sábado, 11 de julio de 2009

La Fiscalía archiva la denuncia contra el Ayuntamiento por trato de favor en Cortijo Jurado. Máalga (SUR)


La Fiscalía archiva la denuncia contra el Ayuntamiento por trato de favor en Cortijo Jurado
El proyecto está parado desde hace meses. / SUR
La investigación sobre supuestas irregularidades en el Cortijo Jurado se ha archivado. La Fiscalía abrió un procedimiento a raíz de la denuncia del concejal de IU, Antonio Serrano, sobre el supuesto trato de favor del Ayuntamiento a la empresa que pretende edificar un complejo hotelero en este emplazamiento, en Campanillas.

Según informó ayer el Consistorio, el ministerio público considera que no existen indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias denunciados en su día por el edil.

Respecto a la denuncia de trato de favor y tráfico de influencias, la Fiscalía afirma que el denunciante no aporta dato alguno que permita intuir que autoridad, funcionario o particular alguno influyera o tratase de influir en quien dicta las resoluciones referidas.

La resolución agrega que sólo se alude a la precaria situación económica de la empresa, lo que, a juicio del fiscal, no es suficiente para deducir la comisión de los delitos de prevaricación y trafico de influencias.

Serrano denunció al equipo de gobierno municipal por un supuesto trato de favor hacia la constructora que pretendía edificar un alojamiento hotelero junto al conocido cortijo, y cuyas obras se encuentran paradas.

La Junta cede ante la presión vecinal y anula el puerto seco en Campanillas. (SUR)

El plan metropolitano, que será aprobado definitivamente en los próximos días, descarta la actuación, para la que reservó doscientas hectáreas al sur de Santa Rosalía. Los responsables autonómicos consideran suficiente el previsto en Antequera.

Los vecinos de Campanillas no tendrán que convivir con el funcionamiento de un centro de transportes vinculado a la actividad del puerto de la capital. La Junta de Andalucía ha decidido anular por completo la reserva de terrenos que hizo para un puerto seco junto a Santa Rosalía en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del área metropolitana de Málaga. Fuentes de la Consejería de Obras Públicas confirmaron a este periódico que la citada reserva no figurará finalmente en este documento urbanístico, cuya aprobación definitiva está prevista para los próximos días.

La presión de los vecinos de Santa Rosalía, que recogieron más de cuatro mil firmas en contra de esta actuación y realizaron varias concentraciones de protesta frente a la delegación de Obras Públicas, ha hecho finalmente cambiar de opinión al Gobierno andaluz, que ahora considera que el puerto seco proyectado en Antequera y la ampliación del actual Centro de Transporte de Mercancías (CTM) en la capital serán suficientes para dar respuesta a las necesidades logísticas del recinto portuario.

PGOU
Esta modificación implica que el Ayuntamiento no tendrá que modificar el contenido del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que para este ámbito de Campanillas había previsto una reserva de equipamiento de más de 600.000 metros cuadrados. Como informó este periódico (ver SUR 21/4/2009), la huella del puerto seco -200 hectáreas- invadía estos terrenos, que el equipo de gobierno local había delimitado para la celebración de una posible exposición internacional vinculada al mundo de las nuevas tecnologías. La Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales ya ha confirmado al Consistorio que un evento de esas características no se podrá realizar al menos hasta el año 2023, ya que un mismo país sólo puede acogerlo cada 15 años y queda muy reciente la expo de Zaragoza sobre el agua. No obstante, la desaparición del puerto seco permite al municipio mantener esa amplia bolsa de equipamiento para alguna necesidad que la ciudad tenga en el futuro.

Con todo, fuentes de la Administración regional no descartaron poder emplear algunos de los suelos de uso productivo que el PGOU prevé en este sector de Campanillas con fines logísticos. De hecho, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, invitó a hacerlo de esta forma a los responsables de la Junta con el objetivo de aprovechar las 164 hectáreas de uso productivo o empresarial que el Plan General contempla en esa misma zona, entre las vías del tren y la autovía.

Antonio Vázquez, miembro del movimiento vecinal que se activó para oponerse al puerto seco, comentó que han confirmado por medio de la delegación provincial de la Consejería Obras Públicas que el puerto seco queda anulado totalmente. «Nos han asegurado desde la Junta que van a respetar lo que marca el nuevo PGOU», apuntó.

