que pretende solicitar al equipo de gobierno que continúe con las medidas necesarias para la instauración del museo, y que no quede en un «proyecto efímero», sino que salga adelante y que se consiga inaugurar próximamente. El portavoz de IU insistió en evitar que la presencia de los obreros durante la Revolución Industrial de la ciudad quede en el olvido, sino que se les recuerde a través de las chimeneas, de las fábricas y de las maquinarias que usaban.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Defensa de Chimeneas y Patrimonio Industrial, José Antonio Ruiz, adelantó que el museo incorporará paneles explicativos, talleres de oficios ya desaparecidos, y maquinarias usadas en el siglo XIX. Además recordó que actualmente se conservan trece chimeneas en Málaga, gracias a la aprobación por parte de la Gerencia de Urbanismo de un catálogo destinado a proteger restos de la época.

La asociación que emprendió una lucha para reivindicar que las chimeneas se conservaran como patrimonio de la ciudad, mostró su satisfacción con esta iniciativa y defendió que Málaga no puede permanecer al margen del trabajo de los obreros durante tantos años.

El Ayuntamiento multa con 23 millones de euros la ampliación de La Cañada. Marbella. (SUR)

La sanción se corresponde con los trabajos de la tercera fase del complejo comercial, paralizados desde enero de 2005
El Ayuntamiento multa con 23 millones de euros la ampliación de La Cañada
Tercera fase del complejo comercial, paralizada por orden judicial desde enero de 2005. /JOSELE-LANZA
La Junta de Andalucía aplicó en 2003 a la empresa Europea de Complejos Comerciales SA la máxima sanción prevista entonces por la ley después de construir ilegalmente la segunda fase del centro comercial La Cañada sin contar con el preceptivo informe de la Consejería de Hacienda. La multa superó los 600.000 euros y supuso en su día un récord en este tipo de correctivos económicos. Seis años después, la cifra se antoja nimia respecto a la sanción de más de 23 millones de euros que el Ayuntamiento de Marbella ha impuesto ahora a la entidad propiedad de Tomás Olivo, procesado por el 'caso Malaya', en relación con las nueve naves comerciales levantadas sin licencia para acometer la tercera fase del complejo comercial.
El Consistorio marbellí inició un expediente sancionador contra la mercantil por su presunta responsabilidad en la comisión de una infracción urbanística por la construcción sin licencia de naves industriales, zonas de aparcamiento y obras de urbanización en la parcela situada en el paraje Cañada de la Trinidad, al norte de la A-7 y al este de las dos fases con las que cuenta en la actualidad el centro comercial. La empresa presentó alegaciones al procedimiento, al considerar que la supuesta infracción habría prescrito y defendiendo que contaba con las licencias pertinentes para acometer la actuación.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han desestimado dichas alegaciones. En su informe establecen que no existe prescripción y que las licencias a las que alude Europea de Complejos Comerciales están basadas en proyectos básicos, lo que no habilita a la entidad a realizar ningún tipo de actuación. Además, las obras acometidas por la empresa de Olivo exceden «en gran medida» las contempladas en los citados proyectos no ejecutivos. En virtud del informe, el servicio de disciplina urbanística ha resuelto imponer a la sociedad una sanción de 23.289.838,50 euros. La cantidad se ha calculado en función del volumen de tierra movida para realizar las obras.
Las irregularidades en la tercera fase del centro comercial La Cañada se remontan al mismo día del inicio de las obras, dado que comenzaron sin contar con el informe de impacto ambiental. En diciembre de 2002, el Ayuntamiento de Marbella dio viso de legalidad a la construcción, en virtud de un decreto firmado por el ex alcalde Julián Muñoz en el que se aprobaban las diferentes licencias para la edificación de locales comerciales y almacenes en ocho solares de la zona cuya superficie total sobrepasaba los 55.000 metros cuadrados. Los permisos fueron recurridos por la Junta de Andalucía, que presentó hasta nueve impugnaciones, puesto que permitían una construcción en contra del planeamiento urbanístico vigente.
En 2004, y a requerimiento de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno andaluz, la entonces alcaldesa Marisol Yagüe decretó la paralización de los trabajos. Eso sí, el Consistorio no llegó a notificar a Olivo la orden de suspensión cautelar de la obra, que continuó hasta que intervinieron los tribunales. Hasta que no se hizo efectiva la paralización, la empresa tuvo tiempo de construir nueve naves industriales y cerca de un millar de plazas de aparcamiento, además de ejecutar obras de urbanización, en unos 30.000 metros cuadrados de los terrenos.
La comisión gestora puso fin a la defensa judicial de las licencias otorgadas por Muñoz. El órgano rector que estuvo al frente del Ayuntamiento de Marbella tras la disolución de la Corporación a raíz del 'caso Malaya' se allanó en los procesos contencioso-administrativos, promovidos por anteriores gobiernos municipales, en los que el Consistorio mantenía que eran legales los permisos otorgados por Julián Muñoz a Europea de Complejos Comerciales.
Plan General
El futuro de la ampliación de La Cañada depende del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, cuya segunda aprobación provisional se llevará a pleno el próximo 29 de julio. Los suelos sobre los que se asientan las obras paralizadas han sido modificados en distintas ocasiones por el equipo redactor del documento. El avance del Plan bloqueaba la consolidación de la tercera fase del centro comercial al calificar los terrenos como equipamiento público. Las primeras variaciones al texto urbanístico supusieron que la catalogación mudara a uso comercial, mientras que los cambios posteriores impedían de nuevo que Olivo acometiera la expansión del complejo al clasificar la parcela como equipamiento territorial de carácter recreativo-deportivo. Como ya adelantó este periódico, las últimas modificaciones en relación con estos terrenos llevadas a cabo por el equipo redactor no satisfacían al propietario de La Cañada ni al Gobierno municipal, por lo que el documento que se lleve a pleno la próxima semana presentará con toda probabilidad nuevos cambios.

