sábado, 4 de agosto de 2007

Detectan deficiencias en la gestión del suelo en Torremolinos (Málaga Hoy)

Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha encontrado "deficiencias importantes" en relación al grado de cumplimiento del Ayuntamiento de Torremolinos de la normativa aplicable a la gestión del Patrimonio Público del Suelo, que tiene, entre otras funciones, crear reservas de suelo suficientes para garantizar la ejecución de viviendas de protección oficial.
El portavoz municipal de IU, Félix Martín, apuntó que el informe censura que el Consistorio no tuviera constituido formalmente el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) "por lo que la Cámara censura que el Consistorio no controla los recursos materializados en terrenos y tampoco lleva un control específico de los ingresos derivados de la gestión de su PMS, incumpliendo con ello la legislación en la materia".
Por su parte, el socialista Juan Ortuño destacó que las anomalías detectadas en 2004 por la Cámara se siguen produciendo en la actualidad y recordó que en marzo pasado PSOE e IU tuvieron que acudir a la Fiscalía para denunciar al equipo de gobierno por el cobro por anticipado de 16 millones de euros provenientes de convenios urbanísticos no aprobados por el Pleno "que fueron destinados a fines no permitidos legalmente".
El portavoz socialista argumentó que la Cámara muestra su preocupación por el hecho de que la Corporación percibió por un convenio (Sector R.2.9) suscrito con empresas de Rafael Gómez más de 5 millones de euros que ha gastado en hacer frente a pagos no permitidos por la ley. Finalmente, ambos portavoces manifestaron su intención de trasladar a la Fiscalía el contenido de este informe.

El alcalde descarta la construcciónde VPO de madera (Málaga Hoy)

El alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla (PP) no ve claro la construcción de 220 viviendas de protección oficial en la Finca Monterrey. Es la parcela ubicada en la carretera de Arenas con una extensión de 130.000 metros cuadrados, en la que el anterior regidor, Antonio Souvirón (PSOE), había proyectado también casas de madera.
Éstas ya han quedado descartadas por el nuevo equipo de gobierno, que cree necesario "estudiar" la ejecución de viviendas sociales en este suelo. A juicio del regidor popular, el emplazamiento no es el más idóneo dada su distancia con el casco urbano y por el coste que supondría al Ayuntamiento acometer los servicios básicos.
De hecho, la repercusión de cada una de estas casas es de 36.000 euros. Según Delgado Bonilla, "los números no salen para el precio que deben tener. Estamos trabajando para hacer VPO en todos los núcleos urbanos. Eso sí, serán de ladrillo, queremos viviendas de calidad y no para jugar a los indios". Además, anunció que el Consistorio está en disposición de conseguir suelo para construir 500 VPO.

El dueño de La Cañada tiene la compensación de suelo más elevada (Málaga Hoy)

Las irregularidades urbanísticas cometidas en la ampliación del centro comercial La Cañada de Marbella le costarán a su propietario, Tomás Olivo, la cesión al municipio de 260.000 metros cuadrados de suelo para una zona verde. El presidente de General de Galerías Comerciales, uno de los empresarios imputados en el caso Malaya por presunto cohecho, no es el promotor con más número de compensaciones previstas en el nuevo Plan General de Ordenación (PGOU), pero sí el que debe reparar su mala actuación con una superficie más elevada.
El delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, informó ayer de esta cesión de suelo tras recordar los 1,8 millones de metros cuadrados con que compensarán a Marbella los empresarios que han construido al margen de la legalidad en los años de gobierno del GIL. Según dijo, el terreno cedido por Olivo contribuirá a la creación de un auténtico "pulmón" alrededor de uno de los centros comerciales más grandes de Andalucía.
Las referencias a la revisión del PGOU se produjeron tras la reunión celebrada para avanzar en la declaración de impacto ambiental del documento urbanístico que normalizará Marbella. La edil de Urbanismo, Alba Echevarría, entregó a Medio Ambiente el plan aprobado inicialmente en Pleno el pasado 19 de julio con el objetivo de culminar cuanto antes la declaración previa de impacto ambiental, que podría estar lista en un par de meses, mientras se cumple el periodo de información pública.
Echevarría se reunió con Trillo, con el director de la Oficina del PGOU, José María Ruiz Povedano, y con varios técnicos del Ayuntamiento, la Junta y del equipo redactor. Tras el encuentro explicaron que la intención es agilizar los trámites lo más posible y que el documento pueda estar culminado antes del verano de 2008.
La Junta y el Ayuntamiento también acordaron ayer mantener un encuentro técnico-jurídico dentro de un mes para "limar asperezas" sobre las discrepancias surgidas alrededor de la revisión de 561 licencias irregulares, trámite que el gobierno municipal quiere obviar.