El puerto ganará espacio con el derribo de los antiguos cuartos de armadores. Fuengirola (SUR)

Los antiguos cuartos de armadores del puerto de Fuengirola serán demolidos, lo que permitirá ganar una superficie de 600 metros cuadrados para la creación de una nueva plataforma para operaciones portuarias, según informó ayer la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta. Estas dos naves, construidas en 1974 para cubrir las necesidades del sector pesquero, llevan en desuso desde septiembre de 2008, cuando finalizaron las obras de edificación de un nuevo inmueble. Los trabajos, con un presupuesto de 162.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, ya han sido adjudicados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y consistirán en el derribo de los edificios, la retirada del material, el desvío de la instalación eléctrica y la extensión de una capa superficial para adecuar el espacio a su nuevo uso.

La Audiencia ratifica los ocho años de inhabilitación para Bolín por delito urbanístico. Benalmádena (SUR)

Desestiman el recurso del ex alcalde de Benalmádena por incrementar laedificabilidad en una parcela de La Leala.


La Audiencia ratifica los ocho años de inhabilitación para Bolín por delito urbanístico
Enrique Bolín, en una imagen de archivo. / SUR
Si, tal y como ha anunciado en varias ocasiones, Enrique Bolín tiene intención de volver a la política e incluso presentarse a las municipales de 2011, de momento va a tener que ir aparcando esta idea. La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el recurso presentado por el ex alcalde de Benalmádena contra la condena de ocho años de inhabilitación como cargo público y una multa diaria de 20 euros durante un año por un delito contra la ordenación del territorio en la concesión de una licencia en una parcela de La Leala Norte en diciembre de 2004. De esta forma, la sentencia dictada en noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga es firme, si bien Bolín ha vuelto a recurrir, esta vez ante el Tribunal Constitucional, alegando que se han vulnerado sus derechos.

El motivo de la denuncia contra el ex regidor independiente por parte de la Junta de Andalucía tiene su origen en la autorización de dos licencias de obras a una entidad mercantil para la construcción de 46 viviendas y aparcamientos en esta zona de Arroyo de la Miel. El proyecto contemplaba la creación de un edificio en una parcela anexa al colegio La Leala donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo permite viviendas unifamiliares. Todo ello, pese a los informes desfavorables del arquitecto y del aparejador municipales, que recogían la necesidad de aportar al expediente la modificación del PGOU para el aumento de la edificabilidad y el estudio de detalle para estar dentro de la legalidad.

Las obras, finalizadas
Sin embargo, no fue hasta febrero de 2006 cuando el Ejecutivo autonómico denunció los hechos ante la Fiscalía, después de haberlo puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Para entonces, el edificio ya estaba construido.

Este periódico contactó ayer con Bolín -se encontraba fuera del país-, quien se limitó a reconocer la desestimación del recurso. Pese a ello, insiste en defender su inocencia.

Durante el juicio celebrado en octubre de 2008, el Ministerio Fiscal acusó al ex alcalde por un delito contra la ordenación del territorio al autorizar la licencia «a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística». Además, recalcó que la modificación de elementos necesaria se hizo tras conceder la licencia, descartando «la buena fe» del acusado. Por su parte, la defensa ha mantenido que la operación fue «amparada por el Pleno y los informes técnicos», por lo que aseguraron que, en todo caso, pudo haber «un desfase procedimental administrativo», pero no un delito.

Los factores clave para realizar una buena tasación de una vivienda. (ABC)

Si encontrar un piso cuyo relación calidad precio se adecue a sus necesidades le pareció difícil, no va ser nada comparable con la ardua búsqueda de hipotecas y lo que es peor enfrentarse con nervios, dudas y esperanzas a la tasación.

Una tasación es un documento que presenta una estimación del valor mercantil justo de una propiedad. Por lo general, un prestamista exige una tasación antes de aprobar un préstamo para garantizar que la cantidad del préstamo hipotecario no es mayor que el valor de la propiedad.

Teniendo en cuenta que los bancos prestan el 80% del valor de tasación y que este no tiene por qué coincidir con el precio que paga por el piso, puede darse la circunstancia del que el valor tasado sea menor que el de compra y, por lo tanto, no podamos afrontar la hipoteca, ya que nuestro 80% puede ser el 60% para el banco.

Según pisos.com, aunque las tasaciones no atienden a un catálogo de variables inamovible, sí que se pueden enumerar una serie de factores que influyen en la valoración del inmueble.

En primer lugar, la ubicación es un aspecto fundamental. Por lógica, no tiene el mismo precio un piso situado en pleno núcleo urbano con una amplia red de transportes alrededor que una casa localizada en un pueblo asilado de difícil acceso. En este sentido, los equipamientos de la zona resultan esenciales: desde zonas verdes hasta lugares de ocio, pasando por servicios escolares, médicos o supermercados. Cuanto mejores y más numerosos sean los servicios, más subirá el precio.

