viernes, 25 de julio de 2008

Málaga, con un 16,3%, tiene la quinta peor tasa de paro nacional (Málaga Hoy)

Los desempleados llegan a 119.100 · Entre abril y junio 170 personas engordan cada día la lista de los que pierden el trabajo

Más de 30.600 nuevos parados desde que empezó el año, casi 4.000 en el último trimestre. Un 16,3% de la población activa sin empleo, la quinta peor tasa de España. Y en el caso de las mujeres, peor. Casi una de cada cinco se encuentra sin trabajo La crisis se ceba especialmente con el empleo en Málaga con 119.100 parados el pasado 1 de julio. También se resiente la población ocupada con 607.800 frente a los 619.200 de hace tres meses y los 632.500 con que se inició el año. Todo ello a tenor de las cifras recogidas por el INE en la Encuesta de Población Activa en el segundo trimestre de este año.También Andalucía sale muy perjudicada. La región se llevó la peor parte de los ya de por sí malos datos registrados en todo el Estado. El desempleo aumentó de abril a junio en la Comunidad en 56.400 personas, lo que supuso un incremento del 10,05% con respecto al trimestre anterior y el 27,19% del total nacional. De ello se desprende que casi tres de cada diez nuevos parados era andaluz y que cada día de abril, mayo y junio engrosaron las listas del paro más de 600 residentes en la comunidad.Una mala noticia que situó el número total de desempleados en Andalucía en 618.000 personas, lo que elevó la tasa de paro al 16,27%, seis puntos superior a la media española (10,44%), que ya de por sí era la más alta de los últimos cuatro años. Con este récord, la región ostentó el dudoso honor de colocarse en cabeza de ranking nacional.En los últimos doce meses, el desempleo aumentó en 178.500 personas (+40,61%), mientras que el número de ocupados descendió en 55.200, lo que supuso una caída del 1,70%.En este escenario, Granada fue la mayor damnificada. La EPA la cataloga como la provincia con la tasa de paro más alta de España, con un 18,44% (77.400 parados). Por detrás de ella se encontraron Cádiz (18,2), Almería (17,57), Las Palmas (17,12), Málaga y Jaén (16,38) y Córdoba (15,64). Sin embargo, en números absolutos, Sevilla y Málaga se erigieron en las reinas del desempleo, con 124.000 y 119.000 parados respectivamente.En España, el paro aumentó en 207.400 personas en el segundo trimestre, lo que elevó la tasa de desempleo al 10,44%, porcentaje que no se veía desde el cuarto trimestre de 2004, cuando llegó al 10,56%, y que supera las últimas previsiones del Gobierno, que estimaban una tasa del 9,8% para este año y del 10% para 2009.En el último año, la cifra de desempleados en España sube en 621.600 personas, un 35% más, con lo que el total alcanzó los 2.381.500. De éstos, ya son 553.900 los hogares en los que todos sus miembros están sin trabajo, 174.200 más que hace un año.

La falta de obras llevará al paro a 50.000 empleados de la construcción en Málaga (Málaga Hoy)

El número de proyectos visados para la construcción de nuevas obras ha descendido un 45%
La crisis económica está mermando cada vez más al sector de la construcción. Y las previsiones de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga no son nada halagüeñas para los próximos meses. Si ahora el número de parados en el sector supera ya los 25.600 trabajadores, a finales de año la cifra podría llegar hasta los 50.000.Lo peor se espera para después del verano. El presidente del colectivo, José Prados, aseguró ayer que el sector se mantiene de momento "gracias a la inercia de las obras que se iniciaron entre el año pasado y el anterior". Pero muchas de ellas terminarán una vez que acabe el verano y las empresas constructoras y promotoras no tendrán más remedio que despedir a sus trabajadores. Prueba de ello es, según el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Francisco San Martín, que en lo que va de año los proyectos visados para la construcción de nuevas obras han descendido un 45% en la provincia, mientras que el número de las viviendas visadas también ha sido este año un 50% inferior.El preocupante panorama al que se enfrenta el sector en los próximos meses es uno de los motivos que ha llevado a la asociación de constructores y los colegios de arquitectos, ingenieros de caminos y arquitectos técnicos y aparejadores a constituir la Mesa de la Construcción, una iniciativa con la que pretende fomentar el diálogo sobre los asuntos comunes que les afectan en estos momentos y no como medio de interlocución con las administraciones.Una de las primeras reivindicaciones que realizó ayer el recién creado órgano fue la aceleración de la aprobación de los planes generales de ordenación urbana de los municipios de la provincia, cuya tramitación "se ha convertido en una carrera de obstáculos para los ayuntamientos por culpa de la organización administrativa", criticó San Martín.Además, exigió a la Junta de Andalucía que lleve a cabo una legislación urbanística clara, "que ordene el territorio, pero que no suponga inseguridad jurídica de las inversiones ni contribuya al estancamiento económico". En este sentido, criticó que la provincia aún no cuente con un delegado de la recién creada Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) proporcionaron ayer una de cal y otra de arena: la construcción sufrió el ajuste más acusado, con 87.100 desempleados más, el 42% del total, en un trimestre en el que la única nota positiva fue el descenso de la temporalidad, que se redujo hasta el 29,39%.

