sábado, 28 de febrero de 2009

Detenido el alcalde de Alcaucín en el primer caso de corrupción urbanística en la Axarquía. Alcaucín (SUR)

Hay otros doce arrestados, entre ellos las dos hijas del regidor y un responsable de Arquitectura de Diputación Están acusados de recibir comisiones por obras ilegales.

Nuevo golpe a la corrupción urbanística en la provincia de Málaga. En esta ocasión el epicentro se sitúa por primera vez en la comarca de la Axarquía, en el pequeño municipio de Alcaucín. Su alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, y otras doce personas, entre ellas, las dos hijas del regidor, un responsable del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga y varios promotores inmobiliarios (uno de ellos de Huelva), durmieron ayer en los calabozos tras ser detenidos en el marco de la 'operación Arcos', desarrollada por la Guardia Civil y dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.
La trama destapada ayer se dedicaba a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable, según la Benemérita.
Los empresarios implicados supuestamente pagaban cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos, que habrían consentido y encubierto estas actuaciones. A los arrestados se les imputan presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, delito urbanístico, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa.
La operación arrancó ayer a las ocho de la mañana. Miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil se personaron en el domicilio del alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, ubicado en la calle Alta, donde registraron la vivienda. Los agentes sacaron una caja con diversa documentación.
Sobre las doce del mediodía, el regidor fue trasladado en un coche camuflado hasta el Consistorio. Martín Alba fue conducido sin esposar a las dependencias municipales, donde permaneció durante todo el registro, que se prolongó por espacio de cuatro horas.
Once inspecciones
De forma simultánea, los agentes de la UCO y del Seprona inspeccionaron despachos en el Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga; en una asesoría fiscal, situada junto al Ayuntamiento de Alcaucín, y en una caja de seguridad en una entidad bancaria. También fueron registrados los domicilios particulares de las hijas del alcalde, que residen en la núcleo de Puente de don Manuel, a las que presuntamente, Martín Alba, habría utilizado para blanquear los beneficios obtenidos en las supuestas comisiones.
En los registros, la Guardia Civil se ha incautado de abundante documentación y de discos duros que están siendo analizados. También se han intervenido pequeñas sumas de dinero en los domicilios de algunos de los detenidos.
Además del alcalde y sus dos hijas, en la 'operación Arcos' fueron arrestados un responsable del Servicio de Arquitectura de la Diputación y su secretaria. Algunas fuentes atribuyen a este arquitecto la realización de informes favorables a proyectos de construcción de viviendas en suelo no autorizado para ello en el término municipal de Alcaucín a cambio, presuntamente, de comisiones. Las fuentes, no obstante, no pudieron confirmar si esta actividad se habría desarrollado a título particular o como funcionario del organismo supramunicipal.
Fincas y viviendas
Entra los promotores arrestados, figuran el propietario de una empresa de Alcaucín. y su hija, así como el dueño de una constructora veleña, su hija y su yerno. Estas dos entidades se dedican a la parcelación, venta y adquisición de fincas y terrenos, así como a la construcción de viviendas unifamiliares en la comarca axárquica. El tercero es un promotor inmobiliario de Rincón de la Victoria, que al parecer, según las fuentes, trabajó como aparejador en Alcaucín. El último es un constructor de Cartaya (Huelva). Está previsto que los arrestados sean puestos a disposición judicial mañana o el lunes para prestar declaración ante el juez.
Esta nueva operación contra la corrupción urbanística comenzó ocho meses atrás. El pasado verano agentes del Seprona denunciaron en un juzgado de Vélez-Málaga la supuesta actividad ilegal que se estaría produciendo en Alcaucín con la construcción de casas en terreno rústico no urbanizable.
Las investigaciones continuaron y aportaron nuevos e importantes indicios de que la actividad urbanística además de no ajustarse a la legalidad del planeamiento podría estar acompañada de supuestos pagos y comisiones a cargos públicos.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que ya había iniciado la investigación de una construcción supuestamente ilegal en el municipio de Alcaucín, tuvo conocimiento de los resultados de las pesquisas del Seprona, por lo que se unió toda la información a la misma causa que se instruía en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, que ya tenía diligencias abiertas. Al mismo tiempo, el caso era trasladado a la Fiscalía Anticorrupción ante la posible existencia de una trama de corrupción urbanística en la que estarían implicados cargos públicos y funcionarios.

LOS TRECE IMPUTADOS
El alcalde: José Manuel Martín Alba (PSOE) y sus dos hijas.

