miércoles, 25 de marzo de 2009

San Juan Bosco revoluciona Fuente Olletas (SUR)

La escultura del sacerdote que se instalará en la nueva rotonda de la barriada enfrenta a salesianos y vecinos, partidarios de la estatua de una malagueña cogiendo agua de la fuente

PROPUESTA VECINAL
Cantarera en la fuente
Figura: Una mujer malagueña recogiendo agua de una fuente en unos cántaros.
Material: Bronce.
Altura: Dos metros.
Coste: De 30.000 a 50.000 euros, que el Ayuntamiento de Málaga se ha comprometido a pagar.
Ubicación: Escultora y Consistorio buscarán un sitio en el barrio.






PROPUESTA SALESIANA
San Juan Bosco
Figura: Aparece el sacerdote, fundador de la congregación salesiana, junto a un niño y una niña. A sus pies tiene una biznaga.
Material: Bronce.
Altura: Dos metros.
Coste: Unos 40.000 euros. Es una donación de la familia salesiana.
Ubicación: Se colocará en la nueva rotonda de Fuente Olletas.

La escultura que acogerá la nueva rotonda de la entrada de Fuente Olletas, huérfana hasta ahora de cualquier elemento ornamental salvo un par de palmeras, ha dividido al barrio. Y es que a esta plaza no le faltan pretendientes. La Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos propuso la colocación de una estatua de San Juan Bosco, figura que rechaza un sector importante de vecinos, partidarios de que una típica cantarera malagueña recuerde la gran fuente que dio nombre a la zona de Olletas. Finalmente, el Ayuntamiento ha decidido que el fundador de la congregación religiosa presida la glorieta, pero para intentar «encajar» las dos peticiones, Urbanismo ha propuesto buscar por el entorno otra ubicación para la obra de la malagueña Lourdes Martín Casares, vecina del barrio, algo que no ha satisfecho del todo a los vecinos.

«La concejala de Parques y Jardines, Teresa Porras, nos dijo que pensáramos en algo tradicional para adornar la rotonda, por eso se nos ocurrió la idea de una mujer cogiendo agua de la fuente con algunas ollas, que es lo que se hacía aquí antiguamente y lo que le dio nombre a la barriada». María Juana Castillo, vicepresidenta de la asociación de vecinos, no oculta su indignación con la actuación de los salesianos: «Cuando hicimos el proyecto, Porras nos dijo que no había dinero para llevarlo a cabo y que nos esperásemos a los presupuestos participativos y en ese tiempo los salesianos, sin consultarnos, presentaron su propuesta en Urbanismo. Nos han engañado como a chinos adueñándose de nuestra plaza», denuncia la representante vecinal, que insiste en que «no culpamos en absoluto al Ayuntamiento, pero vemos más lógico que la escultura de San Juan Bosco se sitúe en Capuchinos, cerca del colegio o en un lugar por donde pase la procesión, ya que esta plaza no forma parte del recorrido». En este sentido, Castillo apunta la posibilidad de que la imagen del sacerdote se instale en un pequeño jardín al final de Carrera de Capuchinos.
Cambio de ubicación
Desde la Agrupación de Antiguos Alumnos Salesianos, sin embargo, explican que, aunque en un primer momento pensaron en esa zona como posible ubicación de la escultura, antes de presentar su proyecto al Consistorio decidieron que la figura luciría mejor en la nueva rotonda. «Nos enteramos de que existía otro proyecto después de haber presentado el nuestro. No tenemos nada en contra de nadie», señala Diego Aragón, presidente del colectivo.

La escultura, realizada en bronce por el onubense Martín Lagares, mide dos metros y representa al sacerdote acompañado de un niño y una niña. «También aparecen elementos alusivos a Málaga, como una biznaga», apunta Aragón, que explica que la obra, donada a la ciudad «gracias a las aportaciones de la familia salesiana» ya está finalizada y está prevista su inauguración en la plaza de Fuente Olletas el próximo día 14 de mayo, coincidiendo con la celebración este año del primer centenario de la Asociación. Al acto acudirá el rector mayor de la congregación, Pascual Chaves.
La obra de la malagueña Lourdes Martín Casares, realizada en bronce y de dos metros de altura, muestra a una mujer subida sobre una peana recogiendo agua de la fuente. Esta escultura se exhibirá en otro punto de la barriada que tendrán que acordar la artista y el arquitecto municipal de Urbanismo, Javier Pérez de la Fuente según informó ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien rechazó entrar en polémica y llamó a buscar un encaje de las dos propuestas: «Los técnicos se han limitado a valorar un proyecto que recibieron y que han considerado que tiene gran valor emotivo para Málaga. No estamos en contra de la cantarera que plantean los vecinos. De todas formas, se buscará un lugar óptimo para realzar su valor artístico».

Más de 30.000 euros
A este respecto, Martín Casares plantea, entre otras, la posibilidad de adaptar la figura de la mujer, que tendrá un coste de entre 30.000 y 50.000 euros para el Ayuntamiento, a la antigua fuente de la plaza.

Respecto a las críticas recibidas por la decisión de Urbanismo, Díaz resaltó la importante vinculación del colegio salesiano con la barriada de Fuente Olletas: «Muchos vecinos, sus hijos y sus nietos han estudiado allí». Por su parte, Diego Aragón destacó el importante papel que la congregación religiosa ha jugado en Málaga, ya que, siguiendo la trayectoria de San Juan Bosco, siempre «se ha volcado con los más desfavorecidos y muy especialmente con la educación de los niños».

'Guerra' entre las constructoras por hacerse con las obras anticrisis (Málaga Hoy)

Los ayuntamientos de toda la provincia han notado un alto interés de las constructoras por presentarse a todos los proyectos · Hay ofertas realizadas incluso por autónomos· Han colaborado en esta información: Nuria Alonso, Desirée Bea y Mayte Cortés.
En Antequera están recibiendo ofertas por parte de constructoras que nunca antes habían trabajado para el Ayuntamiento o, directamente, los responsables municipales las desconocían. En Fuengirola o Mijas han notado un especial interés de las empresas en las pequeñas obras y a Rincón están llegando hasta autónomos que antes se dedicaban a reformas privadas y ahora quieren trabajar para el Consistorio. Todos quieren agarrarse al Plan Zapatero y del Plan Proteja para sobrevivir a la crisis.