Urbanismo no encuentra comprador para los dos edificios de 'asustaviejas' (Málaga Hoy)

El concurso público que el Ayuntamiento de Málaga convocó para la venta forzosa de los dos inmuebles de la calle Mariscal no ha recibido ninguna oferta
La iniciativa que el Ayuntamiento de Málaga puso en marcha para solucionar el abandono de los edificios número 3 y 5 de la calle Mariscal ha fracaso de momento. Ninguna empresa constructora se ha mostrado interesada en adquirir ambos inmuebles afectados por un caso de asustaviejas desde hace 11 años y cuyo propietario se niega a arreglar. La Gerencia Municipal de Urbanismo no ha recibido ninguna oferta para la venta forzosa de los edificios dentro del concurso público que convocó hace un mes y cuyo plazo acabó el lunes.Pero el Consistorio malagueño aún mantiene la esperanza y no da por desierto definitivamente el concurso. Fuentes de Urbanismo aseguraron ayer a este periódico que, aunque en el registro de la Gerencia no se haya presentado ninguna oferta, hay que dar un plazo de una semana para constatar si ha llegado alguna en los registros de otras administraciones públicas.En el caso de que no ocurra, el Ayuntamiento de Málaga podrá volver a convocar un nuevo concurso en el plazo de seis meses según establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).Después de ordenar en 13 ocasiones al propietario de los edificios su arreglo, el Gerencia Municipal de Urbanismo optó el pasado mes de junio por sacar a concurso la venta forzosa de estos inmuebles por el incumplimiento social de la propiedad y por un precio inicial de poco más de 2,4 millones de euros.La empresa o empresas que finalmente se hagan cargo de los edificios estarán obligados, según el pliego de condiciones, a rehabilitarlos en un plazo no superior a 23 meses y a garantizar el retorno de los 12 inquilinos que en la actualidad siguen habitándolos a pesar del acoso inmobiliario al que han estado sometidos por parte del propietario.Además, el Consistorio primaría las ofertas de aquellas empresas que estuvieran dispuestas a destinar de manera parcial o total los dos inmuebles a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) o viviendas de protección pública (VPP).Pero el anuncio del Ayuntamiento de Málaga de ordenar la venta forzosa de los dos edificios, motivó a una veintena de familias a ocuparlos hace tan sólo unas semanas. Los vecinos que aún viven en su interior denunciaron la situación al Ayuntamiento de Málaga y al Defensor del Ciudadano, ya que estaban indignados de que estas personas disfrutaran de vivienda y de luz gratis. Estas seis familias sí pagan mensualmente sus rentas, dos con contrato de renta antigua y cuatro con otras que rondan los 300 euros. Ambos edificios ocupan una superficie de 2.373 metros construidos, en los que hay delimitadas unas 40 viviendas.

La Junta invertirá 150 millones en comprar suelo para VPO (La Opinión)

Comprará los terrenos a promotores privados si los ayuntamientos no tienen superficie suficiente para edificar las 10.000 primeras viviendas previstas
LA OPINIÓN. SEVILLA La Empresa Pública de Suelos de Andalucía (EPSA) comprará a partir de septiembre suelos urbanizables por 150 millones de euros a promotores privados si los ayuntamientos no tuviesen la oferta suficiente para poder construir las 10.000 viviendas protegidas de la primera fase del Plan Andaluz de Vivienda.En declaraciones a los medios, el consejero de Vivienda de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, afirmó ayer que lanzará un paquete importante de oferta pública para adquirir suelos, si los municipios presentan una demanda insuficiente de suelos públicos urbanizables.Difusión. En este sentido, dijo que la reunión que se realizó ayer con 67 ayuntamientos tuvo dos objetivos, el primero de ellos fue darle la máxima difusión al plan para que los consistorios acometan las acciones pertinentes mediante planes municipales de vivienda, o a través de la identificación de los suelos donde se edifiquen las VPO.El segundo objetivo, según apuntó, fue aprovechar el hecho de que los municipios que participaron en la reunión son los que demandan en mayor número viviendas protegidas, pues supone más del 65% de la población.Por otro lado, anunció que se pondrá en marcha un plan intenso de trabajo adaptado parcialmente, con un margen de tres a cuatro meses. Además, se dispondrán 30 equipos de apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos para que en diciembre tengan ubicado el suelo en el que se construirán las viviendas. Para el consejero, este plan sólo se conseguirá si los trabajos se hacen de manera coordinada entre gobiernos municipales, diputaciones y la Junta con convenios comunes.Esta iniciativa andaluza viene a sumarse al anunció realizado el miércoles por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, por el cual el Gobierno central realizará en octubre una primera oferta de suelo público, por un valor inicial de 300 millones de euros ampliables, para la compra y urbanización de terrenos propiedad de promotores e inmobiliarias que se destinarán a la construcción de vivienda protegida.

El desempleo avanza en Málaga a un ritmo de 129 parados al día (La Opinión)

