viernes, 1 de febrero de 2008

El metro cuadradode segunda mano cuesta 2.591 euros (Málaga Hoy)

Málaga sigue siendo la provincia más cara en cuanto a viviendas usadas en Andalucía
Los síntomas de crisis en el sector inmobiliario son cada día más evidentes, pero los precios siguen siendo altos. Al menos en Málaga, que fue en enero la provincia andaluza con el precio medio de la vivienda de segunda mano más elevado con 2.591 euros por metro cuadrado, según datos del Índice Inmobiliario fotocasa.es, elaborado por el IESE Business School. En Andalucía, el precio medio de la vivienda de segunda mano bajó un 0,1 por ciento en enero respecto al mes anterior y se situó en 2.383 euros por metro cuadrado, y en los últimos doce meses (de enero de 2007 a enero de 2008) descendió un 4,6 por ciento. Se trata de la cuarta variación interanual negativa que recoge dicho índice inmobiliario en Andalucía desde enero de 2006, ha informado el portal fotocasa.es en un comunicado. Andalucía ocupa el puesto número diez en la clasificación de comunidades autónomas con el precio medio de la vivienda más elevado

El Ayuntamiento, dispuesto a negociar el diseño del intercambiador de La Marina (Málaga Hoy)

Cree que los "flecos" del proyecto pueden ser debatidos con el fin de "ver su encaje"
El Ayuntamiento de Málaga mostró ayer su disposición a negociar el diseño definitivo del intercambiador modal de transportes que propone en la Plaza de la Marina para contar con el apoyo de la Junta de Andalucía. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, consideró que aquellos "flecos" o "condicionantes" que considere la Administración autonómica que hay que modificar "pueden ser debatidos con el fin de ver su encaje".Las palabras del edil popular se producían después de que el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, asegurase a este periódico que la Junta estaría dispuesta a financiar la intervención propuesta por el Consistorio en esta zona si se suprimen algunos de los elementos, como los más de 530 aparcamientos y los locales comerciales inicialmente previstos. Ambos, según dijo Marcos, chocan con los principios de movilidad sostenible que rige la política de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, al suponer focos de atracción de tráfico privado al centro de la ciudad.Sin embargo, las palabras de Marcos, que este periódico citó ayer como fuentes de la Junta de Andalucía, fueron corregidas ayer. En un escrito oficial, la Junta aseguró que su posición es la misma que en los últimos meses ha mantenido Obras Públicas, contraria al plan municipal. No obstante, admitía la existencia de conversaciones con el Ayuntamiento para analizar los actuaciones para las que solicita fondos Feder y entre las que está el citado intercambiador. "Se analizan distintos proyectos, encontrándose actualmente todos ellos en la fase de aportación de información, sin que ninguno de los temas esté cerrado al día de hoy", añade el escrito.

Aplazado hasta julio el juicio del caso Belmonsa por delito urbanístico (Málaga Hoy)

Están acusados Julián Muñoz, Roca y Pedro Román, entre otros ex ediles del GILEP

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha suspendido hasta julio el juicio previsto para la próxima semana contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y otros ex ediles marbellíes, entre ellos Pedro Román, por el denominado caso Belmonsa.La suspensión fue solicitada por la defensa de Roca por no haber tenido tiempo a instruirse en la causa. Según fuentes judiciales, la vista se ha fijado para los próximos 24, 25, 28 y 29 de julio de este año.En este caso se juzga una operación urbanística para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas.

Aplazado hasta julio el juicio del caso Belmonsa por delito urbanístico (

Los problemas de vivienda centran un Pleno distorsionado por las elecciones (Málaga Hoy)