Por otra parte, Miguel Ángel Alemany, director de pisos.com, sostiene que las características del inmueble en sí son decisivas. La superficie, medida minuciosamente por el tasador, es un condicionante clave, pero siempre se ganarán más puntos si los metros estén bien distribuidos entre las habitaciones, la cocina, los baños, las zonas de paso y las posibles terrazas, que si están cerradas, computan en el cálculo de la superficie total. También entran dentro de este parámetro el trastero y el garaje, siempre y cuando estén inscritos en el Registro. Además, valdrán más si están dentro del edificio.

Se analiza la calidad y las terminaciones de todos los elementos, así como las instalaciones (carpinterías, solados, alicatados, pinturas…); si tiene portero automático, teléfono, gas, agua caliente, calefacción, aire acondicionado...). Si posee patio, también se mide y se anotan sus peculiaridades. Lo que no entra dentro de la tasación es el mobiliario.

En una tasación también entran en juego otros elementos, como la ubicación del inmueble dentro del edificio y de la urbanización, o si es unifamiliar y de qué tipo. El tasador toma nota de cuántos portales tiene el edificio, cuántos ascensores, si se trata de una urbanización cerrada, con zonas comunes, etc.

La situación del inmueble dentro del edificio también es puntuable. Un bajo siempre será más barato que un ático. Igualmente, las horas de luz que recibe incrementarán el valor, siendo más apreciados los inmuebles con orientación sur.

La antigüedad del inmueble es un dato interesante para la tasación, pero no determinante. La calidad de la construcción es lo que realmente se mide. Se han dado casos dentro de pisos.com en el estado de conservación de un edificio levantado hace 30 años puede ser incluso mejor que el de un piso más reciente donde se supone que la habitabilidad está asegurada.

Asimismo, el precio tenderá al alza cuando el vendedor de un piso viva en él frente a si éste está alquilado. El interés por el mantenimiento, tanto de las instalaciones como del inmueble en general, es mucho mayor en el primer caso.

Un profesional siempre comprobará todo lo anotado durante su visita al inmueble y lo registrado en los planos de la vivienda con los datos que figuran en el Registro de la Propiedad. De ese modo, evitamos posibles sorpresas desagradables una vez nos convertimos en propietarios del piso.

Otro factor significativo es el método empleado para la tasación propiamente dicha, aunque el ajuste entre los resultados no revela grandes brechas. Así, la tasación podrá hacerse por comparación con otros inmuebles de la misma tipología. La muestra debe respetar una cantidad mínima, guardar una distancia máxima con el inmueble que se va a tasar y haberse vendido hace un tiempo específico. Aunque ésta es la fórmula más extendida, también encontramos la tasación por costos y aquella que se basa en la capitalización de rentas.

La Guardia Civil acusa a siete personas por un delito urbanístico en Casabermeja. (MALAGAHOY)

El primer teniente de alcalde y el ex secretario del Ayuntamiento están presuntamente implicados en esta trama · Las diligencias del Seprona fueron presentadas la semana pasada en el juzgado de guardia.

Un nuevo caso de irregularidades urbanísticas ha salpicado a un municipio de la provincia de Málaga. En esta ocasión, la Guardia Civil ha denunciado a siete personas por un presunto delito contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental en Casabermeja. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Valeroso (IU), y el anterior secretario del Ayuntamiento podrían estar implicados en esta trama que ya ha sido puesta en conocimiento de un juez.

Dos funcionarios municipales, dos promotores y un arquitecto se encuentran también entre los acusados en esta nueva operación urbanística destapada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Málaga, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. Las diligencias, que los agentes del Seprona de la Guardia Civil en Málaga llevaban meses realizando, fueron presentadas el pasado día 9 de julio en el juzgado de guardia y será el juez que finalmente instruya el caso y el que deberá citar a declarar en las próximas semanas a los siete implicados por los presuntos delitos que se le imputan.

El caso denunciado por los agentes del instituto armado se refiere a una vivienda construida en el municipio supuestamente de forma irregular entre 2005 y 2006 y de la que, al parecer y según las mismas fuentes, el concejal de Urbanismo y el ex secretario municipal del Ayuntamiento de Casabermeja tenían pleno conocimiento.

