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lunes, 16 de agosto de 2010

Casi la mitad de los municipios ha adaptado su PGOU a la ley de 2003. (ELPAIS)

La vía parcial habilitada en 2008 se desbloquea con 224 revisiones

DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 16/08/2010


La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que entró en vigor en enero de 2003 otorgó un margen de cuatro años para que los municipios adaptaran a ella su planeamiento urbanístico, pues a partir de ese plazo no es que se declararan extintos, sino que no se admitirían modificaciones parciales ni otras gestiones que requirieran permiso autonómico. Siete años y siete meses después, 325 municipios tienen adaptado su planeamiento a la ley, según datos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.


No suman ni la mitad de los ayuntamientos, apenas un 42% del total, aunque en ellos reside el 68% de la población andaluza, por lo que cabría hablar de un estancamiento. Pero si se tiene en cuenta que hasta diciembre de 2008 apenas 116 ayuntamientos habían adaptado su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la conclusión es que en el último año y medio se ha producido un avance de consideración: en apenas 19 meses se han adecuado 209 planes, más del doble que los que se revisaron en siete años. Y otros 209 están en tramitación, con lo que a comienzos de 2011 podrían estar ya adaptados el 69% de los municipios.

Lo que ha ocurrido en este tiempo es que una gran mayoría de ayuntamientos ha optado por la revisión parcial, una fórmula habilitada por un decreto de la Junta de enero de 2008 que perseguía precisamente acelerar el proceso de adaptación. Se trata de un atajo que preferentemente persigue disponer de suelo para VPO y cumplir los objetivos del plan de vivienda.

Las previsiones de los 325 planes adaptados suman suelo disponible para 224.286 VPO, de las que 123.017 corresponden a los municipios que han optado por la adaptación parcial.

La adaptación parcial debe recoger la clasificación de la totalidad del suelo de un municipio, delimitando las superficies adscritas a cada clase y los sistemas generales. En ningún caso pueden calificar nuevos suelos urbanos ni urbanizables, ni alterar los parámetros de edificabilidad y densidad, ni modificar las ordenanzas de uso del suelo, que requieren la revisión completa del PGOU, por lo que la parcial puede considerarse una adaptación a cuenta por la vía rápida, ya que el procedimiento puede resolverse entre tres y cinco meses.

Esta vía rápida ha sido usada por ejemplo por la mitad de los 28 municipios de más de 50.000 habitantes, aquellos que justamente más necesidad tienen de VPO (Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Algeciras, Chiclana, El Puerto de Santa María, La Línea, Sanlúcar de Barrameda, Linares, Mijas, Vélez Málaga, Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas). En tramites de revisión parcial está Estepona.

De estas ciudades principales solo la cuarta parte han logrado dotarse de un nuevo PGOU completo: Sevilla, Jerez, Marbella, Fuengirola, Motril, El Ejido y Roquetas. Otras seis más tienen la revisión total en distinta fase de tramitación: Málaga (a punto de la aprobación definitiva), Cádiz, Almería, San Fernando, Benalmádena y Torremolinos.

La elaboración de un PGOU es un procedimiento normalmente muy complejo que requiere de varios años. El procedimiento de revisión se ha complicado además por los cambios normativos, la elaboración de planes de ordenación territoriales en las zonas del litoral, a los que deben estar adaptados los municipales, y el cambio de ciclo en el sector inmobiliario y de la construcción que ha hecho cambiar radicalmente las perspectivas.

Los municipios costeros, donde más presión urbanística hay, son generalmente los más retrasados. De los 101 que han completado la revisión del PGOU, 23 son de Granada; 19 de Córdoba; 17 de Sevilla, 13 de Huelva; 10 de Jaén; ocho de Cádiz; seis de Almería y solo cinco de Málaga.

En adaptaciones parciales, Sevilla es la provincia con más municipios (54), seguida de Almería (34), Huelva (29), Málaga (27), Granada (26), Jaén y Cádiz (22) y Córdoba (10).

sábado, 20 de marzo de 2010

Andalucía pasa página a la 'deuda histórica'. (SUR)

Zapatero y Griñán anuncian la liquidación definitiva de la asignación tras treinta años de litigios
20.03.2010 -
MARÍA DOLORES TORTOSA mdtortosa@vocento.com
SEVILLA.