Funcionarios: Un responsable del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga y su secretaria.

Promotores: El dueño de una constructora de Alcaucín y su hija; el propietario de una empresa veleña, su hija y su yerno; un promotor de Rincón de la Victoria que fue aparejador en Alcaucín.
Un constructor de Huelva.

Asesor fiscal: De una gestoría, situada junto al Ayuntamiento.

La investigación se centra en cuatro promociones de viviendas y decenas de casas aisladas. Alcaucín (SUR)

Los agentes de la Guardia Civil han tomado fotografías y han analizado planos y documentación de las parcelas bajo sospecha.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil encontraron un hilo del que tirar. En sus inspecciones rutinarias, observaron construcciones aparentemente ilegales en el término municipal de Alcaucín.
Esos primeros expedientes por supuestas infracciones urbanísticas se han convertido en el punto de partida de la 'operación Arcos', una investigación mucho más amplia que se ha desarrollado durante los últimos ocho meses, y en la que han participado guardias civiles de tres unidades diferentes.
En ese periodo, los agentes han recopilado documentación sobre al menos cuatro promociones de casas y decenas de viviendas aisladas que están bajo sospecha por supuestas irregularidades urbanísticas, según explicaron a este periódico fuentes cercanas al caso.
Los investigadores empezaron a trabajar sobre la base de estas urbanizaciones y viviendas. El trabajo de campo consistió en la toma de fotografías y el análisis de planos y documentos de estas propiedades. La segunda parte fue la investigación patrimonial y los pinchazos telefónicos, que dieron cuerpo a las imputaciones que actualmente pesan sobre ellos.
En dinero y en especie
Según informó ayer la Guardia Civil, los promotores implicados en la trama presuntamente pagaron compensaciones en «dinero y en especie» a los cargos públicos implicados, que habrían consentido tales irregularidades.
No en vano, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona imputan varios delitos de cohecho a los acusados, entre los que se encuentra el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, detenido ayer junto a sus dos hijas y a otras diez personas.
Fuentes cercanas al caso explicaron que se investiga el supuesto pago de cantidades de dinero y la posible entrega de viviendas o parcelas a cambio de favores urbanísticos.
Pero los investigadores han ido un poco más allá. Para ellos, los cargos públicos no sólo hacían la vista gorda, sino que además «encubrían e incluso impulsaban» los presuntos desmanes urbanísticos en Alcaucín.
Posteriormente, según la Guardia Civil, trataban de legalizar las viviendas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados. Con ello, se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

Así funciona el urbanismo en los pueblos con menos de 20.000 habitantes. (SUR)

La ley estipula que las diputaciones provinciales asesorarán técnica y jurídicamente a los municipios con menos de 20.000 habitantes que, por sus características, no cuentan con el suficiente personal técnico para cuestiones como la elaboración del planeamiento de la localidad o la redacción de un proyecto para una obra municipal.
En materia urbanística, la Diputación Provincial de Málaga presta ayuda a los pequeños pueblos de dos formas, según varias fuentes consultadas. Una a través de la Oficina de Planeamiento, donde los expertos de la institución supramunicipal redactan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a aquellas localidades que lo soliciten. Otra, a través del Servicio de Arquitectura, un departamento que elabora los proyectos técnicos exclusivamente para obras municipales (una piscina municipal, un centro de salud, un equipamiento cultural o el nuevo edificio del Ayuntamiento), pero nunca para viviendas privadas.
A este último departamento pertenece el cargo de la Diputación detenido en el marco de la 'operación Arcos' por presunta corrupción urbanística para encubrir la construcción desde viviendas unifamiliares a urbanizaciones en parcelaciones supuestamente ilegales en suelo rústico.

La Junta de Andalucía impugnó 27 acuerdos municipales en Alcaucín en los últimos años. (SUR)