De hecho, los responsables municipales acusados en esta operación falsificaron presuntamente un expediente sancionador contra el propietario de la vivienda. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Casabermeja, Antonio Valeroso Lozano (IU), que tiene delegadas las competencias en materia de urbanismo del municipio desde 2003, aseguró ayer que "un político hace lo que los informes jurídicos y técnicos del secretario le dicen" e insistió en que si se ha cometido algún error ha sido "por una mala información".

Además, el edil explicó que los supuestos expedientes investigados se tramitaron con la anterior Corporación municipal, que también gobernaba IU, y "el secretario hizo lo que creía que debía hacer". Valeroso, que también es concejal delegado de Obras y Mantenimiento, Polígonos Industriales, Medio Ambiente y Tráfico, señaló además que el Ayuntamiento pidió asesoramiento en materia urbanística a la Junta de Andalucía y "no lo hizo muy bien".

El alcalde de Casabermeja, Antonio Domínguez (IU), también defendió la labor del edil acusado por la Guardia Civil y aseguró que están "totalmente tranquilos" porque "las actuaciones que hemos llevado a cabo están dentro de la ley y siempre respaldadas por los informes técnicos y jurídicos del secretario del Ayuntamiento". En este sentido, achacó a "un error administrativo" las posibles irregularidades que los agentes del Seprona hayan podido detectar en alguno de los expedientes , ya que "se ha limitado a firmar lo que los informes le recomendaban que firmara".

El Gobierno autoriza al ICO para gestionar los fondos que avalarán las hipotecas para VPO. (ELUNDO)

ELMUNDO.ES

MADRID.- El Consejo de Ministros ha dado vía libre a la firma del convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el cual este último se convierte en gestor de la Línea ICO-Vivienda Protegida. Dicha línea de préstamos será empleada por el Ministerio de Vivienda para avalar -de forma compartida con las entidades financieras- el riesgo de los nuevos créditos hipotecarios destinados a la compra de vivienda protegida.

Corredor anunció a finales de mayo que el Gobierno se fijaba como objetivo facilitar la compra de vivienda social a 100.000 familias, garantizando hasta el 50% de los créditos hipotecarios concedidos por bancos y cajas sobre viviendas vinculadas al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

El convenio con el Instituto de Crédito Oficial le otorga la gestión de esta línea que asume el Ministerio de Vivienda con cargo a su presupuesto.

Avales de 6.000 millones

Durante este año y el que viene, el Ministerio quiere facilitar la compra de vivienda protegida a 100.000 familias españolas gracias a esta línea de garantías que cubrirá el 50% de un volumen total de préstamos por un importe de 12.000 millones de euros.

En el caso de las entidades financieras, la duración de esta línea será temporal y variable, en función de su grado de compromiso con la financiación para la compra de viviendas protegidas previstas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, tanto las viviendas de nueva construcción como las acogidas al Plan procedentes del stock de vivienda nueva sin vender.

El Gobierno aprueba avalar el 50% de los préstamos para VPO. (ELPAIS)

El ICO garantizará la mitad del crédito para pisos sociales a 100.000 familias.

El Ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) firmarán este mes una línea de avales que suman un importe de 6.000 millones de euros para facilitar a alrededor de 100.000 familias la adquisición de una vivienda de protección oficial (VPO). Esta garantía pública, que no tendrá ningún coste para el usuario, cubrirá el 50% del valor del préstamo que asuman los compradores, por lo que el Gobierno calcula que movilizará un montante de unos 12.000 millones de euros en préstamos para VPO.

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la firma del convenio entre Vivienda y el ICO. A él podrán acogerse quienes compren una vivienda protegida del Plan de Vivienda 2009-2012, ya sea de obra nueva o procedente del stock de pisos sin vender. El objetivo es que el crédito para adquirir pisos sociales vuelva a fluir, después de que lleva meses paralizado. De hecho, algunas comunidades acumulan quejas de adjudicatarios de VPO a los que los bancos les han denegado la financiación del piso.

Según el Gobierno, la duración de la garantía variará dependiendo del "grado de compromiso" que las entidades adquieran con la financiación de los adjudicatarios. De cualquier modo, el aval será temporal. Los bancos y cajas que ofrezcan esta línea deberán firmar ahora un convenio con el Ejecutivo.

Precisamente, Cataluña ha ido cerrando acuerdos con 19 entidades financieras por los que se compromete a comprar las viviendas protegidas de propietarios que no puedan seguir pagando. Según el Ejecutivo, esa medida, que supone avalar el 100% del piso, no obstante, no ha servido para restablecer el crédito. El ICO garantizará la mitad del crédito para pisos sociales a 100.000 familias.