El alcalde tratará con los polígonos la instalación de la nueva cárcel (Málaga Hoy)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tiene previsto reunirse el próximo lunes con los representantes de la Asociación de Empresarios de Polígonos de Málaga (Apoma) para tratar sobre el proyecto del Centro de Inserción Social que el Gobierno central quiere construir en el polígono Guadalhorce y que ha provocado la inquietud entre los profesionales de la zona.
Según informó ayer el Ayuntamiento, los empresarios han detectado movimientos de tierras en la parcela sobre la que la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos proyecta la implantación de este equipamiento, motivo por el que han solicitado el encuentro con el regidor.
Junto a De la Torre, a la reunión asistirán los concejales de Urbanismo, Manuel Díaz, y de Polígonos, Manuel Marmolejo. Este asunto ha provocado ciertas diferencias entre el equipo de gobierno y la Administración estatal, en relación a la propiedad de los terrenos en los que se asentará el centro de inserción. Hasta el punto de que en el último Consejo de Urbanismo, el equipo de gobierno aprobó una iniciativa por la que pasaba a inscribir en el patrimonio municipal los más de 400.000 metros cuadrados del polígono Guadalhorce, incluyendo la parcela de la nueva cárcel.
Y todo ello después de que el Ministerio del Interior adjudicase a la empresa Comsa los trabajos de construcción de este equipamiento, por un montante de once millones de euros. De acuerdo con el contrato, la adjudicataria de las obras dispone de doce meses para ejecutar el centro, que dispondrá de doscientas celdas para reclusos en régimen abierto. Estos presos cumplen en estos momentos su pena en la antigua prisión de Málaga, situada en Cruz de Humilladero.

La Junta encarga el diseño de la Carretera de Cádiz con más espacio para peatones (Málaga Hoy)

Javier Bustinduy, uno de los mayores expertos en Metro de todo el país y a nivel mundial, será el encargado de diseñar el proyecto de semipeatonalización de Carretera de Cádiz aprovechando la construcción de la obra de la línea 2 del suburbano de Málaga, cuyo trazado transita entre el Martín Carpena y la calle Juan Pablo II. En esta tarea contará con la colaboración del arquitecto Agustín Benedicto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Málaga, cuyos alumnos han realizado en el último ejercicio un trabajo sobre la mejora urbana de once barrios de la ciudad localizados entre las avenidas Molière y Juan XXIII, justo el espacio por el que transitará el ferrocarril urbano.La propuesta presentada por BB&J Consult ha sido finalmente la seleccionada por el ente Ferrocarriles Andaluces, dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, para llevar a cabo esta labor, que supondrá una de las mayores intervenciones de regeneración urbana en la historia de la capital de la Costa del Sol. La proposición de este estudio, el mismo al que la Administración autonómica encargó hace más de un año el cambio de trazado de la línea 1 del suburbano y el diseño del intercambiador que se ejecutará en la calle Mendívil, junto a la estación de Renfe, ha sido seleccionada de un total de siete propuestas. La oferta económica se eleva a 340.760 euros y el plazo para la redacción del anteproyecto de reurbanización de este eje, de casi cuatro kilómetros de longitud, es de cuatro meses.Con la adjudicación del concurso, que fue impulsado por Obras Públicas a principios del pasado mes de mayo, se libera al completo el camino para una actuación que implicará una sensible reducción del número de carriles abiertos al tráfico en una avenida por la que a diario llegan a transitar hasta 80.000 vehículos. El objetivo que se ha marcado la Junta desde hace algunos años pasa por aprovechar el cierre de la vía con motivo de los trabajos de construcción del Metro y minimizar el peso del tráfico en un barrio carente de espacios abiertos.Para ello, y con el acuerdo inicial del Ayuntamiento de Málaga, el planteamiento puesto sobre la mesa incide en la supresión de viales y en la ampliación de las zonas de uso peatonal. En este sentido, el pliego de condiciones técnicas elaborado por Ferrocarriles Andaluces para este concurso, que toma como base el trabajo realizado a finales del pasado año por los arquitectos Rafael Reinoso y José María Romero, prevé la supresión de parte del trazado viario.Entre la Glorieta de Molière y la Avenida de la Paloma se propone dejar sólo dos carriles por sentido para el transporte público y el tráfico privado; entre La Paloma y la Avenida Juan XXIII se plantean otros dos carriles, con un mismo sentido, con prioridad para transporte público y los peatones, mientras el espacio entre Juan XXIII y Juan Pablo II dará especial protagonismo a los peatones, con la posibilidad de mantener un vial para autobuses y tráfico privado que podría abrirse o cerrarse temporalmente. La propuesta de la Junta también aboga por que el puente de Juan Pablo II, ahora con cuatro carriles, se quede con sólo dos.De cara a garantizar el movimiento de los vehículos, el diseño expuesto garantizaría la continuidad de los ejes que atraviesan Carretera de Cádiz de norte a sur, como Juan Pablo II, Juan XXIII, La Paloma, Gaucín-Frigiliana, Los Guindos y Molière.Este ambicioso proyecto cuenta con el aval de los estudios de tráfico encargados por Ferrocarriles Andaluces a la consultora Tema. Los análisis concluyen que sería factible una fotografía de la Carretera de Cádiz completamente peatonal, aunque supedita una actuación de este tipo a la puesta en servicio del bulevar sobre el soterramiento del AVE, que está proyectado para 2009, y la segunda fase de acceso al Puerto, que permitirá la conexión de la carretera MA-21 con el Paseo Marítimo de Poniente. Ambos ejes son las principales alternativas viarias que se postulan para absorber buena parte de los 80.000 vehículos que llegan a transitar por el eje de Avenida de Velázquez y Héroe Sostoa.Otro de los apuntes que se hace en el pliego de condiciones, que servirá de guía a Bustinduy y a su equipo de trabajo, es la necesidad de dotar de suficientes aparcamientos la zona para garantizar a los residentes un espacio en el que dejar el coche, más aún si se tiene en cuenta que la reurbanización eliminará buena parte de las zonas actualmente ocupadas por vehículos. Incluso se alude a la posibilidad de crear estacionamientos subterráneos sobre la bóveda del túnel del suburbano, una opción barajada tanto por la Junta como por el propio equipo de gobierno del PP.

