miércoles, 13 de abril de 2011

El promotor Ávila Rojas, absuelto por vender pisos que nunca construyó (Málaga Hoy)

Dos familias se quedan sin casa y sin los 84.000 euros que pagaron por ellas

ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 13.04.2011 - 01:00
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El promotor granadino José Ávila Rojas ha sido absuelto de un delito de apropiación indebida que le atribuía la Fiscalía de Málaga por cobrar 84.000 euros a dos familias a cuenta de dos viviendas que les vendió en Marbella y que, sin embargo, nunca llegaron a construirse. El año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró ilegal la licencia que había expedido el Ayuntamiento en mayo de 2003 para edificar en el solar del empresario.

La Sección Primera de la Audiencia precisa en la sentencia absolutoria que el promotor vendió el 19 de noviembre de 2003 dos pisos en la promoción Trinidad Marbella a dos parejas. Una casa estaba valorada en 200.459 euros y sus compradores efectuaron varias entregas por importe de 41.826 euros, cantidad idéntica a la que depositó la segunda pareja por otra vivienda cuyo precio estaba establecido en 203.825 euros.

El promotor, al que el fiscal pedía cuatro años y medio de cárcel, se comprometía en los contratos privados firmados con ambas familias a tener los pisos listos para el 30 de junio de 2006, sin embargo, las obras no comenzaron nunca.

De hecho, las ventas de ambas viviendas se produjeron tres meses después de que la Junta de Andalucía interpusiera un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la comisión de gobierno de mayo de 2003, entonces presidida por el ex alcalde Julián Muñoz, que autorizaba las obras.

El tribunal precisa que aquella licencia estaba condicionada a la subsanación de una serie de errores. Ávila Rojas, a través de la promotora Naviro, modificó el proyecto básico y el 5 de agosto de 2003, cuando la moción de censura para descabalgar a Julián Muñoz de la Alcaldía ya estaba sobre la mesa, los servicios técnicos municipales emitieron un informe que avalaba los cambios realizados en el proyecto, si bien también se subrayaba que la parcela sobre la que se iban a levantar 202 viviendas y 24 oficinas, además de garajes y trasteros, era suelo urbanizable no programado, de acuerdo con el plan general de ordenación urbana de 1986, el único que se ha considerado legal en aquel periodo.

El 29 de agosto de 2003 la Junta de Andalucía recurrió la licencia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el 19 de abril de 2010, es decir casi siete años después, determinó que, efectivamente, la licencia de obras dada a Ávila Rojas era nula.

La Audiencia aclara en la sentencia que el promotor granadino, imputado en el caso Malaya precisamente por operaciones inmobiliarias algunas de ellas realizadas también a través de la empresa Naviro, "comunicó a los compradores las incidencias "acaecidas con las obras y la suspensión acordada a instancias de la Junta de Andalucía y que se harían todas las gestiones" para comenzar la construcción.

No obstante, entre los meses de junio y octubre de 2008 las dos familias instaron la resolución del contrato por incumplimiento de lo comprometido. Entonces Naviro les ofreció la posibilidad de liquidar la deuda mediante la entrega de otros bienes inmuebles del grupo del empresario granadino, aunque "finalmente no se llegó a devolver las cantidades entregadas por ambas compraventas", detalla la sentencia.

La Audiencia de Málaga explica que no observa apropiación indebida en la conducta de Ávila Rojas porque si el contrato no se cumplió no fue por su "causa, ni deriva de esa ocultación, sino del conflicto jurídico administrativo surgido por la impugnación de la licencia de obras". El tribunal entiende que "no existen razones objetivas" que les conduzcan a creer que "el acusado conocía o podía conocer, cuando se formalizaron los contratos de compraventa, que no podría llevar a cabo los proyectos".

Además, agrega que el dinero que recibió de los compradores "no lo ha distraído para otras finalidades", aún cuando no lo depositara en una cuenta especial para esa promoción y lo dedicó a comprar el suelo, pagar la licencia y elaborar el proyecto básico.

Sin embargo, las dos familias denunciantes han perdido los 84.000 euros que entregaron y no tienen vivienda. Esta sentencia guarda grandes similitudes con la dictada también por la Sección Primera en julio del año pasado en la que absolvió a los dueños de Aifos de estafa por vender y cobrar por 16 pisos nunca construidos.

Antequera pide a la Junta que desbloquee 340 viviendas (La Opinión)

El Ayuntamiento se presenta como parte interesada en un contencioso iniciado por una promotora


LOLA SÁNCHEZ. ANTEQUERA El Ayuntamiento de Antequera se presentará como parte interesada en el contencioso administrativo que ha puesto en marcha la promotora Coespi SL en contra de la comisión de urbanismo de la Junta de Andalucía por no permitir el desarrollo de una pastilla de terreno en la que se contemplan 340 viviendas, de las cuáles un 70% serán protegidas. Recientemente, el pleno del Ayuntamiento antequerano solicitó a la comisión de urbanismo no cambiar la calificación de terreno fijada sobre esta zona, que viene recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la categoría de suelo urbano no sectorizado.

El Gobierno andaluz detalló para impedir el desarrollo de esta zona que la pastilla entra en «conflicto con el medio físico de la vega», declarada zona de especial protección. De ahí que limite el desarrollo de la promoción y quiera pasar el suelo a la categoría de no urbanizable. «La Junta realizó esa deliberación en base a unos planes antiguos que no tienen nada que ver con la actual realidad, ya que la pastilla queda al margen de la vega», aclaró el candidato y portavoz del Partido de los Anejos y Barrios de Antequera (PABA), Antonio Gálvez.