El edificio de Correos , el único solar de Málaga en el acuerdo. (LAOPINON)

EUROPA PRESS Esta mañana Griñán y Zapatero ponían fin al asunto de la deuda histórica. La liquidación incluye un total de 22 solares andaluces que pasarán a manos de la Junta de Andalucía. En el caso de Málaga, el único solar incluido en el acuerdo es el edificio Correo de Málaga.

El acuerdo definitivo entre Estado y Junta de Andalucía para liquidar de forma definitiva la llamada 'deuda histórica' incluye el traspaso de cuatro nuevos activos inmobiliarios, que se incorporarán como parte del pago de la deuda y que suman 172 millones de euros, a los que se añadirá una ampliación de los activos de Agesa, heredera de los activos de la Expo 92, por 52,5 millones de euros, con el traspaso de los activos líquidos de la sociedad, así como dos millones de euros en efectivo.

Estos nuevos activos se suman a lo ya acordado por ambas administraciones a finales de noviembre, que contemplaba el traspaso a la Junta de Andalucía de la titularidad de la empresa Agesa, y de 18 solares en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla que sumaban 3.302.073 metros cuadrados.

Sumando el acuerdo inicial de noviembre y las cantidades incluidas 'in extremis' antes de cumplirse el plazo fijado en el Estatuto de Autonomía, la cantidad total asciende a un total de 784,2 millones de euros. De ellos, 456,64 millones correspondían al traspaso de la titularidad de Agesa y 101,01 millones a las fincas inicialmente transferidas.

Según indicaron desde la Consejería de Economía y Hacienda, los nuevos terrenos que se incorporan como pago de la 'deuda histórica' se ubican en las provincias de Granada, Málaga y Sevilla, son cuatro espacios y suman, en cuanto a superficie de los solares, más de 571.000 metros cuadrados.

En ese sentido, en la provincia de Granada como nuevo activo inmobiliario se suma el cuartel de Los Mondragones de Granada, un solar con 87.999 metros cuadrados; en la provincia de Málaga se traspasa el edificio de Correos de Málaga capital, cuya superficie no fue referida; y en la provincia de Sevilla se incorporan un solar de 455.436 metros cuadrados en el paraje de Villanueva del Pítamo y otro solar de 27.500 metros cuadrados en la antigua fábrica de Santa Bárbara, en la avenida de Eduardo Dato, ambos en el término municipal de la capital hispalense.

Los 18 solares anteriores
Estos nuevos activos se suman a lo ya acordado entre Junta y Estado a finales de noviembre, que contemplaba el traspaso a la Junta de Andalucía de la titularidad de la empresa Agesa y de solares en varias provincias de la comunidad autónoma. Según el documento inicial remitido a finales de noviembre por la Consejería de Economía y Hacienda con el listado de solares, en Almería se contemplan diez solares --en concreto nueve solares y un suelo urbanizable no programado-- que suman 3.268.856 metros cuadrados.

En concreto, en Almería se encuentran ocho solares en la zona conocida como El Toyo I, ubicados dos en la avenida de los Juegos Mediterráneos Almería 2005, dos en la calle Juegos Mediterráneos de Languedo 1993, otro en la calle Juegos Mediterráneos de Pescara 2009, otro en la calle de los Juegos Mediterráneos de Nápoles 1963 y otros dos en la calle Alcalde G. Verdejo.

Asimismo, en la zona El Toyo II se ubica un solar urbanizable no programado, que suma 3.140.000 metros cuadrados y en la capital almeriense se incluye además la plaza de Carabineros, de 752 metros cuadrados.

En la provincia de Cádiz se contemplan tres solares que suman 9.395 metros cuadrados, ubicados en concreto en la zona de Puntales en la capital, en concreto la ronda de vigilancia (6.613 metros cuadrados), en la avenida Cayetano del Toro, 36 de la capital (2.107 metros cuadrados) y en el municipio de San Fernando, en la calle Santo Entierro, 8 (675 metros cuadrados).

En Granada se contemplaban inicialmente otros tres solares que suman 4.351 metros cuadrados, ubicados en concreto en el plan parcial PP-E2, en la zona de La Azulejera.

En la provincia de Sevilla en este primer listado sólo se contemplaba un solar, que suma 18.193 metros cuadrados, en la zona de El Juncal, mientras que el solar de Jaén, de 1.278 metros cuadrados, se ubica en la avenida de Madrid, 78.