Los proyectos anticrisis de los gobiernos autonómico y estatal, que pretenden crear unos 12.000 empleos en Málaga con una inversión de 320 millones de euros, han hecho que las constructoras locales y nacionales se hayan lanzado a la caza de las adjudicaciones presentando sus propuestas a una gran cantidad de proyectos de manera casi indiscriminada, según confirma el propio sector. "Esas obras son un gran incentivo para la construcción ya que significan la creación de nuevos puestos de trabajo" explica Alberto Fortún, director de Noriega en Arroyo de la Miel. El jefe de estudio de obras de la misma compañía, Manuel Torres Bueno, asegura que han presentado unas 30 ofertas a distintas proyectos ubicados en municipios de toda la provincia. En su caso, son los propios responsables de la empresa los que visitan los ayuntamientos y solicitan la documentación "lo antes posible", aunque también hay quien ha contratado una empresa externa que localiza los proyectos que mejor se adecuan a las posibilidades de la constructora.

La mayor parte de las obras que se deben hacer durante este año serán realizadas por empresas locales. Así, el 80% de los proyectos del Plan Zapatero serán realizados por firmas nerjeñas o en Antequera se ha negociado con las firmas antequeranas, a las que se invitó para que ejecuten diversos trabajos. En la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga lo ven algo "lógico". "Es normal que los ayuntamientos quieran trabajar con las empresas que ya conocen, que son las locales", aseguró Violeta Aragón, gerente de la entidad. Eso sí, pidió "ciertos límites" porque hay Consistorios que han valorado también que los parados que contraten las empresas para los proyectos procedan de las bolsas del propio pueblo, "pero hay que tener cuidado, porque si en cada pueblo sólo pueden trabajar sus propios parados la situación sería complicada", añadió Aragón.

En la ciudad de El Torcal el Ayuntamiento anunció una reunión con los empresarios interesados con la intención de explicarles los detalles de las inversiones "y se presentaron más de 40", según comentó ayer el teniente de alcalde antequerano, José Luis Ruiz Espejo. "También hay empresas nacionales que antes no se interesaban por pequeños proyectos y ahora sí que presentan sus ofertas", añade Ruiz Espejo, que dice que para alguna obra han recibido una veintena de solicitudes "algo inusual para Antequera". Igual piensa el alcalde accidental de Rincón de la Victoria, Salvador Domínguez, que cuenta como para la construcción del centro de salud de La Cala se han presentado hasta 40 empresas, "algo desorbitado", tal y como comentó Domínguez, quien reconoce que a los procesos selectivos "están muy concurridos". "Se presentan muchísimas empresas, algunas nunca antes se habían interesado por obra pública, pero es que además también vienen autónomos", subrayó.

Lo mismo indican en Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Vélez-Málaga o Mijas, donde incluso editan discos explicativos y numerosos trípticos para que los empresarios tengan toda la información accesible y directa para no demorar la presentación de sus ofertas.

Los cooperativistas desisten de construir la residencia Sol Dorado. Pizarra (La Opinión)

La cooperativa Sol Dorado constituida en Pizarra para levantar una residencia de mayores para más de 200 personas con asistencia especializada no se construirá.
El presidente, Rafael Rubio, anunció ayer su disolución por no poder más con la situación. "El Ayuntamiento nos exige ahora urbanizar la zona y no lo podemos hacer porque tendríamos que hacerlo antes y después de las obras porque se deteriorarán con los trabajos y no tenemos dinero suficiente", explica el presidente.
Además, según Rubio, el Consistorio pide una fianza de dos millones de euros para garantizar el buen estado final de la urbanización "y no lo podemos pagar". El complejo Sol Dorado ha estado un año paralizado tras el comienzo de las obras por la falta de documentación necesaria que le exigió el actual equipo de gobierno, aunque el proyecto obtuvo el visto bueno de la anterior corporación.
Los cooperativistas han invertido 55.000 euros y la única solución ahora es vender la promoción. "Estamos arruinados y no podemos poner más dinero del previsto en un principio", lamenta el presidente.

La Junta asegura que investigó las irregularidades de Alcaucín (La Opinión)

La Dirección General de Inspección responde a las acusaciones de los populares con detalles cronológicos de sus actuaciones. Creen que confunden expedientes

JOSE TORRES. MÁLAGA La respuesta de la Junta de Andalucía a las acusaciones del Partido Popular, en las que aseguraba que la Junta y el PSOE estaban al tanto de las irregularidades urbanísticas de Alcaucín, vino ayer a través de la Dirección General de Inspección de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, departamento que asegura haber impedido el desarrollo urbanístico de varias parcelas ubicadas en suelo no urbanizable en Alcaucín sobre las que existía una denuncia. Por ello asegura que el PP "confunde dos expedientes distintos".
Así, la Junta confirmaba que sí se tiene constancia de una denuncia sobre la posibilidad de que se fuesen a construir viviendas en suelo no urbanizable en septiembre de 2006, tras lo que se inició una investigación que desembocó, el 11 de diciembre, en un informe del Ayuntamiento de Alcaucín en el que se decía que en ese suelo no estaba prevista la ejecución de obras, sino la ampliación de la carretera de acceso a la localidad.
La Junta indica que en agosto de 2007 recibió una nueva comunicación del denunciante en la que se aseguraba que "existían nuevos indicios de la intención de construir viviendas", con lo que la Dirección General de Inspección retomó el expediente y pidió a la Policía Local de Alcaucín que se investigaran los hechos.
Posteriormente, el 22 de noviembre, se recibió un escrito del Defensor del Pueblo que informaba sobre la denuncia de este mismo particular. El 18 de marzo de 2008 se le volvió a enviar un escrito al Ayuntamiento de Alcaucín requiriendo el ejercicio de potestades de disciplina urbanística. Igualmente, se le pidió al Consistorio que remitiera las licencias otorgadas, referidas al movimiento de tierras y a la construcción de un muro de contención, con el objeto de las obras de ampliación de la carretera de acceso al municipio. El 16 de mayo, y siempre según la versión de la Junta de Andalucía, se realizó una visita de inspección por parte de la Consejería de Vivienda y el 23 de junio se le ordenó al Ayuntamiento que retirase la caseta de ventas, las banderolas, el cartel informativo y las grúas desmontadas. "En ningún momento se inician obras de construcción de viviendas en esa parcela, ni los 350 apartamentos que menciona el PP en su denuncia", añade la Consejería.
Tormenta política. Sin embargo, la noticia más sorprendente llegó cuando los socialistas señalaban a la actual concejala de Urbanismo de Torremolinos, María Isabel Llamas, como asesora jurídica del ex alcalde de Alcaucín, ahora detenido, durante los años que se investigan. Esta noticia era confirmada con un informe del secretario municipal del Ayuntamiento de Alcaucín, en el que se detallaban las fechas en las que Llamas trabajó como asesora y como funcionaria interina en este consistorio. A su vez, esta mujer es hija y hermana de dos de los detenidos en la operación ´Arcos´ por su presunta implicación en la trama y su relación con la empresa CROASA.