El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, ha afirmado hoy que el trabajador detenido tenía autorización desde 1991 para compaginar su puesto con otras actividades privadas, y que "no puede vigilar" la institución.
La Junta de Andalucía ha impugnado 27 acuerdos del Ayuntamiento de Alcaucín y ha tramitado 21 denuncias de particulares sobre el urbanismo en esta localidad malagueña, cuyo alcalde, José Manuel Martín (PSOE), permanece detenido en el marco de la operación que investiga una presunta trama de corrupción.
El consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, ha defendido hoy las medidas tomadas por la Junta sobre el control urbanístico y ha precisado que los acuerdos municipales impugnados correspondían fundamentalmente a licencias "indebidas".
Entre 2002, año en que se aprueba la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 2005, cuando se crea la Dirección de Inspección, la Junta ha tramitado casi 800 denuncias en municipios la comarca de la Axarquía de Málaga, de las que 85 fueron recursos contenciosos administrativos para impugnar licencias urbanísticas.
La "operación Arcos", que dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, ha llevado al PP a criticar el "descontrol urbanístico" de la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de "mirar para otro lado".
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha anunciado que su partido pedirá en el Parlamento andaluz la celebración de un pleno extraordinario para debatir la corrupción urbanística en la comunidad.
Según Arenas, se ha puesto de manifiesto "la gravísima responsabilidad política del Gobierno de Manuel Chaves".
Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha lamentado que la operación perjudique la imagen institucional, y ha insistido en que en la mayoría de los ayuntamientos se trabaja honradamente.
Preguntado si los casos de corrupción salpican por igual a todos los partidos, ante los últimos detectados en la provincia, el alcalde popular ha indicado que son "accidentes que afectan al proceso de solidez de la democracia", y ha apostillado: "Jamás me alegraré de una cosa de este tipo sea del partido que sea".
En el marco de la operación se practicaron ayer registros en el Ayuntamiento de Alcaucín, el servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, una asesoría jurídica y algunos domicilios.
El alcalde de Alcaucín fue trasladado anoche a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, donde continúa junto a otros detenidos a la espera de pasar a disposición judicial, lo que se prevé que ocurra el próximo lunes.
Martín, que es alcalde de Alcaucín y secretario local del PSOE desde 1991, fue arrestado por la Guardia Civil junto a otras doce personas en una actuación que ha destapado una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía malagueña.
Entre los otros doce detenidos -uno en Huelva y el resto en Málaga- hay familiares del alcalde, empresarios y un responsable del servicio de arquitectura de la Diputación malagueña.
Declaraciones de Pendón
El presidente de la Diputación, el socialista Salvador Pendón, quien ayer eludió pronunciarse sobre el caso cuando se encontraba en Blanes (Girona), ha afirmado hoy que el trabajador detenido tenía autorización desde 1991 para compaginar su puesto con otras actividades privadas, que "no puede vigilar" la institución.
Ha anunciado que se abrirá un expediente informativo al imputado, "puesto que ahora mismo no hay más que indicios", que posteriormente tendrá el alcance que se derive de las actuaciones judiciales.
El municipio de Alcaucín ha estado en los últimos años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se han construido unas 20.000 viviendas.
La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros, para lo que los empresarios supuestamente pagaban dinero o en especie a los cargos públicos, y después trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos.

Alcaucín, en el ojo del huracán. Alcaucín (SUR)

OPERACIÓN ARCOS' PLANIFICACIÓN BAJO SOSPECHA.
Al municipio le llueven las denuncias por presuntas irregularidades urbanísticas desde hace dos décadas. La mayoría son por construcciones en suelo rústico. Los ecologistas estiman que los chalés en el campo han crecido un 325%.
El vertiginoso desarrollo urbanístico que ha experimentado Alcaucín en las dos últimas décadas no ha pasado desapercibido para nadie. Basta con acercarse a este pequeño municipio de la Axarquía, de apenas 2.500 habitantes, para ver cómo sus montes están plagados de urbanizaciones y viviendas residenciales aisladas que cubren el paisaje. Por esta razón, Alcaucín ha estado desde hace años en el ojo de huracán.
Grupos ecologistas como el Gabinete de Estudios de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), que se ha destacado por ser el colectivo que más denuncias por presentas irregularidades urbanísticas ha presentado en la comarca, señala que Alcaucín tenía en 1995 un total de 263 casas en suelo rústico, de las cuales sólo la mitad eran antiguos cortijos. Las cifras hablan por sí mismas: en 2006 ya contaba con 1.119 viviendas.
Según el portavoz de la asociación ecologista, Rafael Yus, el incremento en la construcción de chalés en el campo de este municipio ha sido del 325%. «En Alcaucín existen en la actualidad tres viviendas por cada habitante, o lo que es lo mismo más de 7.500 casas», ha asegurado Yus.
De las más de 500 denuncias puestas por GENA-Ecologistas en Acción en el ámbito comarcal, más de cien han correspondido a Alcaucín.
Para Yus, las localidades del interior han evitado durante años redactar planes generales, ya que con un simple proyecto de actuación ha sido suficiente para legitimar la construcción de complejos urbanísticos y mansiones aisladas en el campo. Desde GENA se ha llegado a pedir a la Junta de Andalucía la retirada a Alcaucín de todas las competencias urbanísticas por apostar por la adaptación de sus Normas Subsidiarias en lugar de por redactar un PGOU.
Aunque Alcaucín ha sido uno de los primeros ayuntamientos de la comarca en colaborar con la Consejería de Viviendas y Ordenación del Territorio para detectar las edificaciones ilegales existentes en suelo no urbanizable, el miembro de la ejecutiva nacional del PA, Oscar Pérez, afirmó ayer que su formación viene solicitando información sobre diferentes expedientes urbanísticos, «porque sospechabamos que no estaba todo claro, pero nunca se nos entregó la documentación».