De este modo, las dos administraciones dieron por alcanzado el acuerdo para la "materialización de la liquidación" de los 784 millones de euros que restan para completar 1.204 millones en los que ambas partes cuantificaron las asignaciones complementarias de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía.

El Gobierno paga parte de la deuda histórica con el edificio de Correos. (MALAGAHOY)

El inmueble, de 17.000 metros construidos, es la única finca de la provincia incluida en el acuerdo y está valorado en 30 millones · La Junta no descarta la venta o darle uso

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 20.03.2010 - 01:00
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Edificio de Correos, en la Avenida de Andalucía.

El edificio de Correos, situado en la Avenida de Andalucía, pasa de las manos del Gobierno central a las de la Junta de Andalucía. La transferencia de la propiedad de este inmueble se produce en el marco de la operación de pago de la deuda histórica que el Estado tiene contraída con la Administración autonómica y que, en buena medida, va a ser sufragada mediante la entrega de una veintena de solares ubicados en las provincias andaluzas. En el caso de Málaga, este bloque es el único que el Ejecutivo encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero aportará a la Junta.

Tras el acuerdo alcanzado, se desconoce aún el uso que se dará a esta construcción, que, según fuentes próximas a la institución regional, ha sido tasada en unos 30 millones de euros. Consultada por el fin que podría dársele al inmueble, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, admitió que en este momento "están abiertas todas las opciones", sin que se descarte su posible venta o darle utilidad. "Será a partir de ahora cuando se estudie qué se hace con el inmueble", apostilló Gámez, que valoró el pacto alcanzado.

En este sentido, queda abierta la opción de que la construcción pueda servir a la Junta para dar respuesta a las importantes necesidades de ubicación de sus diferentes delegaciones y servicios, muchos de los cuales ocupan dependencias alquiladas. Cabe recordar que el Gobierno andaluz ya barajó hace unos años la posibilidad de construir una macrosede de nueva planta en el entorno de Teatinos, para lo que se mantuvieron conversaciones con el Ayuntamiento de la ciudad en la búsqueda de una parcela adecuada. Incluso, se elaboró un plan de traslado, que afectaba a unos 1.200 trabajadores y que suponía un ahorro en coste de arrendamiento de 1,5 millones anuales.

No obstante, en la entrega del edificio a la Junta quedan algunas dudas que habrán de resolverse. Uno, qué ocurrirá con los más de 200 empleados del servicio postal que trabajan en el inmueble y, dos, si se llevará a cabo finalmente el proyecto de rehabilitación integral que Correos adjudicó en marzo de 2008 a la empresa Vías y Construcciones, por 11 millones, y que no se ha ejecutado aún.

Este edificio, que data del año 1980, consta de tres plantas en el cuerpo inferior y nueve plantas en la torre, con una superficie construida superior a los 17.000 metros cuadrados. El inmueble viene recogido, tanto en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente como en la revisión del mismo, como Servicio de Interés Público y Social.

lunes, 8 de marzo de 2010

El consulado vigilará los intereses urbanísticos de los británicos en Andalucía. (ELMUNDO)

Las comunidades autónomas de Andalucía y Valencia contarán con un funcionario en los consulados británicos de Málaga y Alicante que se dedicará a informar y prevenir a los ciudadanos de Reino Unido sobre las diversas cuestiones que puedan afectarles, fundamentalmente en asuntos urbanísticos, según ha anunciado el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

Zarrías, junto al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se ha reunido este domingo en el Consulado Británico de Málaga con el ministro británico para Europa, Chris Bryant, y el embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman.

El secretario de Estado informó de que hace unos meses mantuvo varias reuniones con representantes británicos con el objetivo de poner en marcha procedimientos de colaboración y cooperación entre ambos países ya que un millón de ciudadanos del Reino Unido viven en España.

El acuerdo será efectivo, según dijo, en el plazo de un mes, y permitirá que un funcionario esté presente en el Consulado de Málaga y otro en el de Alicante para que los ciudadanos británicos puedan conocer y tener información acerca de cuestiones urbanísticas, sanitarias o de bienestar social, entre otras.

"Pretendemos hacer una labor informativa con carácter preventivopara que no se produzcan problemas puesto que una vez esté la maquinaria judicial es más complicado buscar soluciones", manifestó, refiriéndose a la situación de ocho familias británicas que viven en el municipio almeriense de Albox y que están afectadas por órdenes judiciales de derribo de sus viviendas.