Bonilla estudia cambiar de lugar las VPO de la finca Monterrey (La Opinión)

El alcalde asegura que un `olvido´ de Souvirón ha impedido que se efectúe el cambio de uso del suelo
El alcalde de Vélez Málaga, Francisco Delgado Bonilla, manifestó que aún no es viable el cambio a suelo urbanizable de los terrenos de la finca Monterrey al faltar un informe de recursos hídricos de la zona que la Junta ha solicitado para comprobar que los terrenos podrán contar con los servicios básicos de agua. No obstante, el alcalde aseguró que su equipo de gobierno seguirá con el expediente hasta el final aunque dejó en el aire el posible uso que se le de al suelo.Así, Delgado Bonilla aseguró que "es muy probable que la finca no pueda ser utilizada para la construcción de VPO, puesto que al ser una parcela que no cuenta con servicios básicos el precio de las viviendas aumentaría considerablemente". En este sentido, el alcalde veleño hizo hincapié en que los terrenos podrían ser utilizados para hacer otro tipo de viviendas o realizar equipamiento municipal. Lo que sí dejó claro Delgado Bonilla es que "en caso de que esta parcela pueda acoger la edificación de viviendas, éstas no serán de madera, sino con las calidades que los veleños se merecen". `Incompetencia´. Por otro lado, el alcalde de Vélez acusó a su antecesor Antonio Souvirón de "actuar con negligencia e incompetencia". Así, Delgado Bonilla explicó que el retraso del cambio de suelo de la finca viene motivado por la falta del informe sobre los recursos hídricos que debía haber solicitado el anterior equipo de gobierno al ser requerido por la Junta de Andalucía. En este sentido, Delgado Bonilla recalcó que "es falso que el actual equipo de gobierno está paralizando la gestión del cambio de suelo de los terrenos de Monterrey. El Consistorio sólo está a la espera de ese informe que tenía que haber gestionado y presentado el equipo de gobierno anterior ante la Junta", apuntilló Delgado Bonilla.Además, el alcalde aseguró que a pesar de no seguir con el proyecto de las casas de madera impulsado por Souvirón, el Ayuntamiento va a conseguir suelo para construir 500 VPO, no sólo en Vélez Málaga y Torre del Mar sino en otros núcleos, y para la primavera de 2008 volverán a sortearse más inmuebles.