Rechazo unánime al traslado de los chiringuitos fuera de la arena (La Opinión)

Las diez localidades más populosas del litoral se oponen a un eventual traslado y ponen el acento en sus consecuencias económicas, especialmente para los empleados. Aseguran que carecen de espacio en los paseos marítimos y no pueden alojar allí los establecimientos

LUCAS MARTÍN. MÁLAGA La respuesta ha sido rápida y unánime. La totalidad de los municipios del litoral de la provincia, con independencia de su adscripción política, está en contra de la reubicación de los chiringuitos y exige flexibilidad en la aplicación de la Ley de Costas.
Las declaraciones del secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, que el pasado lunes apostó por el cumplimiento estricto de la normativa, no parecen haber conmovido a los ayuntamientos, ni siquiera a aquellos gobernados por el PSOE. Todos continúan defendiendo el mantenimiento de los establecimientos a pie de orilla y aluden a argumentos que van desde la tradición hasta la pérdida de puestos de trabajo y la incertidumbre laboral que, de acuerdo con su opinión, impera en el sector en estos momentos.
Uno de los puntos comunes a muchas localidades, en función de las declaraciones de sus representantes, es la falta de espacio en los paseos marítimos para albergar este tipo de construcciones. No obstante, también existen variantes. Tanto en el plano valorativo como en la situación particular del sector en cada municipio.
En el caso de Málaga, por ejemplo, la polémica únicamente afecta a los emplazados en las playas de Guadalmar, La Caleta y La Malagueta. El resto aún cuenta con autorización en vigencia, que se prolongará los próximos doce años. Según la edil del área, Teresa Porras, la aplicación de la ley no debería comportar problemas, ya que ha sido consensuada con Costas en lo que respecta a ajustes y ubicaciones. "Ellos dijeron dónde tienen que ir y estamos pendientes de que lo firmen desde el año 2004", señala.
Más difícil se plantea la situación en Torremolinos, donde la normativa se considera, en palabras de su alcalde, Pedro Fernández Montes, una auténtica "barbaridad" y "un nuevo ataque" a la Costa del Sol. El regidor asevera que la ley va en contra de los propios actos de la Administración, ya que los chiringuitos recibieron autorización después de la aprobación de la normativa.
Una opinión que, si bien se sitúa lejos de las impresiones de la oposición, comulga en la valoración global del asunto. El PSOE local incide en que la aplicación de la ley supondría la pérdida de cientos de empleos y precisa que fuera de la arena no queda sitio para futuros emplazamientos.

En desacuerdo. En Benalmádena, el Ayuntamiento también se alinea con los postulados de los empresarios de playas. Su alcalde, Javier Carnero, subraya que la norma no tiene en cuenta la idiosincrasia de este tipo de negocios, a pesar de que la localidad no cuenta con ningún chiringuito implicado en la controversia.
No muy lejos de allí, en Fuengirola, su alcaldesa, Esperanza Oña, expone una visión radicalmente opuesta a los planteamientos de Costas. Para la regidora, la reubicación de los chiringuitos se traduciría en la eliminación de los paseos marítimos y en consecuencias calamitosas para su economía.
Su homólogo más cercano, Antonio Sánchez, de Mijas, también respalda la causa de los chiringuitos y apuesta por una solución dialogada. En Marbella, donde el 98 por ciento de los establecimientos dispone de licencias caducadas, la opinión municipal se sitúa en las antípodas de la Administración. El concejal de Medio Ambiente, Antonio Espada, asevera que su corporación no está de acuerdo en la desaparición de los chiringuitos de la arena de las playas e insiste en que la ubicación fuera de ella es casi irrealizable.
Estepona, por su parte, mantiene una opinión similar a la de Marbella y recuerda que la normativa, si no se introducen modificaciones, supondrá la reubicación de 9 de sus 21 chiringuitos. En este caso, se agrega la peculiaridad del ´caso Astapa´, que paralizó la firma de los contratos de los establecimientos que ya estaban legalmente adjudicados.
En el litoral oriental de la provincia, tampoco se registran aplausos hacia la normativa. José Pérez, edil de Playas en Torrox, municipio que cuenta con nueve chiringuitos instalados en el paseo marítimo y once sobre la arena, asegura que se trata de una imposición que va en contra de los intereses turísticos. Nerja es la excepción, con apenas unas doce familias afectadas. En Rincón de la Victoria, su concejal, Rita Jordá, tilda la actitud de Costas de "radical" y defiende el diálogo, al igual que Antonio López, concejal de Vélez, también contrario al traslado.
Información de p. sánchez, n. andrade, f. extremera, m. albarral, c. fernández e i. guerrero

El Santander financiará al 100% los pisos rebajados (SUR)

Llega a un acuerdo con los promotores para conceder hipotecas a los inmuebles que cuesten un 20% menos

