viernes, 24 de julio de 2009

Ángeles Muñoz asegura que el PP no bloqueará el PGOU. Marbella (La Opinión)

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, afirmó ayer que no llevaría a la ciudad a una "situación de bloqueo por imponer un criterio que a juicio del Ayuntamiento puede ser el más razonable", en relación a las críticas de la Junta de Andalucía a las modificaciones introducidas por el PP en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para normalizar las viviendas habitadas que quedaban fuera de ordenación.
Muñoz dijo que el Ayuntamiento intentará plantear sus argumentos ante la Junta y saber la postura de la Consejería de Ordenación del Territorio, per la alcaldesa confía en que la "lealtad institucional presida la aprobación" del documento en pleno el próximo miércoles 29 de julio.
La regidora añadió que su equipo de gobierno nunca ha tomado "ninguna decisión que vaya en contra de los intereses de la ciudad", por lo que sopesarán "los pros y los contras". El plan permitirá devolver a Marbella la seguridad jurídica y urbanística, algo que "no es fácil" porque presenta una situación "mucho más compleja que en cualquier otro punto del país", dijo Muñoz.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, aseguró hace unos días que las últimas modificaciones del PGOU de Marbella ponían "en riesgo la legalidad del plan", y pidió que los cambios no alterasen el modelo elaborado por el equipo redactor".

Ordenan el derribo de una vivienda ilegal en Cártama (La Opinión)

Los tribunales han ordenado la demolición de una vivienda de 128 metros cuadrados en Cártama construida en el paraje de Dehesa Alta, en suelo no urbanizable de protección especial.
El expediente administrativo de esta vivienda se inició en el año 1997 y en 1999 se dictó sentencia acordando la demolición de esta edificación, pero tras la presentación de varios recursos por parte de los propietarios e incluso una petición de indulto, el dictamen final ha sido la demolición prevista para el próximo 27 de julio.
Uno de los principales problemas urbanísticos de Cártama son las viviendas ilegales en el campo. El número de expedientes de viviendas irregulares en zonas rurales iniciados por el Ayuntamiento es de 3.000 "y el Consistorio debe cumplir lo que establece la ley y las sentencias emitidas por los juzgados", ha señalado el concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo.

Aprueban una nueva promoción de 93 VPO en Alhaurín el Grande (La Opinión)

Alhaurín el Grande tendrá una nueva promoción de viviendas de protección oficial. El Ayuntamiento ha aprobado una modificación del sector Arquilla del Agua de 51.192 metros cuadrados, de los que 8.098 corresponden a zonas verdes, 4.835 a equipamientos y donde se podrán construir 281 viviendas, de las cuales 93 serán viviendas protegidas. Este expediente cuenta ya con todos los informes favorables de la Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Agencia Andaluza del Agua.
"El desarrollo de este sector permitirá no sólo la construcción de 93 VPO para ampliar la oferta de vivienda protegida en Alhaurín, sino también la conexión de la barriada de El Chorro con la variante sur y un paso más hacia el progreso de esta zona, que tendrá de importantes instalaciones públicas, como campo de fútbol de césped artificial y más de 8.000 metros cuadrados de zonas verdes", explicó el alcalde, Juan Martín.

José Ramón Moreno: «El ciudadano debe participar en la protección del patrimonio» (La Opinión)

Este experto señala que todavía es un proceso que se encuentra "en pañales" y que se debe fomentar entre la ciudadanía para arrancar una nueva etapa


Ponente. José Ramón Moreno, ayer en Ronda. j. a. g.

JOSÉ A. GALLARDO. RONDA La octava edición de los Cursos de Verano que la Universidad de Málaga (UMA) organiza en Ronda llega hoy a su última jornada. Por otro lado, el día de ayer estuvo marcado por la presencia del Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, José Ramón Moreno, que impartió una conferencia llamada ´Intervenciones para la conservación de ciudades históricas´.

