jueves, 17 de junio de 2010

El promotor Ávila Rojas, absuelto de estafar a 59 vecinos de San Pedro (Málaga Hoy)

La magistrada precisa que no existió engaño cuando vendió garajes y trasteros temporalmente embargados por Hacienda

ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 17.06.2010 - 01:00
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José Ávila Rojas en una imagen de archivo de 2008.

El promotor granadino José Ávila Rojas y su hijo José Humberto han sido absueltos del delito de estafa que le atribuían 59 vecinos de San Pedro Alcántara que habían comprado aparcamientos y trasteros en el conjunto San Marino de esta localidad y que resultaron embargados por la Agencia Tributaria a causa de las deudas que acumulaba el empresario.

La titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga, la magistrada Juana Criado, precisa que "no existe base probatoria suficiente" para determinar que existió engaño en la conducta del promotor, puesto que parte de los garajes y trasteros fueron vendidos antes de que tuviera lugar el embargo. Incluso en el caso de las ventas producidas después entiende que tampoco hubo engaño porque, por una parte, fue la propia Agencia Tributaria la que decidió qué bienes trabar y, por otra, "no consta" que el empleado de Ávila Rojas que recibió la notificación de Hacienda la comunicara al promotor o a su hijo.

La magistrada, no obstante, considera que aún cuando no esté acreditado que el trabajador informara a sus superiores de la notificación de la Agencia Tributaria, es posible que los responsables de la empresa, "incluso los acusados", tuvieran conocimiento de la existencia del embargo, pero esa circunstancia "no es suficiente en el proceso penal". Desde este punto de vista recuerda que los compradores "pudieron conocer antes de firmar" el contrato de compra venta la situación "exacta" en la que se encontraba el garaje o trastero simplemente "exigiendo al vendedor la exhibición de una copia simple del Registro de la Propiedad".

Por tanto, la sentencia afirma que "el asunto cae fuera de la esfera de la órbita del Derecho Penal", puesto que las cuestiones que separan a compradores y vendedor deben ser resueltas en la jurisdicción civil.

En este sentido, recuerda la estrategia desplegada por la acusación particular durante la vista oral porque hizo más hincapié en "justificar el perjuicio" que en "fundamentar el engaño". Además subraya que el embargo se levantó en 2006 y desde entonces ningún comprador ha "requerido al vendedor para que eleve a público el documento y en su caso le indemnice por aquellos perjuicios que se dicen se han padecido".

Promotoras solicitan al Consistorio aplazar el pago de los convenios urbanísticos (Málaga Hoy)

El Ayuntamiento acuerda pedir a la Junta y a Fomento que impulsen la obra de la línea 3 del Metro

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 17.06.2010 - 01:00
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Recreación gráfica de las torres proyectadas en Martiricos.

La crisis económica que asuela el sector del ladrillo y el evidente retraso que acumula el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga ha llevado a las promotoras encargadas de impulsar las actuaciones previstas en La Térmica y Martiricos a pedir al Ayuntamiento el aplazamiento del pago de las cantidades contempladas en los convenios urbanísticos suscritos en el marco del nuevo planeamiento.

A cambio de 58 millones en la parcela de la antigua central eléctrica y de 23 millones en el solar de la antigua Citesa, el Consistorio autoriza la construcción de 773 y 472 viviendas, respectivamente. En ambos casos, el abono de estas cantidades está condicionado, de inicio, a la aprobación definitiva del planeamiento, lo que podría ocurrir en lo que resta de año.

La información fue aportada ayer por el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, quien protagonizó una comparecencia solicitada por el PSOE para ahondar en esta cuestión. Lo que trató de dejar claro el edil del PP es la disposición, cuando llegue el momento de formalizar los respectivos pagos de estos y otros acuerdos, de fijar un calendario para el abono de las cuantías económicas. Pero en ningún caso se reducirán los costes planteados. "Los convenios están firmados y están para cumplirse", dijo Díaz Guirado, que apuntó: "No bajaremos un euro de lo firmado".

Díaz Guirado confirmó que de los 13 convenios que se han firmado en los últimos años en el marco del nuevo PGOU, dos se caen: Arraijanal, donde la Junta plantea la construcción de un parque metropolitano, y Astoria y Victoria, manzana que finalmente será adquirido por el Consistorio para un equipamiento cultural. Serán pues 11 los que pasen a integrar la próxima aprobación provisional del documento, acuerdos que supone unos 200 millones.