EFE. MADRID El Banco Santander se comprometió ayer a financiar el cien por cien del precio de las viviendas que vendan las promotoras y constructoras que son clientes suyos, siempre que apliquen descuentos de hasta el 20%, según un acuerdo firmado ayer con la Asociación de Promotores de España (APCE).
Según informaron ambas entidades en un comunicado, este convenio de colaboración persigue facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda y agilizar la salida al mercado del excedente de inmuebles que acumulan las inmobiliarias.
El Banco Santander se compromete también a gestionar con celeridad las solicitudes de subrogación de la hipoteca del promotor a los posibles compradores, según este acuerdo, del que se beneficiarán las más de 2.000 empresas adheridas a la APCE y en cuyas promociones haya intervenido como financiador el banco que preside Emilio Botín.
De esta forma, más de la mitad de las empresas asociadas a la APCE se podrán beneficiar de este acuerdo, por el que también llevarán a cabo actuaciones de información, asesoramiento, promoción y asistencia técnica para promover el desarrollo de las actividades financieras y del asesoramiento para las ventas de viviendas.
El director general y Responsable de la Red comercial en España del Banco Santander, Enrique García Candelas, explicó que el banco se compromete así a colaborar de forma más estrecha con los sectores productivos y, en concreto, con las inmobiliarias, "cuya actividad resulta básica para recuperar la senda del crecimiento y el empleo".
El presidente de la APCE, José Manuel Galindo, señaló que el acuerdo, además de contribuir a reactivar la actividad inmobiliaria, mejora las condiciones de accesibilidad de los ciudadanos a la vivienda, que no necesitarán hacer frente a la entrada y verán reducido su esfuerzo financiero.

El 'parking' Martínez Asteín es el mejor valorado del país. Ronda (SUR)

El informe del RACE concluye que los aparcamientos de la provincia son los que reservan más plazas a minusválidos

El informe ParkTEST, realizado tras auditar 32 recintos en siete localidades españolas (entre ellas grandes capitales como Barcelona, Madrid, Valencia o La Coruña), otorga el oro entre los 'parking' públicos de España al Martínez Asteín de Ronda, que ha obtenido el reconocimiento del mejor del país por parte del Real Automóvil Club de España (Race). En su caso, la organización de conductores destaca su equipamiento en seguridad, su vigilancia nocturna, la buena movilidad que ofrece a los vehículos o la disposición de carriles y pasos específicos para los peatones.
Por sus infraestructuras «modernas y limpias»; por su «buena iluminación», su «excelente accesibilidad», su número de plazas y por admitir todo tipo de pagos, el aparcamiento de calle Salitre, inaugurado el pasado año, ha merecido la medalla de plata en el podio de mejores 'parking' públicos de España que ha establecido el Real Automóvil Club de España.
Siete recintos auditivos
El citado estudio ParkTEST 2009 ha evaluado un total de siete parking municipales de la provincia: los dos ya referidos más los de Cervantes, San Juan de la Cruz, Cruz de Humilladero, El Palo y Carlos Haya. Todos ellos han recibido una nota media de 'satisfactorio' a excepción del de Ronda que logró un 'muy satisfactorio'.
Al respecto, el documento destaca en sus conclusiones que los estacionamientos públicos de Málaga son los que arrojan una media de calidad más alta de las ciudades analizadas.
Los precios (entre los más competitivos del país, con un coste de 1,75 euros la hora) y la reserva de plazas a minusválidos (con un ratio de 2,43%, el más elevado del informe) son otros de los capítulos en los que sobresalen los aparcamientos malagueños.
Iluminación insuficiente
Por contra, la iluminación es una de las asignaturas que reciben un 'necesita mejorar', unida a la falta de vigilancia física durante las noches en algunos recintos, como Cervantes, San Juan de la ruz o Cruz de Humilladero. Este último aparcamiento es además el que suma un menor número de plazas del informe, con un total de 85.
En el apartado de infraestructuras y servicios sobresale el caso de Salitre, el único que cuenta con protectores en las columnas de salida del estacionamiento para evitar desperfectos en el vehículo en la maniobra de canje y salida.

Millán fija para el mes que viene la aprobación provisional del PGOU. Antequera (SUR)

Villanueva de la Concepción revisará su planeamiento una vez que Antequera lo tenga aprobado definitivamente

«Creo ya poder confirmar que la próxima semana vendrá para acá el documento y que posiblemente vaya al pleno de abril». Con estas palabras se refería ayer el alcalde de Antequera, Ricardo Millán, al estado en el que se encuentra el Plan General de Ordenación Urbana al que se ha tenido que incorporar un estudio complementario de las avenidas en los últimos 500 años que solicitó la Agencia Andaluza del Agua para su aprobación provisional.
No obstante, el primer edil de la ciudad de El Torcal confesó que aún no había llegado al Ayuntamiento de Antequera el informe de Medio Ambiente, necesario para adaptar el documento a los requisitos de la Junta de Andalucía antes de llevar a pleno su aprobación provisional. «Está ya terminado, lo va a firmar la delegada de Medio Ambiente y llegará entre hoy y mañana -por ayer y hoy», aseguró el regidor en referencia al informe de Medio Ambiente, que «en principio se adapta a lo que hemos modificado para esta aprobación provisional».
Millán aseguró en este sentido que el Plan General de Ordenación Urbana tendrá el beneplácito de la Junta de Andalucía, ya que supuestamente tendrá las bendiciones de todas las consejerías.
Tras la aprobación provisional, que el alcalde pretende que sea en el pleno ordinario del 16 de abril o quizá en uno anterior extraordinario si están para ser aprobados los Presupuestos Municipales, el documento se expondrá al público para que quien lo desee pueda presentar alegaciones sobre las modificaciones realizadas al último documento aprobado inicialmente. El siguiente paso será trasladar el PGOU a las distintas consejerías de la Junta de Andalucía para que se pronuncien sobre la aprobación provisional y a la Comisión Provincial de Urbanismo, que a su vez remitirá el documento a la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía.
Vva de la Concepción.
Millán explicó que la Junta de Andalucía tiene cinco meses para pronunciarse sobre el documento, aunque calculó que en dos o tres meses podría estar aprobado definitivamente, ya que todos los detalles se están trabajando en coordinación con el Gobierno andaluz. Cabe recordar, que el PGOU de Antequera contempla el término del nuevo municipio malagueño: Villanueva de la Concepción, ya que hasta el pasado 17 de marzo todavía era una Entidad Local Autónoma dependiente de Antequera. Posiblemente, Villanueva de la Concepción esperará a la aprobación definitiva del documento para revisar independientemente su PGOU.