El PGOU devolverá a Marbella 180 hectáreas de suelo público (La Opinión)

La Cañada, que tendrá que ceder 262.000 metros cuadrados para zonas verdes, es una de las más afectadas por las compensaciones impuestas a los promotores de edificaciones ilegales
Tras ser aprobado de forma inicial el pasado 20 de julio por todos los grupos políticos del Ayuntamiento, el PGOU de Marbella ha comenzado su largo periplo administrativo de cara a recibir su aprobación definitiva de cara al verano del próximo año 2008. El texto y toda la documentación añadida fueron presentados ayer en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, donde deberá recibir la declaración de impacto ambiental.El delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, calculó que el PGOU de Marbella podría recibir esa declaración en el mes de noviembre, dos meses después de que termine el plazo de exposición pública. Trillo, que mantuvo un encuentro con la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, y con el director de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella, José María Ruiz Povedano, confió en poder "acortar" los plazos en la medida de lo posible para contribuir así a la "normalización de un desarrollo caótico durante los últimos años".El plan general propone la normalización de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por parte de los promotores que permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes. Trillo explicó que una de las compensaciones más importantes corresponde al centro comercial La Cañada, ya que su adscripción al plan le supondrá un cesión de 260.000 metros cuadrados de suelo para zona verde.Al parecer, y según añadieron fuentes cercanas al Ayuntamiento, se está pendiente de cuantificar las compensaciones para las constructoras con viviendas legalizadas por el PGOU, destacan las responsabilidades que tendrán que afrontar sociedades como las del empresario Tomás Olivo. En total, y tal y como ha previsto el plan, serán 1,8 millones de metros (180 hectáreas o, para decirlo gráficamente, campos de fútbol) para equipamientos y zonas verdes.Revisiones en el aire. Trillo ensalzó el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Marbella para encauzar la difícil situación heredada de los años precios a la operación `Malaya´. "Se ha hecho un enorme esfuerzo para articular la ciudad dentro de la normativa urbanística vigente tanto en el suelo urbanizado como en el crecimiento de la población", comentó Trillo. En el apartado medioambiental, el delegado destacó que el plan prevé el traslado de las vías pecuarias del interior a la periferia con la consideración de suelo de especial protección, y la elaboración de mapas de ruido y de puntos limpios. La prevención de inundaciones es otro de los aspectos planteados por el PGOU.Por su parte, la concejala de Urbanismo del Consistorio marbellí, Alba Echeverría, admitió que durante la exposición pública del PGOU se recibirán "numerosas" alegaciones. "Es normal que se reciban muchas porque no todos pueden estar de acuerdo con ciertos puntos como la legalización o no de promociones de viviendas", dijo.La reunión sí dejó claro que sigue existiendo discrepancias entre el Ayuntamiento y la Junta en relación a un punto importante: el Consistorio se niega a seguir revisando, tal y como demanda la Junta, las licencias ilegales otorgadas durante la era GIL. Echeverría volvió a reiterar ayer esa postura. "Ningún beneficio traería esa revisión indiscriminada", apuntó la edil que calificó este asunto como un "punto de fricción". La Oficina de Planeamiento Urbanístico prevé para final de agosto una reunión con la Consejería y el Ayuntamiento para limar estas asperezas.

La Junta duplicará la carretera que une Churriana y Cártama (La Opinión)

Adjudica a la empresa Narval la redacción del proyecto, que desdoblará la calzada a lo largo de ocho kilómetros con una inversión de 20 millones de euros
La empresa Narval será la encarga de redactar el proyecto de duplicación de la carretera A-7052 que enlaza la barriada de Churriana con Cártama, según anunció ayer la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. El desdoblamiento de esta carretera, conocida en Málaga como el camino de la Confederación Hidrográfica del Sur, es una actuación incluida en el plan `Más Cerca´ que la Junta de Andalucía, a través de la empresa pública Giasa, y convertirá el citado enlace en un nuevo vial metropolitano.El proyecto supondrá una inversión de unos 20 millones de euros, que serán cofinanciados con fondos Feder de la Unión Europea.El presupuesto de adjudicación a la empresa es de 353.000 euros, con un plazo de redacción establecido en siete meses. El origen de la actuación se sitúa en el enlace de la autovía del Guadalhorce con la A-7052, en la localidad de Cártama. Así, el primer tramo discurre hasta la carretera A-404 (que va de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre a Churriana), donde conectará con la futura ronda exterior de Málaga, que se encuentra en fase de licitación por el Ministerio de Fomento.El segundo tramo conecta esta intersección con el futuro vial distribuidor del tráfico por el oeste de Málaga, cuyo proyecto actualmente se está redactando.La duplicación de la calzada tendrá una longitud de 7,9 kilómetros y dos carriles de 3,5 metros para cada sentido, con arcenes exteriores de 1,5 metros. Las vías de servicio dispondrán de calzadas con dos direcciones, con 6 metros de ancho, dotadas de arcenes laterales o aceras.