De otro lado, los tres grupos políticos representados en la comisión de Movilidad y Urbanismo dieron luz verde a una moción de IU en la que se demanda a la Junta y al Ministerio de Fomento que, en el marco del nuevo Plan Extraordinario de Infraestructuras, se dé cabida a la línea 3 del Metro de Málaga (Malagueta-Rincón de la Victoria).

La iniciativa acordada, también con el voto del PSOE, se incluyó la petición del concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero, de demandar la construcción de aquellos tramos de este ramal que ya cuentan con proyecto. En esta situación está el recorrido entre Malagueta y el arroyo Granadillas, en Rincón, quedando pendiente el documento del último tajo, de cuatro kilómetros, hasta Los Rubios. A ello se suma la petición para que se estudie el recorrido del corredor ferroviario oriental.

Urbanismo diseña un plan para el deslinde de las casas de El Palo (Málaga Hoy)

El documento, que será enviado a Medio Ambiente, afecta a 517 viviendas

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 17.06.2010 - 01:00
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Vista de la franja litoral de Pedregalejo y El Palo, afectada por el deslinde.

El Ayuntamiento de Málaga dio ayer un paso adelante y presentó a los vecinos de Pedregalejo, El Palo, las Acacias, Playa Virginia y La Araña un plan para lograr el deslinde de las cientos de viviendas de esta parte del litoral que se levantan sobre dominio marítimo-terrestre, lo que daría vía libre a la legalización de unas construcciones situadas sobre el alambre desde hace décadas. La acción del equipo de gobierno se produce al margen del Ministerio de Medio Ambiente, organismo sobre el que pesan las competencias para adoptar una decisión de este tipo.

Los propios responsables municipales admiten que con la reunión de ayer se trató de "tomar la iniciativa", con el fin de "agilizar" el procedimiento para que el Ministerio de Medio Ambiente desarrolle las medidas necesarias para que los residentes de estas casas tengan una solución definitiva a su problema.

En el encuentro de ayer se dieron cita el alcalde, Francisco de la Torre; el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado; la delegada del distrito Este, Teresa López, y representantes vecinales de la zona afectada, así como representantes de los empresarios de la zona este. Conforme al documento elaborado por los técnicos de Urbanismo, de 1.600 páginas, la propuesta de deslinde afecta a una franja litoral de 4,3 kilómetros, a dividir en dos tramos. El primero de ellos, de 2,3 kilómetros, se extiende entre la calle Ángel Guimerá (a la altura del restaurante Miguelito El Cariñoso) hasta el puerto deportivo de El Candado. Esta franja alberga 497 inmuebles y 13 manzanas. El segundo tramo, de poco más de dos kilómetros, se extiende desde El Candado hasta la barriada de La Araña, y acoge 20 bienes inmuebles. La población total afectada es de 1.523 vecinos.

La propuesta técnica, de llevarse a efecto, supondría trasladar la línea que marca el espacio de dominio público-marítimo al muro de ribera actualmente existente. Tras esta maniobra, el siguiente paso sería el de que el órgano competente proceda a la oportuna desafectación de los terrenos y a elevar en el documento público de los bienes desafectados a favor de los particulares .

De acuerdo con lo señalado ayer desde el equipo de gobierno, este documento será elevado para su aprobación en Pleno este mes de junio, para posteriormente ser remitido a las administraciones central y autonómica. Entre junio y septiembre, el plan será expuesto en la sede del Distrito Este para que los vecinos puedan aportar sugerencias. La previsión es que en octubre se lleve nuevamente al Pleno para incoar el procedimiento de deslinde. El plazo máximo para resolver y notificar este procedimiento es de 24 meses.

La Junta vuelve a tirar escombros en el cauce del Guadalmedina (Málaga Hoy)

Dice se debe a la obra de restitución de la tubería entre La Viñuela y El Atabal

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 17.06.2010 - 01:00
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Acumulación de escombros en el cauce del Guadalmedina, ayer.

