domingo, 18 de enero de 2009

La morosidad de familias y empresas en Málaga ya supera los 500 millones (Málaga Hoy)

La crisis económica ha provocado que, entre enero y noviembre de 2008, se dejaran sin pagar 81.116 recibos comerciales en la provincia por 559,9 millones, el importe más alto de los últimos 13 años

Con cerca de 140.000 personas en el desempleo, con un sector como la construcción prácticamente parado, y con los propietarios y directores financieros de miles de pequeñas y medianas empresas corriendo de banco en banco, casi suplicantes, para obtener un crédito que le permita salir adelante en el día a día, la morosidad tenía inevitablemente que crecer en la provincia. Lo más negativo es que el alza en el último año ha sido espectacular, recordando los tiempos de la crisis de 1993. Entre enero y noviembre -último dato disponible- se contabilizaron en Málaga 81.116 efectos de comercio (documentos de compraventa de bienes o servicios librados o endosados en entidades financieras) impagados por un importe total de 559,9 millones de euros, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este número ya es, a falta aún de sumarle el correspondiente a diciembre -que a todas luces también será muy negativo-, un 37,3% y un 102,4% mayor que en todo el año 2007 respectivamente. Dicho de otra forma, el dinero que debían los morosos en Málaga en noviembre es el doble que en todo 2007 a falta de un mes. Además, si se compara con años anteriores, se observa que es el mayor importe desde 1995 -último año que recoge el INE- y casi multiplica por siete el registro de 1999.

Joaquín Aurioles, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, explica que "la fase peor ya la hemos pasado porque los bancos han reaccionado ante la evidencia de que la tasa de morosidad crecía tan intensamente que han accedido a operaciones de refinanciación para evitar el aumento de la morosidad". Este experto señala que esa respuesta de las entidades financieras "es razonable porque si no lo hubieran hecho, el incremento de la morosidad habría sido muy preocupante". Aurioles confía en que la tasa de morosidad en Málaga "no se eleve mucho más", pero no porque las familias y las empresas tengan más recursos económicos sino porque "los bancos no lo van a permitir". En cualquier caso, el presidente del Observatorio recuerda que el fondo de las entidades financieras para hacer frente a la morosidad está en torno a los 30.000 millones de euros "por lo que todavía hay margen".

El Banco de España anunció el pasado viernes que, a escala nacional, la morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito a particulares y empresas subió en noviembre hasta el 3,118%, la tasa más alta desde octubre de 1997, cuando se situó en el 3,18%. Este dato supone un incremento de 0,281 puntos respecto a la tasa de octubre, que se situó en el 2,837%, y más de tres veces superior a la de noviembre de 2007, cuando se colocó en el 0,838%. Además, este incremento de la morosidad supuso la decimoséptima subida consecutiva.

Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada, señala que "el nivel de morosidad actual era algo esperable porque el punto de partida en España era bastante bajo". Este economista afirma que ese 3,1% "no es preocupante en el corto plazo" y aunque se prevé que aumente "lo importante es que no se disparen las cifras ya que el aumento de la morosidad trae consigo un aumento de la desconfianza, que ahora mismo es el cáncer de la coyuntura económica".

Ferraro explica que en la última crisis, en 1993, la tasa de morosidad en España llegó al 9% por lo que todavía hay un colchón importante. El catedrático apunta que alcanzar unos niveles del 5 o el 6%, es decir, el doble del actual, "es aún soportable". En cualquier caso, las entidades financieras no quieren llegar, ni por asomo, a esos números por lo que están recortando la concesión de todo tipo de préstamos aunque, posiblemente, eso sólo sea la pescadilla que se muerde la cola. Mientras tanto, en Málaga se podrían superar los 600 millones de euros de deuda en 2008.

Los arquitectos creen injusto el nuevo PGOU de Marbella (La Opinión)

No es un buen plan. Es injusto e interesado. Las conclusiones del Colegio de Arquitectos de Málaga sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella son contundentes y se basan en una sospecha. "La clave de la solución propuesta (para normalizar las viviendas irregulares) podría encontrarse en el interés de las administraciones implicadas en eludir las responsabilidades que evidentemente tienen en la problemática planteada".
La alegación presentada por el órgano colegiado que seguramente más sabe de urbanismo consta de nueve folios y supone un rotundo rechazo al modelo de regularización pactado provisionalmente entre el Ayuntamiento de la localidad y la Junta de Andalucía. Una solución institucional que pasa ´la pelota´ al tejado de quien menos se lo merece.
"Se trasladan la totalidad de los costes de la regularización a los particulares (promotores que no actuaron de manera irregular y especialmente a los adquirientes de viviendas), lo cual no es aceptable", concluye.
Los arquitectos están convencidos de que un "incumplimiento tan generalizado" del plan vigente, de 1986, no puede quedar sin una respuesta administrativa en la nueva revisión, pero no está de acuerdo en cuál ha sido la seleccionada. La solución "no es la única alternativa legal viable" y, aún mas, su encaje en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía es "forzada y discutible".
En este sentido, los arquitectos colegiados con su decano a la cabeza, Francisco San Martín, consideran que se ha optado por reservar "de forma masiva" a la mayor parte de los terrenos que quedan disponibles en la localidad para un uso público.
De esta forma, "se penaliza a los propietarios de los suelos vacantes, que no han cometido ninguna irregularidad" y "se premia" a aquellos que agotaron el aprovechamiento de sus suelos. Y todo ello, sin concretar lo que se entiende como incremento considerable de aprovechamiento de un suelo ni cuantificar las dotaciones necesarias, según expone en su alegación.
Frente a esto, los arquitectos proponen que a las administraciones públicas asuman la parte de carga que les corresponde para restituir la legalidad a partir de un modelo de normalización "más viable".