El PP saca adelante en solitario una moción en la que critica el "bloqueo" de la Junta en la ejecución de VPO mientras que el Gobierno andaluz insiste en que el Ayuntamiento no ha cumplido con los trámites
Cuenta atrás para los comicios generales y autonómicos y el ambiente municipal empieza a enturbiarse más de lo habitual. El rifirrafe político se multiplica, las acusaciones se endurecen y las alusiones a los poco loables intereses "electoralistas" de cada una de las formaciones surgen sin descanso. Una muestra de esta distorsión en los comportamientos de los grupos municipales pudo detectarse ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, cuyo debate estuvo centrado en buena parte por los problemas de vivienda existentes en la capital de la Costa del Sol.Sin embargo, como es propio de este escenario previo a los comicios, la coincidencia de los grupos municipales en este sentido fue nula. De un lado, el equipo de gobierno del PP quiso basar la cuestión, a través de una moción de urgencia, en las "trabas" y el "bloqueo" que, a su juicio, ejerce la Junta de Andalucía en la construcción de 5.000 viviendas a precio asequible.La iniciativa, en la que se exigía al presidente andaluz, Manuel Chaves, mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos que pesan sobre los suelos donde se proyectan estas edificaciones recibió luz verde, aunque únicamente con los votos favorables del PP. Los grupos de la oposición denunciaron el intento de los populares de crear una "cortina de humo" para tapar el "grave" problema al que se enfrenta con los más de 400 beneficiarios de una VPO en el sorteo de Navidad que han quedado excluidos por no cumplir los requisitos. Por su parte, el Gobierno autonómico señaló que el Consistorio no ha formalizado aún la documentación ambiental que requiere el proyecto de Lagar de Oliveros, con 2.500 pisos, y San Cayetano, por lo que no pueden ser tramitados.Precisamente, la figura de los excluidos del macrosorteo navideño de 2006 fue el arma empleada por PSOE e IU para poner en tela de juicio la gestión del PP. Cayó en saco roto la propuesta de los socialistas de crear una comisión en la que investigar todo lo sucedido en este procedimiento, al haber transcurrido más de un año entre el concurso y la notificación de exclusión a los 400 beneficiarios. El concejal de Vivienda, Diego Maldonado, defendió la "transparencia" y "legalidad" del procedimiento y acusó a los concejales de la oposición de intentar crear "una tormenta en un vaso de agua". Maldonado, que admitió la posibilidad de tener que "pulir" algunas cuestiones en los futuros concursos de VPO, tildó de "oportunista" y "electoralista" la posición de PSOE e IU. Y todo eso cuando resta poco más de un mes para la cita con las urnas.

Seis meses de cárcel para Muñoz por autorizar el edificio Herrero (Málaga Hoy)

El ex alcalde de Marbella y otros cinco ex ediles del GIL son condenados por el caso Incopromar · La juez absuelve a José Luis Sierra de cooperar en el delito
Julián Muñoz y otros cinco ex ediles del GIL han sido condenados a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por autorizar en julio de 1997 la construcción del edificio que promovió el fallecido periodista Antonio Herrero, que se alza en pleno centro de Marbella. La titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga los considera autores de un delito urbanístico por dar una licencia para construir un inmueble de 10 plantas, comercios y aparcamientos en un suelo donde estaba previsto un vial y una zona verde. Es el caso Incopromar y se juzgó a finales de noviembre pasado. También se ha decretado la nulidad de la licencia.Además de Muñoz, los penados son los ex ediles Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, José Pomares y Marisa Alcalá. El fallo recoge el archivo de las actuaciones contra Pedro Román, algo que sucedió antes de que se iniciara el juicio, y la absolución de Juan Antonio Roca porque las acusaciones populares retiraron los cargos contra él tras la vista oral.José Luis Sierra, ex asesor jurídico de Jesús Gil y acusado por las acciones populares como cooperador necesario, ha sido absuelto. La juez considera que el informe elaborado por el abogado para dar cobertura legal a las licencias de obras mientras se tramitaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) promovido por Gil, que nunca fue aprobado, "es general" y "muy anterior a la licencia" afectada, por lo que "no podemos mantener que el acusado haya cooperado a la ejecución del acto delictivo".El ex alcalde de Marbella está ahora mismo en prisión por sendas condenas de un año de prisión por delito urbanístico, los casos Proinsa y Moansa. Además, la ejecución de la sentencia del caso Banana Beach, también de seis meses de cárcel, está pendiente de una solicitud de indulto. Es decir, el último fallo es la cuarta condena de prisión para Julián Muñoz, aunque no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Málaga.La sentencia del Juzgado de lo Penal número 8 se produce en mitad de las negociaciones iniciadas por la Fiscalía a petición de los abogados de los ex ediles imputados para intentar evitar la celebración de decenas de juicios, un posible pacto que aún debe concretarse.La juez, en su sentencia, repasa la delicada situación de los planes urbanísticos en Marbella. El de 1968 no se aplicaba desde que fue aprobado el de 1986, que no fue publicado, no obstante, hasta noviembre de 2000. El PGOU de 1998, el de Gil, estaba en trámite en el momento en que se dio la licencia a la promotora Incopromar y nunca fue aprobado.La magistrada sostiene que el permiso se concedió "al margen de cualquier planeamiento legalmente aplicable", en función de un plan que se iba adaptando a los convenios y elaborado con un criterio "arbitrario", según declaró el jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, Jorge González. En opinión de la juez, los ediles sabían que el plan no estaba aprobado y estos tenían la "obligación" de cerciorarse "de que aquellas decisiones que tomen se ajusten a la legalidad vigente". "No pueden alegar que votaban siguiendo las instrucciones del secretario, puesto que éste no estaba obligado a informar", concluye.