La Junta de Andalucía, a la que compete velar por el mantenimiento y limpieza de los arroyos y ríos, ha vuelto a tirar escombros de una obra de la que es responsable en el cauce del río Guadalmedina. Un episodio que repite el comportamiento que ya se produjo a finales del pasado mes de abril, cuando como consecuencia de los trabajos de sustitución de un tramo de 800 metros de la tubería que une el pantano de La Viñuela con la planta potabilizadora de El Atabal, la empresa contratada para la ejecución de la misma tiró restos de arena y tierra en el cauce.

Mientras aquella estampa estaba localizada en el lateral del estado de la Rosaleda, la imagen de ayer pudo observarse a varios cientos de metros en dirección a la desembocadura, a la altura del puente de Armiñán. El motivo, según confirmó la delegada provincial de Medio Ambiente, Remedios Martel, vuelve a ser la obra de reposición de la mencionada tubería. "Es la obra que estamos haciendo de restitución de la tubería y está en el último tramo", comentó a este periódico la responsable autonómica, quien restó importancia a la presencia de ese material en el Guadalmedina. "Lo que se hace es levantar la zanja, para quitar la tubería y poner la nueva", dijo a modo de resumen, al tiempo que comentó que lo que resta de actuación "es poco más o menos de una semana".

Preguntada por la opción de no haber tirado esos escombros en el cauce, dijo que "no tiene mucho sentido" trasladarlos a otro punto, dado que la idea es emplear "de forma inmediata" esa misma tierra para tapar la zanja abierta. La delegada provincial recordó que las continuas lluvias caídas en la capital a finales de 2009 y principios de este ejercicio han obligado a retrasar los trabajos de restitución de la tubería. Aunque, como apuntó, la actuación, que impulsa la Agencia Andaluza del Agua y cuyo coste ronda el millón de euros, se encuentra en su fase final.

Con motivo del primer episodio del depósito de escombros en el Guadalmedina, la reacción del Ayuntamiento de Málaga no se hizo esperar. En ese momento fue la concejala de Sostenibilidad, Teresa Porras, la que destacó que es la propia administración "la primera que debe dar ejemplo". Incluso, afirmó que la acumulación de ese material en el cauce podría suponer un peligro para la salida del agua del pantano de El Limonero.

El Ayuntamiento y el Puerto llegan a un acuerdo sobre el edificio cultural (La Opinión)

La próxima semana se presentará el nuevo inmueble que se levantará en la esquina del Puerto


El edificio cultural ocupará una parte de la esquina entre los muelles 1 y 2, justo al lado de donde está previsto el supermercado.
El edificio cultural ocupará una parte de la esquina entre los muelles 1 y 2, justo al lado de donde está previsto el supermercado. C. Criado

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA El atolladero en el que se encuentra el diseño del muelle 1, que se enfrenta a un nuevo cambio por el futuro edificio de uso cultural previsto en la esquina, tendrá su solución la próxima semana. Tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Autoridad Portuaria tienen encaminado el acuerdo para modificar el plan especial del recinto y se acoja al nuevo inmueble.
Las reuniones mantenidas entre las dos administraciones durante los últimos días, en las que han participado la concesionaria de la explotación comercial del muelle 1 y Unicaja, que aspira a gestionar este equipamiento cultural, han encaminado el acuerdo para la modificación del plan urbanístico que permita construir el edificio.
Este cambio es un paso necesario, ya que el Plan Especial del Puerto actual establece un espacio cultural que no sobrepasa la altura del paseo de la Farola, mientras que el nuevo edificio tiene una altura aproximada de 19 metros, con una longitud de 100 metros y que irá perpendicular al muelle, para reducir el efecto de pantalla.
El cambio en el planeamiento urbanístico está prácticamente cerrado entre el Puerto y el Ayuntamiento, con idea de que la próxima semana se pueda iniciar el trámite urbanístico, según el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Enrique Linde, que no quiso adelantar el contenido del acuerdo.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, recalcó que las reuniones entre las distintas partes implicadas en el proyecto están logrando un amplio consenso sobre el equipamiento cultural y afirmó que la propuesta actual «tiene interés de ciudad» y «es más positivo que problemático».
La reunión mantenida el martes con el director general de Unicaja, Manuel Azuaga; Enrique Linde, y representantes de la concesionaria del muelle 1 fue definitoria para ultimar este proyecto, que se quiere cerrar para la semana próxima. De hecho, De la Torre calificó ese encuentro como «útil, práctico y muy satisfactorio».
«El problema no es de más metros, sino de más importancia y visibilidad», convirtiéndose en «una seña de identidad de la zona y en un elemento de atracción», afirmó.