La crisis azota a la provincia con 47.000 desempleados más que hace un año y una tasa de paro del 16,38%, superior a la andaluza y la nacional. Hay 119.100 parados, el peor dato desde 1996
J. MARÍN D. / EFE. MÁLAGA / MADRID Las previsiones más pesimistas sobre la crisis económica, la caída en picado de los principales sectores productivos y el incremento del paro se hacen realidad en toda España y especialmente en Málaga, que bate sin freno récords negativos de desempleo y regresa a cifras desaparecidas desde el lejano 1996. La crisis, indudable e indiscutible, avanza en la provincia a un ritmo infernal de 129 parados al día, según se desprende del último recuento de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecho público ayer. En sólo un año ha aumentado este concepto en 47.100 personas y la tasa de paro se sitúa en un 16,38%, ligeramente superior a la media andaluza (16,27%) y muy por encima de la nacional, que es del 10,44%.Tanto es así que esta tasa es la sexta más alta de España, igualada a la de Jaén, y sólo por detrás de Melilla, Granada, Cádiz, Almería y Las Palmas. Andalucía ha salido muy desfavorecida en el último dato de la EPA, como corresponde al brusco descenso del sector servicios -principal actividad económica de la región- y de la construcción. La provincia de Málaga tiene 119.100 parados, una cifra que no se conocía desde el lejano 1996.Ocupados. El secretario general de CCOO en Málaga, Antonio Herrera, denunció ayer que desde 2003 no decrecía el empleo en el segundo trimestre del año en relación al primero y destacó que el 90% de la destrucción de puestos de trabajo corresponde al sector servicios. Además, el paro es más virulento entre los hombres que entre las mujeres, si se tienen en cuenta los datos absolutos; pero en porcentajes, la tasa es mayor entre la población femenina. Sólo la agricultura, con escaso peso en la economía local, se ha salvado de la quema.Actualmente, la cifra de ocupados en la provincia de Málaga asciende a 607.800, con la consabida tasa de paro del 16,38%. Hace sólo un año este indicador se situaba en un 10,22%, lo que da una idea de la importancia de la desaceleración. Además, para colmo, el Gobierno volvió a revisar a la baja ayer sus previsiones de crecimiento anual. Hasta finales de 2009, parece, no se verá la luz al final del túnel.Andalucía y España. En lo que se refiere al conjunto de Andalucía, el paro aumentó en el segundo trimestre del año en 56.400 personas, lo que supone un aumento del 10% en relación con el trimestre anterior. El número de desempleados es de 618.000 personas, con la citada tasa de paro del 16,27%.En los últimos doce meses, el paro ha crecido en la región en 178.5000 personas, mientras que el número de ocupados ha descendido en 55.200. De abril a junio la cifra de ocupados disminuyó en 43.600 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone una bajada del 1,35%, de forma que la cifra total de ocupados alcanza las 3.180.400 personas.En el conjunto de España, el paro subió en 207.400 personas en el segundo trimestre del año, el 9,5% en relación al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados es ya de 2.381.500. La tasa de paro (10,44%) alcanza su valor más alto desde finales de 2004.En concreto, la tasa de desempleo no alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el cuarto trimestre de 2005, cuando llegó al 10,56%. Este porcentaje supera las últimas previsiones del Gobierno, que estimaban una tasa de paro del 9,8 por ciento para este año y del diez por ciento para 2009. Los números reales obligan a corregir una y otra vez las previsiones, ya de por sí pesimistas, establecidas para España en este fatídico año

Dos empleos menos por cada vivienda que deje de construirse (La Opinión)

Los miembros de la mesa temen que las filas del paro se llenen de trabajadores de la construcción antes de que termine el año. 25.600 obreros están desempleados
IGNACIO A. CASTILLO. MÁLAGA Las colas del paro acechan a los miles de trabajadores que se dedican a la construcción en la provincia de Málaga. La crisis ahoga a las empresas que, para intentar no tocar fondo, inician expedientes de regulación de empleo, lo que provoca despidos masivos y, por consiguiente, el aumento de las cifras de desempleados. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (ACP) de Málaga, José Prado, recordó ayer que, según la Oficina Económica de La Moncloa, por cada vivienda que deje de construirse, se perderán 2,3 puestos de trabajo.Prado añadió que la cifra actual de 25.600 personas en paro en el sector de la construcción en Málaga podría aumentar en el último semestre del año, ya que después del verano, al no haber licencias de obra pedidas, tampoco se podrán iniciar nuevas construcciones. "Este porcentaje se incrementará bastante", dijo el presidente de los promotores malagueños, aunque no supo o no quiso precisar cifra alguna.Las empresas constructoras e inmobiliarias aún viven de las rentas de los años anteriores. Pero esta inercia se va a acabar. Y será muy pronto, se lamentan los integrantes de la mesa sectorial, constituida ayer. La Encuesta de Población Activa (EPA) ofrecía ayer los datos de paro en Málaga, que afecta al 16,38% de la población.Las medidas para tratar de paliar los efectos de la crisis se antojan urgentes. Además de aumentar la obra pública, una solución parcial clásica y que sólo representa el 25% de la facturación total, los miembros de esta plataforma apuestan también por la construcción de VPO como alternativa. Prado celebró la iniciativa del Ministerio de Vivienda, que ha anunciado la inversión de 300 millones de euros en la adquisición de suelo para vivienda protegida. "Es positivo, aunque tampoco es suficiente. Los propios promotores hemos solicitado al Consejo de Vivienda poder adaptar las viviendas libres que no vendemos en VPO", recordó el presidente de la ACP, quien pidió un mayor esfuerzo e imaginación para atajar la desaceleración económica.A vueltas con los planes generales, y relacionado con las VPO, el presidente del Colegio de Arquitectos, Francisco San Martín, exigió al Ayuntamiento de Málaga que cumpla la legislación urbanística, aplicando el PGOU de 1997 a los proyectos pendientes o que se presenten para nuevas licencias, "siempre que no afecten a los intereses generales fundamentales", ya que se han cumplido dos años sin haberse aprobado provisionalmente el nuevo plan, paralizado tras las últimas elecciones municipales, y dado que aunque el pleno de el visto bueno inicial el próximo 14 de agosto, "aún quedará mucho tiempo hasta que pueda comenzar a aplicarse, ya que tendrá que viajar a Sevilla y la Junta tendrá, como mínimo, seis meses para responder", insistió. Y esta parálisis afecta a la construcción de vivienda protegida. "Con la primera aprobación de la ley andaluza del suelo se venía diciendo que se reservaría el 30% del suelo edificable para la construcción de VPO, pero aún ahora esta idea no se ha podido materializar".

