lunes, 19 de abril de 2010

MÁLAGA Condenados por daños en un yacimiento arqueológico. (SUR)

Dos promotores tendrán que pagar multas por destrozos en unos hornos hallados en unas obras en la capital
19.04.2010 -
E. P.
MÁLAGA.

MALAGA. La Junta sigue sin terminar el parque de Mangas Verdes. (LAOPINION)

La zona verde está sin concluir desde comienzos del año 2008. Once meses después de hablar con esta sección, la Junta repite que trata de lograr el dinero.


ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA La promesa personal del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, lanzada hace nueve años a los vecinos de Mangas Verdes, asegurándoles que la Junta de Andalucía les haría un parque, sigue sin cumplirse.
En mayo del año pasado, la asociación de vecinos del barrio acudió a ´Línea Directa´ para denunciar que las obras del llamado Parque Sendero del Cau-San Telmo llevaban paralizadas desde comienzos de 2008. En esa ocasión, la respuesta de la Delegación de Vivienda de la Junta fue que la Administración autonómica estaba a la espera de 228.000 euros para terminar el proyecto, que tuvo que ser modificado y ampliado. "La intención es que comience cuanto antes, este año" (por 2009), señalaron fuentes de la delegación.
Once meses después, la situación sigue exactamente igual, como denuncia el presidente de la asociación de vecinos de Mangas Verdes, Antonio Martos.
"Ahora mismo está enterrado el tramo de acueducto de San Telmo, hace falta descubrirlo y hacer el parque. Las obras empezaron hace seis años y tenían que estar listas hace tres", resume el presidente vecinal, quien recuerda que el PP presentó una moción en el Ayuntamiento pidiendo la conclusión e IU estudia preguntar por la zona verde en el Parlamento andaluz.
"A esto le faltan seis meses de trabajo, faltan barandillas, farolas, árboles y descubrir el acueducto, porque los accesos ya están hechos", señala Antonio Martos.
Antonio ironiza sobre el hecho de que "si esto fuera de algún particular, ya lo habría denunciado". La causa: las obras no están valladas, cualquier persona puede acceder a ellas sin problemas y desde luego tener un accidente en este terreno ´en bancales´ de gran altura. "Es una locura", piensa.

Olvidados. Amparo López, de la asociación de vecinos, cree que "ya es hora de que esto se empiece a arreglar y se quede listo". Para ella, si no fuera por que la asociación "hace fuerza, nos tenían olvidados".
Antonio Martos resalta además la importancia de la obra, en el centro del barrio, pues servirá de comunicación entre la parte alta y baja de Mangas Verdes. Ahora mismo los vecinos tienen que dar un gran rodeo. "No nos hemos ido al juzgado para no liarla, pero a lo mejor era lo que teníamos que hacer", concluye. Una portavoz de la Delegación de Vivienda de la Junta señaló que la consejería "está en vías de poder liberar los 200.000 euros para mejorar el proyecto inicial e intentar que se reanude lo antes posible". Aunque de momento, no hay fecha.

MALAGA. Descartado el aparcamiento junto a la Victoria por un arroyo subterráneo. (MALAGAHOY)

Antonio Cordero asegura que la sociedad Smassa prevé entregar a lo largo de este año tres instalaciones de estacionamiento con un total de 1.500 plazas

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 19.04.2010 - 01:00
enos inversiones, menos aparcamientos. A la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), que en los últimos años se había consagrado en la construcción de estacionamientos, también le pesa la crisis. El actual escenario económico, sumado al gran número de actuaciones que ha realizado en los últimos nueve años, hace que la previsión para 2010 sea inferior a la de ejercicios anteriores.

Así lo señala el concejal de Aparcamientos y Seguridad, Antonio Cordero, quien confirma que la pretensión es que antes de final de año sean entregados tres nuevos edificios: el de San Ignacio, en El Palo (315), el mercado de El Carmen (368) y Los Clarines (878), lo que hacen un total de 1.561 plazas. Al tiempo que se quiere comercializar un cuarto en la zona de Huelin, con 218 estacionamientos.

"El tercer plan de aparcamientos continúa en marcha, aunque es verdad que se nota la crisis", señala Cordero, quien apunta la apuesta de la sociedad por estudiar la viabilidad de nuevas localizaciones. "No creo que estos datos estén mal, pero es que además no nos quedamos parados, porque estamos haciendo estudios para otros proyectos, como el de Las Delicias, con 250 plazas, y el del Paseo Ciudad de Melilla, Nueva Andalucía y el distrito de Carretera de Cádiz", precisa. Documentos que, añade, servirán para cuandoacabe la crisis.