El Ayuntamiento elabora un plan para dejar las casas de El Palo fuera del dominio público (La Opinión)

La propuesta plantea que el muro del paseo marítimo sirva de deslinde entre la zona pública y la privada


La foto aérea muestra la línea del deslinde actual (arriba) y la que se propone (abajo).
La foto aérea muestra la línea del deslinde actual (arriba) y la que se propone (abajo). L.O.

JAVIER G. RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento ha elaborado por propia iniciativa, y pese a no tener competencias para ello, un documento que contempla la propuesta de deslinde de la franja marítima entre las barriadas de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias, Playa Virginia y La Araña, que suponen un total de 517 casas, con 1.523 vecinos.
La propuesta, que fue presentada ayer a los vecinos, plantea que el actual muro de ribera sea el que sirva de deslinde entre el dominio público marítimo-terrestre y el dominio privado. Con esta solución, las casas quedarían en la parte privada que sería desafectada del dominio público y las casas puedan ser legalizadas.
En la reunión estuvieron presentes el alcalde, Francisco de la Torre; el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz; la delegada del distrito, Teresa López, y representantes vecinales de las asociaciones de vecinos de La Araña, Zona Popular, Rebalaje, El Palo, Pedregalejo, federación Unidad, la asociación de empresarios Málaga Este y Aehma.
A pesar de no ser la entidad con competencias par ello, el Ayuntamiento «ha estimado procedente tomar la iniciativa y agilizar este procedimiento para que el Ministerio de Medio Ambiente desarrolle las medidas necesarias para ofrecer a los residentes de las casas afectadas una solución definitiva para que esos inmuebles dejen de ocupar terreno público».
El estudio elaborado por la Gerencia de Urbanismo será entregado ahora a las asociaciones vecinales y sociales para que lo estudien y realicen las aportaciones que crean necesarias.
El documento se llevará al pleno municipal de este mes de junio, para que pase a exposición pública una vez aprobado; paralelamente se remitirá a la administración del Estado, a la Junta y demás órganos administrativos públicos que pudieran resultar afectados o interesados, para su toma de conocimiento.
El periodo de exposición pública para alegaciones estará abierto hasta finales de septiembre. Volverá entonces al pleno del Ayuntamiento de octubre para que, una vez ratificado, se acuerde s0licitar al Ministerio de Medio Ambiente que inicie de oficio el procedimiento de deslinde para que las casas afectadas dejen de ocupar terreno público y sus propietarios puedan obtener una solución definitiva que les permita consolidar la propiedad de sus viviendas.
La franja litoral afectada comprende dos tramos. El ocupado por más viviendas va desde la calle Ángel Guimerá hasta El Candado, de 2.340 metros y 497 viviendas. El segundo tramo comprende desde El Candado hasta la barriada de La Araña, de 2.026 metros y 20 casas.
En el procedimiento de revisión actual del PGOU, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino emitió dos informes, uno con fecha 13 de febrero de 2009 y otro de 24 de julio del mismo año, donde se señala que las viviendas existentes en las citadas barriadas «deben quedar fuera de ordenación y estarán sujetas a las determinaciones establecidas en la Ley de Costas», instando al Consistorio a modificar el PGOU en tal sentido.
No obstante, desde el Ayuntamiento se tiene en cuenta la realidad de las barriadas, que permanece inalterable desde 1988, además de las medidas de defensa adoptadas al efecto, donde ya en los 80 fue construido el paseo marítimo que estableció, mediante la construcción de un muro bajo, el límite de la ribera del mar, y valoró también que el citado dominio público se encontraba deslindado de forma parcial cuando entró en vigor la Ley de Costas.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande prevé inaugurar el teatro en octubre (SUR)

