martes, 24 de marzo de 2009

La dificultad para hacerse con una vivienda protegida crece con la crisis (Málaga Hoy)

El IMV admite que hay unos 30 elegidos en el sorteo de Navidad que han renunciado a su piso
La posibilidad de convertirse en uno de los elegidos para comprar una vivienda de protección oficial (VPO), hecho que hasta hace unos años era catalogado por muchos casi como un premio de la lotería, ha pasado a convertirse en el actual escenario económico en un problema. La crisis que asuela al bolsillo de la inmensa mayoría de los ciudadanos que acuden a las convocatorias públicas de vivienda y la negativa de las entidades financieras a avalar con sus préstamos la adquisición de uno de estos pisos está haciendo que muchos opten directamente por renunciar a este supuesto premio.

Este extremo viene siendo constatado desde hace varios meses, momento en que empezaron a conocerse los primeros casos de seleccionados a los que los bancos y cajas de ahorro negaban la subrrogación de la hipoteca para hacerse con una VPO en propiedad. Situación que ya afecta también a Málaga capital. La pasada semana la concejal de Economía, Carolina España, admitió la existencia "dificultades" para las familias a las que se concedió la compra de un piso social a la hora de tramitar el citado crédito.

Una situación que, de mantenerse la actual tendencia económica, podría ir a más a finales de este ejercicio, que es cuando está previsto que muchos de los 1.301 adjudicatarios del macrosorteo de Navidad de 2006 tengan que certificar que disponen del préstamo para asumir la adquisición del inmueble.

Un listado que nada tiene que ver como el que inicialmente se extrajo del bombo, puesto que alrededor 650, mismo número que la reserva de solicitantes extraída por el IMV, han quedado excluidos del proceso público. La mayoría de ellos lo hicieron al no cumplir con los requisitos necesarios, mientras que más de una treintena, según el concejal de Vivienda, Diego Maldonado, renunciaron al piso al que tenían derecho después de que en el transcurso de los años hayan accedido a otra casa, se hayan separado de sus parejas, se hayan quedado en paro o se hayan dado cuenta de que con sus actuales ingresos no podrán tramitar la hipoteca.

Todo ello ha hecho que el Ayuntamiento de la capital haya optado por impulsar en los últimos tiempos convocatorias de viviendas en régimen de alquiler, dado que los requisitos económicos para su adjudicación son de menor índole. Una muestra son los 1.006 pisos del sector Universidad.

El plan turístico, una redención para Beatas seis años después (Málaga Hoy)

Tanto la Junta como el Ayuntamiento dan prioridad a la rehabilitación del entorno del Museo Picasso y la Catedral dentro del programa de inversiones por 22,1 millones

El mayor plan turístico acometido hasta ahora en una ciudad andaluza, un conjunto de actuaciones a concretar desde esta semana por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga con una inversión total de 22,1 millones de euros, se centrará especialmente en resolver una de las grandes asignaturas pendientes de la capital, la degradación del entorno del Museo Picasso y de la Catedral.

Seis años después de la inauguración de la pinacoteca, que supuso a la Junta una inversión superior a los 72 millones de euros, la calle Beatas y sus aledaños siguen a la espera de una rehabilitación integral que el Consistorio ha intentado en varias ocasiones, encargando incluso estudios a la Universidad de Milán, pero que continúa estancada por el escaso o nulo entusiasmo de los propietarios de los edificios. En 2003, con motivo de la apertura del Palacio de Buenavista, el Ayuntamiento llegó a acometer una rehabilitación muy superficial de los edificios cercanos al edificio, consistente en pintar sus fachadas. Desde entonces muy pocos inmuebles de la zona han sido rehabilitados.

En cuanto a la Catedral y el teatro romano, el otro gran foco de interés cultural del centro histórico, la intención municipal pasa por peatonalizar su entorno y evitar que sea un aparcamiento de autobuses turísticos con la consiguiente contaminación atmosférica, perjudicial para la conservación del templo mayor malagueño.

Aunque las intervenciones concretas se negociarán a partir de esta semana, tanto desde la Consejería de Turismo como desde el Consistorio se da prioridad a ambas actuaciones. Según Antonio Muñoz, director general de Planificación Turística de la Junta, uno de los objetivos consiste en "reformar las calles para que se conviertan en factores de atracción". "Tenemos que mejorar el espacio turístico con actuaciones urbanísticas en determinados ámbitos de la ciudad para que funcionen como reclamo, y el ámbito preferente es el entorno del Museo Picasso y de la Catedral", señaló.

Todo lo que se mencione a Picasso es poco, a juicio de este experto: "Málaga necesita un posicionamiento aún más fuerte en torno a la figura del pintor, tiene que oler más que de lo ya huele a Picasso". Otra de las líneas de actuación del plan turístico de Málaga capital es aprovechar más otra de sus ventajas competitivas frente a otras ciudades turísticas con mayor patrimonio histórico: el mar. "Aquí confluyen el ámbito litoral y el urbano, el patrimonio y las playas. Es algo que Barcelona ha sabido poner en valor y Málaga también tiene que sacarle partido", dice Muñoz. Por ello, en el plan se incluye la mejora de los paseos marítimos, dotando el cruce de los arroyos de El Palo de pasarelas peatonales y la regeneración de espacios como el espigón de la Térmica y la plaza del Mar, también en El Palo. "Esa plaza podría dar mucho más de sí, es un espacio al que hay que dar uso. Ya lo querrían muchas ciudades", concluye.

El tercer campo de actuación del proyecto consensuado entre la Junta y el Ayuntamiento consiste en reforzar el producto turístico y potenciar la marca Málaga. "Ahora mismo Málaga es un destino multisemento donde confluyen el turismo idiomático, el de congresos, el de cruceros, el cultural, el gastrónomico, el de sol y playa. Tenemos que articular bien el producto e implicar más a los agentes privados para coordinar los esfuerzos", afirma el director general de Planificación Turística de la Junta.