–¿Cómo surge el proceso de participación ciudadana en la toma de decisiones respecto al patrimonio?
–Al menos en el ámbito del patrimonio estamos empezando, en cambio, se ha adelantado mucho en el ámbito de lo social y de las problemáticas urbanas en las barriadas. En lo referente al patrimonio, los procesos participativos han sido muy pocos, aunque han servido como ejemplificaciones que abren una nueva etapa del patrimonio en Andalucía.
–Este proceso, que se inició hace unos años, ¿ha avanzado de forma excesivamente lenta?
–Creo que la coyuntura favorable para que esto se produzca es, precisamente, en este momento, ya que se ha parado un proceso de ocupación del territorio bastante problemático debido, sobre todo, a la crisis. Pero en el territorio hay nuevas posibilidades. Ha sido la Junta de Andalucía la que puso en marcha el mecanismo de participación hace dos años, el cual se ejemplifica con una iniciativa denominada ´La ciudad viva´. Desde esta administración se pone de manifiesto que deben ser todos los componentes de la habitabilidad urbana los que tienen que entrar en interacción y en funcionamiento. El patrimonio aporta no sólo la recuperación del pasado, sino también la construcción de una serie de señas de identidad para las poblaciones, por lo tanto, es necesario plantearse la participación ciudadana en la construcción patrimonial.
–¿Son conscientes los ciudadanos de que pueden participar en la toma de decisiones que afectan al patrimonio de su ciudad?
–Aún no, este es un proceso en el que los medios de comunicación tienen mucha importancia, al igual que las iniciativas de los distintos colectivos. Un ejemplo a seguir en este sentido, es que en Portugal hace poco se ha creado una plataforma donde ecologistas y patrimonialistas se han puesto de acuerdo creando una nueva alianza de naturaleza y cultura, que reclama que los ciudadanos estén presenten y protagonicen ese nuevo modelo.
–¿Cuál es la situación de Ronda en este sentido?
–Lo que se está creando en Ronda con el Plan Especial del Casco Histórico es un soporte a partir del cual los ciudadanos pueden hacerse cargo del patrimonio de la ciudad, y al mismo tiempo incidir en él mediante los procesos de sugerencia y de aportaciones de cambio respecto a lo que el plan expone. Éste, por tanto, abre los mecanismos de participación, ahora, que cale más o menos en la población depende directamente del componente político y social que haya en la ciudad. En la actualidad está abierto el periodo de exposición pública del plan de Ronda, por lo que es el momento de que los ciudadanos se conviertan en protagonistas.

Aifos perdió 106 millones en 2008 y está en ´insolvencia´ (La Opinión)

La promotora e inmobiliaria Aifos, declarada en concurso voluntario de acreedores, perdió 106 millones en el año 2008, lo que unido a las deudas arrastradas en los últimos años, deja su situación patrimonial en un estado de "insolvencia inminente", según el auto del juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que instruye el proceso concursal de la empresa.
La firma, radicada en la Costa del Sol, tiene una deuda de 1.029,4 millones repartida entre 2.000 acreedores y redujo su patrimonio durante el pasado año, que inició con un total de 268 millones.
De acuerdo con el juez que evalúa el caso, la promotora, cuyo administrador único es Jesús Ruiz Casado, imputado y detenido en el transcurso de la operación ´Malaya´, carece de la capacidad necesaria para cumplir "regular y puntualmente" sus obligaciones, circunstancia que, unida a la responsabilidad contraída con nuevos clientes, pendientes aún de construcciones, inspira la petición de concurso.
Desde el pasado 2007, Aifos ha ido reduciendo paulatinamente su plantilla, que a comienzos de ese año era de 2.210 empleados y en la actualidad no sobrepasa los 610 trabajadores.
A estas pérdidas se le une la larga lista de procesos judiciales en los que está inmiscuida la inmobiliaria, que registra un total de 891 reclamaciones, además de las deudas pendientes con la Agencia Tributaria, que se elevan a 42,5 millones.
No se trata del único organismo público pendiente del pago de Aifos, que también adeuda 1,4 millones de euros a la Seguridad Social y 56 millones a otras administraciones públicas.
Estas últimas responden a liquidaciones de impuestos correspondientes al periodo comprendido entre 2002 y 2008. "Esto ha supuesto la paralización de promociones que financiaban", indica el auto. Junta a éstas, figuran las actuaciones investigadas en el ´caso Malaya´, que podrían derivar en "pasivos adicionales". El concurso se orienta a mantener la actividad de la empresa.

