lunes, 8 de junio de 2009

El Ayuntamiento se hace con subsuelo frente a la estación para un futuro intercambiador. Málaga (SUR)

El vestíbulo soterrado que conectaría metro, AVE y cercanías abarcaría los dos pabellones gemelos y el actual vial de acceso.
El antiguo edificio del Centro de Exposiciones Sur albergará oficinas de operadores de transporte ferroviario y del metro.

El Ayuntamiento se hace con subsuelo frente a la estación para un futuro intercambiador
El intercambiador ocupará el subsuelo de los antiguos pabellones. / ANTONIO SALAS
El proyecto del Ayuntamiento para crear un intercambiador de transportes bajo la explanada de la Estación avanza un paso más gracias a una modificación del plan urbanístico de Renfe que tramita la Gerencia Municipal de Urbanismo. Este expediente contempla el acuerdo entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, y el Consistorio para que éste pueda ocupar el subsuelo de la fachada principal de la estación María Zambrano. En concreto, del vial principal de acceso, en el que se encuentran los taxis, y de los dos antiguos pabellones gemelos que quedan en pie.
En la anterior ordenación del plan de Renfe, el equipo de gobierno municipal había marcado estos inmuebles -cubiertos con lonas de plástico desde que se inauguró la nueva estación- como de su propiedad, lo que impide al Adif poder llevar a cabo su rehabilitación. Con la modificación del plan, los pabellones vuelven a manos del gestor ferroviario, que los dedicará a un uso institucional.

No obstante, la mayor parte de su planta baja se reservará para lo que serán los accesos al futuro intercambiador de transportes previsto por el Ayuntamiento. Así, se dejará sitio para unas escaleras mecánicas y para un ascensor.

En total, el Adif cede a la ciudad 4.803 metros cuadrados de subsuelo junto a la fachada principal de la estación ferroviaria para el intercambiador, una actuación que plantea crear una estación de autobuses soterrada con el objetivo de comunicar este modo de transporte con el AVE, las líneas de cercanías y el metro.

Reposición
Según el expediente que tramita Urbanismo, el Consistorio queda comprometido a reponer todos los elementos de la superficie frente a la estación, tal y como está ahora, una vez que realice la obra del intercambiador subterráneo, durante la que deberán mantenerse accesos provisionales al recinto que garanticen la misma operatividad de los actuales.
En cuanto a los dos antiguos pabellones, según fuentes consultadas, no está claro si será posible mantenerlos en pie durante los trabajos del intercambiador o si, por el contrario, habrá que demolerlos y reconstruirlos de nuevo. En cualquier caso, la modificación del plan de Renfe obliga al Ayuntamiento a correr con los costes de la operación de tal forma que los edificios queden en el mismo estado en que se encontraban, una vez que concluyan las obras de la estación soterrada de autobuses.

Por otro lado, los cambios en el plan urbanístico de Renfe contemplan la rehabilitación del Centro de Exposiciones Sur -antigua nave de locomotoras- con el fin de darle un uso terciario o de oficinas. En concreto, según las fuentes, podrá albergar oficinas de operadores de transporte ferroviario, del Consorcio de Transportes y de la administración del metro. No obstante, el trazado de la línea del suburbano que discurre junto a este inmueble obligará a derribar una parte de su estructura.

Este edificio contará con un total de 123 plazas de aparcamiento, que quedarán comunicadas con el actual estacionamiento del complejo comercial de la estación María Zambrano bajo una zona peatonal de unos 2.500 metros cuadrados que se destina a uso público.

Ambas zonas de 'parking' dispondrán de un nuevo acceso a través de un nuevo vial desde la calle Eguiluz para el que también se reserva el espacio necesario.

Un diseño de cuatro sótanos para albergar 72 dársenas. Málaga (SUR)

El proyecto municipal de intercambiador de transportes bajo la explanada de la Estación y la entrada al complejo María Zambrano supondrá la creación de una estación de autobuses bajo tierra que permitirá ampliar las 39 dársenas de la actual, en el Paseo de los Tilos, a un total de 72 distribuidas en cuatro plantas de sótano, de las que la primera de ellas -con una superficie de casi 12.000 metros cuadrados- se destinará a uso peatonal, a modo de gran vestíbulo conectado con las estaciones del metro, cercanías y AVE.

La entrada de los autobuses al intercambiador, que supondrá liberar el actual espacio que ocupa la estación para otros usos, se realizará a través de tres túneles. Uno de ellos irá en la zona norte y se situará bajo el Paseo de los Tilos. Será de entrada y de salida y tendrá una longitud total de 150 metros. Otro túnel de entrada vendrá desde la calle Ingeniero José María Garnica y el tercero, de salida, se situará bajo la calle Héroe de Sostoa.