El Bellas Artes, al fin en obras (La Opinión)

El cartel anunciador de los trabajos ya luce en la Aduana y los andamios comienzan a llegar. El coste del proyecto supera los 23 millones de euros
MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA El Palacio de la Aduana, si no hay más inconvenientes, estará listo para albergar el Museo de Málaga en tres años. La fase de obras de este importante equipamiento cultural ha comenzado con la colocación del cartel que ya luce en uno de los laterales del inmueble con los detalles del proyecto y la llegada de los primeros andamios.La obra se iniciará la próxima semana, según confirmó a este diario el delegado de Cultura en Málaga de la Junta de Andalucía, Francisco López.Atrás quedan años de manifestaciones ciudadanas, de polémicas sobre su futura ubicación, de declaraciones cruzadas entre administraciones... El inicio de los trabajos, en este caso más que nunca, es toda una inyección de moral para la ciudadanía, cuando apenas ya si se recuerdan aquellas movilizaciones con miles de manifestantes realizando siempre un mismo recorrido que desembocaba en la Aduana.El asunto quedó finalmente desbloqueado en septiembre de 2005, cuando un convenio a varias bandas entre diversos departamentos de la Junta y el Gobierno central permitió que la Subdelegación del Gobierno se trasladara al remozado edificio de La Caleta. Como medida simbólica de apoyo al futuro museo, el actual subdelegado, Hilario López Luna, nunca residió en la Aduana.La actuación cuyas obras se están preparando, se realizará en el exterior e interior del edificio. En el primer piso, se expondrán los fondos del Museo de Bellas Artes y en el segundo, los del Arqueológico. Para tal fin se trabajará en estas plantas para crear grandes salas diáfanas. El sótano se usará para los accesos de infraestructura y la logística del museo y, el tercer piso, de acceso restringido, se empleará para el estudio, el trabajo interno, la investigación en la biblioteca y los diferentes talleres que se pondrán en marcha.La última planta será la gran seña de identidad del museo, pues estará bajo la nueva cubierta. Los arquitectos recuperarán el antiguo tejado a dos aguas que se quemó en un incendio en 1922, recordó López.Las obras fueron adjudicadas por 23,6 millones de euros. Los arquitectos son Fernando Pardo Calvo, Bernardo García Tapia y Ángel Pérez Mora. La empresa adjudicataria es Sacyr y el plazo de fin de obra se establece en 36 meses.A partir de agosto de 2011 comenzará por tanto la instalación de las dos muestras que componen el Museo de Málaga, que debería abrir sus puertas en el primer semestre de 2012. López recordó que el espacio y la obra es competencia del Gobierno de la nación, mientras que de la Junta de Andalucía dependerá la gestión del espacio. "Es un proyecto que nos ilusiona a todos los malagueños", declaró.

La crisis deja sin trabajo en Málaga a 47.000 personas en el último año (La Opinión)

La desaceleración económica y el pinchazo de la construcción y los servicios elevan al 16,38 % el nivel de paro en la provincia, que registra ya 119.000 desempleadosEmpresarios, arquitectos e ingenieros se unen para tratar de amortiguar el descalabro del sector inmobiliario malagueño, aunque temen que lo peor aún esté por llegar
La desaceleración económica y el pinchazo de la construcción y los servicios elevan al 16,38 % el nivel de paro en la provincia, que registra ya 119.000 desempleadosEmpresarios, arquitectos e ingenieros se unen para tratar de amortiguar el descalabro del sector inmobiliario malagueño, aunque temen que lo peor aún esté por llegar

La obra del estadio de atletismo de Cártama recibe 29 ofertas


Concluye la reforma del campo de fútbol de la Estación, que se inaugura mañana

La primera gran obra de la futura ciudad deportiva de Cártama ha despertado mucho interés por parte de constructoras de todo el país. El concurso público convocado por el Ayuntamiento para la edificación del estadio de fútbol y atletismo ha recibido un total de 29 ofertas, según adelantó ayer el teniente de alcalde, Jorge Gallardo. «Ahora habrá que estudiar bien todas las propuestas y esperamos que a mediados de agosto puedan adjudicarse las obras, aunque dependerá de lo que se tarde en revisar las ofertas», explicó Gallardo.En principio, en el pliego de condiciones se contemplaba un presupuesto inicial de 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses, aunque es posible que ambos apartados varíen en función de las condiciones de la empresa adjudicataria. Entre las compañías que optan al concurso se encuentran firmas importantes del sector a nivel andaluz y nacional, como Dragados, Guamar, Ingeconser, Noriega, Jarquil o Hexa, entre otras.El Ayuntamiento ha convocado para el próximo miércoles la primera mesa de contratación, en la que se analizarán si las ofertas cumplen con los requisitos administrativos. Después habrá que convocar una segunda mesa para estudiar las propuestas técnicas y económicas. El proyecto plantea la construcción de un edificio moderno y funcional, con ocho pistas de atletismo, campo de fútbol y una grada para más de un millar de espectadores.
Campo remodelado
Por otro lado, mañana tendrá lugar la inauguración del campo de fútbol de Estación de Cártama, que se ha reformado por completo, sustituyendo la antigua superficie de albero por césped artificial. El acto consistirá en varios partidos, uno de ellos entre políticos y periodistas. Cabe recordar que todavía sigue en obras el campo de Cártama pueblo.