Se vende casa con torre vigía. Mijas (SUR)

Pretenden devolver al dominio público la almenara de Calahonda, que está en una propiedad privada. Se trata de unos trámites legales pero complicados

El patrimonio histórico de una localidad sirve para dar a conocer a las futuras generaciones la riqueza cultural de un pueblo y las vivencias pasadas que ha tenido. Pero de poco sirve si la historia se pone a la venta, como ocurre con la finca privada donde se encuentra la torre vigía de Calahorra, en Calahonda, donde cuelga desde hace meses el cartel de 'se vende'.
Con el ánimo de recuperar un edificio, que data del siglo XVI, el Ayuntamiento acordó instar a la Junta para que inicie los trámites para devolver al patrimonio común esta almenara, de forma troncocónica y que mide en su base 7,3 metros de diámetro por 10,2 de altura. Pese al interés, la actuación parece ser más complicada que un simple trámite, ya que, desde la Subdelegación de Gobierno central en Málaga advierten de que sería necesario instar directamente al Ministerio de Cultura o a través de la propia Consejería, ya que es el Gobierno quien tiene la potestad de ordenar la expropiación.
La actual situación del inmueble, catalogada por la Junta como Bien de Interés Cultural, la protege de cualquier recalificación o especulación urbanística aunque no ocurre así con el terreno colindante, ya que técnicamente no se sabe si el bien es de dominio público.
Valor histórico
Para la expropiación, desde el Ayuntamiento se insiste en que se quiere ejecutar esa petición «dado el valor histórico y etnológico de este edificio defensivo». En este sentido, la Corporación alude a que la almenara forma parte de un sistema utilizado para la alerta y defensa de la costa contra los ataques de los piratas de Berbería desde hace más de cuatro siglos. En concreto, la de Calahonda, al estar muy cerca de Marbella, servía para vigilar las caballerías procedentes del municipio vecino.
De las cuatro torres que existen a lo largo del litoral mijeño, la de Calahonda es la única que se encuentra en ese limbo legal, aunque desde la Subdelegación advierten que, en caso de obtener dicha calificación y que únicamente afectase al edificio, el propietario de la parcela donde se ubica tendría que ofrecer un derecho de paso que obliga a los interesados en visitar la edificación a recorrer parte de su propiedad para alcanzar la torre.
Dos de ellas, localizadas en la urbanización El Faro de Calaburras y Torrenueva, poseen la misma forma que la de Calahonda y el conocido 'torreón' de La Cala, es la mayor de las edificaciones, construida con forma de pezuña y compuesta por dos plantas y una azotea, y en él se encuentra actualmente el Centro de Interpretación de las Torres Vigías, un museo y punto de información turística que ofrece la historia detallada de estas edificaciones, su función en el pasado además de la historia sobre el desembarco del General Torrijos en las playas mijeñas.
Pese a que las gestiones no son fáciles de hacer ni tardará poco en ejecutarse, desde el Ayuntamiento existe un marcado interés por devolver al pueblo su patrimonio.

El 'parking' de Le Corbusier se queda en nada por los problemas de financiación. Benalmádena (SUR)

El Ayuntamiento renuncia al proyecto después de que ninguna empresa se haya interesado en su ejecución El agujero actual se cubrirá de tierra para que pueda ser usado como aparcamiento, aunque la intención municipal es crear en el futuro una plaza pública con zonas ajardinadas
El aparcamiento de 485 plazas en Le Corbusier no pasará de ser un proyecto, al menos a corto y medio plazo. Después de prácticamente un año de negociaciones sin fructificar para que alguna empresa se hiciera cargo de las obras, el Ayuntamiento ha decidido tirar la toalla a la espera de que lleguen tiempos mejores. De momento, ya han comenzado los trabajos para cubrir de tierra el enorme agujero que dejó la adjudicataria cuando en abril de 2008 rompió el contrato ante las dificultades del Consistorio para sufragar las obras, presupuestadas en 6,8 millones de euros durante el mandato de Enrique Bolín. Sin embargo, pocos avances se han producido desde que en marzo de 2007 el ex alcalde pusiera la primera piedra. «El anterior equipo de gobierno encargó las obras sin un estudio de viabilidad, sin financiación y sin informes sobre la idoneidad de su ubicación en esta zona; en definitiva, un desastre», aseguran fuentes municipales.
La imagen que presenta esta zona de Benalmádena Costa es desoladora. El agujero que preside el solar ha quedado convertido en una laguna debido al agua procedente de un arroyo, lo que unido a la acumulación de basura, ha provocado el malestar entre los vecinos.
Por ello, una vez aparcado el proyecto, se está procediendo a cubrir de tierra el 'cráter' para que, al menos, pueda servir para que vecinos y turistas puedan dejar estacionados sus vehículos en esta parcela ubicada entre las calles Le Corbusier, Torrealmádena, Transversal y Pasaje del Águila.
A partir de ahora se entra en una situación de punto muerto, ya que si bien en el Ayuntamiento de Benalmádena tienen en mente la creación de una plaza pública con zonas verdes y un parque infantil en la parcela, tampoco se descarta que, si finalmente alguna empresa se lanza, se pueda ejecutar el 'parking' subterráneo aprovechando los trabajos de pilotaje ya realizados y, posteriormente, acondicionar la superficie como zona de esparcimiento.
Contactos sin fructificar
Una posibilidad que se antoja remota, a tenor del escaso interés que hasta el momento ha despertado el aparcamiento en una zona donde la mayoría de los bloques de viviendas cuentan con garaje propio. De hecho, en los últimos meses el Ayuntamiento ha contactado con varias promotoras con la intención de retomar el proyecto; unas negociaciones que pasaban por que la nueva adjudicataria autofinanciara las obras a cambio de quedarse con los derechos de venta de las 485 plazas para coches y 25 para motocicletas, distribuidas en cuatro plantas subterráneas. En todas las reuniones, el resultado ha sido el mismo. Nada de nada.