Los constructores temen por la imagen de Málaga. (LA OPINION)

EFE La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga ha reclamado hoy una mayor "discreción" en las actuaciones contra la corrupción urbanística, como la que se desarrolla en el municipio de Alcaucín, para no dañar la imagen de la provincia, que es un importante destino turístico.

En declaraciones a Efe, el secretario de la ACP, Juan Moreno, ha lamentado el perjuicio que causa la "forma" en la que se desarrollan las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y ha asegurado que esta operación les ha "pillado de sorpresa".

Respecto a los promotores detenidos en el marco de esta operación, Moreno ha dicho que "no son profesionales", pero en cualquier caso "quien la hace, la paga", ha señalado.

En la comarca malagueña de la Axarquía existe "un problema con los diseminados", ya que hay personas que piden licencia para una obra menor y "convierten los cortijos en chalés".

En cuanto al hecho de que importantes operaciones contra la corrupción llevadas a cabo en la provincia estén vinculadas al urbanismo, Moreno ha indicado que demuestra la necesidad de que haya una reforma de la financiación de las corporaciones locales.

"Al final, los ayuntamientos acuden al urbanismo, cuando se deben financiar con otros ingresos", ha señalado el secretario de la Asociación de Constructores, quien como ejemplo del peso que tiene esta actividad ha comentado que "cada vez que hay un acuerdo para gobernar un municipio, lo primero que piden es la Concejalía de Urbanismo, que vale más que la alcaldía".

En la actuación, que desde primeras horas de la mañana desarrollan agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han sido detenidas trece personas, entre ellas el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba (PSOE), dos arquitectos y empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas.

Los arquitectos aseguran que siempre comunican a la Junta los expedientes sobre suelo no urbanizable. Alcaucin (LA OPINION(

EUROPA PRESS El presidente del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco San Martín, aseguró hoy que desde que tomó posesión la actual junta de gobierno hace menos de dos años este organismo viene comunicando "siempre" cada uno de los expedientes de construcciones sobre suelo no urbanizable a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Aunque no quiso pronunciarse por no tener información concreta aún sobre la operación 'Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín (Málaga), en la que se ha detenido en las provincias de Málaga y Huelva a un total de 13 personas por diversos delitos de corrupción, relacionados con el urbanismo, dijo que "estamos colaborando para evitar los posibles fraudes o situaciones irregulares".

En este sentido, insistió, en declaraciones a Europa Press, en que "casi desde que llegamos vimos que era necesario comunicar todos los expedientes de este tipo a la Consejería" para que "si tienen que hacer una investigación o inspección por sus propios servicios o si tienen que dar cuenta a la Fiscalía por alguna irregularidad".

La operación desarrollada desde esta mañana por la Guardia Civil en las provincias de Huelva y Málaga con la participación de la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se ha saldado por el momento con 13 personas arrestadas, entre ellas el alcalde de dicha localidad, el socialista José Manuel Martín, aunque no se descartan más detenciones.

La investigación ha contado con la activa colaboración del SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga y ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía.

Los empresarios dedicados a esta actividad presuntamente pagaban compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades. Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

Entre los arrestados dentro de esta operación se encuentran, además del alcalde, miembros de su familia, al parecer dos de sus hijas; dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario. A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.

Además de las detenciones, la Guardia Civil está realizando diversos registros tanto en la localidad de Alcaucín como en el servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga y en los domicilios de varios de los detenidos y un despacho profesional.

La operación esta siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga (Málaga), la Fiscalía Especial Anticorrupción y la de Medio Ambiente y Urbanismo. El caso está declarado bajo secreto de sumario.

