martes, 26 de febrero de 2008

La Junta espera una respuesta del Consistorio sobre las 1.200 VPO. Ronda (SUR)


El edil de Obras tacha el reclamo de medida «electoralista». Las casas del Olivar de las Monjas se sortearán en marzo

La delegada provincial de Obras Públicas, Josefa López, manifestó ayer que el Ayuntamiento aún no ha respondido al protocolo que recibió a mediados del pasado mes de enero para la construcción de 1.235 viviendas protegidas, de las que la Junta de Andalucía subvencionaría 3.000 euros por vivienda construida. López añadió que con este tipo de iniciativas se podría evitar la escasez de vivienda asequible para los sectores más desfavorecidos como son los jóvenes, las personas mayores y las familias con menos recursos económicos.
Sin suelo
En este sentido, la delegada apuntó que «lo más importante es que, cuanto antes, se ponga el suelo para la construcción de este tipo de viviendas». El concejal de Obras del Ayuntamiento, José Herrera, respondió a estas declaraciones argumentando que, con el protocolo, la Junta «lo que quiere decir es que tiene la intención de hacer» las viviendas, pero que en ningún momento este es un documento en el que cierre un proyecto concreto. El edil tachó estas declaraciones como «electoralistas» y añadió que lo que tiene que hacer la Junta es saldar la deuda de unos 600.000 euros que debe al Consistorio por actuaciones como la rehabilitación de viviendas. Herrera manifestó también que ahora no es el momento de contestar a la propuesta de la Junta sobre VPO y que lo harán después de las elecciones, ya que puede que tengan que tratar con otra consejería «que esté más centrada en la realidad». Por otra parte, el edil recordó que durante marzo se realizará el sorteo de las 111 VPO del Olivar de las Monjas que se van a empezar a construir «en breve». Actualmente el Consistorio está elaborando la lista previa que se publicará a principios de marzo.

Un nuevo estudio revaloriza la iglesia rupestre de Coín como elemento histórico y patrimonial (SUR)


El informe de la Fundación García Agüera señala al conjunto de cuevas como el monumento más antiguo de la localidad

La antigua iglesia rupestre de Coín es el monumento más antiguo que se conserva en la localidad y el conjunto mozárabe más grande de toda la provincia de Málaga junto con la iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza de Ronda. Así se asegura en un nuevo estudio sobre este lugar que ha sido elaborado por la Fundación García Agüera y que trata de poner en valor la importancia histórica y patrimonial de estas cuevas, cuyo origen se data entre los siglos IX y X.En el informe, que ha sido redactado por el director del archivo histórico de la Fundación, Francisco Marmolejo Cantos, se alude expresamente al «atractivo turístico incuestionable» de la antigua iglesia, tanto por la grandiosidad del conjunto como por su innegable valor histórico-artístico y su proximidad al centro histórico de Coín.
En manos privadas
El informe ya ha sido remitido al Ayuntamiento y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que en estos momentos trabajan en la recuperación para uso público del recinto, que desde hace más de medio siglo se aprovecha como carpintería por estar la propiedad en manos privadas. Entre las conclusiones del estudio se sugiere también la importancia que pudo tener el conjunto rupestre en el origen de la actual población de Coín, ya que, al parecer, las cuevas estaban habitadas ya en época medieval por mozárabes, en fechas en las que no existen datos históricos sobre Dakwan, nombre primitivo del asentamiento del que derivó el Coín actual.Desde la Fundación García Agüera instaron a las administraciones a que se declarara como Bien de Interés Cultural el conjunto de estas cinco cuevas y que se incluyera también en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Por su parte, la concejala de Cultura, Lina Vidales, aseguró que en estos momentos sigue en marcha el expediente de incoación abierto por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en mayo del pasado año. A través de ese expediente, la Junta pretende hacerse con la propiedad de las cuevas para su posterior aprovechamiento y puesta en valor. No obstante, Vidales añadió que el Ayuntamiento seguirá negociando con los actuales propietarios hasta alcanzar un acuerdo que permita el traslado de la carpintería. Precisamente, hace unas pocas semanas el conjunto rupestre fue visitado por la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres.