La Sociedad Pública sólo alquila un tercio de los pisos que oferta (Málaga Hoy)

El Gobierno pide a los ayuntamientos que saquen sus pisos en propiedad al mercado del alquiler y a los promotores que hagan lo mismo con sus excedencias
La Sociedad Pública de Alquiler, que nació en octubre de 2005, sólo ha conseguido alquilar un tercio de los pisos que tiene en cartera en la provincia de Málaga. Actualmente, en su base de datos hay alrededor de un millar de viviendas en alquiler, pero sólo ha conseguido inquilinos para 350 de ellas, según explicó ayer Alejandro Inurrieta, presidente de la sociedad. Lo hizo durante un encuentro que tuvo con alcaldes y responsables de municipios de más de 3.000 habitantes de la zona oriental de Andalucía.Según contó Inurrieta, los precios de los pisos que oferta el Gobierno tienen un precio, en Málaga, de 200 euros menos que el mercado. Son viviendas que, de media, tienen 100 metros cuadrados y valen 600 euros. Pero los inquilinos, que deben ser menores de 35 años, no llegan. Por eso, en el encuentro de ayer, el responsable quiso buscar aliados en los ayuntamientos para conseguir impulsar el mercado del alquiler. Así, pidió a los Consistorios que se conviertan en agentes inmobiliarios y consigan contratos entre propietarios e inquilinos, de tal manera que se beneficien de las ventajas que tiene la mediación entre ambas partes. Entre ellas, se recoge el cobro de un 20 por ciento de la renta del piso. El gerente adjunto del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, José María López, aseguró que la propuesta es interesante" y que el Consistorio "estudiará convertirse en agente". En la misma línea opinó el responsable de Nerja, Javier Berlanga. Inurrieta destacó también la importancia de que los promotores inmobiliarios pongan en manos de la Sociedad Pública los pisos que no pueden vender. "Tienen dos opciones: gestionar sus pisos convirtiéndose en agentes o hacerlo nosotros dándolos de alta en nuestra base de datos ", dijo Inurrieta. Desde la Sociedad Pública de Alquiler se garantiza a propietarios, promotores e inquilinos un alquiler "seguro y tranquilo", además de un seguro multirriesgo y otro de impago. Cualquier propietario puede incluir su vivienda en la Sociedad Pública de Alquiler. Las únicas condiciones son que tenga los servicios básicos dados de alta, esté en condiciones habitabilidad y la cocina amueblada. A estas ventajas se unen también las ayudas de 210 euros para jóvenes entre 20 y 30 años con réditos inferiores a los 22.000 euros o la reducción anual de 200 euros al hacer la declaración de la renta. Así como los 6.000 euros que la Junta de Andalucía da a los propietarios por el simple hecho de poner sus pisos en alquiler.

Las obras del nuevo hospital de Ronda comenzarán en abril (La Opinión)

