viernes, 11 de diciembre de 2009

Adjudican el proyecto de la zona de ocio de Los Almendros. Rincón de la Victoria (La Opinión)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria firmó ayer la adjudicación de la zona deportiva y de ocio en la zona de ´Los Almendros´, que realizará la empresa Obracsa SL por un importe de 324.800 euros, financiados a través del fondo ICO-Turismo.
El proyecto habilitará en el centro de la localidad un complejo de ocio con pista polideportiva, pistas de pádel, zona con aparatos de ejercicios para personas mayores, aseos y vestuarios, senderos peatonales y zonas verdes.
La parcela cuenta con una superficie de 2.250 metros cuadrados, se sitúa a 500 metros de la playa y cuenta con una bolsa de aparcamientos cercana.
El concejal de Infraestructuras, José Rodríguez (PSIRV), informó de que la adjudicataria ha presentado mejoras en obras por 34.500 euros.

El PP defiende la legalidad de la licencia dada a Tomás Olivo. Marbella (La Opinión)

El promotor, imputado en ´Malaya´, construirá un bloque de viviendas en pleno centro de la ciudad. El PSOE impugnará el permiso para recuperar la parcela


Reivindicación. Vecinos demandaron durante años la parcela de la ´casona´ como suelo público.
Reivindicación. Vecinos demandaron durante años la parcela de la ´casona´ como suelo público. L.O.

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA. El promotor imputado en ´Malaya´ Tomás Olivo podrá volver a construir en Marbella con plena tranquilidad. La licencia municipal que le ampara para convertir en residencias particulares la antigua ´casona sindical´ de la ciudad es "absolutamente legal", argumentó ayer a este diario el concejal de Urbanismo, Pablo Moro. Y todo, por apenas unos días de diferencia.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella se aprobó provisionalmente por primera vez el 23 de octubre de 2008. En aquel mismo acuerdo plenario, la corporación municipal decidió suspender la concesión de permisos de obra en aquellas parcelas cuya calificación en el nuevo planeamiento fuera diferente y su uso incompatible con la marcada en el Plan vigente, aprobado en 1986. La ´casona´ que fuera sede sindical y oficina de Radio Nacional de España estaba incluida.

Suspensión. Eso sí, la aplicación de esta medida no entraría en vigor hasta el día después de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Este hecho no se produjo hasta el 5 de diciembre de 2008. Y para entonces la empresa de Olivo, General de Galerías Comerciales, ya había solicitado la correspondiente licencia para edificar sobre los restos de la ´casona´. Concretamente, lo hizo el 15 de octubre de ese año.
"La medida es aplicable para las licencias solicitadas a partir del 5 de diciembre; con lo cual no hay ninguna duda sobre este particular", según Moro. Otro debate aparte merece la cuestión de que su demandante sea Olivo, confesó el concejal de Urbanismo.
Moro prefirió no entrar en valoraciones. Pero sí dejó claro que la concesión de licencias es un acto reglado y que, en este caso, la mesa de técnicos "no ha tenido más remedio" que informar favorablemente sobre esta petición, porque así lo marcaba la Ley.
La licencia otorgada por la junta de gobierno local, celebrada el pasado martes, y acorde con el PGOU de 1986 le concede al promotor 3.800 metros cuadrados edificables en pleno centro de la ciudad, en el número 11 de la avenida Ricardo Soriano. Allí construirá un bloque de seis plantas.
En el Plan en trámite el techo edificable ascendía a los 6.800 metros. La diferencia es que su uso no podía ser residencial, sino comercial u hotelero. Asimismo, tendría que restar 1.200 metros cuadrados que debían ser comprados por otros constructores de la zona para dedicarlo a equipamiento público y compensar con ello por sus edificios ilegales.
El PSOE impugnará la licencia. Para el edil Javier De Luis, el PP tendría que haber cumplido la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y suspender su concesión. Para el PP, el error fue que ese suelo de propiedad estatal fuera adquirido por Olivo por 19 millones en subasta pública en 2005.