Detenido el alcalde de Alcaucín por corrupción. Alcaucín (LA OPINION)

La Guardia Civil detiene a 13 personas en una operación contra la corrupción urbanística en Alcaucín, entre ellos el alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba Otros de los detenidos son dos hijas del alcalde; José Francisco Mora, jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga; y dos promotores y varios de sus familiares Los detenidos pasarán a disposición judicial mañana El alcalde ha recibido gritos de ánimo de los vecinos.

El regidor, sus hijas, el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación y otras nueve personas fueron arrestadas ayer. La trama se dedicaba a la venta de viviendas ilegales a extranjeros. Los empresarios sobornaban a los cargos públicos y se manipulaban informes para legalizar las casas.

J. A. SAU / F. EXTREMERA MÁLAGA Muchos funcionarios se sorprendieron al ver entrar a primera hora de la mañana en sus dependencias a la Guardia Civil. El tiempo se detuvo para ellos, mientras los vecinos de un pequeño pueblo de la Axarquía se despertaban sobresaltados al ver sus calles tomadas por los agentes. Poco después se despejó la incógnita: trece personas fueron detenidas ayer, entre ellas el alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín, por su supuesta pertenencia a una trama de corrupción urbanística.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, dirigidos por el fiscal Anticorrupción Valentín Bueno y el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Vélez Málaga, procedieron a efectuar los trece arrestos. Además del alcalde, fueron detenidas sus dos hijas, dos arquitectos -entre ellos el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación-, varios promotores y constructores y hasta un intermediario inmobiliario.
Los agentes registraron a lo largo del día de ayer las dependencias del Consistorio de Alcaucín, del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, así como los domicilios de varios de los detenidos y un despacho profesional. En ellos, los investigadores se incautaron de abundante material informático y documental que les permitirá avanzar en las pesquisas. En total se hicieron once registros por la mañana, y algunos más por la tarde, entre ellos el de la casa del jefe de Arquitectura de la Diputación, ubicada en el Limonar, y el de una caja fuerte de una sucursal bancaria en la capital.
A las 18.45 horas, los agentes sacaron diez cajas de documentación del Consistorio, aunque continuaron con el registro hasta las 21.40 horas, cuando el alcalde fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga.
El golpe policial, cuya gestación comenzó hace más de un año, ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y venta de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía.

´Modus operandi´. Aunque el guión parezca similar al escrito en casos como ´Malaya´ o ´Astapa´, la novedad reside en que esas casas se ofertaban para los extranjeros. Ésta es una realidad habitual en los pueblos del interior de la provincia y, de hecho, Alcaucín lleva años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado incansablemente a la opinión pública el proceso urbanizador del suelo rústico de la comarca, en cuyo campo se han construido 20.000 viviendas.
La investigación fue auspiciada en un inicio por la Fiscalía de Medio Ambiente, que comprobó la ilegalidad de una licencia de obra concedida por la corporación. Al tirar del hilo, se encontraron con que se habían producido diversos sobornos por parte de empresarios a determinados servidores públicos, por lo que Anticorrupción se hizo cargo del asunto.
El ´modus operandi´ sí responde a prácticas conocidas: los empresarios dedicados a esta actividad pagaban compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que, tal y como explican las fuentes consultadas, "consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades".
Tras ello, trataban de legalizar las viviendas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados -hay dos detenidos-, a través de los cuales se conseguían alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas. Los delitos que se imputan a los arrestados son: cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, estafa y contra la ordenación del territorio. Entre los empresarios detenidos se encontrarían los dueños de dos promotoras axárquicas (Crocasa y Alta Axarquía) y algunos de sus familiares.

Incredulidad. Los vecinos de Alcaucín asistieron ayer con incredulidad e indignación al registro del Ayuntamiento y de la casa del regidor. Éste estuvo presente en ambos y, a su paso, sus conciudadanos le aplaudían y defendían su inocencia. Nada nuevo. En Alhaurín el Grande ocurrió lo mismo cuando fue detenido por motivos casi idénticos su alcalde, el popular Juan Martín Serón.
Estos lodos no son nuevos y los barros que los anunciaban tienen años. Ecologistas en Acción de la Axarquía mostró en febrero de 2007 sus "sospechas" de la existencia de una vinculación "excesivamente benefactora" del Ayuntamiento con Crocasa por una recalificación de suelo.
Los registros se prolongaron hasta casi las diez de la noche ante la estupefacción de los lugareños. En ese momento, el alcalde salió del Consistorio entre los aplausos de sus vecinos. Sonriente y relajado, saludó a la concurrencia. El pueblo tan sólo tiene 2.500 habitantes censados y sus actividades principales son la agricultura y el turismo rural. Esta última es la más amenazada debido a la proliferación incontrolada de casas ilegales en suelos rústicos, muy demandados precisamente por los foráneos que deciden establecerse en la sierra de Tejeda. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Sobre la causa pesa el sigilo procesal.
Los detenidos pasaron ayer la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, aunque no se conoce cuándo declararán ante el juez.