La promotora del bloque sin licencia de Río Real deja la demolición sin terminar. Marbella (SUR)

Retiran la maquinaria que ejecutaba el derribo iniciado dos semanas atrás del inmueble de Naviro Inmobiliaria levantado en zona verde

Una semana. Es lo que ha durado a pie de obra la máquina utilizada para acometer el primer derribo de una obra ilegal en Marbella. El viernes pasado los trabajos se paralizaron, con la demolición a medio ejecutar, y esta semana la maquinaria ya no se encuentra en el lugar, según ha podido comprobar sobre el terreno este periódico.
El edificio, de tres plantas y 34 viviendas, ya ha dejado su esqueleto al descubierto, pero las obras están lejos de haber finalizado.
Fuentes municipales han confirmado a este periódico que esta paralización no estaba prevista en el acuerdo alcanzado con Naviro Inmobiliaria -la promotora del inmueble, propiedad del empresario José Ávila Rojas- que se había comprometido ante el Ayuntamiento a realizar los trabajos de demolición sin interrupciones, aunque sin que se fijara una fecha límite de finalización.
El propio Ávila Rojas, imputado en el 'caso Malaya' y responsable de numerosas obras ilegales construidas en Marbella, llegó a reclamar recientemente «reglas de juego legales» para las actividades inmobiliarias en la ciudad.
El edificio a medio demoler está ubicado en la zona de Golf Río Real, en las Chapas, y fue construido sobre suelo calificado como zona verde que en el futuro Plan General pasará a ser de equipamientos.
El bloque no estaba habitado ni tenía compradores.

Los vecinos ya pueden hacer obras en el casco tras seis años sin concederse licencias. Estepona (SUR)

El pleno aprueba de forma definitiva y por unanimidad el plan especial del centro histórico
Es una noticia esperada como agua de mayo por los vecinos. El Ayuntamiento de Estepona empezará ya a conceder licencias de obra para la remodelación y construcción de edificaciones ubicadas en el casco histórico del municipio. El pleno de la Corporación aprobó ayer por unanimidad el plan especial de protección de esta zona tras más de seis años desde que se inició la elaboración del documento. Un periodo en el que la ausencia de esta normativa impedía otorgar licencias de obra. De hecho, la restricción en la concesión de estos permisos ha ido acompañada de incumplimientos de la normativa y en los últimos años se han abierto más de una decena de expedientes sancionadores por acometer construcciones sin permiso.
El plan especial cuenta con todos los informes favorables de la Junta de Andalucía, según explicó el portavoz municipal del PSOE, Antonio Sánchez. La oposición coincidió en la necesidad de aprobar este documento. Por su parte, el concejal del PP Ignacio Mena solicitó al equipo de gobierno que utilice el plan especial para velar por el mantenimiento del casco histórico para mejorar la imagen de la ciudad e impulsar de esta forma el turismo de calidad. El portavoz del PES, José Ignacio Crespo, manifestó su deseo de que esta medida genere empleo en el municipio.
La elaboración del plan especial de protección del casco antiguo de Estepona se puso en funcionamiento en 2002 y su aprobación provisional por parte del Consistorio se realizó en 2006. Durante este periodo y hasta el inicio del último mandato, las administraciones regional y local han mantenido discrepancias sobre la protección que había que otorgar a los elementos urbanos.
El plan del casco histórico pondrá además en valor el núcleo urbano y sus edificaciones tradicionales. El municipio ha sido tradicionalmente un núcleo de edificaciones populares con un tipismo propio de los cascos urbanos andaluces. El documento de protección contempla una zona arqueológica, ubicada sobre todo en las proximidades del Ayuntamiento, que integrará los vestigios de valor del patrimonio histórico urbano.
Las ruinas de la muralla del castillo, la torre del Reloj y la iglesia de los Remedios son los monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) que forman parte del catálogo de edificios que están protegidos dentro del plan. Los dos primeros elementos datan del siglo XVI, mientras que el inicio de la construcción del templo religioso se fija en los primeros años del siglo XVIII.
Inmuebles protegidos
El texto se completa además con un listado de inmuebles que estarán dentro de esta conservación. Así, tendrán una protección ambiental a la fachada y el entorno de unas 40 viviendas (la mayoría de ellas se encuentran deshabitadas), representativas del pasado histórico esteponero.
Estos inmuebles se edificaron en la década de los cuarenta y se encuentran situados en los alrededores de la Casa Consistorial. Estas edificaciones antiguas seguirán conviviendo con los proyectos futuros de urbanización. De hecho, la protección que establece este documento obligará a realizar catas arqueológicas cuando se efectúen movimientos de tierra para iniciar proyectos urbanos en esta zona.

La Junta sostiene que investigó las denuncias en Alcaucín y evitó que se construyera (SUR)

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía salió ayer al paso de las acusaciones del PP en las que criticó su falta de diligencia en la actuación sobre lo que ocurría con el urbanismo en Alcaucín. En una nota informativa, sostuvo que investigó las denuncias, y que con su proceder ha impedido la construcción de viviendas en varias parcelas situadas en suelo no urbanizable en esa localidad.
Este departamento del Gobierno regional hace un recorrido pormenorizado desde que en septiembre de 2006 recibe la denuncia de un particular sobre la construcción en un suelo no urbanizable. Así, enumera los pasos que sigue hasta que trasladó las diligencias ante el Ministerio Fiscal, entre ellas, los requerimientos -hasta tres- al Ayuntamiento de Alcaucín realizados por la Dirección General de Inspección para que revisara de oficio las licencias otorgadas de movimiento de tierras y de un muro de contención.
«Como queda de manifiesto, la denuncia no se archiva en ningún momento», indicó Vivienda y Ordenación del Territorio en una nota en la que acusó al PP de confundir dos expedientes.
Explicaciones al PP
Por su parte, la dirección del PSOE respondió al PP atacando. Así, aseguró que la actual concejala de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Torremolinos, María Isabel Llamas, fue asesora jurídica durante tres años del ex alcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, detenido en el marco de la 'operación Arcos'.
Según el PP, esta edila, cuyo padre y hermana fueron detenidos dentro de esa operación por su presunta implicación en la trama y su relación con la empresa Crocasa, trabajó para el Ayuntamiento de Alcaucín desde el 15 de abril de 2004 hasta el 10 de mayo de 2007, primero como asesora jurídica y después como funcionaria interina, técnica de la Administración General, en la categoría de asesor jurídico.
«Lo anterior demuestra que el PP oculta a la opinión pública que conocía perfectamente la situación del Ayuntamiento, ya que Llamas tenía información por trabajar en el mismo», incidió el PSOE. Además, lamentaron que «el PP intente implicar al PSOE, cuando realmente quienes tenían conocimiento de primera mano eran ellos mismos», según un comunicado.