Imputan al alcalde de Estepona por prevaricación (La Opinión)

David Valadez, que conoció su imputación a través de los medios de comunicación, aseguró sentirse muy tranquilo

NOELIA ANDRADE. ESTEPONA. El alcalde de Estepona, David Valdez, ha sido imputado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la localidad por un presunto delito de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito, en una causa donde hay otras dos personas imputadas.
Así lo confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque el propio Valadez aseguró que conoció esta decisión judicial a través de los medios de comunicación. Según explicó el regidor, hasta el momento no ha recibido ninguna notificación del TSJA, aunque desde el tribunal aseguraron que recibirá la citación hoy.
Las causas de esta imputación hay que buscarlas en la denuncia ante la Fiscalía del actual concejal no adscrito y ex integrante del Partido Estepona (PES), Juan Manuel Rodríguez, contra el jefe del gabinete de alcaldía, Luciano Sánchez, por construir una vivienda en suelo rústico.
La parcela, calificada como rústica y con 5.000 metros cuadrados de extensión, cuenta con una vivienda compuesta de una sola planta que ocupa algo más de 115 metros cuadrados y que empezó a construirse en 2004, según explicó a este diario el alcalde.
David Valadez afirmó ayer que fue él quien dio la orden de incoar un expediente al conocer "a través de un medio de comunicación" la supuesta ilegalidad urbanística de su jefe del gabinete de alcaldía, Luciano Sánchez. El regidor añadió que el Ayuntamiento ha actuado conforme a la ley y, tras conocer la irregularidad, se nombró a un instructor y a un secretario que se encargasen de la tramitación del expediente.
A ello se suma la sanción económica y la reposición de la legalidad mediante una orden de demolición, explicó el acalde.
En este sentido, el regidor manifestó sentirse muy tranquilo ya que desde que está en la alcaldía ha seguido todos los cauces legales en las decisiones y actos que ha realizado. No obstante, mostró su sorpresa al enterarse de la imputación a través de los medios de comunicación, ya que insistió en que ningún juzgado le ha requerido información alguna sobre el expediente.
Valadez añadió que ha firmado un acuerdo con la Junta de Andalucía en materia de disciplina urbanística para que se normalizara la situación del importante número de viviendas presuntamente en situación irregular.
Dimisión. Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, pidió ayer la dimisión del alcalde de Estepona, David Valadez, por su imputación y reclamó la celebración de elecciones en el municipio. Sanz indicó que la situación del Ayuntamiento de Estepona es "absolutamente insostenible", por lo que el único camino que le queda al alcalde de la localidad es la dimisión. De esta manera, se daría cumplimiento al código ético interno del PSOE, concluyó Sanz.
Tras conocerse la noticia, el secretario de Organización del PSOE en Málaga, Francisco Conejo, se apresuró ayer en mostrar su apoyo a Valadez y aseguró que el partido "garantizará en todo momento la presunción de inocencia del alcalde de Estepona". Conejo aseguró que se ha actuado con la diligencia debida y conforme a la legislación vigente, a lo que añadió que Valadez entregará toda la documentación a la jueza.

Repunta la venta de viviendas por primera vez desde 2007 (La Opinión)

Las operaciones en Málaga crecen un 2,3% en el tercer trimestre, gracias a la recuperación de la segunda mano


JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA Los datos de venta de viviendas del tercer trimestre del año emitidos ayer por el Ministerio de la Vivienda revelan que la provincia de Málaga puede ya haber invertido la tendencia tras haber tocado fondo a mitad de este año, aunque siga moviéndose en niveles bajísimos. En Málaga se registraron en los meses de julio, agosto y septiembre un total de 5.711 operaciones de compraventa, lo que supone una subida del 2,3% en relación al mismo periodo del año anterior y, lo que es más revelador, el primer incremento interanual desde principios del año 2007, meses antes de que estallara la crisis de las ´subprime´ y cuanto ya el mercado inmobiliario malagueño comenzaba a dar síntomas de estancamiento. Claro que también hay que insistir en que seguimos en el fondo del pozo, con la mitad de actividad que en los años del ´boom´ económico, cuando en cada trimestre se podían llegar a comprar y vender casi 11.000 viviendas. Otro elemento altamente significativo es que un total de 5.007 operaciones, el 87% del total, se registraron en Málaga capital, lo que evidencia que el mercado de la en su día pujante Costa del Sol sigue en hibernación.
Curiosamente, el modesto repunte del mercado de la vivienda viene de la mano del segmento de la segunda mano, que subió un 27% con casi 3.100 operaciones y que compensó la caída del 18% registrado por la vivienda nueva, que se quedó en 2.618 ventas. Un total de 815 fueron adquiridas por extranjeros, una tendencia también al alza, aunque apenas un tercio de las que se registraban en la época de más actividad.
Según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda, Málaga fue la cuarta provincia española con mayor número de viviendas vendidas entre junio y septiembre, por detrás de Madrid (11.249), Barcelona (7.708) y Alicante (6.957). Las operaciones malagueñas supusieron el 27,6% de las transacciones registradas en Andalucía, y un 5,3% del conjunto nacional.
En España, las ventas de vivienda cerradas en el tercer trimestre del año ascendieron a 106.273 operaciones, el 13,6% menos respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el menor descenso registrado en un trimestre desde que comenzó el desplome de las transacciones a mediados de 2007. Igual que en Málaga, la vivienda de segunda mano se recupera un 11,5%, con 52.299 pisos usados vendidos. La responsable de la caída general es la vivienda nueva, dado que sus ventas descendieron el 29% en el tercer trimestre.