50.000 viajeros
El Consistorio calcula que el intercambiador puede ser empleado por unos 50.000 viajeros cada día, lo que supone unos 15 millones al año. El coste de esta infraestructura se ha cifrado inicialmente en 81 millones de euros. El equipo de gobierno municipal la incluyó inicialmente en el paquete de proyectos que se remitieron a la Junta de Andalucía con el fin de recabar fondos europeos que ésta gestiona para financiarla en parte. Sin embargo, no se llegó a recoger en el listado de la veintena de actuaciones que se priorizaron para la obtención de los citados fondos, cuya liberación ha sido finalmente denegada por el Gobierno andaluz.

Según fuentes consultadas, el Consistorio no descarta que sea una sociedad privada la que construya y explote el intercambiador, como sucede en otras grandes capitales españolas.

El Ayuntamiento proyecta la construcción de nuevos parques en cuatro zonas. Marbella (SUR)

El Ayuntamiento de Marbella, a través del área de Parques y Jardines, proyecta la construcción de nuevos recintos públicos en Las Chapas, La Campana, la avenida del Rocío de San Pedro y Arroyo Primero. El concejal delegado, Pablo Moro, explicó que la iniciativa en cuestión «tan sólo está a la espera» de que se abran nuevas vías de financiación para que comience a ejecutarse. «El Ayuntamiento trabaja para que en el momento en que el proyecto se pueda encajar presupuestariamente, esté listo para su ejecución», valoró el concejal. Moro repasó lo hecho en materia de parques y jardines desde que arrancó la legislatura. En este sentido, se refirió al nuevo recinto de Fuente Nueva «y en la actualidad se está construyendo otro también en la avenida Oriental de San Pedro». No menos importancia tienen, a juicio del delegado municipal, las remodelaciones integrales en los parques del Arquillo, Plaza de Toros y en el Lago de las Tortugas de Nueva Andalucía.

El Consistorio cede parcelas para la construcción de un parque litoral. Casares (SUR)

El Ayuntamiento de Casares aprobó por unanimidad en pleno una propuesta de convenio con la Demarcación de Costas para la cesión de dos parcelas municipales para la construcción de un parque litoral. Los terrenos suman más de 11.000 metros cuadrados y están ubicados junto al arroyo La Jordana y al borde de la urbanización Casares del Mar, junto a la playa de Piedra Paloma. En la sesión también se dio el visto bueno para la realización de un inventario de las viviendas construidas en zonas rurales. Para ello, los inspectores de la Junta de Andalucía se desplazarán a Casares para apoyar a los servicios de la delegación municipal de Urbanismo.

Marbella tardará 20 años en ver revisadas las licencias ilegales. (LAOPINION)

El Consejo Consultivo resolvió 65 expedientes urbanísticos de toda la comunidad en 2008. Sólo Marbella concentra 994 permisos irregulares pendientes de dictamen

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Marbella es ya un ejemplo de legalidad para el Consejo Consultivo de Andalucía, el máximo órgano de consulta jurídica para las administraciones públicas de la comunidad autónoma. No todos opinan lo mismo. El grupo Ecologistas en Acción calcula que la ciudad quizá lo sea dentro de más de 20 años, fecha para la que se habrán revisado los 994 expedientes de obras ilegales autorizadas durante el mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL):
El Consejo resolvió 771 asuntos de diversa índole de los 808 planteados por instituciones en 2008, tal y como figura en su memoria anual. Es decir, dos al día. De todos ellos, 65 pertenecían a materia urbanística, "el 8,4% del total que le quedan por revisar tan solo a una localidad andaluza, Marbella", indicó.

Espacio. Este ritmo le preocupa al grupo ecologista. Con esta gestión, "solo hay espacio para la preocupación de los ciudadanos normales y la tranquilidad de los corruptos", indicó el portavoz de este colectivo en la localidad costera, Rafael Ávila. Aunque no son simplemente los datos los que considera alarmantes.
Las afirmaciones del presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Buesa, suponen un auténtico "balón de oxígeno" para todas aquellas personas que estén imputadas por un delito urbanístico, añadió.
Cano Buesa celebró la pasada semana con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de testigo el "retorno" a la legalidad de Marbella y Estepona, ciudades que han protagonizado los casos de corrupción mas escandalosos de España e incluso de Europa.
Para ello, se basó en la importancia de la revisión de las licencias concedidas por los gobiernos que permanecen aún bajo sospecha y pendientes de juicio. "Si van contra la Ley, estos permisos son nulos de pleno derecho", afirmó. Sin embargo, no tuvo en cuenta que el Ayuntamiento marbellí se ha limitado a trasladar al órgano jurídico que preside tan solo un centenar de expedientes en dos años. "Su mayor parte en nada tiene que ver con asuntos urbanísticos", concretó Ávila.
No obstante, éstas no son las declaraciones mas "sorprendentes", de acuerdo con los ecologistas. El titular del Consejo Consultivo de Andalucía llegó a considerar que el buen y regular funcionamiento de las administraciones públicas es mucho mas un problema de conocimiento que de mala fe. Una afirmación realizada en el año en que mas alcaldes, concejales y técnicos presuntamente corruptos han sido investigados y puestos a disposición de la justicia. "Cuanto menos es un ejemplo de peligrosa ingenuidad", advirtió el portavoz de la asociación de defensa de la naturaleza.
Nada que ver con la actitud de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que manifestó su alegría por las declaraciones de Cano Buesa. "Son un aliciente y orgullo para seguir en la misma dirección de trabajo", declaró.
Una dirección que, para Ecologistas en Acción, va camino de legalizar 30.000 viviendas sin buscar culpables y ponerle un sencillo punto y final a los peores 15 años de la historia de la ciudad de la excelencia turística y la escasez de equipamientos públicos.