Pero mientras eso ocurre, hay algunas intervenciones que formaban parte del plan de acción de Smassa que empiezan a quedarse en el camino. Un caso es el aparcamiento que se propuso junto al santuario de La Victoria, con capacidad para unos 550 coches, y para el que se reservaban, en el marco del presupuesto municipal de 2010, 663.000 euros (y unos 10 millones para 2011 y 2012). Esta actuación se descarta por razones técnicas. "Se han hecho catas en la zona para ver cómo se podía llevar a cabo, pero el problema es que pasa un arroyo subterráneo por ese punto", explica el concejal de Aparcamientos, quien subraya que se trataba de un proyecto "muy difícil técnicamente de llevarse a cabo". "Se podía hacer pero era costosísimo, era muy caro...", insiste. En similar situación se encuentra, por ejemplo, el aparcamiento de la Avenida de Barcelona (640 plazas), aunque en este caso por falta de clientes.

Cordero ensalza la labor de Smassa desde 2001 y recuerda que cuando el PP accedió a la Alcaldía el primer objetivo que se marcó fue el de "normalizar" su situación. Nueve años después y tras dos planes de aparcamientos y un tercero en marcha, "se han hecho 36 aparcamientos para residentes y 11 de rotación; es decir, 11.029 plazas en propiedad entregadas, 1.628 en régimen de cesión administrativa y más de 4.000 en rotación". "Cuando hacemos un plan de aparcamientos no sólo hacemos un parking sino también ciudad, con parques infantiles, mejoras de las calles, gimnasios al aire libre, instalaciones deportivas", resalta Cordero.

MALAGA. Condenados dos promotores por dañar un yacimiento. (MALAGAHOY)

Hicieron caso omiso a Cultura con obras en días no laborables

EP / MÁLAGA | ACTUALIZADO 19.04.2010 - 01:00
La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la condena impuesta por un juzgado de lo penal a dos representantes de una empresa promotora por los daños causados con las obras de un edificio de viviendas de la capital malagueña en el patrimonio histórico, en concreto en un complejo alfarero de la época islámica. La resolución desestima el recurso de apelación interpuesto por los acusados y ratifica la sentencia en la que se condenaba a uno de ellos a una multa de 3.600 euros, al otro, de 2.700 euros; y a ambos al pago a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de una indemnización de 12.000 euros por un delito de daños imprudentes.

La sentencia del juzgado de lo Penal consideró probado que la empresa representada por los acusados ejecutaba obras en la calle Dos Aceras de Málaga y en las excavaciones se encontraron restos arqueológicos, en concreto unos hornos alfareros, ya que la construcción estaba sobre dicho complejo, perteneciente al Arrabal de Funtanella. Esto llevó a una intervención arqueológica de urgencia, encargada a especialistas desde agosto de 2007, señala la resolución, en la que se apunta que, no obstante, en diciembre de ese año, aprovechando días no laborables "y con objeto de acelerar los trabajos", por parte de los acusados "se ordenó que continuasen las excavaciones sin control arqueológico alguno" en una parte.

De esta forma, seguía la sentencia, se causaron daños en el citado yacimiento, "limitándose a extraer restos de cerámicas y guardándolos en bolsas sin control alguno", con lo que "quedó dañada la estratigrafía y se perdieron posibilidades de investigación respecto a las cerámicas y demás elementos".

Ahora, el Tribunal de apelación comparte los indicios que fueron valorados por el juzgador y concluye que quedó descartado el expolio y que las operaciones realizadas "sólo favorecían a la empresa constructora, única interesada en acelerar la finalización de la excavación arqueológica a fin de iniciar la construcción que tenía prevista".

La Sala señala que los acusados "se valieron del trabajo de otras personas para realizar físicamente la acción, siempre bajo su dirección y, por consiguiente, con perfecto dominio funcional del hecho", y apunta que "hay prueba de cargo válida y suficiente" para la condena.

Aunque da por sentado que "no tuvieron intención ni voluntad" de causar los daños, como consideró el juez de lo penal, se condena por imprudencia, lo que se argumenta en "el conocimiento de que las obras podrían dañar el yacimiento, pero sin afirmarse que tal conocimiento fuera detallado como para decir que los acusados supieran que este resultado era altamente probable".

MALAGA. Un colectivo reclama que el Cercanías llegue hasta La Marina. (MALAGAHOY)

La asociación ciudadana Rayya cree que se debe aprovechar la obra del Metro en la Alameda

AGENCIAS / MÁLAGA | ACTUALIZADO 19.04.2010 - 01:00
La asociación ciudadana Rayya, creada para defender los derechos de Málaga, reclama la prolongación hasta la Plaza de la Marina de la línea del tren de Cercanías para "no cercenar el futuro de la provincia y su movilidad", ante lo que dijo que no entiende la negativa del Ministerio de Fomento a hacerlo a no ser por "la trifulca política entre PSOE y PP". Desde esta asociación de ciudadanos consideraron "necesaria", como reclama el Ayuntamiento de Málaga, esa prolongación a La Marina, "una céntrica parada en el corazón mismo de la capital".