La operación destapa una trama para construir viviendas en suelo no urbanizable. Alcaucín (LA OPINION)

La operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidas trece personas, entre ellas el alcalde de Alcaucín (Málaga), ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de Axarquía.

La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.

Eso es lo que constatan las investigaciones de la Guardia Civil, que además de al alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, ha arrestado en la denominada "operación Arcos" a otras doce personas por diversos delitos de corrupción relacionados con el urbanismo, según informa el instituto armado.

Entre los arrestados se encuentran varios miembros de la familia del alcalde (fuentes de la investigación han indicado que son dos hijas), dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario.

Doce de las detenciones se han practicado en la provincia de Málaga y una, la de un constructor, en la de Huelva, según han informado a Efe las fuentes consultadas.

Las pesquisas de los agentes apuntan a que los empresarios dedicados a esta actividad pagaban presuntamente diversas cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos que supuestamente consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades.

Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

Los agentes se encuentran registrando desde primera hora de la mañana las dependencias del Ayuntamiento de Alcaucín y del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, así como los domicilios de varios de los detenidos y un despacho profesional.

A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.

La operación esta siendo desarrollada por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número tres de Vélez-Málaga, la Fiscalía Especial Anticorrupción y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

La operación, en la que también ha colaborado el SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

La operación de Alcaucín se suma a una larga lista de casos de corrupción en Málaga. Alcaucin (LA OPINION)

La detención, hoy, de trece personas, entre ellas el alcalde de Alcaucín, en relación con posibles delitos de corrupción urbanística en la sierra de la Axarquía, se suma a las operaciones de este tipo llevadas a cabo en los últimos años en la provincia de Málaga, entre las que destacan las siguientes:

OPERACIÓN MALAYA (Marbella)

En ella se investiga una presunta trama de corrupción urbanística y municipal descubierta en el municipio de Marbella. Supuso la disolución del Ayuntamiento en abril de 2006 y la asunción de competencias, incluidas las urbanísticas, por parte de una gestora.

Cerca de un centenar de personas están procesadas -entre ellas, el ex alcalde Julián Muñoz y el cerebro de la trama y ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, el único que permanece en prisión-, más de mil cuentas fueron bloqueadas y bienes valorados en unos 3.000 millones de euros fueron intervenidos.


OPERACIÓN TROYA (Alhaurín El Grande)

El 18 de enero de 2007 fueron detenidos el alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP) -quien sigue en el cargo- y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, y en fases posteriores otras veintidós personas, entre ellas el asesor jurídico del Ayuntamiento y el arquitecto municipal.

En la causa se indaga la presunta comisión de los delitos de cohecho y prevaricación urbanística a través de los que, mediante acuerdos de pago a autoridades del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, se habrían obtenido licencias de obras no ajustadas a la normativa urbanística.


OPERACIÓN ASTAPA (Estepona)

En el "caso Astapa", operación policial y judicial contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona iniciada el 17 de junio del 2008, fueron detenidos el entonces alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), varios ediles de la Corporación y empresarios.

Hasta el momento, la operación suma 63 imputados por distintos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de dinero. De ellos, cuarenta están en libertad sin fianza y veintitrés en libertad con fianza, entre estos Barrientos y seis ediles, dos de ellos del PES y cuatro concejales expulsados del PSOE y que ahora forman parte del grupo de no adscritos.


GAUCÍN

La Fiscalía denunció al alcalde Francisco Corbacho Román (PA) y cuatro concejales por la realización y desarrollo de un convenio entre junio de 2004 y febrero de 2005 contrario a la norma urbanística y pidió la paralización de la obra.

En diciembre de 2007 la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Corbacho a veintiún meses de suspensión de empleo y cargo público y a siete años de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación.