En este punto, el ministro británico para Europa, cuestionado por la seguridad jurídica de España, apuntó que si las viviendas "caen por cuestiones legales eso no ayuda", de ahí, continuó, la importancia de esta medida.

"Es mejor buscar una solución antes de que llegue al juez y a pesar de que, en el caso de Albox, utilizaron abogados todavía están amenazados -por las sentencias de demolición- y eso a muchos ingleses les parece injusto", declaró.

Tanto Zarrías como Espadas subrayaron que la seguridad jurídica en España es "total y absoluta". "Los británicos saben que aquí funciona el Estado de Derecho y que hay leyes, todo se hace conforme a derecho", sentenció el secretario de Estado de Cooperación Territorial, quien reiteró que la puesta en marcha de este servicio es, precisamente, para dar información "antes de que se lleven a cabo actuaciones que conlleven problemas".

martes, 5 de enero de 2010

Enérgico rechazo´ del PP al pago en solares de la deuda histórica (La Opinión)

Presentará una moción en la Diputación para exigir el "cumplimiento estricto" del actual Estatuto andaluz


PP. Francisco Salado, en primer plano, con José Alberto Armijo.
PP. Francisco Salado, en primer plano, con José Alberto Armijo. J. A.

LA OPINIÓN. MÁLAGA El grupo del PP en la Diputación Provincial de Málaga presentará una moción en el próximo pleno del ente para reivindicar el "cumplimiento estricto" del Estatuto andaluz, de forma que mostrará su "más enérgico rechazo" al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Junta de Andalucía donde se acepta el pago de la deuda histórica en terrenos.
Así, el PP exigirá que el Gobierno andaluz revoque la decisión adoptada en relación con el pago de la deuda histórica por incumplir la Ley Orgánica 2/2007 y que se liquide en los términos recogidos en la Disposición Adicional Segunda. Además, instará al Gobierno andaluz a la retirada del proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2010 "al no garantizar las inversiones previstas", según el portavoz del PP en la institución, Francisco Salado.
El también secretario general del PP de Málaga resaltó que la deuda histórica es uno de los hechos diferenciales de nuestra autonomía "que los gobiernos socialistas pretenden enterrar", y exigió el cumplimiento, "sin trucos", de la Disposición Adicional Segunda tal y como se acordó en la reforma del Estatuto, "por consenso de todos los grupos parlamentarios".
En dicha Disposición se señala que los Presupuestos Generales del Estado destinarán unas asignaciones complementarias para garantizar un nivel mínimo de prestación en los servicios transferidos, siempre con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación.
Salado criticó el acuerdo alcanzado el pasado 26 de noviembre por el cual las cantidades pendientes de liquidar en la deuda histórica lo serán fundamentalmente mediante el pago en especie: "No hay que olvidar que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, prometió que se cobraría en dinero contante y sonante", concluyó.

La vivienda bajará este año de nuevo tras caer un 5% en 2009 (La Opinión)

Sólo Málaga y Marbella sigue cotizado por encima de los 2.000 euros el metro cuadrado. Vélez, Benalmádena y Torremolinos bajan entre un 7% y un 9,5%


Oferta. Maquetas de promociones de viviendas en el pasado Salón Inmobiliario del Mediterráneo.
Oferta. Maquetas de promociones de viviendas en el pasado Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Arciniega

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA El precio medio de la vivienda nueva en los principales municipios malagueños se redujo en el año 2009 una media del 4,8%, porcentaje que se añade al 7% de bajada que ya se produjo en 2008 y que profundiza el ajuste que está sufriendo el sector inmobiliario en Málaga. Tras estas caídas, sólo dos municipios presentan valores medios superiores a los 2.000 euros por metro cuadrado: Málaga capital (2.073) y Marbella (2.293).
Los datos son del Boletín de Mercado de Vivienda Nueva de la Sociedad de Tasación, y refleja un descenso generalizado en toda España, con la predicción de que los precios seguirán bajando, aunque de forma más moderada, y que las ventas no aumentarán hasta que cambien las condiciones de financiación y baje el paro. El estudio refleja caídas del 5,1% en Antequera (que se queda en 1.557 euros de media por metro cuadrado), del 6,9% en Benalmádena (1.876), del 2,3% en Estepona (1.900), del 4,5% en Ronda (1.517) y del 6,9% en Torremolinos (1.873). En Fuengirola la bajada llega al 2% (1.795 euros por metro), en Málaga y Marbella se queda en el 3,5% y del 2,6% respectivamente y en Vélez Málaga se va al mayor porcentaje de la provincia: 9,5%, para un total de 1.547 euros.
Según indica Sociedad de Tasación, "persiste la tendencia de reducción de precios de la vivienda, aunque de forma más suavizada a lo largo del último semestre del año", mientras que la actividad inmobiliaria "sigue muy limitada debido a las dificultades para obtener créditos bancarios y también por la incertidumbre laboral".
Por lo tanto, y "pese al aumento de la tasa de ahorro, mientras no cambien las condiciones de acceso a la financiación y no disminuye la tasa de paro, no habrá un incremento significativo en la compra de viviendas en los próximos meses".