En el plazo de quince días se adjudicarán los trabajos del primer centro hospitalario de la provincia que tendrá todas las habitaciones individuales
Las obras de construcción del nuevo hospital general de la Serranía de Ronda se iniciarán en abril, informó ayer la delegada provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, María Antigua Escalera, quien precisó que en el plazo de quince días se adjudicarán los trabajos a una de las dieciocho empresas que se presentaron al concurso público. Una vez analizadas las distintas ofertas y decidida la empresa adjudicataria, ésta tendrá un plazo máximo de mes y medio para comenzar las obras, según establece la Ley de Contratos, puntualizó la responsable de Salud, quien aprovechó su visita a Ronda para criticar a los dirigentes locales del PA y del PP que habían cuestionado en diferentes ocasiones la voluntad de la Junta de realizar este proyecto. "Algunos incluso dijeron que estábamos engañando a los ciudadanos y la verdad es que dentro de unos dos meses veremos los primeros ladridos", puntualizó.El nuevo centro hospitalario costará 43 millones de euros y será el primero de la provincia de Málaga en contar con un régimen de habitaciones individuales (un total de 186). El hospital atenderá a una población de más de 96.000 personas, ya que además de la comarca también dará cobertura a localidades de la provincia de Cádiz, que también están incluidas en el Área de Salud de la Serranía de Ronda.El centro hospitalario, que se construirá en el paraje La Planilla, junto a la carretera Ronda-San Pedro Alcántara, contará con una superficie total de 26.974 metros cuadrados. El anuncio lo realizó ayer la delegada de Salud durante la visita a la nueva cadena robotizada que permitirá reducir los tiempos de respuesta del laboratorio de análisis clínicos del actual hospital comarcal. Actualmente, una gran parte de los resultados se entregan antes de 24 horas, pero con esta iniciativa se pretenden disminuir aún más los tiempos. La inversión de este nuevo servicio ha sido de 2,4 millones de euros y con esta incorporación se facilitará notablemente la realización de las más de 1.300.000 determinaciones analíticas realizadas al año en el laboratorio del hospital. Por otra parte, durante 2007 se mejoraron diferentes servicios del centro con un total de 7 millones de euros de inversión.

Fomento, a favor de semisoterrar el AVE a su paso por Antequera (La Opinión)

El ente local elaborará un informe en el que se recogerán los características técnicas y el importe de la actuación
El director general de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, Eduardo Molina, confirmó ayer la posibilidad de ejecutar un semisoterramiento de la línea del AVE hacia Granada a su paso por Antequera, de forma que se elimine la creación de cualquier tipo de "barrera arquitectónica" en el desarrollo del futuro trazado. Así se desprende de la reunión mantenida ayer entre el responsable de Fomento y el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, durante la cual también se "desechó" la posibilidad de ejecutar un soterramiento total de las vías por las afecciones arqueológicas y el coste económico que conllevaría su desarrollo. "La opción del soterramiento es una actuación que ya no se desarrolla en ningún país europeo por sus graves afecciones. No obstante, el Ministerio se ha comprometido a estudiar la alternativa del semisoterramiento solicitada por el Consistorio, de forma que la ejecución correría a cargo del Gobierno central", dijo el regidor.La alternativa planteada por el Consistorio al trazado del AVE -actualmente en exposición pública (SUR-2)- consistiría en la definición de un nuevo trazado, "sensiblemente deprimido", desde la estación de Antequera hasta la carretera de Córdoba, aprovechando el desnivel de terreno que hay en esa zona. La ejecución de la variante sería costeada por el Ministerio de Fomento, en base a un proyecto de estudio técnico y económico que el Ayuntamiento se ha comprometido a desarrollar en los próximos meses. De esta forma se alcanzaría una decisión "más salomónica" que evitaría la ruptura paisajística y permitiría el desarrollo de la localidad por ese punto, a la vez que resultaría "económicamente más asumible". No obstante, hace unas semanas, IU y algunos grupos vecinales volvieron a insistir en la opción del soterramiento, a pesar de haber sido descartada por Fomento en un informe remitido al Ayuntamiento.

PP y PSOE se arrojan a la cara sus deficiencias por las VPO (La Opinión)

Aprobada una moción que pide a la Junta que dé rapidez a las casas pendientes. El PSOE la tacha de "cortina de humo para tapar los fallos" en el sorteo de viviendas
El equipo de gobierno y el grupo socialista, con el acompañamiento de IU, protagonizaron ayer durante más de una hora un debate estéril y confuso en el que ambas facciones se acusaron de bloquear la construcción de viviendas protegidas.El origen del debate estuvo en la moción presentada por el PP y defendida por el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, en la que instaba al presidente de la Junta a aprobar "de manera inmediata" las actuaciones pendientes para la promoción de 1.100 viviendas en la zona de Sánchez Blanca y otras 2.500 en Lagar de Oliveros. La moción pedía también "levantar" los trámites que retrasan los expedientes para estas promociones.Díaz se quejó de que la Junta "lleva un año y ocho meses solicitándonos informes, primero uno, luego otro, cuando podía pedirlos de manera conjunta". En Lagar de Oliveros criticó que "la Cuenca Andaluza ha tardado ocho meses en enviarnos un estudio que además es negativo". Todo ello cuando, según Díaz, "el presidente Chaves se había comprometido con el alcalde en agilizar estos procedimientos".Por contra, al otro lado, en los bancos del PSOE, Enrique Salvo sentenció que la propuesta del PP "no es más que una cortina de humo para tapar el duro tema de los 400 excluidos en el sorteo de las VPO".Salvo desmontó las quejas del PP y propuso al concejal de Urbanismo "que juntos veamos los expedientes que están en discusión y comprobemos quién es el responsable de su retraso y luego vengamos aquí a contarlo. Le reto a ello".En la áspera discusión intervino también el alcalde para revelar que la moción "la teníamos prevista para el pleno de diciembre y la retrasamos un mes a petición de usted (Enrique Salvo) que nos pidió un mes para tratar de resolver los temas pendientes y sólo se ha adelantado algo en Sánchez Blanca".El grupo de IU no apoyó la moción del PP y criticó los términos en que estaba redactada al estimar que no podía exigirse la "aprobación inmediata" o "levantar" unos expedientes que deben tener una tramitación para garantizar su buena conclusión. El alcalde admitió los fallos y cambió los términos de "aprobación inmediata" por "aprobación rápida" y "levantar expedientes" por "evitar" su paralización.