La leyenda negra urbanística y otras expediciones a las rondas (La Opinión)

Como cientos de ayuntamientos andaluces de todo pelaje político, el de Málaga también necesita unas pautas claras para su crecimiento


ALFONSO VÁZQUEZ La leyenda negra aseguraba que a Felipe II le gustaba vestir siempre de negro por ser un rey severo, asceta y ´pelín siniestro´. Se olvidan los tejedores de la trola de que en el siglo XVI era costumbre guardar un año de luto y que, por desgracia para el monarca, fueron muchos los familiares cercanos que perdió a lo largo de su vida.
La negativa a construir por encima de la ronda Este, que proclama la Junta, también soporta la leyenda negra de que, de esta manera, la malvada Administración autonómica frena la expansión natural y económica de Málaga, como si nuestra ciudad fuera el Océano Atlántico con libertad para extenderse ´hasta el infinito y más allá´ sin más normas que su ´derecho urbanístico a decidir´.
Por suerte para todos, la ciudad tiene unos límites: los que marcan las normas y el sentido común. De la misma forma que es ilógico, provinciano e insensato levantar ´chaleses´ en la última parcela de playa virgen de Málaga, no se sostiene levantar esos mismos ´chaleses´, quizás un poco más caros, en una zona con riesgo evidente de erosión.
Ese es el peligro que tiene construir por encima de la ronda Este: cargarse de por vida un espacio natural por las necesidades económicas de un ayuntamiento. El coste es demasiado alto y si en el futuro hay que construir en áreas parecidas, deberán aplicarse las mismas precauciones.
Por eso, resulta ilógico, provinciano e insensato que nuestro Ayuntamiento aprobara esta semana levantar un hotel justo en la zona en la que, ya se lo han recordado, no puede construir. ¿Rebeldía política, defensa a ultranza frente al enemigo o gamberreo institucional?
En una ciudad que vive de la construcción, quizás resulte una ´herejía´ aplaudir el plan de ordenación del territorio recién aprobado por la Junta para todo el área metropolitana, pero tanto el Ayuntamiento de Málaga como cientos de ayuntamientos andaluces de todos los colores políticos necesitan que alguien les ´meta en cintura´ para que el desarrollo urbanístico no ofrezca a las generaciones futuras ciudades planificadas por alcaldes-promotores deslavazadas y masificadas.
Pero estos alcaldes-promotores surgen, no lo olvidemos, de la falta generalizada de dinero de los ayuntamientos españoles. Hora es ya de que las autonomías, empezando por la Junta de Andalucía, cedan los fondos necesarios a los municipios. Si tardan mucho, continuarán los proyectos insensatos, fruto únicamente de las urgencias financieras del momento.

De la Torre pregunta a la Junta qué ofrece a cambio de Arraijanal (La Opinión)

La Junta rechaza este proyecto y el alcalde cree que la postura es un "atentado contra la autonomía municipal"


Terrenos. Vista de la zona de Arraijanal, uno de los proyectos de la discordia. l. o.

SERGIO SÁNCHEZ. MÁLAGA Ante la negativa del Gobierno andaluz de aceptar el proyecto de los terrenos de Arraijanal e incluirlo en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, el regidor malagueño, Francisco de la Torre, preguntó ayer a la Junta sobre qué ofrecería ésta a cambio de esa zona, donde pretende construir un parque metropolitano, mientras que el Consistorio plantea equipamientos residenciales, hoteleros y comerciales.
El alcalde se refirió a que "el problema" lo creó hace años el PSOE y, en este sentido, recordó que el Ministerio de Medio Ambiente afirmó, a través del diputado socialista Miguel Ángel Heredia y la delegada de Medio Ambiente, Remedios Martel –en la pasada legislatura fue diputada nacional–, que "iba a expropiar el total de la finca y luego dijo menos metros".
De hecho, según aseveró De la Torre, Arraijanal es un terreno "cuya expectativa de valor la creó el PSOE en 1983 y 1987" y, por tanto, "permitió al Ministerio del Interior vender suelo y obtener recursos abundantes". El alcalde insistió: "Ahora la Junta no puede decir que quiere hacer un parque y que paguen los malagueños lo que se ha encarecido cuando las expectativas de valor las creó el PSOE".
Asimismo, señaló que el Gobierno andaluz solicita un "esfuerzo enorme" al Ayuntamiento malacitano, mientras que la Junta hace "un cambio de criterio porque sí y ahora quieren que lo resolvamos y les saquemos del atolladero". Por tanto, De la Torre insistió en que si la Administración autonómica quiere cambios en el proyecto de Arraijanal, "que nos diga qué ofrece" en su lugar.