Tendencia más moderada. Sociedad de Tasación prevé que el ´stock´ de viviendas sin vender –unas 30.000 en Málaga– se reduzca gradualmente en 2010, en gran medida por la reconversión de parte de las misma en vivienda protegida o en el alquiler, además de por la limitada aportación de viviendas nuevas iniciadas cuya producción ha caído drásticamente. "Es posible que, mientras se mantengan las condiciones enunciadas, el precio de la vivienda siga la tendencia a la baja, aunque de forma más moderada e incluso con algún leve repunte en el centro de las grandes ciudades donde la oferta es limitada", asegura.
En general, el estudio afirma que el precio en las capitales de provincia españolas se redujo un 5,7% en 2009, hasta situarse en 2.558 euros por metro cuadrado construido, lo que supone asimismo una contracción del 1,2% respecto al primer semestre del año. El precio bajó en todas. De hecho, en 19 de ellas los precios cayeron más de un 1,5%, en 26 se registraron descensos de entre el 3% y el 5%, y en las restantes, las reducciones de precios se situaron entre el 0% y el 3%.
Durante el año pasado, la vivienda nueva se abarató en todas las comunidades. Las mayores caídas se concentraron en Madrid (-7,7%), Cataluña (-6,3%) y Comunidad Valenciana (-5,5%). Los menores descensos, por su parte, los obtuvieron Asturias (-2,1%), Baleares (-2,6%) y Canarias (-2,8%).

http://web.st-tasacion.es/html/menu6_2_ccaa-2009.php

lunes, 28 de diciembre de 2009

Los PGOU tardan más tiempo en elaborarse que el que duran en vigor. (ELPAIS)

Sólo siete de las 28 principales ciudades han adaptado su plan a la ley de 2003

DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 27/12/2009

A punto de cumplirse siete años desde que entró en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el 20 de enero de 2003, la inmensa mayoría de los ayuntamientos no han logrado elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) adaptado a la normativa, pese a que ésta fijó un plazo de cuatro años para ello.

Las dos terceras partes de los municipios siguen sin adaptar sus planes.

Los municipios emplean una media de 12,3 años en tramitar sus planes.

La Cámara de Cuentas recomienda acelerar los informes sectoriales.

Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de poner de manifiesto que los procedimientos de revisión y adaptación del planeamiento urbanístico resultan muy "complejos y laboriosos" y que el cumplimiento de todos los trámites previstos "se prolonga excesivamente en el tiempo", de tal manera que concluye que "los planes generales están más tiempo redactándose y revisándose que en ejecución".

Del análisis de los 28 municipios mayores de 50.000 habitantes, objeto de la fiscalización, se concluye que la media que emplean en elaborar un plan desde que se produce el acuerdo de pleno de inicio del procedimiento de revisión hasta que se obtiene la aprobación definitiva, se tarda una media de 12 años y tres meses.

Una de las consecuencias de este laborioso procedimiento y de los retrasos en la tramitación es que los planes de ordenación urbana son por lo general "bastante antiguos". La mitad de los planes en vigor tienen entre nueve y 18 años, y un 27% supera los 18 años de antigüedad. Resultan especialmente llamativos los casos de Marbella y La Línea, que además de tener en común haber sido gobernados por el Grupo Independiente Liberal (GIL) tienen el planeamiento urbanístico más antiguo de Andalucía, aprobados hace 23 y 24 años, respectivamente.

El caso de La Línea resulta paradigmático de la lentitud de los procedimientos de planeamiento, y es que en noviembre de 1999 el pleno municipal aprobó un documento de avance de un nuevo PGOU. Tres años más tarde, en diciembre de 2002, realizó la aprobación inicial, pero al cabo de siete años no ha sometido aún el documento a aprobación provisional.