El BEI destinará otros 40 millones a financiar las obras del metro (La Opinión)

El Banco Europeo de Inversiones subirá a 300 millones de euros su crédito tras el sobrecoste sufrido por el proyecto


Metro. Trabajadores en las obras de la avenida Juan XXIII.
Metro. Trabajadores en las obras de la avenida Juan XXIII. Arciniega

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA El Banco Europeo de Inversiones (BEI) prevé aumentar entre los próximos meses de enero y febrero en unos 40 millones de euros el crédito concedido a la sociedad concesionaria del metro de Málaga destinado a financiar las obras de las líneas 1 y 2 debido a las modificaciones en el trazado y en las obras que ha sufrido el proyecto desde el año 2006 y que han elevado su coste en más de 70 millones en relación al costo inicial, cifrado en algo más de 400.
El montante total desembolsado por el BEI en esta infraestructura pasará así de los 260 millones aprobados inicialmente en 2006 a unos 300, según anunció ayer el director de Operaciones de Financiación del BEI para España y Portugal, Carlos Guille.
El responsable de esta institución, malagueño de nacimiento, y que asistió ayer a la firma de un convenio con Unicaja, anunció que las negociaciones están "muy avanzadas", aunque matizó que las datos "aún no están cerrados", ya que actualmente "se están ultimando todos los acuerdos con Metro Málaga".
"Estamos a la espera de los últimos detalles en las negociaciones sobre el reequilibrio de la concesión, que determina las necesidades financieras del proyecto", aseguró Guille, que recordó que se han producido "muchas modificaciones en el trazado y en las obras".
El BEI, según recordó su director en la península, "es el único financiador del proyecto" al margen de las propias instituciones. De la cantidad proyectada, el banco aprobó ya hizo un primer desembolso de 50 millones en el año 2006, importe avalado entonces por la Junta de Andalucía.
"En su momento se vio que la ventaja financiera del banco y que tenerlo como único financiador en una concesión y un proyecto tan complejo añadía muchísimo valor en términos de documentación y plazo etcétera", apuntó.
El préstamo del BEI, cuyo pago se difiere a 30 años, se concedió a la concesionaria, conformada por FCC, Azvi, Sando, Vera, Comsa y Cajamar. El sobrecoste de las obras supera de momento los 70 millones de euros en relación a los 403 millones de euros en los que fue adjudicada su construcción. La línea 2, que unirá el Centro con el Martín Carpena, ya ha duplicado su coste y la línea 1 llevaba un camino similar hasta que la Junta de Andalucía decidió desgajar varios tramos del proyecto original, al no aceptar las justificaciones de la concesionaria sobre el incremento del gasto.