El avance del PGOU de Ronda sale a información pública por tres meses (SUR)


El Ayuntamiento organizará reuniones con los distintos colectivos del municipio para implicarlos en la redacción

Ya es una realidad. La aprobación del documento del avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda apareció ayer publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que desde este momento se abre un plazo de exposición pública de tres meses para que vecinos, colectivos, empresas o cualquier otro interesado puedan presentar sugerencias a las líneas básicas de trabajo que establece el documento y que servirán de orientación para la redacción final del PGOU de la ciudad del Tajo. De esta manera, todos los ciudadanos que lo estimen oportuno podrán formular sugerencias y, en su caso, otras alternativas al planteamiento. Los escritos podrán presentarse en el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento, en horario de atención al público, o en la oficina del Plan General que a tal efecto abrirá el Ayuntamiento en la calle Armiñán, concretamente en el inmueble donde se ubicaban los antiguos Juzgados. Además, durante este periodo se podrán concertar citas previas con miembros del equipo redactor que se desplazarán semanalmente hasta Ronda para dar una información más puntual y detallada de sus propuestas de ordenación a los colectivos y ciudadanos que así lo demanden. Del mismo modo y de forma paralela se organizarán reuniones con los responsables de la empresa Territorio y Ciudad, cuyo redactor principal es el arquitecto Manuel Fustegueras, y con distintos sectores representativos de Ronda, como grupos políticos, empresarios, profesionales, asociaciones y colectivos, entre otros, con el objetivo de implicarlos en la redacción definitiva del PGOU. El documento de avance del PGOU está disponible en la página web del Ayuntamiento de Ronda y en una conocida copistería de la ciudad en formato papel o digital. El retraso que acumula el Plan General, cuyo avance fue aprobado en pleno el 28 de diciembre de 2007, ha provocado el malestar en sectores como el de los agricultores, que rechazan la protección especial de 16.000 hectáreas de cultivos en término municipal. Estos emprendieron una campaña de recogida de firmas para protestar ante esta situación. Lógicamente, otros sectores afectados son los constructores y promotores puesto que el número de viviendas proyectadas se ha reducido a la mitad, de 8.000 a 4.000, como consecuencia de la adaptación del documento al Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA). Del mismo modo, los arquitectos se quejan de que no han sido consultados. También la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de las comarcas de Ronda y Campillos (Apymer) ha pedido la agilización del Plan. Por otro lado, el sector vinícola ha manifestado su malestar al considerar que el avance impide el crecimiento de los terrenos de las bodegas, un negocio en pleno auge en la ciudad del Tajo.

El Consistorio reconoce saltarse un trámite en la alegación de una vivienda ilegal. MIjas (SUR)


El presidente de la Asociación de afectados por las viviendas irregulares en Mijas, Juan Antonio Blanco, mostró ayer un documento presentado por el Consistorio en los juzgados en los que se reconoce que «la omisión del trámite de audiencia en los procesos contencioso-administrativo provocan una irregularidad en la resolución del expediente». Aunque el documento responde a un único caso, para la directiva de la organización «ese mismo proceso se ha alterado a todos los expedientados».Según el abogado de la asociación «la audiencia permite conocer los motivos por los que se infringe la legalidad y así solicitar una alegación consecuente». Aunque los afectados afirman tener conocimiento de su documentación «el Consistorio no la muestra hasta bien avanzado el proceso de multas».Para Blanco la prueba fehaciente de que este incumplimiento se realiza en todos los trámites motivaría la paralización de los expedientes.

La Diputación redactará el PGOU. Casares (SUR)

El pleno de la Corporación aprobó ayer con los votos de IU y PP, y la abstención del PSOE, la firma de un convenio con la Sopde -empresa dependiente de la Diputación de Málaga- para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Casares. El Consistorio comenzó la redacción del documento en octubre de 2003

La Junta considera «impecable» la concesión anticipada de licencias. Marbella (SUR)


El consejero de Vivienda, Juan Espadas, se muestra «satisfecho» por el acuerdo con el Ayuntamiento que permitirá adelantar de forma provisional la ejecución del PGOU. Promotores y comerciantes aplauden la medida para «reactivar» la economía de la ciudad
LA MOCIÓN
La moción que hoy presentará el equipo de Gobierno para su aprobación en el pleno municipal contempla las siguientes premisas:Licencias de apertura o primera ocupación en edificios que contravengan el PGOU de 1986: Están condicionadas a su inscripción registral. Los afectados deberán unir a la solicitud su renuncia expresa a cualquier indemnización en el caso de que el PGOU definitivo no ampare su viabilidad jurídica. Hasta su aprobación, mantendrán su carácter «precario». En el caso de primera ocupación, los promotores deberán avalar la compensación que recoge el PGOU. Licencias de apertura o de primera ocupación en edificaciones fuera del ordenamiento que han prescrito: Se concederá la licencia y las obras de reforma siempre que su uso no contradiga el Plan.