Más de un centenar de casas no reúnen las condiciones mínimas para vivir. Marbella (SUR)

El municipio pide a la Junta que lo declare zona de actuación de infravivienda para su rehabilitación
Son casas que no permiten a sus residentes habitar de forma segura, digna y adecuada. En el municipio esteponero hay más de un centenar de viviendas que se encuentran en esta situación. Consciente del deterioro de estos inmuebles, el Ayuntamiento ha pedido a la Junta de Andalucía la declaración del municipio como zona de actuación de infravivienda para este ejercicio. Este programa de la Administración andaluza ofrece ayudas económicas para la rehabilitación de los inmuebles, que no superarán los 30.000 euros.
Unas 35 viviendas se podría beneficiar este año de este programa de la Administración andaluza. Los solicitantes deberán ser los propietarios, arrendatarios o usuarios de las viviendas; si bien, sus ingresos deben ser inferiores al IPREM, según explicó el edil de la Vivienda, Eduardo Alarcón. La mayoría de los inmuebles que se podrán acoger al programa se encuentran en el casco histórico y en las barriadas El Carmen, Pescadores, Solís, Picasso y Mar y Sierra.
Gestión
El Ayuntamiento será el encargado de la gestión del programa y de comprobar las condiciones y requisitos establecidos para los beneficiarios, según las normas de aplicación y desarrollo de la Junta. Cabe recordar que el Consistorio también está adherido al programa de rehabilitación autonómica de la Junta. A efectos de esta actuación, se consideran infraviviendas las edificaciones con uso residencial que no alcancen las condiciones mínimas de calidad que permitan a sus residentes habitar de manera segura, digna y adecuada a sus necesidades familiares. Las viviendas deben presentar en su totalidad, o en parte, deficiencias en sus instalaciones sanitarias básicas, en suministro de agua, gas, electricidad o saneamiento, o en su iluminación natural y ventilación interior.
También se enmarcan en esta categoría las casas con condiciones de edificabilidad por debajo de los requerimientos mínimos de seguridad estructural y constructiva y en las que se da hacinamiento de sus moradores.

La promotora Marbella Vista Golf asegura que la mayoría de las sentencias le son favorables. Marbella (SUR)

La disparidad de criterios de la Audiencia sobre la urbanización Green Hills da lugar a fallos contradictorios

La Justicia da una de cal y otra de arena. La promotora Marbella Vista Golf, propietaria de la urbanización Santa María Green Hills, en Elviria Sur, lo sabe bien. La Audiencia Provincial de Málaga la condenó el pasado 17 de diciembre a devolver el dinero a uno de los compradores de los pisos -98.803 euros-, un fallo judicial que la empresa ha anunciado que recurrirá. Estimaba así la apelación de uno de sus clientes y defendía que no se podía obligar a nadie a ocupar una vivienda de «futuro incierto», en relación a la supuesta ilegalidad del complejo residencial, reconocido ahora en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) provisional. Sin embargo, otras sentencias en casos similares, también procedentes de la Audiencia de Málaga, le son favorables. Según la promotora, «una abrumadora mayoría», el 85 por ciento.
Entre ellas se encuentran aquellas en las que la sociedad ha formulado la reconvención, es decir, ha contraatacado en el mismo pleito judicial en el que el particular pedía la resolución del contrato y el dinero entregado a cuenta en base a la presunta ilegalidad de la construcción. En estas contrademandas los abogados de la empresa han solicitado no sólo que no se liquide el contrato, sino que se condene al comprador de la vivienda a formalizar la escritura.
Esta figura jurídica está siendo muy utilizada en los últimos meses por el ahorro procesal que supone, ya que se resuelve un doble procedimiento judicial en una única sentencia: el demandado se transforma, a su vez, en demandante y el demandante en demandado.
Diferencias
Sin embargo, esta disparidad de criterios de la Audiencia para compradores de pisos de una misma urbanización da lugar a sentencias que podrían considerarse contradictorias. En algunas de ellas habla claramente del «puntual cumplimiento por parte de la vendedora Marbella Vista Golf de las obligaciones contractualmente asumidas y dentro de los plazos pactados» e igualmente asegura que la falta de licencia de primera ocupación de Santa María Green Hills -la obtuvo por silencio administrativo, según la promotora-, «no es óbice para estimar la demanda» interpuesta por el comprador.
En estos casos, los tribunales han obligado a los particulares, la mayoría británicos, a escriturar los apartamentos. A pesar de que la urbanización y sus 192 viviendas serán regularizadas y «sin compensaciones» con su reconocimiento en el Plan General de Marbella, todavía son muchos los particulares que se muestran reacios a firmar y desean resolver el contrato con la promotora. Compraron el piso como inversión en un momento en el que no había crisis económica y era más fácil y rentable su posterior venta. El mercado ha cambiado y las necesidades de inversión, también.
Gastos financieros
La promotora sostiene que son los compradores, «en su mayoría inversores», los que se encuentran en una «clara situación de incumplimiento». Durante este tiempo, la empresa asegura que ha tenido que correr con todos los gastos financieros, de mantenimiento de la promoción, de la comunidad de propietarios.... y eso en una situación económica y financiera complicada donde el sector del ladrillo ha ido cayendo en picado y donde la demanda de viviendas ha descendido bruscamente después de una larga época marcada por la bonanza. Es la otra cara de la moneda.