Aprobación. La Comisión de Urbanismo de la Junta aprueba hoy el PGOU, pero hay cuestiones en las que las instituciones no están de acuerdo, como el propio Arraijanal o el puerto del Morlaco. Este hecho es considerado por el alcalde como un "atentado contra la autonomía municipal".

El plan de las desavenencias (La Opinión)

La Junta de Andalucía aprueba hoy el PGOU de la capital con el rechazo de varios proyectos del Ayuntamiento. Políticos, arquitectos, sindicatos y urbanistas opinan sobre su repercusión



SERGIO SÁNCHEZ. MÁLAGA Ha sido un periodo largo, arduo y aparatoso el que ha tenido que pasar el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga hasta ser aprobado hoy por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, aunque ésta se haya mostrado reacia a incorporar varios proyectos que el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol tenía en mente. Zonas como Arraijanal, Limonar Alto o los terrenos donde la Administración municipal plantea el nuevo colegio de los Maristas han sido objeto de una profunda falta del diálogo entre ambas instituciones.
Cansado de tratar con el Gobierno andaluz, el regidor, Francisco de la Torre explicó ayer que si el Consistorio entiende que se llega a producir un "atentado contra la autonomía municipal", se analizará detenidamente la posibilidad de acudir a los tribunales. Claro que el proceso retrasaría algunos puntos del plan urbano, pero ya se ha vuelto a ver últimamente el distanciamiento que existe con la Junta de Andalucía.
Sin embargo, no es sólo el alcalde el que se opone a esta situación, sino que algunos sectores de la sociedad malagueña no ven con buenos ojos el freno a algunos de los planteamientos urbanísticos que se incluían en el PGOU. Por su puesto, los populares respaldan la postura del equipo de Gobierno. En su contra se muestran por ejemplo CCOO –quien opina que el plan sel Ayuntamiento hipoteca el futuro de Málaga –, o algunos arquitectos, que ven que debería plantearse el plan desde una visión más territorial en lugar de una postura local.

Aprobado un plan que prevé 93 VPO. Alhaurín el Grande (SUR)

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha aprobado una modificación urbanística en la zona de la Arquilla del Agua, donde se podrán construir 281 viviendas, de las cuales 93 serán VPO. El sector contará también con 13.000 metros cuadrados entre zonas verdes y equipamiento, incluyendo un nuevo campo de fútbol.

El parque forestal de San Pedro abrirá sus puertas la próxima primavera. San Pedro de Alcántara (SUR)

Los Tres Jardines, el recinto más grande de la provincia, cuenta finalmente con un presupuesto de más de cinco millones de euros
El parque forestal de San Pedro abrirá sus puertas la próxima primavera
María Gámez plantó un árbol en el parque forestal Los Tres Jardines. /JOSELE-LANZA
Cada vez queda menos para que el parque forestal más grande de la provincia de Málaga sea una realidad. Las obras de Los Tres Jardines, ubicado en el antiguo vivero propiedad de la Junta de Andalucía en San Pedro Alcántara, se encuentran a más del 80 por ciento de ejecución, reveló ayer la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, quien visitó la zona en compañía de la delegada provincial de Medio Ambiente de la Junta, Remedios Martel. Dotado finalmente con un presupuesto de más de cinco millones de euros, el parque forestal Los Tres Jardines abrirá sus puertas al público en la primavera de 2010.
Este nuevo pulmón verde de 9,5 hectáreas, financiado íntegramente por la administración autonómica, incluirá más de 10.500 árboles que se distribuirán en tres jardines de distinta ambientación, mediterráneo, árabe y tropical. «El proyecto tiene como objetivo crear un espacio público con equipamientos e infraestructuras para el uso y disfrute de los ciudadanos; un parque que como reclamo turístico contribuirá también a que Marbella recupere la excelencia», valoró Gámez, acompañada además por el delegado de Medio Ambiente de Marbella, Antonio Espada, y por algunos concejales socialistas.
Desarrollo sostenible
Martel, por su parte, puso el acento en que los trabajos que se desarrollan están teniendo en cuenta «criterios de máximo respeto al medio ambiente» con la optimización de recursos relacionados con el desarrollo sostenible como el uso de la energía solar y un sistema de riego de aguas residuales de la estación de Estepona.
En la actualidad los operarios instalan bombas para comenzar el riego por goteo de los espacios ya plantados. «Se ponen en valor en definitiva el espacio libre y la ecología», resumió Gámez, a lo que la delegada provincial de Medio Ambiente añadió que se ha prestado especial atención a la accesibilidad al recinto a través de senderos acondicionados también para las personas discapacitadas.
Zonas de ocio y juego infantiles y un centro de turismo rural completarán la oferta de equipamientos del futuro «ecoparque», como definió Martel por ese consumo racional de energía y de agua.