Uno de los vicepresidentes de Rayya, Jonathan Andrades, reconoció que, dada la actual crisis económica, no se puede iniciar el proyecto en su totalidad, "pero sí plantear la posibilidad, mucho más rentable, de dejar preparada la cimentación en las obras del Metro para que el Cercanías se acometa en cuanto las circunstancias económicas lo permitan". Como advirtió, "han sido muchas las ocasiones en las que se ha prometido la construcción de un eje ferroviario a lo largo de toda la costa de la provincia"; sin embargo, añadió a Europa Press, "suponemos que la no duplicación de la vía en la rehabilitada estación Centro-Alameda no ayuda a este cometido". Según Andrades, "si ahora no se lleva a cabo o no se adecua la extensión del Cercanías a La Marina aprovechando la obra del Metro, no llegará el ansiado tren a Nerja".

Jueces y fiscales discrepan sobre qué considerar delito urbanístico. (ELPAIS)

La Audiencia de Málaga aboga por la mínima intervención del derecho penal

DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 19/04/2010


El alcalde de La Viñuela, Juan Millán, acaba de ser condenado a una pena de inhabilitación y multa por conceder tres licencias para construir en suelo no urbanizable. La ex alcaldesa de Cártama, Leonor García-Agua, ha sido absuelta por haber autorizado licencias de segregación de fincas para construir en suelo rústico. El ex alcalde de Sayalonga José Luis Navas ha sido absuelto por la Audiencia de Málaga, que revocó la condena a un año de prisión que le impuso un juez de lo penal y por la que dimitió del cargo. Cada uno de estos tres recientes casos con resoluciones tan dispares tiene evidentemente sus particularidades, pero presentan un denominador común, se trata de prevaricación urbanística por autorizar construcciones en suelo no urbanizable y en los tres la fiscalía solicitaba penas de prisión.

La fiscalía estima el daño colectivo por el abuso de casas en suelo rústico

La jurisprudencia de los tribunales malagueños no muestra un criterio único en la respuesta a los casos urbanísticos, y deja de relieve la disparidad de criterio entre la fiscalía y la Audiencia Provincial sobre cuándo deben considerarse delito las ilegalidades urbanísticas y aplicar el Código Penal y cuándo basta con la sanción del derecho administrativo.

En una provincia donde hay más de una veintena de alcaldes imputados en causas por este tipo de delitos, el debate se mantiene también en el ámbito político. El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, promovió hace dos años un foro que reivindica que no se juzgue en la vía penal la construcción de viviendas unifamiliares en el suelo no urbanizable. Sólo en la comarca de La Axarquía se estima que existen más de 10.000 casas en suelo rústico.

El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, recuerda que "el derecho penal se rige por el principio de la intervención mínima", por lo que aboga por dejar el Código Penal "sólo para situaciones extremas". "Cuando las infracciones no son muy groseras y no ha habido cohecho de por medio, entiendo que la intervención debería venir por el derecho administrativo", explica.

Arroyo Fiestas conmina a tener en consideración cuestiones como "ayuntamientos muy pequeños, deprimidos económicamente, que tienen poco asesoramiento y apenas medios", que cuando han autorizado construcciones lo han hecho sin mala fe.

El presidente de la Audiencia sostiene que es la fiscalía la que tiene que marcar un criterio de actuación, ya que los jueces no intervienen en estos asuntos si no es a instancias del ministerio público.

Y la postura que defiende el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, es que hay una respuesta penal justamente porque la extensión de las ilegalidades es lo que hizo que se incluyeran en el Código Penal los delitos urbanísticos para dar respuesta a una situación abusiva. "En una sociedad normalizada, el juego del derecho administrativo frente al penal está bien, pero cuando se exagera y hay abuso hay que tomar medidas más contundentes", explica.

Morales rechaza que se reste importancia a la concesión de licencias en suelo no urbanizable porque se trata de un fenómeno y "no es ya un daño particular o privado, sino que hay un perjuicio colectivo, al paisaje y al medio ambiente, y también tiene consecuencias económicas importantes para la sociedad, que tiene que hacer frente a servicios de saneamiento, agua, etcétera".

El fiscal jefe sostiene que sería "contraproducente" unificar criterios previamente y que conviene actuar caso a caso analizando las circunstancias específicas de cada uno.

Graduación de penas

En la práctica judicial española difícilmente hay dos casos idénticos, por más que lo aparenten. El Código Penal establece para el delito de prevaricación urbanística la posibilidad de penas de inhabilitación, multa económica y prisión. La cuestión está en qué graduación aplicar en cada caso. José Carlos Aguilera, abogado malagueño de dilatada experiencia como acusación y defensa en delitos urbanísticos, se queja de que por lo general las sentencias no especifican la motivación de por qué la pena impuesta entre las posibles. Ello contribuye a la confusión. No es fácil entender por ejemplo por qué permitir dos edificios con 237 viviendas en suelo de sistema general de espacios libres mereció seis meses de prisión ( caso Banana Beach) y un año la licencia para tres unifamiliares en suelo con menos protección del caso Proinsa.

Se supone que la graduación de penas obedece a la gravedad de cada asunto. Pero no sólo las penas, los propios casos en ocasiones parecen algo incomprensibles, como el procesamiento a un alcalde por dar una licencia que posteriormente revisó y anuló y sin que llegara a hacerse obra alguna.