Apenas el 23% de los planes en vigor no supera los nueve años y están por tanto dentro del periodo con el que suelen manejarse las previsiones y proyecciones en la planificación urbanística.

Sólo cuatro de los 28 municipios principales han completado un proceso de adaptación plena de su planeamiento a la LOUA: Sevilla, El Ejido, Jerez y Roquetas. Estos dos últimos se aprobaron definitivamente una vez acabado el trabajo de campo de los auditores, motivo por el que figuran en la tabla adjunta, en la que se detalla el estado de la tramitación de los planes en los municipios que aún no han concluido el proceso.

Hay otros tres municipios que tienen adaptados sus planes porque los elaboraron durante el tiempo de aprobación de la ley, por lo que aunque se rigieron por el procedimiento antiguo, si adaptaron las determinaciones sobre usos de suelo a la LOUA. Se trata de Chiclana, Motril y Benalmádena.

Aún quedan 21 ayuntamientos que están inmersos en el procedimiento de revisión de sus planes, pero que no han logrado concluirlos. De ellos 10 se han acogido a la fórmula de la adaptación parcial que la Junta habilitó mediante decreto en enero de 2008 al objeto de favorecer la disposición de suelo para VPO. Se trata de un procedimiento rápido para poner al día las determinaciones que afectan a la ordenación estructural; y no impide que los municipios que lo hagan tengan que completar una revisión completa de su planeamiento.

Los ayuntamientos que se han inclinado por esta fórmula intermedia son Córdoba, Granada, Jaén, Algeciras, La Línea, El Puerto de Santamaría, Linares, Vélez Málaga, Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas.

Pero toda la responsabilidad de los retrasos no son imputables a los municipios. La Cámara de Cuentas constata la tardanza con la que suelen emitirse los informes sectoriales preceptivos que dependen de otras administraciones, algunos de los cuales son vinculantes y recomienda reformar la legislación "con la finalidad de que no se dilaten en exceso los procedimientos". El informe recoge por ejemplo las alegaciones del Ayuntamiento de Fuengirola que se queja de que los informes de Carreteras y de impacto ambiental a la aprobación provisional han tardado 19 y 17 meses, respectivamente.

La Cámara admite también que en los retrasos en la tramitación de los planes ha influido "de manera decisiva" la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y de los planes subrregionales.

domingo, 15 de noviembre de 2009

Las hermanas pobres de la arquitectura (ELPAIS)

Edificios industriales y agrarios adquieren visibilidad en un nuevo registro andaluz.

El tiempo casi siempre juega en contra de la arquitectura contemporánea. La historia demuestra que los ciudadanos han sido más cicateros que generosos a la hora de reconocer los valores de un edificio proyectado por sus coetáneos. Esa falta de apego a la arquitectura de su tiempo, algo que no ocurre cuando el edificio tiene más de un siglo aunque se trate de una construcción sin interés, ha hecho que se derriben verdaderas joyas, especialmente edificaciones industriales y rurales a las que nadie ha dado la menor importancia. Un equipo de 45 profesionales ha peinado Andalucía durante cuatro años para encontrar y catalogar todas las construcciones del siglo XX que merecen un lugar en la Historia de la Arquitectura de la comunidad. El Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC) ha realizado un inventario con 1.111 registros. Sevilla, con 303 edificios, y Córdoba, con 218, son las provincias que encabezan la lista. Almería y Huelva, con 79 registros cada una, están a la cola.

"El desuso y el fin de los procesos productivos afecta, especialmente, a los edificios industriales. Si se trata de un inmueble todavía en uso no suele tener muchas alteraciones. La arquitectura industrial es un patrimonio vivo que no se valora lo suficiente y que ha sido la última en ser objeto de estudio. En cuanto a las viviendas, la mayoría se mantienen en uso con muchas alteraciones", comenta González.De los 1.111 edificios inventariados, separados en seis etapas cronológicas, el RAAC y el Servicio de Protección de la Dirección General de Bienes Culturales ha hecho una selección de 204 inmuebles, construidos entre 1900 y 1992, que están propuestos para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.La sorpresa ha sido que, junto a las muestras del conocido regionalismo de 1900 a 1929 -con ejemplos como la Facultad de Veterinaria de Córdoba, el antiguo Matadero Municipal de Sevilla o la Estación del Ferrocarril de Madrid, en Linares (Jaén)- o a las del Movimiento Moderno de 1930-1939 -como el Cine Torcal, de Antequera (Málaga), o la famosa casa Duclós que levantó en Sevilla José Luis Sert-, se han catalogado 90 edificios industriales y 27 explotaciones agrícolas. La protección que recibirán a partir de ahora es crucial para muchos de ellos, que actualmente están en desuso y en muy malas condiciones.