El Ayuntamiento apuntala la fachada de un edificio del Centro por riesgo de desplome (SUR)

El inmueble, ubicado en la calle Tomás de Cózar, iba a albergar apartamentos Anulan un proyecto de baños árabes

La situación de abandono de algunas calles del Centro Histórico sigue deparando situaciones extremas que ofrecen un mal diagnóstico del corazón de la ciudad, como ya detalló este periódico en su edición del pasado domingo, en un recorrido por los edificios declarados en ruina. Una de las vías con un mayor nivel de degradación es la calle Tomás de Cózar. Varios proyectos promovidos por empresas privadas estaban pendientes desde hace dos años para sacar a esta calle de la situación de dejadez en la que se encuentra, pese a estar situada a pocos metros del Museo Picasso. Sin embargo, las actuaciones no se han materializado finalmente y el Consistorio se ha visto obligado a tomar medidas para, al menos, mantener algunas de las pocas fachadas que quedan en pie en la zona, que fue objetivo de un estudio, junto con la calle Beatas, para planificar su recuperación.
Ayer se hizo pública una orden de Urbanismo para actuar de manera subsidiaria en el número 29 de Tomás de Cózar. La actuación consiste en colocar un andamio para estabilizar lo que queda del edificio, tabicarlo e instalar una marquesina frente a la fachada por motivos de seguridad. Para esta casa estaba previsto un proyecto de reforma con el fin de habilitar 11 apartamentos en ella. Estaba promovido por Ábaco Promociones Inmobiliarias de Estepona.
Fuentes de Urbanismo comentaron que la empresa se ha desentendido de las órdenes que le han llegado para garantizar el mantenimiento del inmueble, cuya fachada está protegida al contener restos de pinturas murales. Además, ante la dificultad para notificarle estas órdenes de ejecución de medidas provisionales de conservación, ha optado por emprenderlas de manera subsidiaria. El andamio se colocará en los próximos días, según anunciaron. En cuanto al proyecto de apartamentos, indicaron que está parado.
En la misma situación se encuentran los baños árabes que la empresa Aire de Sevilla iba a realizar en otras parcelas de la calle. Su responsable, Armando Prados, argumentó que se han cansado después de no haber obtenido los permisos para las obras tras dos años de trámites. «La burocracia del Ayuntamiento nos ha llevado a la desesperación y a prácticamente tener que abandonar el proyecto», aseguró Prados, quien agregó que ya han puesto sus ojos en otras ciudades, como Valencia o Lisboa, para llevarlo a cabo. Ahora, su solar está en venta.

Los conductores sitúan el 'parking' de Salitre entre los mejores de España (SUR)

El de Martínez Asteín de Ronda es el más valorado del país El informe del RACE concluye que los aparcamientos de la provincia son los que reservan más plazas a minusválidos

Por sus infraestructuras «modernas y limpias». Por su «buena iluminación», su «excelente accesibilidad», su número de plazas y por admitir todo tipo de pagos. Gracias a este currículum, avalado por El Real Automóvil Club de España (RACE), el aparcamiento de la calle Salitre, inaugurado el pasado año, ha merecido la medalla de plata en el podio de mejores 'parking' públicos de España.
El informe ParkTEST, realizado tras auditar 32 recintos en siete localidades españolas (entre ellas grandes capitales como Barcelona, Madrid, Valencia o La Coruña), otorga el oro al Martínez Asteín de Ronda, que ha obtenido el reconocimiento del RACE como mejor del país. En su caso, la organización de conductores destaca su equipamiento en seguridad, su vigilancia nocturna, la buena movilidad que ofrece a los vehículos o la disposición de carriles y pasos específicos para los peatones.
Siete recintos auditados
El citado estudio ParkTEST 2009 ha evaluado un total de siete edificios municipales de la provincia: los dos ya referidos más los de Cervantes, San Juan de la Cruz, Cruz del Humilladero, El Palo y Carlos Haya. Todos ellos han recibido una nota media de 'satisfactorio' a excepción del de Ronda, que logró un 'muy satisfactorio'.
Al respecto, el documento destaca en sus conclusiones que los estacionamientos públicos de Málaga son los que arrojan una media de calidad más alta de las ciudades analizadas.
Los precios (entre los más competitivos del país, con un coste de 1,75 euros la hora) y la reserva de plazas a minusválidos (con un ratio de 2,43%, el más elevado del informe) son otros de los capítulos en los que sobresalen los aparcamientos malagueños.
Iluminación insuficiente
Por contra, la iluminación es una de las asignaturas que reciben un 'necesita mejorar', unida a la falta de vigilancia física durante las noches en algunos recintos, como Cervantes, San Juan de la Cruz o Cruz del Humilladero. Este último aparcamiento es además el que suma un menor número de plazas del informe, con un total de 85.
En el apartado de infraestructuras y servicios llama la atención el caso de Salitre, el único que cuenta con protectores en las columnas de salida del estacionamiento para evitar desperfectos en el vehículo en la maniobra de salida.