El PGOU permitirá a las bodegas de Ronda ampliar sus instalaciones (SUR)

La medida, de carácter puntual, tiene como objetivo fomentar el turismo enológico en la ciudad del Tajo
11.12.2009 -

El PGOU permitirá a las bodegas de Ronda ampliar sus instalaciones
Las bodegas de la ciudad del Tajo se podrán visitar. :: PLT
Los vinos se han convertido casi en la gallina de los huevos de oro para la ciudad del Tajo y, al parecer, sus dirigentes son plenamente conscientes de ello. De ahí que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda se dé un tratamiento especial a los bodegueros. En el documento se contemplarán una serie de medidas especiales que permitirán la ampliación de las instalaciones de las 16 bodegas que actualmente están funcionando en Ronda. Además, la iniciativa beneficiará a las que se creen en el futuro, según ha informado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ronda, el socialista Juan Fraile.
Tanto él como el nuevo presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Ronda, Francisco Moreno, han coincidido en señalar que el objetivo es fomentar el turismo enológico y el desarrollo del sector, en pleno auge. Ya anteriormente, se apuntó a la posibilidad de organizar visitas a la bodegas, entre otras acciones promocionales del vino.
Con esta medida, el PGOU dará respuesta a los bodegueros que ya plantearon sus quejas durante el período de exposición pública del avance del documento urbanístico, que terminó a finales de octubre de 2008. El sector vitivinícola rondeño veía como se limitaban sus expectativas de crecimiento al no poder ejecutar obras de mejora en sus instalaciones, situadas en zonas rurales.
Esta iniciativa será así un tratamiento de carácter puntual al que se da luz verde cuando se están estudiando las sugerencias presentadas al avance del PGOU. La reivindicación casi histórica de los bodegueros se incluirá en el documento de aprobación inicial tras el que se abrirá un período de información pública, en el que los colectivos y personas interesadas en ello podrán formular alegaciones.
Más promoción
El nuevo presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Ronda avanzó también que el colectivo se ha marcado entre sus principales objetivos promocionar el vino rondeño. De esta manera, explicó que se pondrá en marcha una campaña de promoción para lo que se colocarán carteles en las entradas a la ciudad del Tajo y se ofrecerán charlas y degustaciones a los profesionales del sector hostelero.

Torrox deja desierta por tercera vez la venta de dos parcelas por siete millones

El Ayuntamiento ya rebajó un 37,5% el precio de venta de los terrenos, para edificar 141 viviendas, en la zona costera de Calaceite
11.12.2009 -
EUGENIO CABEZAS
TORROX.

Torrox deja desierta por tercera vez la venta de dos parcelas por siete millones
Terrenos. Las parcelas están situadas en la zona de Calaceite. :: E. C.
El parón del sector del ladrillo es evidente en toda España y en la provincia de Málaga especialmente. En el caso de Torrox, el Ayuntamiento se ha vuelto a ver obligado a dejar desierta, por tercera vez, la venta de dos parcelas municipales en las que se pueden construir hasta 141 viviendas de renta libre, en la zona costera de Calaceite, como consecuencia de la ausencia total de inversores interesados en su adquisición. El precio de venta de estos terrenos se había rebajado en este último procedimiento de enajenación en hasta un 37,5% respecto al anterior.
Así, la licitación de estos terrenos se había fijado en unos siete millones de euros, frente a los algo más de diez previstos en el anterior expediente. Pues ni por esas. Ninguna empresa ha pujado para hacerse con estas parcelas y de paso permitir sanear las maltrechas cuentas municipales del Ayuntamiento de Torrox, que había supeditado la elaboración de su presupuesto municipal para el presente año 2009 a la consecución de esta operación. Sin embargo, ahora, y visto el panorama, el equipo de gobierno cuatripartito (IU, PSA, PIU, PP) se está replanteando la posibilidad de volver a intentarlo por cuarta vez, aunque en este caso, la rebaja no superaría el 10% del precio fijado en esta última ocasión, y en ningún caso bajaría de los 400 euros por metro cuadrado, según enfatizó ayer a SUR el concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU).
«Las cosas están muy mal en el tema urbanístico, nadie compra y los terrenos ya no valen lo que valían antes», manifestó el edil torroxeño, quien, no obstante, aseguró que están trabajando para elaborar un presupuesto municipal de cara al próximo año 2010. «Serán una cuentas muy austeras, sin apenas inversiones, porque no tenemos fondos para ello. Lo que hacemos es asegurar el pago de las nóminas a los trabajadores municipales y a los proveedores», continuó Pérez Moreno, quien estimó que las nuevas cuentas se podrán presentar para su debate en pleno a comienzos del próximo mes de enero.