El PP asegura tener papeles que revelan que el PSOE sabía lo ocurrido en Alcaucín (Málaga Hoy)

Los populares pondrán los documentos a disposición de la juez del caso Arcos

El PP asegura que tiene en sus manos documentación que demostraría que la anterior dirección del PSOE de Málaga, que lideraba la ahora parlamentaria Marisa Bustinduy, la Junta y la Diputación eran conocedores de las presuntas irregularidades que se cometían en el Ayuntamiento de Alcaucín, que han desembocado en el caso Arcos contra la corrupción urbanística y que han llevado a prisión al ex alcalde, José Manuel Martín Alba, expulsado por los socialistas.

Se trata de denuncias de particulares, incluidas las de varios militantes del PSOE, de asociaciones ecologistas y del Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que una semana antes de que estallara el caso, el 20 de febrero de 2009, emitió un informe en el que instaba a la Junta a restaurar la legalidad en un terreno ocupado por viviendas irregulares, según explicó ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz.

Según los populares, el goteo de vecinos de Alcaucín que se personan en su sede de Málaga para dar información es constante. También hay comunicaciones anónimas. Sanz, que compareció junto al presidente provincial del PP, Elías Bendodo, dijo que pondrán toda esta documentación a disposición de la juez del caso, Irene Urbón. El número dos del PP andaluz mostró públicamente los documentos, aunque no aportó ninguno.

En concreto, varios miembros de la anterior cúpula del PSOE en la provincia tendrían conocimiento de estas irregularidades, bien por escrito o bien a través de reuniones con los denunciantes. Sanz apuntó que en junio de 2006, se informó a Luis Reina, ex responsable de Política Municipal del PSOE; en diciembre de 2006, a Juan Paniagua, ex presidente del partido en Málaga; en marzo de 2007, dos meses antes de las últimas elecciones municipales, a Marisa Bustinduy, entonces secretaria del PSOE malagueño; y en abril de 2007, a Francisco Dodero, presidente del Comité de Ética del PSOE-A. Sanz dijo que el ex secretario de Organización del PSOE, Francisco Fernández España, también estaba al tanto de lo que ocurría en Alcaucín. Éste, igual que Bustinduy y Reina, tenían cargos de responsabilidad en la Diputación.

Sobre la Junta, Sanz se centró en una denuncia de junio de 2006 ante la Consejería de Obras Públicas sobre la construcción de 45 apartamentos en cuatro parcelas que sólo admitían la edificación de cuatro viviendas unifamiliares. Criticó que los inspectores visitaron estas obras en mayo de 2008, casi dos años después de la denuncia, y dijo que pese a que se advirtieron las ilegalidades, el asunto se zanjó "quitando los postes de publicidad de las obras". Citó también la construcción de 350 viviendas en suelo rústico.

A su juicio, la información de la que dispone el PP "pone en evidencia la actitud presuntamente negligente y una clara responsabilidad más allá de lo político de responsables del PSOE, la Diputación y la Junta".

El sorteo de 246 VPO en alquiler en Málaga recibe en dos semanas 12.000 solicitudes (Málaga Hoy)

La media diaria es de 800 peticiones, con lo que el número total podría superar las 16.000 al cerrarse la convocatoria, el 1 de abril · El IMV prevé una acción similar a la de Navidad de 2006

Los números vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de construir viviendas a precio asequible en Málaga capital. En sólo dos semanas, la convocatoria abierta por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) para adjudicar 246 pisos sociales en régimen de alquiler en Soliva, con posibilidad de compra, (a los que hay que sumar otros 27 para familias pendientes de realojo), ha recibido 12.000 solicitudes por parte de personas que quieren hacerse con uno de ellos, según informó a este periódico el concejal del departamento, Diego Maldonado.

La proporción indica que, a día de hoy, a cada uno de los inmuebles objeto del procedimiento optarán casi 49 vecinos, dato incluso superior al registrado a finales de 2006, cuando el Ayuntamiento sacó a concurso la compra de 1.301 pisos. En aquel momento, el dígito de potenciales compradores era de 23.733, con lo que la media era de 17 por inmueble.

El periodo de presentación de impresos, que por primera vez pueden ser depositados en las las oficinas municipales de atención a los ciudadanos (Omac) de los diez distritos, acaba el próximo 1 de abril, con lo que, de mantenerse la actual media, de unos 800 documentos diarios, la cifra final superará los 16.000. La mala situación económica y el hecho de que sean inmuebles en alquiler, lo que elude tener que disponer del aval de una entidad financiera, parece haber facilitado esta oleada de peticiones.

Ante esta avalancha, al IMV no le va a quedar más remedio que organizar un macrosorteo semejante al de la Navidad de 2006, cuando salieron a adjudicación 1.301 viviendas sociales, la inmensa mayoría en la zona de Soliva. Así lo admitió Maldonado, quien dijo que por ahora no hay una fecha concreta para el desarrollo del mismo.

Lo que sí quiso subrayar el edil es que esta acción sólo servirá para "preseleccionar" a los posibles arrendatarios, ya que tras el sorteo los elegidos deberán certificar documentalmente que cumplen con los requisitos exigidos para el alquiler de uno de estos pisos. Esta apreciación se produce ante los numerosos problemas surgidos tras el evento de hace dos años, puesto que la mitad de los designados inicialmente quedó exento del procedimiento por no cumplir con los requisitos o por renunciar voluntariamente.

El acuerdo del Consejo de Administración del IMV el pasado 10 de febrero fija que la oferta pública dispondrá de siete cupos, dependiendo de las circunstancias de los solicitantes. En este sentido, un 30% de las casas van destinadas a familias con ingresos económicos iguales o inferiores a una vez el Iprem, o lo que es lo mismo, a unos 7.000 euros; un 10% a familias numerosas; un 3% a familias con movilidad reducida; un 2% a las familias con discapacidad distinta de la movilidad reducida; un 2% a víctimas del terrorismo; un 10% a familias que no cumplan el requisito de empadronamiento, y el restante 43% a familias que no se incluyan en ninguno de los cupos anteriores.