Las obras del futuro Teatro Antonio Gala de Alhaurín el Grande se encuentran al 90 por ciento de su ejecución, según informó ayer el Ayuntamiento después de que el alcalde, Juan Martín Serón, visitara el recinto en construcción. «Las obras se encuentran ya en su recta final, a falta de la carpintería de madera, los últimos remates y los aspectos más técnicos como los focos, la iluminación y el sonido», declaró Óscar Serrano, responsable de la empresa San José, que se encarga de los trabajos.
Sin embargo, el Consistorio no prevé inaugurar el teatro hasta el mes de octubre, una vez concluya también la urbanización del entorno. En esta línea, Martín Serón adelantó que se acometerá el acerado perimetral del edificio y se crearán nuevas zonas ajardinadas. Cabe recordar que esta actuación, cuyo presupuesto asciende a 3,6 millones de euros financiados por la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, acumula un considerable retraso debido a unas modificaciones que se hicieron en el proyecto original y a los problemas económicos de la primera adjudicataria. El teatro tendrá capacidad para 500 espectadores.

Los ingresos del ladrillo siguen sin remontar en Torrox, con apenas cien mil euros este año. Torrox (SUR)

La práctica totalidad de las licencias y permisos concedidos por el Área de Urbanismo son para reformas y aperos de labranza en el campo
17.06.2010 -
EUGENIO CABEZAS
TORROX.

Los ingresos del ladrillo siguen sin remontar en Torrox, con apenas cien mil euros este año
Torrox llegó a ingresar cinco millones en 2006 por urbanismo. :: E. C.
La actividad inmobiliaria sigue prácticamente congelada en Torrox. Tras varios años de furor urbanístico, con decenas de promociones de viviendas en ejecución, desde hace un par de años, el sector del ladrillo ha experimentado un brusco frenazo, similar al que se ha producido en otros muchos municipios de la provincia, especialmente en aquellos del litoral en los que la actividad había sido más intensa en los últimos tiempos.
La consecuencia más inmediata de esta situación se ha dejado sentir en los ingresos municipales derivados de la construcción (permisos, licencias, impuestos, etc.), que hasta ahora habían sido la principal fuente de financiación de los ayuntamientos. Así, en el caso de Torrox se ha pasado de ingresar cinco millones de euros en 2006, a tres millones en 2007, y a un millón de euros en 2008. Pero la situación más dramática se vivió el pasado ejercicio, cuando apenas entraron 300.000 euros por actividades relacionadas con el sector del ladrillo, pero, para colmo, el Consistorio torroxeño tuvo que hacer frente a devoluciones de fianzas y licencias por importe de 500.000 euros, con lo que el resultado final fue de 200.000 euros negativos.
Promociones en ejecución
En lo que va de año la situación tampoco parece haber remontado del todo, ya que apenas se llevan ingresados cien mil euros por este concepto, según explicó a SUR el edil de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), quien calificó la situación del sector del ladrillo en el municipio como «catastrófica». «Hay muchas promociones todavía en ejecución, pero son permisos que se pagaron hace varios años, y no entra casi nada nuevo, porque no se vende nada», señaló.
Según el concejal, «la práctica totalidad» de los ingresos proceden de permisos para reformas y rehabilitaciones de viviendas, así como de aperos de labranza en el campo.

El Ayuntamiento presiona a Costas con un informe para legalizar las casas de El Palo (SUR)

Urbanismo adelanta trabajo al ministerio y elabora un completo estudio de la situación de las viviendas y el cambio del deslinde
17.06.2010 -
J. HINOJOSA
MÁLAGA.

El Ayuntamiento ha tomado la iniciativa para facilitarle el trabajo al Ministerio de Medio Ambiente y forzarle de algún modo a que lleve a cabo el cambio del deslinde marítimo-terrestre que permita legalizar la situación de las viviendas situadas en primera línea de playa en Las Acacias, El Palo, El Chanquete y La Araña. Ambas administraciones acordaron a finales del año pasado emprender los trámites necesarios para estudiar el traslado del deslinde. En lo que respecta al Consistorio, en los últimos meses ha estado elaborando un completo estudio de la situación de las viviendas que ayer presentó a los colectivos vecinales.
Datos
El informe, de 1.600 páginas, redactado por la Gerencia de Urbanismo, es una propuesta de deslinde que no sólo incluye las playas de El Palo, sino también las casas de La Araña. En total, se aportan datos de 517 viviendas de las que, curiosamente, 165 están inscritas a favor de sus propietarios particulares en el Registro de la Propiedad aunque, en teoría, no deberían estarlo por encontrarse todavía en dominio público. En todas ellas habitan 1.523 vecinos y hay un total de 57 negocios en esta fachada litoral de los que 46 son bares y restaurantes.
El estudio también incluye un análisis de la nueva configuración morfológica de las playas tras la realización del paseo marítimo y de los espigones, para justificar que la línea de deslinde, que discurre por la avenida de Salvador Allende, baje hasta el muro que separa el paseo de la arena de la playa.
La intención del equipo de gobierno es aprobar este documento en el pleno de la semana próxima para exponerlo posteriormente a los vecinos afectados y que puedan presentar alegaciones entre los meses de julio y septiembre. En octubre volverá a ser refrendado por el pleno para enviarlo a la Demarcación de Costas con la petición de que inicie los trámites para el cambio del deslinde, un proceso que durará un mínimo de dos años.