Junta y Marbella negociarán una salida al conflicto por la revisión de licencias ilegales (SUR)

Está previsto que a finales de este mes o a principios de septiembre se reúnan los servicios jurídicos de la Consejería de Obras Públicas y del Ayuntamiento La negativa del Consistorio a examinarlas provoca las primeras discrepancias

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella tratarán de limar las primeras discrepancias surgidas entre ambas administraciones por la negativa del equipo de gobierno municipal a revisar de oficio, en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 561 licencias de obras ilegales otorgadas, en su mayor parte, por los sucesivos gobiernos del GIL. En la reunión a dos bandas celebrada ayer en Málaga para debatir el impacto ambiental del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, acercaron posturas tras la advertencia realizada anteayer por la Consejería andaluza de Obras Públicas y Transporte de denunciar al Consistorio en caso de que no revise de oficio, en el plazo de 20 días, 14 de estos permisos ilegales. Ayer acordaron que a finales de este mes o a principios de septiembre mantendrán un encuentro los servicios jurídicos de Obras Públicas de la Junta y del Ayuntamiento de la ciudad para tratar de zanjar las desavenencias en cuanto a la obligatoriedad que impone el Gobierno andaluz a la revisión de estos permisos.DirectricesJosé María Ruiz Povedano, director de la Oficina de Planeamiento de la Junta en Marbella, aseguró ayer que la filosofía de la consejería andaluza en cuanto al planeamiento de Marbella es de «colaboración», lo que, en su opinión, no exime de que se examinen estas licencias ilegales y, por tanto, nulas para que se sustituyan por otras nuevas adaptadas al nuevo planeamiento urbanístico. Por su parte, Alba Echeverría, concejala de Urbanismo, explicó que la decisión de no volver a examinar más licencias fue tomada por un acuerdo plenario, merced a la mayoría absoluta del PP, entre otros asuntos, para «acelerar» la aprobación del PGOU «Esperemos que lleguemos a un acuerdo al respecto en el momento en que nos sentemos, hablemos y limemos discrepancias», puntualizó. Povedano señaló que en este asunto, las diferencias «están pactadas con el fin de buscar la salida más acorde de acuerdo al interés general». Ecologistas en Acción instó al Ayuntamiento a realice esta revisión.

La peatonalización de la Carretera de Cádiz da el primer paso con la adjudicación de su diseño (SUR)

La Consejería de Obras Públicas encarga la redacción del anteproyecto para remodelar la vía más poblada de la capital La Junta presentará en diciembre la propuesta al Consistorio