El consenso en empezar a otorgar licencias de apertura y primera es absoluto. Pocas veces una decisión política ha arrastrado tantos adeptos. Promotores, comerciantes, vecinos, partidos e instituciones alaban la «valentía» del Ayuntamiento de Marbella de conceder licencias en base a un plan urbanístico que podría aprobarse de forma provisional en septiembre y de manera definitiva en los primeros meses del próximo año. La mayor garantía es el aval de la Junta de Andalucía que, a la postre, será quien dé luz verde al PGOU. Las declaraciones efectuadas ayer en Sevilla por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, daban el espaldarazo definitivo a la iniciativa y demostraba la buena sintonía entre ambas instituciones. Espadas se mostró «muy satisfecho» con el trabajo realizado por el Ayuntamiento hasta el punto de calificar de «jurídicamente impecable» las condiciones de ese «plan de transición» que permitirá regularizar 18.407 viviendas de las 30.000 ilegales que quedaron fuera del Plan de Ordenación de 1986 actualmente en vigor además de amparar a 600 comerciantes en situación de alegalidad. Las alabanzas del consejero son lógicas teniendo en cuenta que el documento que hoy se presentará en pleno para su debate y posterior aprobación ha sido fruto de intensas negociaciones entre Ayuntamiento y Junta que, durante meses, han dejado al margen el distinto color político de sus dirigentes por un bien común: la economía. No en vano, Marbella es una de las principales fuentes de ingresos de la provincia y de la comunidad autónoma, ingresos que estaban mermando como consecuencia de la paralización del PGOU que tiene al Ayuntamiento atado de pies y manos en urbanismo, su gallina de los huevos de oro junto al sector turístico. Espadas llegó incluso a poner fechas a la aprobación definitiva del PGOU marbellí anunciando que podría estar listo para finales de este año. De paso mandó un «mensaje» al líder el PA andaluz, Javier Arenas, asegurándole que la Junta sí sabe «priorizar lo importante». Y Marbella lo es. El PSOE fue más comedido a la hora de valorar el anuncio de la concesión de licencias que el miércoles realizaba la alcaldesa, Ángeles Muñoz. La portavoz socialista, Susana Radío, ha exigido un informe técnico a los servicios jurídicos municipales que «garantice» la legalidad de las medidas que contempla el acuerdo «para que no haya sorpresas de última hora» con la aprobación definitiva del PGOU.
IU, en contra
Tanto Radío como Enrique Monterroso, portavoz del grupo municipal de IU, se abstuvieron ayer en la votación de la comisión informativa extraordinaria para la ejecución anticipada del plan. Monterroso llegó a anunciar que hoy votará en contra por tratarse de «un acuerdo por debajo de la mesa con la Junta de Andalucía para bendecir todas las ilegalidades».Los promotores, por su parte, no caben en sí de gozo. «Es una de las noticias urbanísticas más importantes desde hace mucho tiempo; nos da mucha alegría, es una medida que contenta a todos porque por primera vez empiezan a verse soluciones», apuntó ayer José Prados, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. La noticia no les ha caído por sorpresa. Prado reconoce haber mantenido «conversaciones» con la alcaldesa y el consejero para que todas las partes implicadas estén satisfechas de la solución final. «Los promotores tienen ahora un mayor margen de maniobra porque pueden entregar legalmente los pisos a sus dueños; y éstos, pueden realizar por fin la escritura, subrogar la hipoteca con su entidad bancaria y tener legalmente el suministro de agua y de luz en sus viviendas. Hasta los bancos salen ganando».
Provisional
Para el representante de los promotores malagueños no se trata de una medida de carácter provisional porque, según apuntó, «no habrá ninguna institución que se oponga a los términos del documento porque a ninguna le interesa. Esta decisión beneficia a todos». La recién constituida Mesa de la Construcción, en la que participan los colegios oficiales de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros y la propia Asociación de Promotores, también dio el visto bueno a la iniciativa, recordando la importancia de «recuperar la seguridad jurídica».La medida no sólo beneficiará a promotores y compradores de inmuebles que quedaron fuera del plan de ordenamiento de 1986, aún vigente. También permitirá regularizar la situación de unos 600 comercios -concretamente 587- que desde hace años piden a gritos una licencia de apertura o de obras para efectuar reformas en el local. En algunos casos, como apunta Miguel Gómez Molina, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella, superan los diez años de espera. A partir del próximo lunes podrán solicitar nuevamente la licencia con la confianza de que, en esta ocasión, les será concedida. Sólo hay un pequeño requisito: los beneficiarios deberán adjuntar junto a la solicitud su renuncia expresa a cualquier tipo de indemnización que pudiera pertenecerles en caso de finalmente el PGOU no ampare la viabilidad jurídica del edificio en cuestión. Algo que, en principio, no debería pasar.
Una vieja reivindicación
Gómez ha acogido con los brazos abiertos la concesión de licencias en base a la redacción provisional del plan. «Va a impulsar la economía local y las arcas municipales», comenta. «Es una demanda largamente acariciada por los empresarios que no pueden trabajar en precario pero, sobre todo, supone volver a la normalidad». Él también está convencido de las garantías jurídicas del proyecto. «Siempre queda la duda de que pueda haber cambios en la aprobación definitiva del PGOU, pero cuando el Ayuntamiento y sus servicios jurídicos han tomado esta decisión es porque hay consenso». Hasta los abogados marbellíes están satisfechos. «Nuestros clientes están muy contentos porque llevan años pleiteando para conseguir la legalidad», comenta Alejandro Criado, miembro de la Sección de Seguimiento del PGOU del Colegio de Abogados en Marbella. Una solución que Criado calificó de «flexible» sin olvidar, dijo, que «fue la gestora quien puso el germen».

Roca vuelve a reconocer su culpabilidad en un juicio por una operación urbanística (SUR)


El ex asesor de Urbanismo acepta nueve meses de prisión y multa de 2,4 millones por tráfico de influencias en el 'caso Belmonsa'. El ex alcalde Julián Muñoz se conforma con un año de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio

Juan Antonio Roca anunció el miércoles que a partir de ahora iba a decir la verdad con todas su consecuencias, después de admitir que pagó al juez Francisco Javier de Urquía 73.000 euros a cambio de favores judiciales. Ayer, el ex asesor de Urbanismo volvió a reconocer su culpabilidad, en esta ocasión en una operación urbanística en la que está acusado de tráfico de influencias por favorecer económicamente a la promotora Belmonsa. En el juicio por este caso su defensa y el fiscal llegaron a una conformidad. Roca reconoció los hechos y a cambio aceptó nueve meses de cárcel y el pago de una multa de 2,4 millones de euros, que en caso de impago será penado con un mes más de cárcel.Pero Roca no fue el único. Los otros dos miembros del núcleo duro del gilismo, Julián Muñoz y Pedro Román, también acusados en este caso, admitieron igualmente su culpabilidad. Así, Muñoz aceptó una pena de un año de cárcel por delito urbanístico y Román ocho años de inhabilitación por prevaricación. El acuerdo se extendió a otros ex ediles imputados: Mario Jiménez, Manuel Calle y Rafael González, que se conformaron con un año de cárcel e inhabilitación; José Miguel Pomares, seis meses de prisión, y Marisa Alcalá que aceptó ocho años de inhabilitación.
Juicio a Sierra
El único que mostró su disconformidad absoluta con los hechos y con la calificación del fiscal fue el abogado José Luis Sierra, para el que el juicio sí se celebró. Así, en su declaración, según informaron fuentes de las acusaciones, sostuvo que el informe jurídico que hizo permitía dar licencias según la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de forma provisional.José Aníbal Álvarez, abogado defensor de Roca dijo que están «satisfechos» por el resultado del juicio, pero «algo cansados», por los tres días de esta semana en que se ha desarrollado la vista oral en la que su cliente (Roca) reconoció el delito de cohecho en el caso del juez Francisco Javier de Urquía.El 'caso Belmonsa' se refiere a la operación urbanística fraguada entre el Ayuntamiento de Marbella y la empresa Belmonsa en relación a unos terrenos municipales y las licencias otorgadas por la comisión de gobierno en 1997 a dicha promotora para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas en unos terrenos calificados en parte como viario público. Roca, como responsable entonces de la empresa Planeamiento 2000, diseñó la operación para favorecer a Belmonsa en un convenio que luego aprobó la comisión de gobierno. La parcela municipal cedida a Belmonsa fue tasada en 83.800 euros cuando su valor real era de más de dos millones de euros, «propiciándose con ello -afirma el fiscal- un indudable negocio a la promotora, que edificó en primera línea de playa».
Pacto con Roca
Por otro lado, el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, negó ayer taxativamente la existencia de un pacto con la defensa de Juan Antonio Roca, el principal imputado en el 'caso Malaya'. López Caballero afirmó que desde algunas instancias «se está intentando intoxicar», después que el pasado martes Roca admitiera de forma sorpresiva el delito de cohecho al afirmar que pagó al juez De Urquía a cambio de favores judiciales.López Caballero aseguró que el único acuerdo al que se ha llegado ha sido la conformidad en el juicio por el 'caso Belmonsa', en el que ha rebajado de diez a nueve meses la pena de prisión después de que éste reconociera haber cometido el delito de tráfico de influencias.

El sector de la construcción se une en plena crisis y reclama más obra pública a las administraciones (SUR)


Una plataforma exige a la Junta de Andalucía una legislación urbanística «clara» y que se agilice la aprobación de los PGOU. Caen a la mitad las casas visadas y alertan de que habrá más paro

MESA CONSTRUCCIÓN
Integrantes: Colegios Oficiales de Arquitectos, de Arquitectos Técnicos y Aparejadores y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y la Asociación Provincial de Constructores y Promotores.
Reuniones: Mantendrán una trimestralmente.
Representantes: De cada organismo habrá dos miembros y se crearán comisiones de trabajo.

En plena crisis económica, Málaga asistió ayer al nacimiento de la Mesa de la Construcción, emulando a las que ya existen en ciudades como Madrid, Sevilla o Córdoba. Este colectivo está formado por los colegios oficiales de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Aparejadores e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP), aunque está abierto a futuras adhesiones. En su primera comparecencia pública reclamaron a todas las administraciones (estatal, autonómica y local) «el mayor esfuerzo» para que liciten más obras públicas y contribuir así a compensar en parte la «grave» situación laboral por la que atraviesa el sector. Presentada como un foro de reflexión y análisis crítico, además de un canal para participar en la vida económica, técnica y social del sector y que sus análisis y planteamientos sean tenidos en cuenta por las instituciones, la Mesa de la Construcción exigió a la Junta de Andalucía una legislación urbanística «clara y concreta», que ordene el territorio en relación con los intereses generales de los ciudadanos, pero que no suponga inseguridad jurídica de las inversiones ni contribuya al estancamiento económico de Málaga.Una medida que, a su juicio y así se recoge en su primera declaración de intenciones expuesta por el decano del Colegio de Arquitectos, Francisco San Martín, debe ir acompañada de una agilización por parte de la Administración regional de las aprobaciones definitivas de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU), aunque ello suponga «la revisión o modificación de alguna legislación urbanística». Y es que en una época «difícil» de la economía, el sector público y el privado deben poner de su parte. «No se entiende que la aprobación de los planes generales se haya convertido en una carrera de obstáculos en la actual situación», declaró.
Indicadores
Todos los indicadores que se conocen sobre el sector apuntan a un panorama más negro en los próximos meses en la provincia. El último dato lo apuntó el propio decano de los arquitectos ya que el número de viviendas visadas en los primeros meses de este año por este colegio se ha reducido en un 50%. Esto se traduce, según San Martín, en que durante 2009 se reducirá la cifra de obras en marcha. «El que no hace un proyecto básico no pide proyecto de ejecución y, por tanto, licencia», dijo.Esto, según el presidente de la ACP, José Prado, llevará aparejado el aumento del desempleo en la construcción (que ya viene subiendo en los últimos meses) y aunque no se atrevió a apuntar un número ni un porcentaje sí indicó que por cada vivienda que se deje de hacer en la provincia se perderán 2,3 puestos de trabajo. «La cosa se pondrá peor a final de año», dijo.La Mesa de la Construcción reivindicó el buen nombre de esta actividad económica y profesional que «últimamente se ha visto dañada por la actuación negativa de una minoría de empresarios y profesionales» que han perjudicado a la mayoría que hacen su trabajo con honradez y dignidad. Asimismo, se refirieron a las situaciones particulares de algunos municipios. En el caso de Marbella pidieron la recuperación de la seguridad jurídica y una solución para aquellas viviendas adquiridas por propietarios «de buena fe» y que no pueden obtener licencia de primera ocupación. Para Estepona, tras la operación 'Astapa' solicitaron tiempo para que el nuevo equipo de gobierno pueda reconducir las supuestas irregularidades de la gestión urbanística. En la capital reclamaron que tras el retraso en la aprobación provisional de la revisión del PGOU -que finalmente se producirá el 14 de agosto- el Ayuntamiento aplique el plan vigente de 1997 a los proyectos pendientes y a las nuevas licencias siempre que no afecten a los intereses generales.