La alcaldesa intenta un acuerdo de última hora con la Junta antes de aprobar el PGOU. Marbella (SUR)

Ángeles Muñoz se reunió ayer en Córdoba con el consejero de Vivienda para acercar posturas
El Gobierno autonómico mantiene que no es posible la legalización del Banana Beach
Justificar a ambos lados
La alcaldesa intenta un acuerdo de última hora con la Junta antes de aprobar el PGOU
Juan Espadas y Ángeles Muñoz, en una reunión que mantuvieron en Marbella en mayo del año pasado. /JOSELE-LANZA
Una solución consensuada de última hora. El Ayuntamiento de Marbella mantiene su empeño en regularizar la situación de todas las promociones ilegales que ya se encuentran ocupadas, pero no quiere un choque frontal con la Junta que suponga un nuevo retraso para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Su objetivo es sofocar el conato de conflicto que se ha generado con el Gobierno andaluz, que el pasado martes, a través del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, advirtió de que las modificaciones incorporadas por el Consistorio marbellí ponían en peligro la legalidad del texto urbanístico y, por tanto, su aprobación definitiva.
Con este fin, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se reunió ayer en Córdoba con Espadas, en un encuentro, confirmado a este periódico por fuentes de ambas administraciones, en el que la regidora intentó acercar posturas sobre el PGOU. La voluntad del Gobierno municipal es incluir las promociones del Banana Beach, La Víbora y Río Real en el proceso de regularización por compensaciones que contempla el documento, pero el propósito fundamental es la aprobación del mismo, por lo que el Ayuntamiento busca una solución pactada con la Junta para alcanzar esta meta.
Silencio
Muñoz dejó claro ayer este matiz. El equipo Gobierno había mantenido un silencio absoluto en los últimos días respecto al PGOU, pero la alcaldesa lo rompió ayer en un acto celebrado en Málaga en el que le preguntaron sobre este asunto. La regidora fue escueta, pero aseguró que no llevaría a Marbella a una situación de bloqueo por imponer un criterio que, a juicio del Ayuntamiento, «es el más razonable». Muñoz abogó además porque la lealtad constitucional presida la aprobación del Plan.
La Junta de Andalucía, por su parte, mantiene su postura respecto a las modificaciones incorporadas por el Consistorio marbellí al PGOU. La reunión entre la alcaldesa y el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio no ha supuesto una alteración de estos criterios, según señalaron a SUR fuentes del Gobierno autonómico. Espadas afirmó el martes a este periódico que la legalización del Banana Beach no es posible, dado que no se puede compensar la pérdida de la franja litoral en la que se encuentra esta edificación con la cesión de suelo en otra zona del municipio. Las promociones de La Víbora y Río Real, a juicio de la Administración regional, tampoco tienen cabida en el nuevo documento urbanístico.
El Ayuntamiento de Marbella apura los plazos para alcanzar una solución con la Junta antes de la celebración del pleno extraordinario del próximo 29 de julio, en el que se aprobará de forma provisional el PGOU. Los grupos de la oposición se encuentran a la espera de la convocatoria para la comisión informativa previa, que debe celebrarse al menos 48 horas antes de la sesión plenaria y que, según fuentes municipales, tendría lugar finalmente el lunes. La portavoz socialista, Susana Radío, aseguró ayer que la alcaldesa se había comprometido a celebrar la comisión hoy viernes, así como a facilitar a la oposición la documentación sobre las últimas modificaciones introducidas, compromisos que no ha cumplido. Según la edil, Muñoz desafía a la Junta «tomando decisiones que ponen en peligro la legalidad del PGOU» y además obstaculiza la labor de control de la oposición.