EL PROYECTO
En qué consiste: La propuesta liderada por la Junta pretende la peatonalización parcial de la Carretera de Cádiz aprovechando las obras del metro. El proyecto contempla la habilitación de zonas peatonales, plazas, espacios verdes, carriles de bici o instalaciones de ocio.El anteproyecto: Ha sido asignado a la empresa BB&J Consult por 340.760 euros. A partir de ahora la consultora tiene un plazo de cuatro meses para elaborarlo.Administraciones: Obras Públicas costeará el proyecto, que deberá aprobar el Consistorio.
El anteproyecto para peatonalizar parcialmente la Carretera de Cádiz tras las obras de construcción de la línea dos del metro ya tiene firma. El jueves la Consejería de Obras Públicas adjudicó el diseño de su reurbanización a la ingeniería BB&J Consult por un importe de 340.760 euros. Un trámite burocrático que permite dar un paso adelante hacia la materialización de esta iniciativa, que aspira a mejorar la calidad de vida de uno de los espacios más congestionados de la ciudad, con casi 180.000 vecinos.La citada adjudicación cierra así una primera etapa en la aún corta vida de este proyecto, que inició su andadura el pasado 3 de mayo, cuando la Junta licitó el concurso de presentación de propuestas para la remodelación. En total han sido ocho las empresas que en este tiempo han competido por hacerse con el timón de su diseño, entre ellas las malagueñas Cemosa y Aertec (esta última agrupada con Vorsevi), Euroestudios, Oluz, Inaser, la firma Técnicas Territoriales Urbanas y la finalmente vencedora, BB&J Consult, una consultora que ya ha participado en otras fases de andadura del suburbano. De hecho, en sus despachos se cocinaron los últimos cambios en el proyecto, como el intercambiador previsto de la calle Mendívil, junto a Renfe.CalendarioUna vez asignado el estudio, la adjudicataria tendrá un plazo de cuatro meses para presentárselo a la Junta. «De este modo, a principios de diciembre el texto iría al Ayuntamiento para acordar con ellos el proyecto definitivo», explicó ayer a este periódico el director de la Oficina del Metro de Málaga, Enrique Urkijo, quien aseguró que la peatonalización supone «una apuesta por dignificar una de las zonas más pobladas». «La Carretera de Cádiz se lo merecía. Más que una carretera, es un barrio donde vive muchísima gente y, como tal, necesita igual que otros buenas aceras, plazas o espacios para pasear», añadió.En este sentido hay que recordar que el proyecto de semipeatonalización que prevé la administración andaluza contempla la habilitación de zonas peatonales y otras actuaciones urbanísticas como espacios verdes, carriles-bici e instalaciones para el ocio. La Consejería de Obras Pública será la que costeará el anteproyecto para diseñar cómo quedará ese espacio tras la entrada en servicio del suburbano. Y es que, pese a tratarse de una competencia municipal, la Administración autonómica quiere aprovechar que en el contrato de concesión administrativa del metro se establece que la restitución del viario público es una obligación de las empresas que acometen esta infraestructura. Apoyo del AyuntamientoNo obstante, en última instancia. la actuación deberá llevarse a cabo con el beneplácito del equipo de gobierno municipal quien, de momento, ve con buenos ojos esta iniciativa. «Debemos aprovechar las obras de Carretera de Cádiz para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, teniendo en cuenta en todo momento su opinión», precisó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien abogó por un proyecto «consensuado» a tres bandas: Junta, Consistorio y residentes. Díaz, quien dijo que su departamento se muestra «receptivo» al estudio de semipeatonalización, hizo hincapié en la necesidad de estudiar bien «el tema del tráfico y de los aparcamientos». Respecto al comienzo de las obras, aún no hay previsión alguna por -entre otros motivos- el retraso que acumulan los trabajos del metro.

De cómo recuperar la decoración original tras gruesas capas de añadido (La Opinión)