El parón de la construcción pone en jaque 200 millones en convenios urbanísticos (SUR)

Urbanismo reconoce que algunas promotoras han solicitado aplazar los pagos, y el PSOE insinúa que por esta causa al PP ya no le corre prisa el PGOU
17.06.2010 -
JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es
MÁLAGA.

El Ayuntamiento se las prometía muy felices hace dos y tres años cuando firmó con diversas promotoras los convenios urbanísticos asociados al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se trata de unos acuerdos programados para aportar a las arcas municipales unos considerables beneficios económicos a cambio de aumentar los derechos edificatorios en determinados sectores de la ciudad, en los que se han proyectado elevadas torres de pisos como hitos del paisaje urbano de la Málaga del futuro. Sin embargo, las condiciones del mercado inmobiliario con las que se rubricaron estos convenios no son ni por asomo las actuales y la actual crisis pone en jaque el cobro de todos los que están pendientes, que suman más de 200 millones de euros.
Así lo entiende el grupo municipal del PSOE que, en la comisión de Movilidad y Urbanismo celebrada ayer, cuestionó sobre este asunto al concejal de Urbanismo. El edil socialista Sergio Brenes llegó a insinuar que el retraso en la aprobación del PGOU se debe a que el propio equipo de gobierno no tiene prisas por dar luz verde al documento debido a que, de tenerlo en vigor, no podría hacer caja con los convenios porque el sector inmobiliario está totalmente parado y sin solvencia económica para hacer frente a las elevadas cantidades que se fijaron en su momento. «Si al Plan General se le caen los convenios, ya no le merece la pena al PP, que no tiene interés en aprobarlo», declaró Brenes.
El responsable municipal de Urbanismo, Manuel Díaz, le contestó que si el PGOU no está aprobado no es por culpa del Ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía, que lo rechazó en julio del año pasado en lugar de aprobarlo parcialmente. Díaz afirmó en su comparencia en la comisión que «los convenios están firmados y están para cumplirlos». «No vamos a bajar ni un euro de lo acordado. Exigiremos los pagos por nuestro sentido de responsabilidad cara a los ciudadanos», aseguró.
No obstante, al término de la reunión, reconoció a los medios de comunicación que, como adelantó este periódico ( SUR 8/2/2010), hay varias promotoras que han solicitado la negociación de nuevas condiciones del pago de las cantidades acordadas por la crisis. En concreto, se trata de las empresas vinculadas al convenio de La Térmica (58 millones de euros) y de Martiricos (23 millones). A estas cantidades hay que añadir los 28,7 millones que están pendientes del proyecto de Sánchez Blanca, que no depende del nuevo PGOU, sino del actual, y que está parado por la crisis. De hecho, Urbanismo tenía previsto financiar este año inversiones con una primera parte de los 28 millones y ha tenido que echar mano de partidas por gastar de presupuestos anteriores para no parar actuaciones como la rehabilitación de la Tabacalera. Díaz aseguró que si se accede a algún aplazamiento de los pagos se exigirá la actualización de las cantidades en función del interés legal del dinero.
Por otro lado, Sergio Brenes recordó que, según lo estipulado en el convenio con los promotores del proyecto de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, las condiciones del acuerdo podrán ser revisadas por las partes si el PGOU no está aprobado antes del 21 de marzo del año que viene. La entrada en vigor del documento para esa fecha no está del todo garantizada a tenor de las diferencias que aún mantienen el Ayuntamiento y la Junta para una cuestión clave, como es la obtención de Arraijanal. Así, no está del todo claro que el Consistorio pueda ingresar finalmente los 82 millones de este convenio, si bien Díaz aseguró que sus promotores no han planteado por ahora ni aplazamiento ni reducción.