Arraijanal se convierte en el nuevo campo de batalla ante la inminente aprobación del PGOU (SUR)


PSOE e IU anuncian acciones para movilizar a los ciudadanos en contra de la urbanización de los terrenos. El PP recuerda que los suelos mantienen la calificación que el gobierno socialista le otorgó a principios de los 80

Arraijanal se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre el equipo de gobierno del PP y los grupos de la oposición a pocos días del debate sobre la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), previsto para el próximo 14 de agosto en un pleno extraordinario. Los grupos de la oposición no tardaron ayer en rechazar la propuesta de ordenación de los terrenos, que ayer fue adelantada por este periódico. La construcción de un equipamiento hotelero en primera línea de playa, aunque guardando una distancia de cien metros con el deslinde marítimo-terrestre, y la creación de 664 viviendas junto a la urbanización de Guadalmar, a cambio de una aportación para las arcas municipales de 28 millones de euros que se destinará a diversas obras de infraestructura, fue acogida con sorpresa e indignación en las filas de PSOE e IU. Ambos grupos anunciaron la puesta en marcha de diversas iniciativas para captar la movilización de los ciudadanos contra el proyecto.El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, destacó que se trata «de la única zona libre que queda en el litoral» y criticó que la propuesta que recogerá el nuevo PGOU «hará que sólo puedan disfrutarla los malagueños que puedan gastarse lo que va a costar una vivienda en Arraijanal». «El equipo de gobierno va a tomar una medida en contra del 99% de los malagueños y lo hace porque tiene una deuda financiera de 120.000 millones de las antiguas pesetas», declaró Fuentes, quien agregó que el Ayuntamiento «vende el suelo de todos los malagueños para uso y disfrute de unos pocos». «Debería seguir como un parque al que puedan venir las familias», agregó.Además, el portavoz socialista anunció que su grupo estudia impugnar la celebración del pleno del próximo día 14, en el que será aprobado provisionalmente el PGOU, porque considera que el documento introduce cambios sustanciales respecto a su aprobación inicial -incluida esta nueva ordenación para Arraijanal- que requieren un nuevo periodo de información pública.
Campaña
Por su parte, José Luis Cámara, secretario de Medio Ambiente de la nueva ejecutiva del PSOE, afirmó que el Ayuntamiento «no puede hacer caja con el patrimonio natural de los malagueños» y anunció que van a desarrollar desde el partido una campaña de información para dar a conocer los planes urbanísticos para Arraijanal.«Cuando la dinámica en todo el Mediterráneo es liberar suelo urbanizado, este Ayuntamiento está tratando de urbanizar lo poco que queda libre de edificación», indicó José Luis Cámara. «El PSOE no va a permitir que el Ayuntamiento haga negocio con empresas privadas del único patrimonio que los malagueños tienen aún de suelo libre en la fachada litoral de la ciudad», señaló.Por su parte, el portavoz municipal de IU, Pedro Moreno Brenes, se mostró «profundamente defraudado» al conocer el plan para Arraijanal adelantado por SUR, ya que «creíamos que era una batalla que se había ganado», dijo en rueda de prensa. Moreno Brenes recordó que esa era la única zona que quedaba excluida en el litoral de la presión urbanística y defendió preservarla del ladrillo y el cemento. Informó de que es «el único ecosistema marino que nos queda en el término municipal», como lo acredita un estudio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. «Arraijanal puede que sufra, si no lo paramos, una agresión total y absoluta por usos hoteleros y residenciales», dijo. Por todo ello, el edil izquierdista anunció la creación de una plataforma ciudadana, «que IU va a liderar» para impedir que se haga el proyecto reflejado en el convenio firmado con los propietarios de la zona. Añadió que todas las fuerzas políticas, sindicales, asociaciones ecologistas y vecinales que lo deseen pueden sumarse a esta plataforma.
Falta de coherencia
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, salió al paso de las declaraciones de los portavoces de la oposición, de los que dijo que «demuestran falta de coherencia política». Díaz argumentó que los suelos de Arraijanal mantienen en la nueva ordenación «la misma clasificación que le otorgó el PGOU de 1983, cuando gobernaba el PSOE con Pedro Aparicio como alcalde». «Hay que recordar que ese PGOU, en el que se permitía edificar a los dueños de los terrenos, fue aprobado por la Junta de Andalucía», recalcó el edil.«El portavoz del grupo socialista intenta ocultar que fue el PSOE quien dio esos derechos de edificabilidad a Arraijanal, y demuestra hipocresía e ignorancia porque, con posterioridad, el PSOE dio su aprobación al PGOU de 1997 en el que se mantenía la misma clasificación de esos suelos, un plan que también fue aprobado por la Junta de Andalucía», recalcó.Para el responsable local de Urbanismo, el acuerdo con los dueños del sector «mantiene la vocación turística de los suelos y logra una mayor cohesión del tejido urbano de la ciudad». Además, aseguró que respeta «todos los condicionantes que a día de hoy inciden en el ámbito», en relación a las afecciones de la Demarcación de Costas, de carreteras y de las servidumbres que implica su proximidad al aeropuerto.