Inician la reparación del recinto de La Almijara antes de trasladar el mercadillo. Nerja (SUR)


El Ayuntamiento prevé que el arreglo de los daños provocados por la tormenta acabe en mes y medio

EL COMPLEJO
Ubicación: El nuevo recinto para el mercadillo de los martes está junto a la urbanización La Almijara, en la zona norte de Nerja.
Características: Tiene una superficie de 11.500 metros cuadrados, donde se trasladarán los 205 puestos con que cuenta el mercadillo de los martes, que ahora se instala en la zona de El Chaparil.
Obras: La empresa Ecur ha sido la encargada de construir el recinto, con un presupuesto de 713.282 euros. La tormenta del pasado 21 de septiembre dañó diversas zonas del asfalto, que ayer comenzaron a ser reparadas.
Plazos: El Ayuntamiento prevé que los trabajos duren un mes y medio. Una vez que el Consistorio recepcione las obras, iniciará los trámites administrativos para trasladar el mercadillo desde El Chaparil a La Almijara, para acabar así con las quejas de vecinos y comerciantes.

El traslado del mercadillo de Nerja desde la zona de El Chaparil hasta La Almijara está cada día más cerca. Ayer comenzaron los trabajos de reparación de los daños producidos por la tormenta del pasado 21 de septiembre en el nuevo recinto donde se ubicará el popular mercadillo de los martes. Así lo confirmó el concejal de Infraestructuras, José Alberto Tomé (PP), quien estimó que en un mes y medio acabará la reparación de las zonas de asfalto afectas.Una vez que el Ayuntamiento recepcione la obra, que está siendo ejecutada por la empresa Ecur, iniciará los trámites para proceder al traslado de los 205 puestos que se siguen instalando en El Chaparil, según explicó el concejal de Mercadillo, José Miguel Jimena (PP), quien no quiso precisar una fecha concreta de cuándo se procederá al traslado. «Estamos trabajando intensamente para sacar el mercadillo de El Chaparil, pero tuvimos la desgracia de la tormenta, que dañó el recinto, por lo que hemos pedido a la empresa que lo repare», manifestó.Así, la constructora Ecur, que fue la encargada de acondicionar este complejo de 11.500 metros cuadrados, es la que está procediendo a reparar los daños en el asfalto ocasionados por las lluvias torrenciales del pasado 21 de septiembre, cuando cayeron hasta 200 litros en apenas tres horas. «Como aún no habíamos recepcionado la obra, la empresa se está encargando de los arreglos», explicó Jimena. El presupuesto de construcción del nuevo recinto asciende a 713.282 euros.
Quejas vecinales
Las nuevas instalaciones incluyen 205 puestos de tres por seis metros y calles de 4,45 y 3,4 metros. En la zona se han instalado aseos y habrá una oficina de la Policía Local para el control de la venta y la seguridad. El recinto también cuenta con aparcamientos para clientes y vendedores. El Ayuntamiento confía en que con el traslado del mercadillo se solucionen los problemas de tráfico que se registran todos los martes en la zona de El Chaparil y se acabe con las molestias a vecinos y comerciantes, que vienen reclamando el cambio de ubicación desde hace varios años. El Consistorio cuenta con el apoyo de la Asociación de Empresarios de Nerja (AEN).Sin embargo, la Asociación de Vendedores Ambulantes de Málaga (AVAM), se mostró contraria, el pasado diciembre, al traslado de ubicación, aduciendo «falta de seguridad y lejanía de centro». «Es el fin del mundo», dijo su presidente, Juan Rojas. El colectivo ha llevado el asunto a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

El Ayuntamiento buscará otras vías para crear VPO antes de firmar con la Junta. Fuengirola (SUR)


Oña aplaza la oferta del Gobierno autonómico para la construcción de 2.281 viviendas hasta saber si cuenta con suelo disponible y si hay posibilidad de hacerlas más baratas. El PSOE insiste en que «comete un error» si no se adhiere al protocolo