La saturación del litoral impide reubicar los chiringuitos fuera de la arena (SUR)

La escasez de espacio por la proximidad de edificios hace imposible el traslado en casi toda la línea costera La ley prevé que cuando sea inviable el desplazamiento de estos negocios se queden donde están

La realidad es tozuda. Más allá de los dictados de la Ley de Costas, el litoral malagueño es el que es. La aglomeración urbanística llega en numerosas ocasiones casi hasta el pie mismo del paseo marítimo, con la frontera que marca la carretera nacional 340. Los paseos marítimos se limitan en muchos puntos a una estrecha avenida peatonal, atrapada entre la propia playa y la calzada, en la que sería imposible reubicar un chiringuito, por más que se quieran limitar sus dimensiones.
Pero además, el reglamento general de la Ley de Costas, de diciembre de 1989, que desarrolla la norma, en su artículo 60 permite la ocupación del dominio publico marítimo-terrestre -cien metros medidos desde la ribera del mar- «para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación» (artículo 32.1 de la Ley de Costas).
En su apartado B, cita textualmente que las instalaciones a que se refiere el punto anterior son «las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio».
Estos son, junto con la singularidad turística, los principales argumentos de los empresarios de playas, los ayuntamientos y de partidos como el PSOE y el PP ante la exigencia de un traslado de estas instalaciones a los paseos marítimos, posición que mantiene el Ministerio de Medio Ambiente, y que quedó patente de nuevo el lunes, tras la visita a Málaga del secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro.
Espacio saturado
Un breve recorrido por las playas de La Malagueta y La Caleta, en la capital, ilustra esta circunstancia. Los paseos marítimos Pablo Ruiz Picasso y Ciudad de Melilla tienen apenas unos metros de anchura, y están limitados por edificaciones como la residencia militar y el Club Mediterráneo; o, directamente, por la carretera, en la zona más cercana al palacio Miramar. En este espacio existen una decena de negocios que no tendrían posibilidades de reubicación en caso de que se prohibiera su permanencia sobre la arena. La incertidumbre y la carencia de concesiones bloquea la reforma de estos negocios, que se encuentran en una situación precaria.
Se produce además un agravio comparativo, puesto que en el mismo término municipal los negocios de La Misericordia están completamente renovados y tienen sus papeles en regla.
En el resto de la provincia la situación no es muy diferente. Sacar de la arena a los chiringuitos de Marbella, como pretende Medio Ambiente, es misión imposible. No queda ni un metro cuadrado sin urbanizar, sin mencionar la masificación del paseo marítimo. Las zonas de mayor concentración serían precisamente los paseos marítimos de Marbella y San Pedro Alcántara. En el primero, el mayor número se concentra desde el centro hasta la Milla de Oro, y de allí hasta Cabopino, donde las viviendas están construidas prácticamente en primera línea de playa.
A partir del núcleo urbano de Las Chapas hay menos establecimientos asentados en la arena pero la posibilidad de retroceder también es complicada. Habría que recurrir a la expropiación. Antonio Espada, concejal de Medio Ambiente, defendió ayer la situación en la que se encuentran los 61 establecimientos de este tipo que existen en el litoral marbellí, 33 de ellos ubicados en dominio público marítimo-terrestre, once pendientes de su incorporación -amparados por una disposición transitoria de la nueva Ley de Costas- y otros 17 en terreno municipal. A su juicio, el traslado sería un «disparate».
Trabas legales
De igual modo, salir de la zona de dominio público es una misión casi imposible en Estepona, que cuenta con 31 chiringuitos. La falta de espacio en los paseos marítimos, unida a la proliferación de construcciones casi en primera línea de playa dificulta la reubicación de estos establecimientos. Los problemas se acentúan para los situados en la playa de La Rada, junto al casco histórico, donde el paseo marítimo apenas tiene superficie.
De hecho, el acuerdo inicial de Costas con el Ayuntamiento contemplaba crear plataformas elevadas y adosadas al paseo marítimo para poder acoger a estos establecimientos. Sin embargo, el 'caso Astapa' dejó en punto muerto este proceso, que según el fiscal, se produjo de forma irregular. Casi un año después de que se iniciara la operación contra la presunta corrupción, el Ayuntamiento va a retomar el concurso para adjudicar las cinco instalaciones que todavía no tenían concesionario o que sus adjudicatarios no formalizaron el contrato con el Consistorio.
La problemática tampoco escapa a los municipios de la Costa occidental. En Benalmádena, la salida de los chiringuitos de la arena resulta una tarea compleja dado el escaso margen de maniobra que dejan las construcciones colindantes al paseo marítimo y la N-340.
Más complicado aún sería en Fuengirola, un municipio donde precisamente no sobra el espacio, como lo ponen de manifiesto los reparos que Costas está poniendo a la renovación de la zona de Carvajal, donde la recuperación del dominio público que plantean obligaría a demoler parte de las propiedades de una quincena de comunidades y de un hotel.
Una situación similar se da en Torremolinos, donde precisamente ahora se está llevando a cabo una remodelación del paseo marítimo a la altura del Bajondillo. Donde se verían menos establecimientos afectados es en Mijas, si bien la anchura del paseo marítimo de La Cala tampoco daría mucho juego.
Ya en la Axarquía, en puntos como Torre del Mar, donde existen una veintena, la mayoría está en la arena, aunque algunos se ubican sobre el paseo marítimo, que tiene más de cincuenta metros de ancho, por lo que es uno de los pocos de la provincia que tendría espacio para dar cabida a estos servicios.
En Rincón de la Victoria hay media docena de chiringuitos en la arena, y unos quince en Torre de Benagalbón. En ambos núcleos resulta imposible la reubicación, debido a la saturación de construcciones en la franja litoral y a la ausencia de un paseo marítimo, en el caso de Torre de Benagalbón. Los de Burriana, en Nerja, están en parcelas municipales, fuera del dominio público.
Muy diferente es el caso de Torrox, que, junto a dos de Estepona, son los únicos establecimientos -de un total de 400- que ya están realojados en el paseo marítimo, por los graves daños que sufre la playa de Ferrara después de cada temporal.
Sin embargo, en los núcleos costeros torroxeños de El Morche y El Peñoncillo hay una decena de instalaciones en el dominio público, que tendrían una difícil reubicación por estar muy próximos a la antigua N-340.
Como se ve, en la mayoría de los casos es imposible localizar en la costa malagueña una ubicación alternativa a los chiringuitos que no sea la propia arena