Al margen de estos apartados, los solicitantes, en cualquier caso, deberán ser mayores de edad o menores emancipados; no ser titulares en pleno dominio o derecho real de uso y disfrute sobre otra vivienda; no tener ingresos familiares anuales superiores a los 31.446 euros y el inmueble deberá ser residencia habitual y permanente.

Las superficies de estas 246 viviendas, cuya finalización no se espera antes del primer trimestre de 2010, oscilan entre los 52,32 metros cuadrados de mínimo y los 90,29 de máximo. La cuota mensual a pagar rondará los 300 euros, aunque el recibo final dependerá de los ingresos familiares y de las ayudas que puedan solicitar a la Junta de Andalucía.

La existencia de unos 12.000 demandantes de vivienda oficial en la capital contrasta con la sensible reducción que ha sufrido este año la partida de inversiones reservada para la construcción de este tipo de promociones en el presupuesto municipal. La cuantía para este ejercicio es de unos 65 millones, un 47% menos que en 2008. Asimismo, el documento sólo prevé 15 pisos sociales nuevos a desarrollar en 2009, ya que las restantes 3.619 viviendas fueron presupuestadas en anualidades anteriores.

En estos momentos, según los datos aportados por el alcalde, Francisco de la Torre, el Ayuntamiento gestiona 3.978 viviendas, de las que 650 ya están construidas; 1.708 están en construcción; 128, en proceso de adjudicación, y 1.492 tienen los proyectos en fase de redacción. Entre las primeras se encuentran las 20 de la promoción de Puerto Parejo, que ayer visitó el regidor y cuya entrega se prevé para después de Semana Santa.

El Gobierno exige a los chiringuitos que dejen las playas y cumplan la ley (Málaga Hoy)

Los empresarios del sector dicen que no quieren salir "porque es nuestro hábitat" · Turismo y el PSOE piden consenso entre todas las partes · El 75% de este tipo de negocios está afectado en Málaga

Han pasado 20 años desde que la Ley de Costas y un posterior reglamento prohibiera, en opinión del Gobierno, la existencia de chiringuitos en las playas. Sin embargo, como ocurre en muchos textos legales, las interpretaciones de los documentos pueden ser varias y a ellas se han agarrado durante todo este tiempo los empresarios del sector de toda España para impedir que les echaran de la arena. En el Ministerio de Medio Ambiente están hartos de tanta polémica y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, se reunió ayer en Málaga con los subdelegados del Gobierno de Málaga, Granada, Almería, Cádiz y Huelva -todas las provincias andaluzas con costa- para lanzar un mensaje común a la sociedad: "hay que aplicar la ley".

Unos minutos antes de la reunión, Juan Carlos Martín atendió a los medios de comunicación y aseguró que la posición del Gobierno "es clara" y que aquellos que tienen "concesiones en vigor, caducadas y autorizaciones temporales se tienen que adaptar a la actual ley". No obstante, no se mostró absolutamente tajante. "No es un ultimátum a los chiringuitos", señaló a la vez que "vamos a trabajar de manera ordenada con todos los sectores afectados". En cualquier caso, Martín sí trasladó buena parte de la responsabilidad a los ayuntamientos ya que éstos "dan las correspondientes autorizaciones y deben velar por el estricto cumplimiento de la normativa actualmente vigente".

La ley exige varias cosas. La primera es que los chiringuitos tengan una superficie de 150 metros cuadrados y la segunda es que estos negocios estén separados entre sí por 200 metros. Los empresarios del sector están de acuerdo con estas dos imposiciones. La polémica está en la ubicación.

El artículo 60 del reglamento de la Ley de Costas, aprobado en 1989, señala textualmente que "únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (...) y entre ellas están las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio". También afirma en su punto tres que, en cualquier caso, "la ocupación deberá ser la mínima posible".

Con este texto en la mano, el Gobierno entiende que los chiringuitos deben estar fuera de la arena para no ocupar el dominio público marítimo terrestre y no molestar a los bañistas, por lo que señalan que deberían estar ubicados en los paseos marítimos. Por su parte, los empresarios del sector entienden que "nuestra naturaleza, nuestro hábitat, es estar sobre la arena". Miguel Arrabal, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, afirma que "llevamos mucho tiempo demandando que queremos estar en la playa porque no entendemos una playa sin chiringuitos y la solución desde luego no es sacarnos de la arena porque ése es nuestro hábitat natural".

Arrabal explica que los empresarios, en principio, no están de acuerdo con trasladar sus negocios a los paseos marítimos si eso conlleva estar alejados de la playa. "Sí iríamos a paseos marítimos pero siempre que estemos adosados a ellos, es decir, sobre la arena", subraya, a la vez que asegura que "queremos ser respetuosos con la ley pero lo que buscamos es que le den legalidad a nuestras instalaciones".

El presidente malagueño de los empresarios de playa señala que en esta provincia hay 400 chiringuitos que mueven unos 20.000 empleos y, de ellos, el 75% se está viendo afectado por la ley. "Hay unos 200 chiringuitos repartidos por toda la costa que están afectados porque apenas ocupan 20 metros cuadrados y necesitan ampliarse hasta 150 metros; y otros 100 establecimientos que sí tienen esa superficie pero a los que ya se les ha terminado la concesión de 15 años que tenían", refleja Arrabal.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, según el Gobierno, los chiringuitos deben cerrar sus puertas el 15 de octubre, tras la finalización del verano, algo con lo que tampoco están de acuerdo los empresarios. Arrabal afirma que "la ley no dice nada de ninguna fecha de cierre y nosotros estamos abiertos durante todo el año". "Nunca hemos hecho caso a esa imposición pero parece que el Gobierno sí está dispuesto ahora a cumplirlo", continúa el empresario.