El grupo municipal socialista llevó ayer al pleno el protocolo de actuación propuesto por la Junta de Andalucía para impulsar la construcción de las 2.281 viviendas protegidas necesarias en el municipio, según el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, para cubrir la demanda actual. A pesar de su insistencia, se quedó sin conseguir lo que pretendía: que el equipo de gobierno que encabeza Esperanza Oña dejara de dar largas al tema y tomara la decisión de aprobar o rechazar en sesión plenaria el convenio del Ejecutivo autonómico. El resultado fue aplazar nuevamente la decisión, una medida que contó con los votos a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención del PA, que si bien se mostró a favor del protocolo, vio con buenos ojos tomarse un tiempo para pensar cómo llevarlo a cabo, «al menos hasta después de las elecciones autonómicas y generales del próximo 9 de marzo».Oña dejó claro que la propuesta de la Junta «no es la única salida para construir VPO en el municipio» y se comprometió a sopesar «otras alternativas más rentables». «Firmaremos el convenio si no encontramos nada más favorable. Pero hacerlo ahora es precipitado, es como dar un cheque en blanco a una serie de incógnitas que no están claras». Por un lado, la falta de suelo disponible, pendiente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que no podrá aprobarse hasta tener el visto bueno de la Junta. Por otro, el precio de las viviendas. El protocolo establece un máximo de 90.000 euros y ofrece una subvención por cada una de ellas de 3.000. Para Oña este precio es «mejorable». Por último, el papel que juega el Gobierno socialista en el convenio. Según Oña «el protocolo sólo sirve para que se inmiscuya en los asuntos de Fuengirola. Si el Ayuntamiento pone el suelo; los bancos, la financiación; y el inquilino, el dinero, ¿por qué la Junta debe controlar la comisión de seguimiento?», preguntó la primera edil. Para el PSOE no es más que «una estrategia para ganar tiempo». El PA sostiene que si el problema es la falta de suelo «el equipo de Gobierno local debería empezar a conseguirlo después de las elecciones». Así las cosas, no queda más remedio que esperar. Al menos seis meses, que es el plazo máximo que tiene Fuengirola para adherirse al protocolo, al que ya pertenecen otros municipios de la provincia como Vélez-Málaga, Mijas o Benalmádena.

La circulación en Antonio Machado se reducirá a un carril hasta junio. Benalmádena (SUR)


Las tres fases de la renovación del saneamiento en la principal arteria de Benalmádena Costa se ejecutará de forma simultánea después de Semana Santa. Las obras, destinadas a evitar las inundaciones, costarán 917.000 euros

TRES FASES
Avda. La Roca-rotonda de Los Molinillos: Instalación de un colector soterrado de 800 milímetros de diámetro, con un presupuesto de 161.529 euros.
Carril de Siroco-Avda. San Fermín: Colocación de otro colector similar, por 430.565 euros.
Avda. Alay-Carril de Siroco: Instalación de dos colectores de mayor capacidad. El coste de este tramo es de 324.915 euros.

Si la circulación ha sido complicada en los últimos meses por la renovación de la red de saneamiento en la avenida de Las Palmeras, la situación se puede agravar más aún después de Semana Santa, cuando está previsto que comiencen los trabajos en la avenida Antonio Machado. Unos trabajos que obligarán a reducir la circulación a un solo carril por sentido al menos hasta junio en la principal arteria de Benalmádena Costa. Para evitar que las obras se prolonguen más allá del verano, el Ayuntamiento ha optado por ejecutar todos los tramos de forma simultánea. «La renovación se va a realizar en tres fases, y hemos optado por afrontarlas al mismo tiempo con objeto de abordar toda la obra en tres meses, en lugar de los nueve meses que tardaríamos si las desarrollásemos una detrás de otra», explicó el concejal de Infraestructuras y Obras, Joaquín Villazón.El proyecto, con un presupuesto de 917.000 euros y dividido en tres tramos (avenida La Roca-rotonda de Los Molinillos, Carril de Siroco-avenida San Fermín y avenida Alay-Carril de Siroco), consistirá en la instalación de colectores soterrados para evitar inundaciones.
Renovación integral
Con estas obras se dará por concluida la remodelación de la red de saneamiento y pluviales en Benalmádena Costa. Un proyecto que comenzó en la avenida de Las Palmeras para, a continuación, abordar un primer tramo de Antonio Machado. El objetivo municipal es que esta primera fase esté lista en unos días. A continuación, se afrontarán los trabajos en la avenida del Parque, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses. En este sentido, el edil aseguró que en Semana Santa se taparán las zanjas que más molestias puedan provocar a comerciantes, vecinos y turistas.El teniente de alcalde de Benalmádena Costa, Francisco Salido, también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. «Debido a su alcance y relevancia, sabemos que las obras pueden ocasionar molestias. Pero deben estar tranquilos: en Semana Santa se paralizarán los trabajos que ahora están en marcha, y las tres fases de Antonio Machado no se abordarán hasta después de estas fechas, y estamos seguros de que acabarán antes de la llegada del verano», matizó.