Piden retirar las competencias urbanísticas a los consistorios. Vélez-Málaga (SUR)

Nueva Cultura del Territorio dice que el urbanismo que se ha generado en la comarca «es un desastre inadmisible»
11.12.2009 -
AGUSTÍN PELÁEZ
VÉLEZ-MÁLAGA.

Piden retirar las competencias urbanísticas a los consistorios
La coordinadora dice que hay 22.000 viviendas ilegales. :: E. GUZMÁN
La coordinadora ciudadana Nueva Cultura del Territorio (NCT) de Málaga ha pedido a la Junta de Andalucía la retirada de las competencias urbanísticas a los ayuntamientos de la comarca, a la vez que exigir responsabilidades penales por las irregularidades urbanísticas cometidas y crear una oficina que ejerza la autoridad en esta materia en la Axarquía.
El colectivo, integrado por asociaciones vecinales y ecologistas de toda la provincia que tienen en común la defensa del territorio frente a la especulación urbanística, señala en un comunicado que en la Axarquía, se han construido unas 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, la mitad de las cuales se han edificado en los últimos diez años de manera ilegal. Asimismo, el colectivo expresa que es imposible este volumen de construcción sin la complicidad de los responsables municipales de urbanismo.
«Este modelo territorial que consiste en parcelar el campo, construir y vender, origina un enorme coste ambiental y es una presunta estafa para los ayuntamientos, que al final, tienen que asumir los costes de urbanización y servicios que no pagan los nuevos residentes del suelo rural, además de escamotear las obligadas dotaciones y cesiones de suelo como toda urbanización en regla», añade el comunicado.
Para Nueva Cultura del Territorio, el urbanismo disperso que se ha generado en la comarca «es un desastre inadmisible, que devasta el territorio, agota el agua y consume unas infraestructuras y recursos necesarios para la movilidad, inaceptables para una sociedad que está obligada a buscar la sostenibilidad».
Según la coordinadora ciudadana, los responsables municipales de la Axarquía han dejado patente que son incapaces de gestionar el urbanismo, por lo que «lo único sensato es retirarle ya las competencias urbanísticas a estos ayuntamientos, y que las recupere la administración competente, que es la Junta de Andalucía, que debería crear al mismo tiempo una Oficina que ejerza la autoridad urbanística y gestione estos recursos, que la mala gestión de los ediles de la comarca ha dilapidado».
Disolución
Nueva Cultura del Territorio ha calificado además la recién constituida Mesa por el Urbanismo de la Axarquía como la «Mesa por la Impunidad Urbanística» y ha afirmado que debería ser disuelta, «puesto que sus miembros han demostrado que no han cumplido ni han sido capaces de hacer cumplir la ley, perdiendo la autoridad y la credibilidad ante la sociedad».
Para la coordinadora ciudadana, la única manera de recuperar la credibilidad es que los infractores pierdan las competencias urbanísticas y que el dinero del urbanismo lo gestione una entidad supramunicipal dependiente de la autoridad urbanística de la Junta de Andalucía.
Con la petición de retirar la competencias el colectivo tiene el propósito de que sirva como llamada de atención para todos los concejales de los pequeños municipios de Andalucía que puedan verse tentados a utilizar el urbanismo para crear una red clientelar de afectados o hacer dinero fácil violentando la legalidad y destrozando el territorio.

La futura tecnópolis de Mijas va cobrando forma (SUR)

Los avances en materia de desarrollo industrial y empleo son siempre muy necesarios, y más aún en época de crisis. Por ello, el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, y el edil de Obras Juan Cruz se mostraban ayer optimistas con el anuncio de la exposición pública del proyecto de actuación para la Declaración de Interés Autonómico de la zona de oportunidad en La Alberquilla, donde está previsto la puesta enmarca de una tecnópolis de más de tres millones de metros cuadrados.
«El área de oportunidad será uno de los de mayores espacios de España en su género, que va a cambiar la estructura económica de Mijas y la comarca, al conseguir alternativas a la construcción y el turismo, gracias a actividades que generan empleo desde perspectivas como las tecnológicas y las medioambientales», destaco el mandatario local. Y es que, en un estudio ya realizado en colaboración con la Junta, sólo de la localidad y su entorno ya hay una demanda de 400 empresas para instalarse en la tecnópolis.
El desarrollo de la zona se realizará por fases, la primera que contempla trabajar sobre 147 hectáreas al norte de la AP-7 y el segundo desarrollo, al sur, que tendrá que ver además con la instalación de empresas relacionadas con la Innovación y las nuevas tecnologías. Con respecto al desarrollo, desde el Ayuntamiento se recordó que se ha trasladado con respecto a lo previsto inicialmente para salvar unas 250 casas irregulares «cuya legalización dependerá de otros cauces».
Por otro lado, el concejal de Obras aseguró que actualmente se mantienen conversaciones con la EPSA para que los empresarios del PEM, una organización de 230 comuneros que pensaban desarrollar un parque industrial y que adquirieron terrenos en La Atalaya con el visto bueno de la Junta, consigan una compensación que les permita instalarse en el área de oportunidad.