En medio de la pugna están la Junta de Andalucía y el PSOE malagueño. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, y el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, se reunieron ayer con Juan Carlos Martín para pedirle que se cree una comisión en la que se intente poner de acuerdo a todas las partes. "Pedimos diálogo y acuerdo. Se trata de un sector fundamental sobre todo en un momento de crisis y dificultad como el actual. No vamos a parar hasta que la situación de los chiringuitos de la provincia de Málaga esté resuelta para la tranquilidad de los empresarios y los trabajadores", dijo ayer Heredia. "¿Qué iba a hacer la playa sin nosotros? No somos un estorbo, sino un servicio para los visitantes", apuntó Arrabal.

La solución definitiva se verá en los próximos meses. Las posturas son divergentes pero parece que se busca el consenso. Si no se consigue ese acuerdo, los chiringuitos tal y como se conocen habitualmente pasarán a la historia.

Estepona busca suelo para la nueva estación de autobuses (La Opinión)

Las instalaciones actuales están obsoletas y se han quedado pequeñas. Estudian también la creación de una línea directa con la capital granadina

NOELIA ANDRADE. ESTEPONA El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado los trámites para poner a disposición de la Junta de Andalucía suelo para la construcción de una nueva estación de autobuses. Así lo anunció ayer el alcalde, David Valadez, quien aseguró que esta actuación será prioridad para el equipo de gobierno.
Valadez reconoció que la actual estación de autobuses no reúne la calidad mínima para una ciudad como Estepona, que recibe miles de visitantes al año. En este sentido, apuntó que la delegación de Urbanismo ya está estudiando las parcelas disponibles y destacó la predisposición de la Junta de Andalucía a realizar este proyecto.
Tras su reunión con la delegada de Obras Públicas y Transportes, Josefa López, David Valadez adelantó que la Junta ha aceptado para su estudio la solicitud municipal para la entrada en funcionamiento de un servicio de transporte directo entre Estepona y Granada, que atienda, especialmente, a los numerosos estudiantes de Estepona que cursan sus estudios universitarios en la capital granadina.
Inversiones a largo plazo. Entre los planes incluidos en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol, la delegada del área, Dolores Fernández, informó de que se están llevando a cabo los estudios previos del eje viario intermedio.
Este eje, junto a otros transversales, permitirá una mayor cohesión entre las urbanizaciones del municipio donde viven más de un millón de habitantes en invierno, una cifra que se duplica en verano.
Por otro lado, Dolores Fernández informó al alcalde de la marcha de los trabajos del corredor ferroviario de la Costa del Sol, tras la reciente adjudicación, por 163,7 millones de euros, del tramo que transcurre entre las Lagunas y La Cala de Mijas. Las obras de este trazado, de cuatro kilómetros de longitud y que se divide en dos túneles, tienen un plazo de ejecución de 42 meses.
Actualmente, además del tramo ahora adjudicado, la Junta de Andalucía ya tiene acabados o en fase final de redacción todos los proyectos de los otros doce tramos entre Fuengirola y Estepona, que tienen 53,2 kilómetros de longitud con una demanda estimada de viajeros de 100 millones al año.
El alcalde se reunió ayer también con el jefe de zona de Málaga Poniente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Diego Hens. En los próximos días está previsto que se liciten las obras de mejora de la urbanización del puerto pesquero por 1,4 millones de euros. Según la delegada, estos trabajos supondrán un paso más hacia la ampliación del puerto deportivo, cuya redacción del proyecto básico está casi terminada.

El alcalde dice que el recorte de las torres no atrasará el PGOU (La Opinión)


De la Torre asegura que "no se va a retrasar ni un día" y que será muy respetuoso con lo que afecte al Aeropuerto

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró ayer que la aprobación definitiva del nuevo PGOU "no se va a retrasar ni un día" tras el informe preceptivo de Aviación Civil que rebaja la altura de las torres previstas en los antiguos depósitos de Repsol, la Térmica y el polígono de San Rafael.
"El PGOU tendrá los retrasos que está teniendo por el tema del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), que todavía no se ha aprobado, aunque existe la voluntad por parte de la Junta de aprobarlo pronto (se someterá a final de mes a la aprobación por parte de la Comisión de Redacción) y espero que sea con el máximo consenso con este Ayuntamiento y con el resto", declaró el alcalde. "Eso es lo que condicionará la aprobación definitiva del plan", apostilló.
Tras este informe, comunicó a los periodistas que el pasado viernes habló con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y le comentó este asunto. Según explicó De la Torre, "primero, hay que analizar a fondo el informe para ver los efectos, pero si no hay cambio de posición, hay que adaptar el PGOU en esa zona a lo que dice Aviación Civil, porque siempre seremos muy respetuosos con cualquier tema que pueda afectar al aeropuerto".
El objetivo es, por tanto, que la Junta de Andalucía, administración encargada de la aprobación definitiva del PGOU, diera el visto bueno al planeamiento dejando fuera temporalmente los espacios afectados por el documento de Aviación Civil mientras se resuelve el asunto.
El regidor insistió en que la empresa asesora en materia de ingeniería aeronáutica con la que trabaja el Ayuntamiento defiende que "es sólo cuestión de tiempo que se demuestre que una primera posición conservadora en exceso y precavida, luego no tenga fundamento". Sin embargo, dejó claro que el Ayuntamiento "no quiere dilatar la tramitación del plan".
Por ello, comentó que "si vemos que hay posibilidades de sacar adelante los proyectos de nuevas ´centralidades´ en la ciudad en base a los argumentos técnicos, sacaríamos del plan esos dos o tres espacios y se aprobaría el resto del PGOU y en paralelo se seguirían estos estudios y negociaciones"; un diálogo que, como subrayó, estaba iniciado, sorprendiéndole la entrada el pasado jueves en el registro municipal del informe de Aviación Civil "porque lo previsto para esta fecha era otra reunión".