El derribo de Prasa entra en su recta final. Estepona (SUR)

Los trabajos de demolición de la estructura del hotel de Prasa avanzan a buen ritmo y ya se encuentran en el meridiano de su ejecución. El derribo comenzó el pasado día 4 y se prevé que finalice a principios de abril. La actuación eliminará una de las grandes moles urbanísticas levantadas junto al litoral. El edificio, que tuvo su embrión durante la era GIL, llevaba paralizado desde 2003 porque invadía zona de protección del dominio público y no se ajustaba a la legalidad urbanística. La parcela dispondrá tras la demolición total de la estructura de 7.000 metros cuadrados edificables

El vial de acceso al futuro Chare estará construido a principios de otoño. Estepona (SUR)


El Consistorio firma un convenio para la urbanización de este sector y de la carretera que unirá la A-7 con el futuro centro hospitalario. La obra comenzará a ejecutarse dentro de un mes y medio y supondrá una inversión por parte de las promotoras de la zona de tres millones de euros

El Ayuntamiento de Estepona ha firmado un convenio de gestión con las empresas promotoras de la zona donde se ubicará el futuro Centro Hospitalario de Alta Resolución Especializada (Chare) para definir -en términos temporales y de financiación- la ejecución del planeamiento de este sector. Dentro de estas obras de urbanización se encuentra el vial que dará acceso al futuro centro hospitalario y que conectará la A-7 con la finca Santa María, ubicada al oeste del término municipal. La carretera estará ejecutada en un plazo de siete meses, según explicó el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte. El Consistorio prevé otorgar en unas dos semanas la licencia de obra para poder comenzar la ejecución de este vial, que contará con cuatro carriles y tendrá 1,5 kilómetros de longitud. El coste de esta inversión asciende a unos tres millones de euros y será sufragado por las promotoras, entre ellas, la empresa Azata.
Primera piedra
El plazo de finalización de esta infraestructura coincidirá con el inicio de las obras del complejo sanitario. La Junta de Andalucía espera que la primera piedra de este equipamiento se coloque a finales del primer semestre de este año. De hecho, la redacción del anteproyecto y proyecto básico de ejecución y dirección de la obra se adjudicó de forma definitiva hace unos meses a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por seis sociedades.El Ayuntamiento y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía firmaron el pasado 12 de marzo el convenio para la cesión de los terrenos donde se prevé ubicar estas instalaciones sanitarias. En total, la Administración andaluza destinará 21 millones de euros para la construcción del centro, que tendrá un plazo de ejecución de unos dos años.El centro hospitalario supondrá un importante impulso a la medicina moderna y reducirá el tiempo de espera para obtener los resultados de los diagnósticos. Entre los servicios que prestará el futuro complejo, que se comenzará a construir en seis meses, se encuentran 16 especialidades y seis áreas funcionales. Entre éstas destacan las áreas de digestivo, cardiología, cirugía, dermatología, neumología y ginecología, entre otras.