El PGOU es devuelto tras 5 años de trámites. Málaga (LAOPINION)

La Comisión de Ordenacion del Territorio rechaza su aprobación por un "contundente" dictamen de los servicos jurídicos

Un año. El alcalde en la presentación del PGOU antes de su aprobación provisional hace un año. c. criado

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA Cuando desde el Ayuntamiento de Málaga y desde todo los sectores implicados se esperaba que la Comisión de Ordenación Territorial y Urbanismo de Andalucía (Cotua) aprobase en su reunión de ayer el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU), tal como incluso había anunciado el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, a primera hora de la tarde surgió la sorpresa cuando se anunciaba que la decisión de la propia Cotua era no aprobar el PGOU y devolverlo al Ayuntamiento.

La argumentación esencial de la Cotua para no aporbar el PGOU es que "incurre en errores, defectos e incumplimientos a distintos informes vinculantes y normas que impiden su aprobación por parte de los órganos competentes de la Junta de Andalucía".

De manera más directa, por no adaptarse a las especificaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), a la Declaración de Impacto Ambiental de la consejería de Medio Ambiebte y a varios informes sectoriales como el de Aviación Civil que afecta a la altura de varios de los rascacielos proyectados.

Garantías. En su dictamen de ayer la Cotua señala además que el PGOU "no podrá ser aprobado de forma definitiva hasta que el Consistorio proceda a subsanar los fallos detectados, a la corrección de éstos o a su eliminación".

En la decisión de no aprobar el PGOU ha pesado de manera decisiva el informe de los servicios jurídicos de la Junta que advertían de que "el volumen de cuestiones que no se habían corregido a lo largo de toda la tramitación hacía, por criterio de seguridad jurídica y de garantía a los ciudadanos, que la mejor opción fuese la suspensión".

Por tanto el criterio de "seguridad jurídica" ha pesado de manera fundamental a la hora de decidir el futuro inmediato del PGOU de tal manera que la Junta ha estimado que el plan debe contar con mayores garantías para ser aprobado.
Al respecto la Cotua aludió a la jurisprudencia creada por los recientes fallos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto al PGOU de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, según los cuales "cuando son muchos los elementos que se ponen en cuestión, lo correcto no es aprobar el Plan parcialmente, sino suspenderlo y dar la opción de revisarlo en su conjunto para que se apruebe", con plenas garantías.

Por ello no hará falta que la Cotua vuelva a analizar el plan, sino que éste irá directamente a la Consejería para su aprobación final.