El Poder Judicial impone doce años de suspensión a un juez de la capital por sus negocios inmobiliarios (SUR)

El CGPJ afirma que Juan de Dios Anguita debió abstenerse en asuntos en los que tenía interés
La defensa del magistrado recurrirá la sanción

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto al magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Málaga , Juan de Dios Anguita Cañada, una sanción de dos años de suspensión de funciones por cada una de las seis faltas disciplinarias muy graves, de las que se le considera autor, lo que supone en total doce años de suspensión de funciones.
Las cinco faltas disciplinarias tienen que ver con la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurrían causas legales para ello -tener interés directo o indirecto en el pleito del que se conoce como juez-, mientras que la sexta falta está relacionada con el ejercicio de actividades legalmente incompatibles con el cargo de juez, en concreto los negocios inmobiliarios.
El letrado que representa al magistrado, Álvaro Santos, ha anunciado que recurrirán la sanción ante el Tribunal Supremo «por ser manifiestamente injusta» e insistió en que «el señor Anguita se ha abstenido del conocimiento de las causas de forma expresa y que la Audiencia Provincial de Málaga le denegó apartarse de las mismas».
«Se trata de un manifiesto e indeseable error que deseamos sea corregido, ya que es absolutamente inocente de los hechos», apuntó el letrado, al tiempo que recordó que Anguita Cañada «lleva trabajando más de 30 años para la Administración de Justicia y nadie ha presentado queja alguna en relación a las resoluciones respecto de las cuales deriva su sanción». Santos consideró «desproporcionada» la sanción, en cuanto a otros tipos de hechos en los que la gravedad de los resultados es «infinitamente mayor.
Anguita Cañada es propietario al 50% con su esposa de la sociedad Pantie S.L que, según el juez, «gestiona patrimonio en pura tenencia de bienes que tiene su origen en bienes hereditarios, que jamás ha realizado actividad que no sea el arrendamiento de bienes, como así sucede en cualquier sociedad matrimonial que pueda o quiera arrendar bienes», aseguró.

Urbanismo y Obras Públicas inician los contactos para estudiar el proyecto del bulevar (SUR)

El Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía han iniciado los contactos para analizar el proyecto del bulevar sobre el soterramiento de las vías del tren, una actuación que el alcalde, Francisco de la Torre, y la consejera de este departamento regional, Rosa Aguilar, acordaron impulsar conjuntamente a finales del mes pasado durante una visita de ésta a la capital. Responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo mantuvieron ayer un encuentro con la viceconsejera de Obras Públicas, María Felicidad Montero, en el que acordaron crear una mesa de trabajo para analizar el proyecto del bulevar.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, explicó que, en la reunión, el Consistorio aportó documentación para que los técnicos autonómicos puedan disponer de toda la información sobre el proyecto, que será presentado a los vecinos de la zona de Carretera de Cádiz en los próximos días. «Recabaremos la opinión de los ciudadanos sobre el diseño y seguiremos trabajando con la Junta para consensuar una idea conjunta», señaló Díaz, quien dijo que el acuerdo para compartir la financiación con la Junta no se firmará hasta que la propuesta esté madurada.
Beneficios
En la reunión de ayer, Urbanismo hizo ver a la Junta los beneficios de su idea de bulevar que, según el edil, puede contribuir a minimizar el volumen de tráfico que soporta la avenida de Velázquez. No obstante, sobre el proyecto para aumentar las zonas peatonales en ese eje quedaron en estudiarlo en profundidad más adelante.
Además, el Ayuntamiento entregó a la viceconsejera documentación sobre el proyecto de puerto deportivo previsto en El Morlaco. «Han quedado en estudiarlo y contestarnos», comentó Díaz.

«El lunes van a echar abajo los ahorros de toda mi vida». Cártama (SUR)