"Además de reconocer nuestro legado arquitectónico y difundirlo, a través de publicaciones y rutas culturales que se están realizando, lo importante del RAAC es que se ha elaborado un inventario pormenorizado de los 1.111 edificios incluidos que pasará a formar parte del Inventario de Bienes Reconocidos, una nueva figura creada por la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de 2007 que obliga a los ayuntamientos a incorporar esos bienes a sus catálogos municipales y que reciban así protección", explica Plácido González, arquitecto y miembro del Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). El proyecto, que se realizó entre 2004 y 2008, es un trabajo del IAPH en colaboración con el grupo de investigación Ciudad, Patrimonio y Arquitectura Contemporánea HUM666 de la Universidad de Sevilla. El equipo base lo han compuesto 33 arquitectos e historiadores del Arte repartidos en las ocho provincias andaluzas y ha estado coordinados, entre otros, por Víctor Pérez Escolano, arquitecto y director del HUM-666; Román Fernández Baca, director del IAPH, y Plácido González, que es también profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Sevilla.

En esta lista que recibirá más protección se encuentran la Azucarera de San Isidro, un ingenio de 1901 proyectado por Modesto Cendoya y Felipe Giménez Lacal, y la fábrica de ácidos sulfúricos y abonos de Atarfe, de 1920, ambas en Granada. El pabellón de la Central Térmica de Huelva, de 1958; las viviendas ultrabaratas que proyectaron los prestigiosos arquitectos José María García de Paredes y Rafael La-Hoz para Villaviciosa de Córdoba en 1953; el poblado de trabajadores de la Central Térmica de Puente Nuevo en Espiel (Córdoba), un proyecto de Fernando Moreno Barberá en 1963, y las bodegas Tío Pepe en Jerez (Cádiz), un conjunto de 1963 firmado por Fernando de la Cuadra y Eduardo Torroja, recibirán también más protección. Entre los 204 hay 22 edificios industriales.

En la lista general se encuentran construcciones de gran valor que están abandonadas y en peligro de derrumbe como la fábrica Hitemasa (Hilados y Tejidos) de Málaga, que proyectaron en 1958 el ingeniero Manuel María Valdés y el arquitecto Ramón Vázquez Molezún, y la Azucarera San Fernando y destilería Los Rosales, de Tocina (Sevilla), una nave de 1925 realizada por la firma de ingeniería francesa Fives Lille.

En el equipo de siete expertos que han asesorado en la elaboración del RAAC se encuentran Julián Sobrino, especialista en arquitectura industrial; Fernando Olmedo, coordinador del Inventario de Haciendas, Cortijos y Lagares de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, y Manuel Calzada, toda una autoridad en los poblados de colonización.

lunes, 2 de noviembre de 2009

El 23% de los centros comerciales aprobados por la Junta está sin abrir. (ELPAIS)

De las 62 grandes superficies autorizadas en 2008 y 2009 sólo funcionan tres.

El Ejecutivo ha obtenido 6,1 millones de euros desde 2003 por los permisos.

Una docena de las las 33 superficies licitadas en 2007 no ha arrancado aún.

No todas las superficies comerciales que obtienen el permiso autonómico llegan a abrir. De los 110 grandes establecimientos para los que la Junta otorgó licencia entre los años 2004 y 2007 hay 25 que no han comenzado a funcionar (22,7%), y ello pese a que los requisitos exigidos presuponen que se trata de proyectos viables y suficientemente maduros, y que normalmente el interés de los promotores es ponerlos en funcionamiento cuanto antes para rentabilizar sus inversiones. Parece más o menos lógico por el poco tiempo transcurrido que de las 32 grandes superficies autorizadas en el año 2008 sólo funcionen aún tres; pero más extraño resulta que sigan sin abrir seis establecimientos que lograron permiso en los años 2002 y 2005.