La calle Moreno Monroy exige un arreglo a su pésimo estado (La Opinión)

La céntrica vía de las tapas lleva años siendo escenario diario de accidentes. Vecinos y comerciantes denuncian que la prometida mejora no deja de aplazarse

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Turistas, personas mayores, niños y hasta un conocido cartelista de la Feria de Málaga han probado la dureza del mármol en la calle Moreno Monroy, con un suelo que presenta un espectacular ´oleaje´.
La pequeña y céntrica vía, vecina de la calle Larios, concentra conocidos bares de tapas y restaurantes pero desde hace años se han convertido en ´punto negro´ para el peatón.
"La cantidad de personas que se han caído por aquí, sobre todo personas mayores que van mirando la torre de la Catedral", cuenta Francisco Cuadros, comerciante, que califica de tremenda la situación de la calle.
Francisco lamenta que el necesario arreglo de la calle de la calle no deje de posponerse. "El alcalde me dijo primero que se haría después de la Semana Santa, luego que después de Feria y de Navidad y ya estamos otra vez en Semana Santa", cuenta.
Elisa Postigo, también comerciante, no ve explicación para el atraso: "Esto vale arreglarlo muy poco porque son 30 metros de calle", cuenta.
Por su parte Ángel Sánchez, del restaurante ´El Chinitas´, precisa que el deterioro más serio se produjo hace cuatro o cinco años por las obras en un edificio vecino y la llegada de camiones. A esto hay que sumar la entrada de camiones de la limpieza. "En total hace 30 años que esta calle no se pavimenta", recuerda, mientras destaca que el mal estado de Moreno Monroy propicia fugas de agua del saneamiento y las visitas constantes de Emasa.
Ángel Sánchez señala que el último compromiso municipal fue arreglar esta vía y Nicasio Calle a partir de enero, para dejarlas listas de cara a Semana Santa. Pero han llegado las fechas anunciadas y la calle sigue igual. "A mí me da vergüenza poner a la gente en la terraza por el estado de la calle", cuenta, mientras Alberto Pérez, camarero de ´El Chinitas´, asegura que cada vez que llueve se forman charcos en los hundimientos del pavimento "y te puedes matar".

Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, ha declarado a La Opinión que las obras comenzarán sin tardanza "en cuanto termine la Semana Santa". El concejal ha informado de que las obras, incluidas en los Fondos Estatales de Inversión Local (Plan Zapatero) han sido adjudicadas provisionalmente. En concreto a la empresa Velasco Obras y Servicios SA, con un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto de 25.589 euros.
Las obras incluirán la mejora de las calles Nicasio Calle y Moreno Monroy, que compartirán un pavimento parecido al de la calle Larios con mármol de Sierra Elvira, además de la restauración del achinado artístico de la calle Fresca. Las constantes caídas pueden tener ya ´fecha de caducidad´.

El Gobierno exige que los chiringuitos salgan de la playa (La Opinión)

El secretario general del Mar asegura en Málaga que aquellas instalaciones que no respeten la normativa tienen que ser reubicadas de acuerdo con los ayuntamientos de los municipios afectados. Insiste en que no se puede hablar de flexibilidad de la norma, sino de cumplimiento

ROCÍO P. LLAMAS. MÁLAGA El Ministerio de Medio Ambiente lo ha dejado claro: los chiringuitos deben adaptarse a la Ley de Costas, lo que se traduce en la reubicación de estos establecimientos fuera de la arena. "La posición del Gobierno es muy clara con respecto a la normativa. No hablamos de flexibilidad, sino de adaptación a la ley", afirmó ayer el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, respondiendo así a las peticiones del PSOE malagueño de "flexibilizar" la aplicación de la ley. La Junta, el PP y los empresarios también habían pedido más flexibilidad.
Así, Martín Fragueiro recordó las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que avalan la posición del Ministerio, minutos antes de reunirse en Málaga con los subdelegados del Gobierno de Málaga, Granada, Almería, Cádiz y Huelva. "En municipios como Málaga, de excelencia turística, la masificación de nuestras playas es conocida por todos y se trata de hacer compatible el disfrute de los ciudadanos de un dominio público y la pervivencia de aquellas actividades que respeten la ley", añadió el secretario general, al tiempo que reiteró la necesidad de reubicar, en estrecha colaboración con los ayuntamientos, aquellas instalaciones que no son acordes, aunque "estamos dispuestos a trabajar de forma ordenada con todos los afectados".
A este respecto, Martín Fragueiro destacó el papel de los ayuntamientos, los cuales "tienen mucho que decir" porque son estas mismas administraciones las concesionarias "de las concesiones administrativas otorgadas por la administración del Estado", detalló. "Por ello, los ayuntamientos tienen que velar por el estricto cumplimiento de la ley actual", afirmó rotundo el secretario general del Mar. Así, Martín Fragueiro reconoció que la sociedad les exige un respeto de las leyes, "esto no es un ultimátum, estamos dispuestos a trabajar con todas las partes hasta llegar a una fotografía final de la situación de los chiringuitos, con el respeto de la ley", añadió.
La Ley de Costas impide expresamente en su articulado la ocupación de la zona de playa y ofrece a los chiringuitos la posibilidad de reciclarse en instalaciones desmontables con una superficie máxima de doscientos metros cuadrados. En Andalucía existen 800 chiringuitos, la mitad de ellos en la Costa del Sol, que emplean alrededor de 40.000 personas en toda la comunidad autónoma, según datos del sector. En estos momentos, la mitad de los chiringuitos de Málaga carece de licencia actualizada.