El Ayuntamiento de Marbella dice que no puede oponerse a la licencia para el edificio de RNE (SUR)

El Ayuntamiento de Marbella salió ayer al paso de las críticas tras el anuncio de la autorización para construir viviendas en el antiguo edificio de Radio Nacional. Su argumento: Que no se puede oponer a conceder la licencia de obra solicitada por el empresario imputado en el 'caso Malaya' y propietario del inmueble, Tomás Olivo, porque se ajusta a la legalidad vigente.
El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, defendió la actuación municipal en declaraciones a Efe y recordó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, fue aprobado «por un gobierno socialista y que da una calificación determinada al inmueble».
«Cuando un propietario nos pide una licencia que está prevista en un planeamiento correctamente, no podemos oponernos, puesto que se trata de un acto tasado» anotó el portavoz. Fue más allá. Puso la pelota en el tejado de la Junta de Andalucía: «Si el uso del inmueble no es otro la responsabilidad hay que buscarla en el partido socialista».

Imputado por prevaricación David Valadez, el alcalde que denunció 'Astapa'. Estepona (SUR)

Un juzgado de Estepona lo vincula a una causa urbanística por una denuncia contra su jefe de gabinete
11.12.2009 -
ESTEPONA.

Prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir el delito. Estos son los dos presuntos delitos que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona imputa al alcalde socialista de la localidad, David Valadez. Según precisaron ayer a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la causa investigada hay otras dos personas imputadas, de las que hasta el momento se desconocen más datos. Las mismas fuentes no han precisado los hechos que provocaron el inicio de la instrucción que lleva a cabo este juzgado.
El regidor accedió a la Alcaldía en julio de 2008 tras denunciar la presunta trama de corrupción municipal conocida como 'caso Astapa'. Cuatro meses después, el 2 de diciembre de 2008, el entonces concejal del PES, Juan Manuel Rodríguez, (en la actualidad es edil no adscrito) denunció ante la Fiscalía de Marbella una presunta irregularidad urbanística contra el actual jefe de gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez, por la construcción de una vivienda sobre suelo rústico.
La parcela, de 5.000 metros cuadrados de extensión, cuenta con un inmueble compuesto de una sola planta, que ocupa unos 115 metros cuadrados. En marzo de 2007, Sánchez elevó a público -ante notario- la declaración de obra nueva ejecutada sobre dicho terreno. Para poder otorgar escritura pública de obra nueva, hizo constar que la edificación tenían más de cinco años de antigüedad y aportó una certificación expedida por un arquitecto técnico, que fue visada en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Sin embargo, una ortofoto realizada en septiembre de 2004 por técnicos del Instituto de Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, reveló que sobre la parcela no había vivienda alguna.
El asunto levantó las críticas entre los miembros de la oposición municipal. La concejala no adscrita Marisa Rodríguez solicitó en varios plenos ordinarios el cese del jefe de gabinete de Alcaldía por la supuesta irregularidad cometida. Tras conocer los hechos, el regidor ordenó la apertura de un expediente disciplinario, que lleva el número 537/08.
Una multa de 157.415 euros
En la documentación incluida en este procedimiento, los técnicos municipales ponen de manifiesto que la vivienda, que se ubica en la zona de la Loma de la Pontezuela, se levantó sobre terreno clasificado como no urbanizable y de interés ambiental en el actual planeamiento. Los informes señalan además que la obra se realizó sin licencia municipal.
Según los técnicos municipales que han participado en la elaboración del expediente, la infracción cometida por el cargo de confianza de Valadez está considerada como «muy grave» en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Por ello, se dictó una orden de derribo de la construcción para reponer el daño causado, tras considerarse imposible la legalización.