MANILVA

El 22 de enero de 2007 el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella sobreseyó la causa abierta contra nueve ediles que integraban el equipo de gobierno de Manilva en 2003 por un convenio que permitió aumentar el valor y la edificabilidad de unos terrenos.

En el auto el juez levantó la imputación a estos concejales al considerar que no existían "indicios suficientes de criminalidad" y que ellos no conocían la ilegalidad de su decisión al ratificar el convenio relativo a la finca "La Parrada" el 28 de noviembre de 2003, sino que siguieron "las consignas" del entonces alcalde, Pedro Tirado, máxima autoridad del Partido Democrático de Manilva (PDEM).

Tirado estuvo preso más de dos meses en la cárcel de Alhaurín de la Torre en 2005 tras su detención en el marco de la operación "Ballena Blanca" contra el blanqueo de capitales.


CÓMPETA

El ex alcalde de Cómpeta, Leovigildo López (PP), fue condenado el 23 de marzo de 2008 a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística por el Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga.

En la sentencia se consideró probado que el acusado concedió en junio de 2001 una licencia de obras para el movimiento de tierra y carril para realizar una construcción de nueva planta en un suelo calificado como no urbanizable.


TOLOX

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga denunció en mayo de 2006 al alcalde, Juan Vera (PA), al arquitecto municipal y a la secretaria del Ayuntamiento por permitir la construcción de 2.000 viviendas en suelo no urbanizable entre 2004 y 2006.

La denuncia fue ampliada posteriormente y el juzgado de Coín ordenó la paralización cautelar de las obras de más de 400 viviendas, cuya construcción no había empezado aún en la mayoría de los casos. La Fiscalía acusó a Vera en marzo de 2008 de veintitrés delitos urbanísticos y pidió dos años de cárcel para él en catorce procedimientos y un año de prisión en nueve.


OJÉN

El 6 de marzo de 2007, la Fiscalía pidió un año de cárcel y doce de inhabilitación para el ex alcalde de Ojén, Francisco Manuel Vázquez (PSOE), por delito urbanístico, al conceder dos licencias para sendas viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, causa por la que también fueron imputados cuatro ex concejales como autores de un delito contra la ordenación del territorio.

La petición del fiscal se produjo después de que la Audiencia de Málaga anulara por un defecto de forma el procedimiento penal por el que Vázquez fue condenado en 2002 a dos años de cárcel y a dieciocho de inhabilitación, uno de los concejales a un año y los otros tres a seis meses.


RONDA

El 23 de marzo de 2007, la Fiscalía de Medio Ambiente, tras una denuncia de IU, comenzó a investigar un delito contra la ordenación del territorio y otro contra los recursos naturales en el macroproyecto urbanístico de los Merinos de Ronda, promovido por la empresa catalana Copisa, en el entorno de la Sierra de la Nieves. En octubre la Fiscalía trasladó la denuncia al juzgado decano de Ronda.

Este partido acusaba al alcalde, Antonio Marín Lara (PA), de cometer "un fraude de ley" al aprobar el proyecto, por realizar una transformación de suelo mayor al permitido y no contar con los requisitos medioambientales perceptivos. En enero de 2008 el proyecto fue rediseñado para

La Junta impugnó 17 licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Alcaucín en 2004. Alcaucin (MALAGAHOY)

Queda en libertad uno de los 13 detenidos del caso de corrupción en la localidad malagueña.
El consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, ha defendido las medidas tomadas por la Junta sobre el control urbanístico y ha precisado que los acuerdos municipales impugnados correspondían fundamentalmente a licencias "indebidas". Este sábado se ha conocido que la Junta de Andalucía impugnó en 2004 17 licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga), cuyo alcalde, José Manuel Martín Alba (PSOE), fue detenido ayer junto a otras 12 personas en una operación contra la corrupción urbanística. Precisamente hoy ha quedado en libertad uno de los detenidos por el caso, la secretaria de uno de los responsables del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial.

La 'Operación Arcos', que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alcaucín, ha llevado al PP a criticar el "descontrol urbanístico" de la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de "mirar para otro lado". La investigación ha contado con la activa colaboración del Seprona de la Guardia Civil de Málaga y ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía.

La operación desarrollada desde por la Guardia Civil en las provincias de Huelva y Málaga, con la participación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la de Medio Ambiente y Urbanismo, se ha saldado por el momento con 13 personas arrestadas, aunque no se descartan más detenciones.