Plantean construir un gran paseo turístico en la ladera de El Castillo. Ronda (SUR)

Además, el Plan del Casco Histórico abre la posibilidad de construir un 'parking' en la zona

EPlan Especial de Protección del Casco Histórico, que se aprobará de forma inicial el próximo 27 de marzo en sesión plenaria, contempla la posibilidad de construir un gran paseo turístico en la ladera de la antigua Escuela Hogar El Castillo, según han indicado fuentes municipales, que comunicaría la Cuesta de las Imágenes y el Ayuntamiento. Se trata de una de las propuestas que contempla el Plan.
Además, en cuanto al proyecto de construcción de un 'parking' en la misma zona, concretamente en el campo de fútbol de Los Salesianos, el Plan, en un principio, lo vería con buenos ojos. En el mismo sentido, existe un proyecto de construcción de un hotel de lujo en el Castillo. La intención municipal pasa por convocar un concurso de ideas de cara a decidir el proyecto más respetuoso con el entorno.
Por otro lado, la zona de protección llega prácticamente hasta el antiguo asilo de ancianos, aunque no alcanza el Cuartel de la Concepción, lo que permitiría trasladar el Ayuntamiento de la ciudad del Tajo a este edificio en el futuro, tal y como se ha barajado alguna vez por los responsables políticos del municipio.
Finalmente, el antiguo asilo de ancianos, en la avenida Poeta Rilke, podría convertirse en un centro de recepción de turistas; y los jardines de la Casa del Rey Moro podrían tener carácter público. En determinados casos se estudiaría la posibilidad de llevar a cabo expropiaciones de edificios del conjunto monumental.

La Jefatura contará con una planta diáfana para futuros departamentos. Fuengirola (SUR)

La finalización de las obras de ampliación está prevista para noviembre Las dependencias duplicarán su espacio
El proyecto de ampliación de la Jefatura de Policía Local contempla la duplicación de las dependencias actuales a través de la creación de unas dependencias contiguas que contarán con un semisótano, una planta baja y dos más. Hasta final de año no estarán listas las obras, pero ya está claro el uso de las nuevas dependencias, salvo una planta que quedará diáfana para futuras necesidades. Así lo anunció ayer la alcaldesa de la ciudad, Esperanza Oña, quien recordó que el nuevo edificio permitirá dar cabida a las necesidades de una plantilla que se incrementará en 27 miembros a mediados del próximo año, además de mejorar la atención a los ciudadanos. En este sentido, se va a crear una unidad específica compuesta por una veintena de agentes destinada a solventar problemas concretos de barrios y sectores de la ciudad. Esta unidad se complementará a la Policía de Barrio, operativa desde hace una década.
Actualmente, los trabajos se encuentran avanzados, «15 ó 20 días por delante de lo planificado» apostilló la primera edil, que visitó ayer las obras. La regidora informó que el edificio, cuya inversión supera los 1,27 millones de euros (confinanciados por el Ayuntamiento y la Junta), contará también con medidas de ahorro energético y ecológicas, entre las que destacó las luces activadas por sensor de movimiento y grifos con boquilla de ahorro.
Reordenación de espacios
Las reformas previstas en las dependencias no sólo serán extensibles a la nueva edificación sino que en la actual Jefatura será necesario la reordenación de numerosos espacios con el objetivo de distribuir de la mejor manera posible los distintos departamentos que el cuerpo de seguridad alberga. En cuanto al diseño, Oña aseguró que «es moderno a la par que funcional, lo que permitirá optimizar la atención ciudadana». En este sentido, la mandataria aclaró que «es importante dotar de todas las mejoras que precisen al cuerpo de seguridad local ya que la eficacia de su trabajo repercute en la seguridad y la calidad de vida de todos los fuengiroleños».
En cuanto a la finalización de los trabajos, la intención es que estén finalizados a mediados de noviembre, ya que los trabajos comenzaron a principios de año y su plazo de ejecución es de diez meses y medio. Mientras tanto, buena parte de la plantilla sigue trasladada al Parque de Bomberos.

El Consistorio busca suelo para construir una nueva estación de autobuses. Estepona (SUR)

Técnicos estudian las parcelas idóneas para que la Junta de Andalucía construya el futuro equipamiento
El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado los trámites para poner a disposición de la Junta de Andalucía suelo para la construcción de una nueva estación de autobuses. Por el momento, el Consistorio no ha determinado las parcelas en las que se podría ubicar esta infraestructura. En este sentido, el alcalde de Estepona, David Valadez, explicó que serán los técnicos de ambas administraciones los que decidirán cuál es la más idónea para construir la nueva estación, que según dijo el regidor, es una necesidad «objetiva y prioritaria».
La delegada de Obras Públicas y Transportes de la Junta en Málaga, Dolores Fernández, visitó ayer el municipio y aseguró que el Gobierno autonómico trabajará para que la futura nueva estación sea una realidad «cuanto antes». «Todos los usuario merecen y necesitan una estación de autobuses digna, que responda a una apuesta por el transporte público», aseguró la responsable andaluza de Transportes. Al mismo tiempo, anunció que la Junta estudia la posibilidad de poner una línea de autobús directa entre Estepona y Granada para atender la demanda, entre otros, de los estudiantes universitarios.
Mejora del puerto
Otro de los proyectos que impulsará la delegación provincial de Obras Públicas será la ampliación y mejora del recinto portuario. En este sentido, Fernández anunció que en los próximos días está previsto que se liciten las obras de mejora de la urbanización de la zona pesquera del puerto por un importe de 1,4 millones de euros. Los trabajos supondrán un acondicionamiento del pavimento y la iluminación y tendrán un plazo de ejecución de siete meses.
Esta actuación se unirá en un futuro a la ampliación del puerto deportivo, que permitirá duplicar el número de atraques. En este sentido, la responsable andaluza de Obras Públicas anunció que la redacción del proyecto básico está casi finalizada.
Por otra parte, entre los planes incluidos en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol, la delegada de Obras Públicas avanzó que se están llevando a cabo los estudios previos del eje viario intermedio, que permitirá una mayor cohesión entre urbanizaciones donde viven más de dos millones de habitantes durante el verano.