Detrás de esta circunstancia se esconde también la crisis económica, que ha forzado a numerosas cadenas a frenar su expansión, algo que es especialmente evidente en el caso de las autorizaciones más recientes. De los 33 grandes centros que obtuvieron la licencia autonómica en el año 2007, una docena de ellos no ha abierto aún al público. "Hay un problema creciente de comercialización, a los promotores de centros comerciales cada vez les es más difícil llenarlos, y ello además está muy ligado a la financiación, porque los bancos suelen condicionar la concesión de los créditos necesarios para la construcción a que haya un mínimo de ocupación garantizada", afirma Antonio Palma, de la consultora Geomarket, que trabaja con las principales cadenas nacionales de distribución. "Antes", explica "una franquicia prefería tener una tienda abierta en un gran centro, aunque no le diera beneficios, antes que dejar que se instalara la competencia, y por propia estrategia comercial, pero ahora ya no ocurre así".

Entre los 25 centros no abiertos que recibieron autorización entre 2004 y 2007, hay cuatro proyectos de la cadena Hipercor en Aljaraque (Huelva), Córdoba, Jerez de la Frontera y El Ejido. Un portavoz de la compañía ha explicado que se han ralentizado por causas diversas. El de Jerez, una ampliación del ya existente, está pendiente de diversos requisitos municipales, y el de El Ejido está previsto que se inaugure en la primavera de 2010. Este representante del grupo de El Corte Inglés también admite el importante frenazo a la comercialización de espacios comerciales que afecta al sector.

Hasta ahora, las superficies comerciales a partir de 2.500 metros cuadrados precisan de una licencia previa de la comunidad autónoma, cuya concesión requiere de un informe de la Comisión Andaluza de Comercio Interior (CACI), un órgano de 31 miembros en el que tienen representación distintos departamentos de la administración autonómica, asociaciones empresariales, de consumidores y usuarios, de amas de casa, sindicatos y ayuntamientos. La CACI nunca ha llegado a denegar una licencia comercial, porque normalmente cuando un proyecto llega a este organismo ya está previamente sometido a consultas y acuerdo entre los promotores y los distintos agentes. La licencia autonómica tiene una vigencia teórica de dos años, pero puede ser prorrogada a petición de los promotores si justifican la demora. Se estima que la Junta ha ingresado 6,1 millones de euros desde 2003 por la concesión de estas licencias.

Desde el año 2004, la CACI ha dado su visto bueno a la implantación de 172 grandes superficies comerciales, que suman algo más de dos millones de metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta. En lo que va de año, la Junta ha autorizado 30 establecimientos, sólo dos menos que en todo el ejercicio de 2008. De los 30 comercios aprobados este año aún no hay abierto ninguno y de los 32 autorizados el año pasado sólo funcionan tres, las ampliaciones de Bahía Sur en San Fernando y del hipermercado Alcampo en Linares, y un Mercadona en Montoro (Córdoba).

La mayoría de los 25 centros autorizados y no abiertos aún datan de 2007 (12 de un total de 21). En el año 2006 obtuvieron licencia 25 centros, de los que hay siete sin abrir. Son los Hipercor de Córdoba y El Ejido, un supermercado Eroski en Málaga, un Mercadona en Huelva, sendos centros multitiendas en Dos Hermanas y Garrucha, y un establecimiento de equipamiento de motor de 30.000 metros cuadrados otorgado a Salsa Inmobiliaria en Vélez Málaga. De las licencias otorgadas en 2005 (25) están sin abrir el parque comercial Cavaleri en San Juan de Aznalfarache, el Hipercor de Aljaraque y Cubica, un hipermercado especializado en el automóvil en Málaga. De 2004, ejercicio en el que se otorgaron 16 licencias, siguen cerrados el centro comercial promovido por Udramed en Algeciras, un establecimiento con hipermercado promovido por Fadesa en Ayamonte, y Verdecora, un espacio de casi 8.500 metros cuadrados especializado en jardinería y animales de compañía en Málaga.

El marco normativo va a sufrir una profunda modificación con la nueva ley que tramita actualmente el Parlamento Andaluz para adaptar la normativa autonómica a la Directiva Europea de Servicios, que persigue la eliminación de trabas burocráticas a la actividad económica. Cuando se apruebe le reforma, teóricamente antes del 29 de diciembre, ya no será necesaria la licencia previa autonómica y todos los permisos dependerán de los ayuntamientos, con una reducción de los trámites a sólo dos meses.