Ahora, el Ayuntamiento también se personará en la causa al entender que la Junta no ha tenido en consideración «la documentación facilitada» para desbloquear el desarrollo de esta zona, valorada, según los promotores, en 50 millones. Los tres partidos con representación plenaria respaldaron que el Ayuntamiento se presente como parte interesada en este contencioso.

El PGOU de Antequera entró en vigor en noviembre pasado con una serie de «correcciones» fijadas por la comisión de urbanismo. Además de la parcela denegada, la Junta fijaba limitaciones para el desarrollo de otras áreas contempladas en el documento.

Condenan a una pareja por iniciar las obras de un complejo turístico en Alfarnate (La Opinión)

El matrimonio ha sido condenado a tres años de prisión por construir en suelo no urbanizable


Imagen del pueblo de Alfarnate.
Imagen del pueblo de Alfarnate. La Opinión

LA OPINIÓN. ALFARNATE Un matrimonio ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a cumplir una condena de tres años de prisión por iniciar las obras de construcción un complejo turístico en la localidad axárquica de Alfarnate en suelo calificado como no urbanizable.

En la sentencia se obliga además a los procesados a demoler a su costa las obras que han sido realizadas en la parcela y, según consta en dicha resolución, «con plena reposición del terreno a su estado primitivo y restablecimiento de la legalidad urbanística infringida».

Según los hechos probados, los acusados construyeron una vivienda unifamiliar aislada con una altura de dos plantas. La intención de ambas personas era la de elaborar un complejo turístico rural en el interior de la comarca de la Axarquía, y que estuviera integrado por varias viviendas que se encuentran diseminadas sobre la misma parcela, así como una zona común.

La magistrada afirmó que la pareja era «plenamente consciente» en todo momento de que el suelo donde se proyectaba el complejo turístico no era urbanizable y además señala que carecían de la preceptiva licencia de obras para proceder a su edificación.

Los hechos se remontan al año 2004 después de que efectivos policiales detectasen que se estaban acometiendo los trabajos de construcción del complejo.

Posteriormente, la policía comunicó este suceso al Ayuntamiento de Alfarnate, cuyo alcalde dictó un decreto instando a la paralización inmediata de los trabajos. Sin embargo, el acusado, lejos de acatar dicha orden, «exigió al Consistorio» que se le reconociera el otorgamiento de la licencia de obras por silencio administrativo.

Más tarde, el Ayuntamiento de esta localidad axárquica dictó otros decretos «y con claro desprecio al principio de autoridad continuaron con la ejecución de las obras».

Por todo ello, la pareja ha sido condenada por un delito contra la ordenación del territorio y por desobediencia, ya que deliberadamente no cumplieron con los decretos de paralización, una vez que recibieron comunicación de ello.
En los fundamentos jurídicos, se explica que aunque la mujer no interviene de manera directa en el procedimiento, era la dueña de los tierras donde se iba a habilitar el complejo turístico y permitió que las obras continuaran en el mismo terreno, al igual que también lo hizo su marido.

Cártama prevé regularizar el 80% de las viviendas ilegales (SUR)

El Ayuntamiento negocia con la Junta incluir las casas en el nuevo PGOU, pero descarta aquellas situadas en suelo inundable o protegido
13.04.2011 -
J. J. BUIZA
CÁRTAMA.

El Ayuntamiento de Cártama prevé que alrededor del 80% de las viviendas situadas en suelo no urbanizable en el término municipal podrían quedar regularizadas atendiendo a los criterios del decreto que prepara la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Así lo aseguró el alcalde, José Garrido, tras mantener una reunión con la consejera Josefina Cruz, a quien reclamó que tenga en cuenta a Cártama a la hora de elaborar esta nueva norma.
«Cártama ha sido pionera en ese aspecto, ya que se plantean pautas para resolver la situación de casi el 80 por ciento de esas viviendas, donde se recoge que los inquilinos tendrán que sufragar mayoritariamente el coste del proceso de regularización», declaró Garrido. Cabe recordar que en los últimos años las construcciones irregulares se han convertido en un considerable obstáculo a la hora de planificar el urbanismo de este municipio, donde se contabilizan entre 3.000 y 3.500 expedientes por edificar en suelo no urbanizable. No obstante, Garrido recalcó que no se podrán regularizar la totalidad de las viviendas, puesto que algunas se encuentran en suelo inundable o protegido.
El primer edil cartameño señaló que la aprobación inicial del primer Plan General de Ordenación Urbana hace pocos años ya se ajustaba al espíritu del decreto que prepara la Junta. En concreto, indicó que dicho documento contemplaba resolver la problemática de la construcción irregular de la misma forma que ahora lo está proponiendo el organismo autonómico. En este sentido, mostró su satisfacción por que el trabajo realizado por el equipo redactor del PGOU se haya visto reconocido.
En estos momentos, según agregó el alcalde, los técnicos están trabajando para adaptar el plan urbanístico municipal al denominado POTAUM (Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga), para lo cual se está en «constante» contacto con la Junta de Andalucía. «Para ello contamos con un importante equipo redactor, compuesto por Salvador Moreno Peralta, Carlos Hernández Pezzi, Marta Vergara y la Sociedad de Promoción y Desarrollo», informó Garrido.
Críticas políticas
Estas palabras del regidor se producen después de varias semanas en las que se han sucedido las informaciones de este tipo en la localidad, incluido el anuncio de demolición de una casa por orden judicial. Por esta razón, el mandatario mostró su «total rechazo» a las declaraciones de «algunos políticos» del municipio que, según él, han asegurado que es posible regularizar todas las viviendas emplazadas en terreno rústico.
«Algunos partidos políticos están creando confusión entre los ciudadanos que viven en estas viviendas y están jugando con estos vecinos que se encuentran en una delicada situación, dándoles falsas promesas», afirmó el alcalde, quien insistió en que la legislación actual no permite legalizar todas las edificaciones.