Uno de los 13 detenidos ha sido liberado tras ser interrogado por la Guardia Civil. Se trata de la secretaria de uno de los responsables del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, ambos detenidos durante el día de ayer, al igual que el alcalde del municipio, José Manuel Martín, y dos de sus hijas, el dueño de una asesoría jurídico-fiscal, y una serie de promotores y constructores. El resto de detenidos en el transcurso de la investigación permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, a espera de pasar a disposición judicial.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, explicó que entre 2003 y 2006 se tramitaron cerca de 800 denuncias en toda la comarca de la Axarquía y la Junta interpuso 85 recursos contencioso-administrativos para impugnar licencias concedidas irregularmente, por lo que aseguró que "es absolutamente falso que no se tramitaran denuncias". Además, apuntó que hasta 2006 no se creó la Dirección General de Inspección Urbanística, mientras que en la zona en cuestión "entre 2002 y 2005 se produce un crecimiento poblacional del 60%, ligado a la proliferación de construcciones ilegales".

El consejero mostró su "absoluto respeto y colaboración con la justicia" y señaló la conveniencia de "esperar a ver qué identificaciones de responsabilidades se hacen" en un caso que recordó que está bajo secreto de sumario. En este sentido, apuntó que cuando se levante el secreto de sumario se podrá comprobar si los delitos que se imputan tiene como base "algunas de las impugnaciones que hizo la Junta, si son los mismos casos".

No obstante, aseguró que "se ha evolucionado bastante" y que "se ha reforzado la capacidad en las impugnaciones" con la puesta en marcha de la Dirección General de Inspecciones y con la aprobación de planes de inspección municipal en algunas localidades. Recordó además que el control urbanístico le corresponde a los ayuntamientos, en primera instancia, y a la Junta en aplicación de la protección medioambiental o territorial.

En su opinión, todo esto demuestra que "lo que hace dos o tres años se discutía por parte del PP, que la Junta había endurecido demasiado las normas urbanísticas, estaba justificado", por lo que "habrá que recordárselo a los que no apoyaron un modelo de ordenación urbanística más exigente, que no se echen ahora las manos a la cabeza".

A pesar de que esta semana las cúpulas socialistas y popular celebraron una reunión para establecer un clima de diálogo y acuerdos, la 'Operación Arcos' sirvió para que los dos principales partidos de la provincia se echasen en cara la actitud que mantienen unos y otros cuando saltan casos de corrupción urbanística. El PSOE reaccionó ante lo sucedido tirando del argumentario del partido: "Tolerancia cero con los casos de corrupción urbanística", y se asegura en que se expulsará de la formación a todos aquellos militantes que estén imputados en la operación. Desde el PP, por su parte, se insistió en la tesis de que esto "se veía venir".

En este contexto el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció que el Grupo Popular en el Parlamento andaluz solicitará la convocatoria de un Pleno extraordinario para debatir sobre la "desastrosa" ordenación urbanística ante los últimos casos de corrupción. Arenas señaló la necesidad de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, asuma su "responsabilidad política directa", ya que "había decenas de denuncias de ecologistas y del Colegio de Arquitectos pero, como ocurrió en Marbella y en Estepona, se ha mirado para otro lado".

Asimismo, lamentó que esto da "una imagen muy mala de Andalucía" y criticó el "gesto" del alcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín Alba (PSOE), cuando fue detenido ayer, lo que, a juicio del líder de los populares andaluces, es muestra de "prepotencia, arrogancia e impunidad". "Me ha llamado la atención su gesto, otros no pueden hacer nada porque los llevan esposados", agregó Arenas, quien insistió en que "gravísima responsabilidad política" que se deriva de este caso.

Desde IU de Málaga se considera lamentable todo caso de corrupción y se pide a PP y PSOE que aborden cuanto antes "los problemas de corrupción que asolan a ambos partidos". "Los populares y socialistas deberían aprovechar la buena sintonía que parece haber últimamente entre sus líderes en Málaga para tratar este tipo de problemas y conseguir que en toda lo provincia no haya cabida para ningún tipo de corruptos, independientemente del partido al que pertenezcan", aseguró el coordinador provincial de Izquierda Unida en Málaga, José Antonio Castro.

Asimismo, señaló que espera que este nuevo caso de corrupción no sirva como "arma arrojadiza" entre ambos partidos, "que es a lo que nos tienen acostumbrados", y añadió que la colaboración con la Justicia debe ser "máxima" para que así se pueda llegar "al fondo de la cuestión".