La Junta subvenciona mejoras en las zonas comunes de ochenta viviendas de la barriada (SUR)

La Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía está ejecutando la mejora de las zonas comunes de 80 viviendas de la barriada malagueña de Churriana, situadas en la calle Cardero de la Vega, y en las que invertirá 374.000 euros. La actuación está incluida en el Programa de Rehabilitación Singular de Edificios Residenciales para mejorar la habitabilidad y accesibilidad en edificios con carencias importantes. Las obras comenzaron a principios de febrero pasado y el plazo de ejecución de las mismas es de cuatro meses, por lo que podrían finalizar este verano. Las ayudas que concederá la Consejería a la comunidad de propietarios Santa María de la Victoria permitirán arreglar humedades en fachadas y cubiertas, además de suprimir barreras arquitectónicas en las zonas comunes, según informaron desde el Gobierno andaluz en un comunicado.

Las llaves de las veinte VPO de Puerto Parejo se entregarán después de Semana Santa (SUR)

El Ayuntamiento de Málaga entregará después de Semana Santa la promoción de 20 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Puerto Parejo, situada en el distrito Centro de la capital y que ha supuesto una inversión total de 1.868.958 euros. Esta promoción, que fue visitada ayer por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se encuentra en una parcela situada en la confluencia de las calles Julio Mathias, Cortina y Tejeros y ha tenido un plazo de ejecución de 16 meses. Las obras fueron realizadas por la empresa Construcciones Analto. De las 20 viviendas, cuatro son de dos dormitorios, ocho cuentan con tres y las ocho restantes con cuatro habitaciones. Además, la promoción se completa con 20 aparcamientos situados en el sótano del inmueble, 12 trasteros y dos locales comerciales, según informó De la Torre. Actualmente, el Ayuntamiento de Málaga gestiona 3.978 VPO, de las que 650 ya están construidas y 1.708 se encuentran en construcción.

Las vías ya están aquí (SUR)

Llegan al puerto de la ciudad los primeros raíles por los que discurrirá el metro de Málaga. Se instalarán en el tramo en superficie en Teatinos

Si algo identifica a los metros es que discurren sobre vías. Los primeros raíles del suburbano malagueño se descargaron ayer en el puerto. Aunque, curiosamente, su destino no será un túnel, sino el tramo en superficie (Colegios Mayores-Doctor Domínguez) de la línea 1, que irá desde Teatinos hasta Renfe.
Los carriles de vías, que vienen presentados en barras de 18 metros, son unidos en obras mediante soldadura. El total del material descargado asciende a 360 toneladas, según informaron ayer desde la Oficina del Metro.
El tramo en superficie comenzó en julio del pasado año. Tiene una longitud de 3,1 kilómetros con cinco estaciones y atravesará el campus universitario.

La paradoja de Martín Alba (SUR)

Cuando la Consejería de Vivienda planteó hace un año a los municipios de la Axarquía crear un listado de construcciones ilegales, el ex alcalde de Alcaucín fue sorprendentemente de los primeros en ofrecerse para colaborar

El ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, en prisión desde principios de marzo tras ser detenido por un presunto caso de corrupción urbanística dentro de la 'operación Arcos', es un hombre lleno de paradojas, en especial por la política que en materia de urbanismo ha venido desarrollando desde que tomara posesión del cargo en 1991.
El ex regidor, 'Pepe Calayo', que es como es conocido por su afición al flamenco, no tuvo nunca reparos en conceder licencias de obras para la construcción de viviendas residenciales en el campo sin atender a los informes negativos de la Junta de Andalucía, una práctica que también han llevado a cabo otros alcaldes de la zona con el argumento de que los informes de Obras Públicas, primero, y Viviendas y Ordenación del Territorio, después, no eran vinculantes.
Por esta razón, la Junta se ha visto obligada a impugnar por la vía judicial un total de 272 actos urbanísticos de los ayuntamientos de la Axarquía, incluido el de Alcaucín, y que han derivado en la anulación de un número no concretado de licencias.
Colaboración
A pesar de todo, Martín Alba se caracterizó por ser uno de los primeros alcaldes de la comarca en ofrecerse para colaborar con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para elaborar un inventario de construcciones ilegales en el campo. Martín Alba firmó hace un año un convenio de colaboración con la Consejería para confeccionar un listado de construcciones edificadas en suelo no urbanizable, que persigue el estudio de caso por caso para decidir el futuro de las mismas.
Junto a Alcaucín, otros seis municipios de la comarca realizan sus propios planes de inspección mediante la elaboración de tales censos (Canillas del Aceituno, Comares, Cómpeta, Salares, Sayalonga y La Viñuela).
El trabajo, que realizan los ayuntamientos en colaboración con los inspectores de la Junta, ha permitido realizar hasta el momento un total de 1.113 fichas.
La Junta no ha sabido determinar cuántas de estas construcciones pertenecen a Alcaucín, consistorio que todavía no ha finalizado la confección de las fichas, en las que se contemplan datos como la localización, constructor, si cuenta con licencia o plan de actuación, si se ajusta al proyecto autorizado, si está impugnada o si se encuentra habitada o en ejecución.
Lo curioso del caso es que la finalidad de esta iniciativa es normalizar la situación de las edificaciones detectadas, restituyendo la legalidad urbanística, aunque en muchos casos se trata de construcciones con licencias municipales cuyos ayuntamientos han desoído la opinión de la Junta.
El futuro de las construcciones ilegales que se detecten no se decidirá hasta tanto no se culmina el inventario. Las fichas, según la Junta, se incorporarán al Plan Municipal de Inspección, documento que deberá señalar la fórmula que se aplicará en cada caso. Unas podrán ser legalizadas, otras quedarán fuera de ordenación y otras deberán ser demolidas.
Además de los siete pueblos de la Axarquía también se han sumado a la iniciativa de Vivienda y Ordenación del Territorio otros cinco municipios de la provincia (Marbella, Estepona, Mijas, Alhaurín el Grande y Benalmádena).
Según la delegada provincial de Vivienda, Josefa López, estos inventarios son claves para que los ayuntamientos puedan elaborar sus propios planes de inspección, «muy necesarios para desarrollar políticas urbanísticas correctas».