La empresa Tarma trabaja desde enero de este año en la restauración de un inmueble barroco con una interesante fachada llena de motivos arquitectónicos fingidos, de los que se conservan el 80%
Muchos edificios del Centro Histórico esconden auténticas joyas tras gruesas capas de añadidos, que se han ido incorporando a lo largo del tiempo, ocultado su decoración original. Es el caso del inmueble situado en el número 50 de la calle Granada, que desde enero de este año está siendo restaurado por la empresa Tarma. El informe previo sobre revestimientos pictóricos murales de la fachada de esta construcción barroca, firmado por Beatriz Martín Peinado, explica que se trata de un interesante ejemplo de edificio del siglo XVIII, que reproduce los mismos motivos ya utilizados en otros coetáneos, situados en la misma vía, y que también se están rehabilitando en la actualidad.La fachada del inmueble se estructura en planta baja (foto Vega), primera y segunda, existiendo una línea de imposta que separa las dos plantas superiores. Está diseñada rítmicamente con tres huecos en las plantas primera y segunda, con cierros y balcones de rejería.Tarma ha ejecutado una serie de catas sobre la fachada, cuyo objetivo ha sido examinar y conocer los diferentes estratos presentes en el paramento exterior, verificando la existencia de revestimientos originales y la detección de policromías. Asimismo, se ha podido observar la calidad de las decoraciones pictóricas conservadas y su estado de conservación. En las catas practicadas se observa que el programa ornamental de fachada representa una arquitectura fingida, parecida a las mencionadas anteriormente en las fachadas de esta misma calle, como la casa palacio de la familia Gálvez, en el número 60, o en el edificio de Granada número 54.Esta decoración pictórica, probablemente, compondrá la fachada, sirviéndose de los vanos para articular un ritmo simétrico a base de columnas, recercados y frontones que los enmarcan, todo ello pintado, con el fin de ennoblecer el aspecto exterior del edificio, enfatizando los vanos, cierros y balcones.Los colores predominantes son de la gama de los negros, grises y tierras. El estado general en que se encuentran los estratos pictóricos, a juicio de la restauradora, se puede considerar de aceptable a malo, según las zonas, aunque se puede mantener el 80% de las pinturas originales, de ahí que se haya recomendado su conservación y restauración.Para ello, se empezará eliminando las capas superpuestas al original, mediante medios manuales como bisturí y escalpelo, picado de cementos y morteros inadecuados. Además, se consolidarán los revestimientos, a través de la inyección y goteo de resina vinílica en emulsión. Previamente se limpiará toda la superficie con aguay y alcohol para ablandar la suciedad, teniendo cuidado de no dañar la policromía.Para la consolidación y fijación de la capa de color se aplicará silicato de etilo, repitiendo el proceso hasta conseguir la idónea consistencia de los estratos pictóricos. Los técnicos que trabajan en las restauración del edificio también sellarán las grietas, oquedades y bordes de lagunas del revestimiento original. Para ello, emplearán un mortero de cal y árido seleccionado, para rellenarlos y nivelarlos con el recovo existente.La restitución de faltas de soporte pictórico mural se hará con revoco de cal de características en cuanto a composición, textura y tono similar al existente, dejando las uniones entre morteros enrasadas.Las faltas de policromía se reintegrarán cromáticamente con colores a base de silicatos y manteniendo algún criterio diferenciador del original, buscando restituir la decoración primitiva y la ornamentación del conjunto. Por último, una vez finalizados todos los trabajos, se procederá a proteger las pinturas murales mediante hidrofugado de toda la superficie con producto a base de siloxano.

Las obras de Atarazanas salen a concurso y se iniciarán en 2009 (La Opinión)

La rehabilitación costará 9,3 millones de euros a los que hay que sumar los 3,4 millones del mercado provisional. Los trabajos se alargarán año y medio
Ocho años después de que se pusiera en marcha el proceso para la rehabilitación del mercado de Atarazanas, el Ministerio de Fomento acaba de dar los últimos pasos para que las obras finalmente se inicien. Ayer, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el anuncio por el que los trabajos del mercado salen a concurso a un precio de 9.350.477 euros.Las empresas interesadas tendrán hasta el 14 de septiembre para presentar sus ofertas, por lo que las previsiones apuntan a que el Ministerio de Fomento adjudique las obras para noviembre o diciembre y éstas podrían iniciarse a comienzos de 2008. Dado que el plazo de ejecución es de 18 meses, el mercado debe de estar rehabilitado para el verano del 2009. Habrían pasado diez años desde el inicio de la pesada tramitación.Provisional. Además del concurso de las obras, Fomento ha licitado también la dirección facultativa de las mismas por 450.000 euros. Anteriormente, el Ministerio gastó otros 29.800 euros en la reforma y adaptación del proyecto, realizado por los arquitectos Aranguren y Gallegos, que son los autores también del proyecto original.A estas partidas, hay que añadir los casi 3,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Málaga se ha gastado en la construcción del mercado provisional que albergará a los puestos mientras duren las obras. Tras la suma de todos estos conceptos, el coste final de esta actuación asciende a los 13,2 millones de euros, que serán asumidos a partes iguales por el Ministerio de Fomento y el Consistorio.El mercado provisional, que se levanta en la parte superior del aparcamiento de la calle Camas se encuentra finalizado desde hace unos seis meses, aunque está cerrado, ya que los comerciantes de los puestos se negaron a trasladarse hasta no tener una confirmación oficial del inicio de las obras de reforma del viejo mercado.Ahora, cuando acaba de conocerse que las obras salen a concurso La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, Purificación Pineda, señaló ayer que el traslado se llevará a cabo antes de que se produzca la adjudicación de las obras, "probablemente el mes de octubre".