La amenaza de derribos se extiende a varios municipios de la provincia (Málaga Hoy)

A las órdenes de demolición de Marbella y Mijas se suman las miles de viviendas ilegales de Estepona y Málaga, entre otros · Los ayuntamientos optan por regularizar las obras antes que usar la piqueta
La amenaza de la piqueta empieza a extenderse por toda la provincia de Málaga. Lo que hasta hace apenas unos años era casi un temor que quedaba reducido al municipio de Marbella, ahora el número de ciudadanos sobre cuyas viviendas pesa la sombra del derribo se ha multiplicado exponencialmente, bien por levantarse en suelo no urbanizable o por hacerlo sobre espacio de dominio marítimo terrestre. Esta realidad salta ahora a primer plano después de que se hayan constatado las reiteradas irregularidades urbanísticas que se han venido cometiendo en territorio malagueño.Marbella, Mijas, Estepona, Málaga capital, La Viñuela, Cártama, Arenas, Tolox… Son algunas de las localidades en las que el urbanismo o ciertas prácticas del mismo están bajo sospecha. Todas ellas acumulan miles de construcciones levantadas de manera irregular y al margen del ordenamiento, aunque no en estos los casos la demolición es una opción contemplada por las corporaciones municipales. De hecho, en la totalidad de estos municipios es la última y menos deseada medida, aún a sabiendas de que los propietarios de las viviendas han actuado en contra de la legalidad.El máximo exponente en esta dinámica de incumplimiento es Marbella. Aunque con el transcurrir de los meses la imagen de derribos masivos parece difuminarse. Si originalmente la cifra de edificaciones al margen de la ley era de unas 30.000, en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) redujeron el dato hasta 3.000 y articularon los mecanismos necesarios para que mediante compensaciones de suelo, los promotores pudiesen normalizar buena parte de estas actuaciones. No obstante, de acuerdo con los análisis de los redactores del documento, alrededor de 700 seguirán estando al otro lado de la norma, por lo que podrían ser objeto de derribo. Algo a lo que parece oponerse el equipo de gobierno del PP, que insiste en aplazar cualquier intervención a la espera de que el planeamiento local sea aprobado de manera definitiva.La medida del gobierno municipal marbellí no dista en absoluto de la emprendida por otros ayuntamientos, como el de Estepona, Mijas o Málaga. En el primero de los municipios, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, admite la existencia de unos 2.000 expedientes de viviendas ilegales levantadas en suelo no urbanizable. Sin embargo, el empleo de la piqueta es una opción que no pasa por su cabeza, a excepción de actuaciones muy concretas que se localicen en zonas de riesgo, como cauces, o que afecten a espacios sobre los que el Ayuntamiento prevea intervenciones de interés. "Nuestra obligación ahora es intentar una legalización de todas las viviendas en el Plan General nuevo", comentó el edil. Pero más allá de estas actuaciones, Estepona sí ha sido testigo en los últimos meses de una de las pocas demoliciones ejecutadas sobre una construcción ilegal, el hotel levantado por Prasa sobre dominio marítimo terrestre.El temor a las demoliciones también saltó hace unos meses en Mijas, donde el Ayuntamiento contabiliza 3.000 expedientes por infracción urbanística. En 300 de estos casos, el Consistorio inició la notificación de multas y órdenes de demolición, que, de momento, siguen sin hacerse efectivas. La corporación mijeña, por unanimidad, acordó a finales de enero buscar una salida a estas viviendas y analizar las herramientas legales disponibles para legalizarlas. En la capital de la Costa del Sol, las construcciones al margen del ordenamiento se cuentan por millares. Son los denominados diseminados, o lo que es lo mismo, actuaciones sobre suelo rústico que se iniciaron como casas de apero pero que al final se convierten en viviendas. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, admite que la intención del Ayuntamiento no pasa por demoler ninguna e incluso recuerda que la revisión del PGOU apuesta por normalizar la situación de once de estos núcleos, en los que habitan unos 880 habitantes.También en este término municipal, la sombra del derribo viene planeando desde hace décadas sobre los dueños de las casas de pescadores de El Palo y Pedregalejo situadas en dominio marítimo terrestre. Los responsables de la Dirección General de Costas, que inicialmente no descartaba la posible demolición de algunas viviendas, apuestan ahora por legalizarlas mediante un desplazamiento de la linde marítima. En un estado similar se encuentra medio centenar de edificaciones en Mezquitilla y Lagos y otras siete en Manilva