La jueza no ve delito en la venta por Ávila Rojas de unos garajes embargados (SUR)

Absuelve de un delito de estafa al constructor, dado que desconocía la carga que pesaba sobre los aparcamientos, por lo que «no existió engaño»
17.06.2010 -
MONTSE MARTÍN
MÁLAGA.

La jueza no ve delito en la venta por Ávila Rojas de unos garajes embargados
José Ávila Rojas, a su llegada al juzgado. ::JOSELE-LANZA
El promotor y constructor granadino José Ávila Rojas, imputado en el 'caso Malaya', ha sido absuelto de un delito de estafa del que fue juzgado por vender a medio centenar de vecinos de San Pedro Alcántara unos garajes y trasteros que estaban embargados. En su sentencia la juez del Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga, Juana Criado, no ve delito en la conducta del promotor al considerar que no hubo engaño en la venta de los aparcamientos, dado que Ávila Rojas desconocía el embargo que pesaba sobre los mismos. La magistrada afirma en que la cuestión planteada por los afectados cae fuera del ámbito penal y les insta a que reclamen por la vía civil.
La sentencia declara probado que entre los días 24 de julio de 1999 y 1 de octubre de 2001, la entidad Incar San Marino, a través de sus representantes legales, entre los que se encontraban Ávila Rojas y su hijo, vendieron en contrato privado unos locales y garajes en el conjunto residencial San Marino de San Pedro Alcántara a diferentes compradores.
El día 20 de noviembre de 1998, debido a una deuda con Hacienda, la Agencia Tributaria, expidió diligencia de embargo contra propiedades la constructora Ávila Rojas, anotándose preventivamente en el registro de la propiedad el día 20 de enero de 1999 sobre los citados garajes y locales al conseguir estos datos del servicio central de índices de bienes inmuebles.
La sentencia afirma que el embargo fue notificado por la Agencia Tributaria a un empleado del constructor, sin que conste que éste se lo comunicara a Ávila Rojas ni a su hijo. El promotor granadino consiguió que el embargo fuera levantado en 20 de septiembre de 2006, tras saldar la deuda.
Fuera de la esfera penal
Para que que se hubiera consumado el delito de estafa, la sentencia recuerda que es imprescindible la constatación del engaño como requisito, utilizando cualquier ardid o argucia. Así la juez afirma que el engaño no ha quedado acreditado. «No pudo existir bajo ningún prisma», asevera la resolución, en las transmisiones que se producen antes de que Hacienda anote el embargo «pues en ese momento los locales y garajes se encuentran libres de cargas». Añade que, además, no consta que Ávila Rojas intervinieran ofreciendo a Hacienda una lista de sus bienes susceptibles de ser embargados, ya que dichos datos fueron obtenidos por la propia Agencia Tributaria de un índice general.
Respecto a las ventas que se producen después del embargo, «tampoco cabe apreciar del engaño con trascendencia penal», según la sentencia, pues no consta que el empleado que recibió la notificación la comunicara a sus jefes o a los encargados de las ventas. «Es posible que el embargo fuera conocido por los responsables de la empresa, pero la posibilidad no es suficiente en el proceso penal», añade.
No obstante, la juez reconoce que más de un afectado no hubiera realizado al adquisición de haber conocido el embargo, pero agrega que «ni siquiera en este caso el engaño podría considerarse suficiente, pues los adquirentes pudieron conocer antes de firmar la situación registral» de las trasteros y aparcamientos y en su caso no comprar.
La denuncia presentada por los afectados, «cae fuera de la esfera penal», dice la juez, quien insta a que las diferencias con Ávila Rojas se resuelvan por la vía extrajudicial y de no ser posible ésta por la vía civil. En ese sentido abunda en la estrategia de la abogada de los afectados, «especialmente reveladora en su informe, que dedicó a justificar el perjuicio sufrido por sus clientes y no a fundamentar el engaño».