Fomento desbloquea la rehabilitación de Atarazanas y saca las obras a concurso (SUR)

El Ayuntamiento dice que llega con un año de retraso y espera que el traslado al recinto provisional se haga en otoño

El Ministerio de Fomento publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado la licitación de las obras de rehabilitación del mercado de Atarazanas en Málaga, por un coste de 9.350.477 euros y un plazo de ejecución de dieciocho meses. También se publicó la licitación de la dirección de estos trabajos, que tendrá un coste de 450.000 euros y el mismo plazo de ejecución, informó ayer el PSOE en un comunicado.Los ministerios de Fomento y Cultura acordaron ya el 24 de abril de 2007, durante la primera Comisión Mixta del 1% Cultural, destinar durante el presente año 6,3 millones de euros a la rehabilitación de este mercado, obras que ayer se han licitado por un importe mayor.El proyecto de mejora del mercado fue aprobado en 1999 por el anterior Gobierno «pero no se impulsaron las actuaciones necesarias para desarrollarlo», destacó el diputado socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia.Además, según Heredia, el Ministerio de Vivienda incluyó para este fin una partida de casi un millón de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2004, 2005 y 2006, «pero el proyecto no se pudo ejecutar porque el Ayuntamiento no puso a disposición el edificio». El Ayuntamiento de Málaga valoró la licitación por parte del Ministerio de Fomento de las obras de rehabilitación del mercado de Atarazanas; sin embargo, la concejala de Comercio, Purificación Pineda, criticó el retraso de un año en esta actuación. Por ello, dijo que espera que el departamento que dirige Magdalena Álvarez «acelere al máximo los trámites», y mostró su confianza en que el traslado de los comerciantes al mercado provisional se produzca el próximo otoño.«Estamos satisfechos de que por fin la licitación de Atarazanas se publique, pero tenemos un mercado provisional que lleva ya cinco meses cerrado», manifestó la edil, quien añadió que «quizá la noticia de la licitación, en vez de estar hablando sobre ella en este verano, debería haber sido en 2006». De este modo, apuntó que «podrían haber coincidido en el tiempo la adjudicación de las obras de Atarazanas y la finalización del mercado provisional, situado en calle Camas.

La Junta llevará a Marbella a los tribunales si no revisa de oficio 561 licencias ilegales (SUR)

La Consejería de Obras Públicas recuerda al Ayuntamiento la obligatoriedad de que las suspenda «por considerarlas nulas de pleno derecho» Le concede 20 días más para que vuelva a examinar 14 de estos permisos

La negativa del gobierno municipal a revisar más licencias y convenios urbanísticos aprobados en la 'era GIL' al margen del planeamiento vigente no ha dejado impasible a la Junta de Andalucía. La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha advertido al Consistorio marbellí de que impugnará esta decisión municipal si desatiende la petición de revisión de los 561 permisos de obras «ilegales» otorgados por los gobiernos gilistas y posgilistas. Es más, explican que esta actuación viene recogida en la propia Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que califica como nulas las licencias concedidas contra la ordenación urbanística vigente y que además recoge la obligatoriedad del ayuntamiento a realizar de oficio esta revisión. JustificaciónLa postura del equipo de gobierno es bien distinta. Defienden que la anulación de estos permisos conllevaría la demolición de las construcciones ilegales y propiciaría además reclamaciones patrimoniales al Consistorio, por lo que, a su juicio, el proceso de revisión, emprendido por la comisión gestora, debe de quedar en el alero hasta que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De las 561 solicitudes de revisión remitidas al Consistorio marbellí, se incluyen 95 actuaciones que ya se habían comenzado a revisar pero que han caducado, al paralizarse el proceso; por lo que debe de iniciarse de nuevo el proceso. En esta situación, se encuentran 14 licencias urbanísticas que afectan a 309 viviendas, una escuela de hostelería, la recepción y consejería de un establecimiento hotelero, un centro comercial, un edificio de aparcamientos y la reforma y adaptación de un hotel. En estos casos, la Consejería de Obras Públicas ha optado por dar un nuevo balón de oxígeno a Marbella. Así le concede un plazo extraordinario de 20 días para que vuelva a examinar estos permisos -al haberse superado el plazo legal establecido para ello- teniendo en cuenta «la situación especial por la que ha pasado recientemente el Ayuntamiento». A juicio de la administración andaluza, la decisión del equipo de gobierno municipal de no realizar este proceso «se aparta de la línea marcada por la gestora», que empezó a revisar más de un centenar de permisos. Con esta actuación, la Junta pretende sustituir la licencia nula por una nueva adaptada al Plan General en tramitación para los casos en que se regulariza el edificio, esto es, en más del 80 por ciento de las construcciones ilegales levantadas en los últimos 15 años, y garantizar así «la posesión pacífica de las propiedades».