El Ayuntamiento de Cártama anuncia la demolición de una vivienda en suelo rústico por orden de un juzgado. Sus propietarios lamentan la arbitrariedad de la Justicia mientras a su alrededor se han levantado auténticas mansiones
«El lunes van a echar abajo los ahorros de toda mi vida»
Francisco Sánchez muestra la casa que construyó hace quince años y que ahora han ordenado derribar. / J. J. B.
«El lunes echan mi casa abajo», se lamenta un apesadumbrado Francisco Sánchez. Con casi 70 años, varias operaciones y dos naufragios a sus espaldas, a este marinero retirado le ha sobrevenido en tierra la peor noticia: la destrucción de lo que él mismo define como «los ahorros de toda una vida».
Hace 15 años que su esposa y él decidieron buscar un nuevo hogar alejado de su habitual residencia de El Palo y de la mar, causante en buena parte de los problemas de bronquitis de Francisco. Por eso compraron un pequeño terreno en Cártama e invirtieron su escaso patrimonio en la construcción de una casa que ahora parece tener los días contados. El Ayuntamiento del municipio ha anunciado que el próximo lunes tiene previsto proceder al derribo del inmueble, de unos cien metros cuadrados. El concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo, explicó que la medida ha sido ordenada por un juez tras concluir un expediente que se inició hace ya 12 años por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, ya que el terreno, situado en la zona de la Dehesa Alta, está calificado como suelo no urbanizable de protección especial.
Desde 1997, cuando se inició el expediente, se han sucedido las reclamaciones, los recursos y los pronunciamientos judiciales, hasta que, según indicó el concejal, el pasado mes de junio el juzgado dictó un nuevo auto instando a la demolición de la vivienda en un plazo de 30 días. En ese mismo auto se apercibe al Consistorio de que incurriría en un delito de desobediencia si no ejecuta la medida.
«Pero si tiran mi casa tendrían que tirarlas todas porque aquí hay auténticas mansiones», se lamento Francisco Sánchez mientras mira a su alrededor. En la Dehesa Alta y otros parajes de Cártama, las casas en suelo rústico se suceden una tras otra. Ayer mismo, este pensionista con cuatro hijas y siete nietos se plantó en la Ciudad de la Justicia para hablar con el juez que ha ordenado el derribo. «No me quiso recibir», afirma.
Los propietarios quieren que al menos se espere a que se resuelva la petición de indulto que ya han cursado. Hasta entonces creen que sus sueños deberían seguir en pie.

La Junta será más flexible sobre las construcciones al norte de la ronda (SUR)

El Gobierno andaluz, dispuesto a estudiar proyectos distintos a loschalés que propone el Ayuntamiento
La Junta será más flexible sobre las construcciones al norte de la ronda
Suelos al norte de la autovía oriental. / A. SALAS
La Junta de Andalucía está dispuesta a ser más flexible con el posible desarrollo de construcciones al norte de la Ronda Este. El Gobierno andaluz, que hoy emitirá el veredicto final sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pretende de este modo no cerrar la puerta totalmente al crecimiento de la ciudad más allá de la autovía, siempre que lo permitan los informes ambientales que se realicen para cada proyecto concreto, según fuentes consultadas por este periódico.
Esta postura concuerda con las declaraciones efectuadas por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, durante su visita a Málaga el pasado martes. En ellas afirmó: «El planteamiento del Ayuntamiento de que la Junta prohíbe cualquier desarrollo o construcción por encima de la ronda es falso». Así, precisó que lo que la Junta rechaza es el proyecto de quinientos chalés dibujado por el PGOU en el sector de Limonar Alto. «Hay otras cuestiones más arriba de la autovía que son perfectamente desarrollables, que son los equipamientos de carácter público e interés social y que el plan metropolitano no invalida», matizó Espadas, quien agregó que esos proyectos serán analizados caso por caso. Además, argumentó que quizás otras zonas distintas a la de Limonar Alto pueden no tener un riesgo de erosión «tan agudo». Sobre las posibles actuaciones que puedan plantearse en este sentido agregó que «hay propuestas».

Los jóvenes esperan hasta diez meses para cobrar las ayudas públicas al alquiler (SUR)

La subvención de la Junta sigue retrasándose cuatro años después de su inicio, al igual que la del Estado
Inmobiliarias denuncian que crecen los inquilinos obligados a abandonar su piso al no recibir el pago