Más impuestos a la adquisición de pisos por la banca. (EXPANSION)

Las regiones elevan el gravamen de Actos Jurídicos Documentados a las empresas que renuncian a la exención del IVA en compras inmobiliarias porque prefieren pagarlo y compensarlo.

La mayoría de las comunidades autónomas ha encontrado una nueva vía de oxígeno para que sus zaheridas arcas soporten mejor las embestidas de la crisis. Ante la escasez de transacciones inmobiliarias (menos de la mitad que en 2007), los gobiernos regionales han decidido penalizar fiscalmente las operaciones de las empresas en las que se renuncie a la exención del IVA, faceta que afecta al sector financiero en la adquisición de inmuebles a la que se está viendo forzado. Sobre todo en las segundas transmisiones de inmuebles, la entrega de terrenos no urbanizados y la transmisión de la totalidad del patrimonio de una empresa. 

Según los datos recabados por EXPANSIÓN, trece de las quince autonomías de régimen tributario común han elevado el tipo impositivo de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los casos de renuncia a la exención del IVA. O sea, en lugar de gravar el tipo general de este impuesto –el 1% del importe de la operación–, aplican un 1,5% o un 2%, según la comunidad. 

Por ejemplo: la compra de vivienda usada está exenta de IVA –un 7% que sólo se paga en la primera venta–, y normalmente tributan el 7% por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP, cedido totalmente a las CCAA). Pero muchas empresas prefieren renunciar a esa exención del IVA, ya que les sale más rentable, aunque a primera vista parezca ilógico. El motivo es que ese IVA soportado (el que se paga) se puede luego compensar con el repercutido (el que se recibe en otras operaciones). 

Pero al pago del IVA se añade el de AJD. Y ahí es donde las autonomías han decidido subir medio punto o un punto el gravamen, continuando con su afán recaudatorio. Aprovechan que aún así sigue siendo más atractivo fiscalmente renunciar a la exención del IVA. Y las CCAA, ya que no pueden ingresar en sus arcas el 7% resultante de gravar el ITP, al menos elevan el pago por el AJD. Y de paso tratan de atraer operaciones hacia la tributación por dicho Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, sobre todo para quien no atisba una compensación favorable del IVA. 

Sólo mantienen el mismo tipo que en las operaciones generales Castilla-La Mancha (1%) y Canarias (0,75%). País Vasco (0,5%) y Navarra no se encuentran dentro del régimen común. 

Los pisos que llevan dos años en el stock de los promotores están exentos de IVA, así como los que están en construcción aún. Ello afecta de lleno a los propósitos inmobiliarios de la banca. Como norma general, las entidades financieras están adquiriendo inmuebles de los promotores a través de sus filiales. Los bancos y las cajas no tienen derecho a deducir el 100% del IVA que soportan, pero sus inmobiliarias filiales sí. 

Así, una gran porción de las 15.000 casas que ha adquirido hasta ahora la banca han implicado el pago de un tributo de Actos Jurídicos Documentados mayor al genérico. 

“El banco nunca llega a adquirir la vivienda; le da un préstamo a su sociedad inmobiliaria, y ésta le paga al promotor por la vivienda. Con ese dinero, el promotor cancela la deuda”, explica Víctor Mendoza, socio de KPMG. “El motivo principal de estas actuaciones es evitar morosidad, pero también suponen un alivio fiscal”, ya que pese a pagar más AJD eluden el ITP. 

Demanda 
Ya surgen voces críticas ante esa subida fiscal. La Asociación de Abogados Especializados en Derecho Tributario considera que esta práctica lesiona los recursos tributarios del Estado, al desincentivar que las empresas tributen por IVA. Y, por tanto, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad. 

Antonio Delgado, presidente de la asociación, señala: “Si bien podría afirmarse que la regulación normativa que las comunidades realizan en relación a los actos jurídicos documentados está plenamente ajustada a derecho, (...) en la LOFCA –que forma parte integrante del “bloque de constitucionalidad”– se establece la imposibilidad de que las autonomías puedan, a través de recargos, minorar los ingresos del Estado, alterar o desvirtuar la naturaleza o estructura de los impuestos estatales”.