Costas, inflexible: los chiringuitos saldrán de la arena (SUR)

Medio Ambiente desoye al sector, a la Junta y a los ayuntamientos, y aboga por el traslado a los paseos marítimos, algo que para los empresarios no es negociable

QUÉ DICE LA LEY
Argumentos a favor y en contra de la ubicación de los chiringuitos en la arena:
Postura del Ministerio de Medio Ambiente: La Ley de Costas determina, con carácter general, la salida del dominio público marítimo terrestre de todas las edificaciones que lo ocupen.
Posición de los empresarios: El artículo 25.2 dicta que sólo se permitirán actividades que por su naturaleza presten servicios convenientes para el uso del dominio público. A su vez, el artículo 60 del Reglamento de Costas dice que únicamente se permitirá la ocupación con aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.
Posición de los ayuntamientos: Los chiringuitos pueden estar en la arena, con 150 metros por instalación y a 200 metros entre ellos. «La posición del Gobierno es clara, existe una Ley de Costas y se trata de llegar a una foto final de la situación de los chiringuitos con respeto a la ley y estudiando todas aquellas opciones que podamos adoptar y ordenar esto definitivamente». Hasta en cinco ocasiones se refirió el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Fragueiro, a la necesaria adaptación a la normativa de los negocios de playas, lo que supondría -en una lectura estricta del articulado- la salida de la arena de estos negocios. Esta opción choca de plano con las aspiraciones de los empresarios, de la Consejería de Turismo, de los ayuntamientos costeros y del propio PSOE de Málaga.
Martín Fragueiro, presente ayer en Málaga para debatir con los subdelegados del Gobierno andaluces la situación del litoral, puso el dedo en la llaga cuando abogó por «reubicar aquellas instalaciones que no son acordes», una condición que no es negociable para los responsables de los chiringuitos.
Adaptación a la Ley
A preguntas de los periodistas, declinó hablar de flexibilidad en la aplicación del código: «Estoy hablando de adaptación a nuestra Ley. Es muy clara, hay sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que avalan la posición del ministerio», afirmó.
Con todo, el secretario general del Mar dejó una puerta abierta a la negociación: «La sociedad nos está exigiendo que haya un respeto a las leyes, pero también tener en cuenta la situación socioeconómica derivada de ese tipo de actividades. Queremos llegar a una foto final en el plazo mas breve posible».
Al tiempo, trasladó a los ayuntamientos parte de la responsabilidad: «Tienen mucho que decir porque son los concesionarios de las concesiones administrativas otorgadas por el Estado, luego los ayuntamientos también tienen que velar por el estricto cumplimiento de la ley vigente».
El primero en responder fue Miguel Arrabal, presidente de los Empresarios de Playas de Málaga, quien afirmó que el gremio coincide con Costas en la necesidad de que se aplique la Ley. «Lo que queremos precisamente es adaptarnos a la Ley para que nos proteja, llevamos 15 años buscando seguridad jurídica», declaró. Sin embargo, su lectura de la norma es meridianamente diferente: «No hay nada que diga que los chiringuitos tengan que estar fuera de la arena. Es nuestra principal exigencia. Queremos que todos estén igual que los de Huelin y Misericordia (en la capital). La arena es irrenunciable».
Para Arrabal estos establecimientos son legales, puesto que más del 50% de la playa está libre. «El problema en playas como Ferrara (Torrox) o Santa Ana (Benalmádena) es que todos los años hay que regenerar, tirando dinero al mar», y exigió obras de estabilización definitiva.
Singularidad turística
«Este señor se olvida de que vivimos del turismo, que tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a disfrutar de las playas, y nosotros prestamos un servicio, no estamos invadiendo nada. Pagamos un canon anual por facilitar el uso de la playa a los visitantes y a los malagueños. Es compatible», agregó Miguel Arrabal.
A su vez, el presidente del colectivo a nivel andaluz, Norberto del Castillo, criticó, en declaraciones a Efe, que Medio Ambiente haga una interpretación más restrictiva de la normativa, y aseguró que el espíritu real de ésta es que no se ocupe más de la mitad de la playa, «y en ningún caso pasamos del 30%». Del Castillo reclamó que se estudie la situación municipio por municipio para facilitar que se ajusten a la Ley y que puedan renovarse las concesiones caducadas.
Teresa Porras, concejala de Playas del Ayuntamiento de Málaga, afirmó que sacar los chiringuitos de la playa es una «barbaridad», y aseguró que la Ley sí permite ponerlos allí, siempre que se respete un tamaño de 150 metros y una distancia de 200 metros entre ellos. «No pone en ninguna ley que se tengan que sacar al paseo marítimo, y en muchos casos tampoco se puede». Además, puso de relieve la contradicción entre los existentes en La Misericordia, que son legales hasta dentro de 15 años, y los de La Malagueta, La Caleta y Guadalmar, donde Costas no da la concesión.
El secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, volvió a reclamar flexibilidad para abordar esta cuestión. «Los socialistas estamos con el sector de los chiringuitos de Málaga. Pedimos diálogo y acuerdo. Se trata de un sector fundamental, sobre todo en un momento de crisis y dificultad como el actual. No vamos a parar hasta que la situación de los chiringuitos de Málaga esté resuelta para la tranquilidad de los empresarios y los trabajadores». Por desgracia, la solución definitiva aún tendrá que esperar.