Y más. Los hechos provocaron la imposición de una sanción económica que asciende a 157.415 euros; esto es, el 250% del valor de tasación de la obra. Otro de los aspectos que aclaran los técnicos municipales es la fecha en la que se construye la edificación. La documentación que se incluye en el expediente disciplinario tumba el argumento esgrimido por el jefe de gabinete de Alcaldía sobre la antigüedad de la vivienda. Así, los informes municipales señalan que ésta no existía hasta 2005.
Por los medios
El alcalde se enteró por los medios de comunicación de su imputación en la causa que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona. De hecho, según fuentes judiciales, un problema impidió que el primer edil recibiera la notificación, que hoy se le comunicará. «No es el procedimiento correcto», reprochó Valadez. Hasta último momento, el alcalde negó su implicación en estos hechos y aseguró estar «muy tranquilo» porque, según dijo, ha actuado «con absoluta diligencia» en este expediente. Con este argumento sostuvo que es «imposible» que se le impute un delito de omisión del deber de perseguir el delito.
«En el tiempo que llevo ostentando la máxima responsabilidad en este Ayuntamiento, jamás se ha requerido información alguna respecto a este expediente por parte de juzgado alguno», dijo Valadez. El alcalde recordó además que el Ayuntamiento firmó un acuerdo con la Junta de Andalucía en materia de disciplina urbanística para que se normalizara la situación de «un número importante y considerable» de viviendas que se encuentran en una situación similar al caso denunciado ante la fiscalía.
El municipio esteponero cuenta con más de 5.000 construcciones en suelo no urbanizable conocidas popularmente como 'campitos'. El juzgado que instruye el 'caso Astapa' requirió al Consistorio en septiembre de 2008 todos los expedientes de disciplina urbanística que existían hasta la fecha en las dependencias municipales. En total, más de 2.000 asuntos. La mayoría de ellos están relacionados con la construcción de casas en zonas rurales.

Málaga es la cuarta provincia española con más viviendas vendidas en el tercer trimestre (SUR)

Málaga, con 5.711 operaciones, fue la cuarta provincia española con mayor número de viviendas vendidas entre junio y septiembre, por detrás de Madrid (11.249), Barcelona (7.708) y Alicante (6.957). Las ventas cerradas en el tercer trimestre del año suponen el 27,6% de las registradas en Andalucía y un 5,3% del conjunto nacional, según los datos hecho públicos ayer por el Ministerio de Vivienda.
En España, las ventas de pisos en el tercer trimestre del año ascendieron a 106.273 operaciones, el 13,6% menos respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el menor descenso registrado en un trimestre desde que comenzó el desplome de las transacciones a mediados de 2007. Al mismo tiempo, la vivienda de segunda mano se ha recuperado un 11,5%, puesto que se vendieron 52.299 pisos usados entre julio y septiembre frente a los 46.901 del mismo periodo de 2008. La responsable de la caída general es la vivienda nueva, dado que sus ventas descendieron el 29% en el tercer trimestre.
Ventas en la capital
Las capitales de provincia en las que se ha registrado un mayor número de transacciones inmobiliarias en los últimos doce meses son Madrid (22.217), Barcelona (9.078), Zaragoza (6.755), Murcia (6.160), Sevilla (5.576), Valencia, (5.136) y Málaga (5.007). De este último dato se desprende que la inmensa mayoría de las operaciones efectuadas en la provincia tuvieron lugar en la propia ciudad de Málaga, quedando para el resto de municipios apenas 700 transacciones.
Cuatro comunidades autónomas concentran casi el 56% del total de las viviendas vendidas en el tercer trimestre: Andalucía (20.664), Comunidad Valenciana (14.852), Cataluña (12.613) y Comunidad de Madrid (11.249). Del total de viviendas traspasadas en el tercer trimestre, el 5,8% (6.097 inmuebles) fueron compradas por residentes extranjeros en España, en tanto que el colectivo de no residentes compró 587 inmuebles.