Los jóvenes esperan hasta diez meses para cobrar las ayudas públicas al alquiler
Cada vez son más los malagueños con ayudas aprobadas, el problema es que los cobros de las subvenciones se eternizan. / SUR
A medio gas. Cuatro años después de la puesta en marcha de las ayudas al alquiler para los jóvenes andaluces, la maquinaria para que estas subvenciones lleguen de forma efectiva a uno de los sectores con más dificultades de emancipación no termina de engrasarse. Tras el caos del rodaje inicial la tramitación de estas cuantías -que se anunciaron a bombo y platillo allá por febrero de 2005 como la solución para sacar al mercado los miles de inmuebles vacíos- sigue eternizándose, una mala organización que da al traste con las aspiraciones de los cerca de 9.000 malagueños que han depositado sus esperanzas en este sistema. Las inmobilarias encargadas de gestionar estas partidas denuncian que a día de hoy tanto la Junta como el Gobierno central tardan hasta diez meses en hacer llegar el dinero a los inquilinos.
A juicio de las agencias consultadas esta dilación es «inadmisible». Y es que tal y como funcionan actualmente las subvenciones quienes realmente necesiten de forma urgente este balón de oxígeno para volar del nido paterno lo tienen complicado, como advierten fuentes del sector. Las propias inmobiliarias aseguran que se ven obligadas a alertar a los demandantes a fin de evitarles futuras sorpresas, como insisten que ya está pasando. «A nosotros se nos han ido inquilinos por culpa de los retrasos en el cobro de la prestación. Antes de incurrir en demora prefieren abandonar», destacan desde Unicasa al tiempo que reclaman que se acorten los plazos de las resoluciones.
Lorena Escudero, de Inmobiliaria Mediterráneo, también exige soluciones para una fórmula que, en su opinión, ha resultado bastante insatisfactoria. «Las promesas que hicieron han quedado en una gran decepción. Los jóvenes ven que pasan los días y no ven ni un duro, lo que empuja a muchos a renunciar al alquiler. Es un caos para todos, porque nosotros tampoco cobramos», se lamenta.
Descuentos del 40%
La Junta de Andalucía fue la primera administración en poner a disposición de los malagueños el denominado Plan de Fomento del Alquiler, que echó a andar a finales de 2005 con una atractiva carta de presentación: una subvención por una cuantía máxima del 40% de la renta anual satisfecha, sin exceder en ningún caso los 3.200 euros en el mismo periodo.
Esa rebaja del 40% se devuelve con carácter trimestral. Para ello, los jóvenes deben depositar en su agencia de alquiler los recibos que justifiquen el pago al propietario y cumplir un único requisito: que la suma de los ingresos de todos los ocupantes de la vivienda sean inferiores en su cómputo anual a 2,5 veces el IPREM. (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Además de beneficiar a los jóvenes menores de 35 años, la ayuda autonómica se extiende a discapacitados, núcleos donde residan dependientes, víctimas de violencia doméstica, mayores, familias numerosas, monoparentales, en riesgo de exclusión social y personas procedentes de rupturas de unidades familiares.
Hasta aquí la teoría. El problema es que en la práctica estas subvenciones, por los retrasos que acumulan, no acaban de ser el bálsamo que los jóvenes ansían. Desde Inmobiliaria Marbella aseguran que el primer abono se dilata entre nueve y diez meses, «lo cual es un fastidio para el que lo requiere para pagar el alquiler mes a mes», dice Manuel Álvarez, responsable de esta agencia, al tiempo que puntualiza que aunque se hace de rogar, la cuantía acaba llegando y aliviando le bolsillo de los inquilinos.
En la Junta, por su parte, se aferran a las cifras para construir su defensa. Al respecto, recuerdan que Málaga es junto a Almería la provincia en la que se ha hecho una mayor inversión para impulsar estas ayudas: hasta 5,76 millones de euros en los últimos tres años. Esto es, un tercio del total andaluz. Desde 2005 han sido 4.460 los malagueños beneficiados por estos descuentos en la cuota del alquiler, de los que 2.236 tenían menos de 35 años.
Desde el Gobierno regional alegan que este elevado volumen de expedientes unido a la complejidad que suponía su tramitación antes del cambio normativo introducido el pasado noviembre (cuando la Empresa Pública de Suelo se hizo cargo de la gestión) ha llegado a provocar retrasos de entre «seis y siete meses», pero señalan que han efectuado mejoras para agilizar esos tiempos e insisten en que ya funcionan con «total normalidad».
El Gobierno central, por su parte, ofrece desde en enero de 2008 una subvención de 210 euros mensuales que hasta la fecha ha sido solicitada por más de 6.600 malagueños. De los expedientes tramitados han sido resueltos casi el 75%, la mayoría (4.100) a favor de los interesados, que deben cumplir una serie de requisitos como tener entre 22 y 30 años y una retribución anual inferior a 22.000 euros.
En este caso, se repite la problemática: se aprueban las solicitudes, pero se tarda en hacer efectivo el correspondiente abono. En los últimos meses la propia ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha pedido disculpas por la demora generada que, según las inmobiliarias consultadas, es ya similar a la de la Junta. Desde estas agencias lanzan un mensaje tranquilizador apuntando que aunque se eterniza, el dinero llega. El problema es que para muchos ya es demasiado tarde.