La venta de viviendas turísticas se desploma a mínimos históricos (La Opinión)

La facturación del turismo residencial en Málaga ha caído un 50%, hasta los 540 millones de euros. En dos años la provincia ha pasado de liderar este segmento a situarse en el último lugar de España
Al turismo tradicional no le van mal las cosas. Sin embargo, el llamado segmento residencial se ha desplomado. A falta del cierre definitivo de los datos correspondientes al año 2007, que se harán públicos en el mes de marzo, coincidiendo con la celebración de la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) de Berlín, la Asociación de Constructores y Promotores de la Costa del Sol realizó ayer en Fitur su primer avance. Y los datos son demoledores: la venta de viviendas turísticas ha experimentado en el último año una caída del 50%, descenso que se suma al ya registrado en 2006, que se cifró en el 57%. De esta forma, Málaga ha pasado de liderar el turismo residencial en España a colocarse en la última posición.Según explicó el presidente de la patronal, José Prado, en 2005 el sector facturó por la venta de viviendas turísticas a ciudadanos no residentes un total de 5.538 millones de euros, de los que 2.215 millones correspondieron a las adquisiciones realizadas en Málaga (el 40% del total). En 2006, sin embargo, ya se produjo un frenazo importante: la facturación en España bajó a los 4.929 millones, de los que 981 millones se generaron en Málaga (el 20%).En 2007, las cifras han sido aún mucho más negativas. La facturación del sector en España bajó levemente hasta los 4.721 millones. Pero en Málaga el batacazo fue de órdago: sólo se generaron 540 millones (el 11,4% del total). De esta forma, en sólo dos años, la Costa del Sol ha pasado de liderar el segmento del turismo residencial al último puesto, adelantada por todas las provincias de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Canarias y el resto de las costas andaluzas. De hecho, mientras en Málaga se ha producido una caída del 50%, en Murcia se ha crecido un 125%.Para el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores, son muchos los factores que están influyendo en este descenso. No obstante, Prado consideró obvio que la corrupción urbanística que se produjo en Marbella "ha tenido mucho que ver", ya que ha generado un clima de intranquilidad en los compradores. "Si aún hoy se está hablando de derribar viviendas que obtuvieron su correspondiente licencia de obras, tienen su hipoteca y están registradas ante notario, ¿ cómo se va a atrever nadie a comprar una casa?", se preguntó Prado. Además, el también vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) criticó el enorme vacío legal que se está dando en la provincia. "Ahora mismo no hay ningún PGOU de la provincia aprobado ni siquiera en su fase inicial. Suponiendo que se hiciera ahora, la aprobación definitiva tarda dos o tres años, por lo que de aquí a ese tiempo nos veremos abocados a una crisis urbanística profunda debido a la falta de suelo", indicó.Así, Prado recordó que las cifras de viviendas visadas no han parado de caer desde las 41.740 de 2005 a las 29.450 de 2007. Este descenso es más acuciante en los municipios turísticos: Nerja (-30%), Vélez (-44%), Torremolinos (-74%), Fuengirola (-44%), Mijas (-31%) o Estepona (-73%).

Piden 12 años para los dueños de una inmobiliaria por estafa (La Opinión)

La pareja se apropió de casi 285.000 euros que entregaron 33 personas como ´señal´ para adquirir en propiedad una vivienda que promovía otro empresario
La Fiscalía de Málaga pide un total de 12 años de prisión (seis para cada uno) para los dos dueños de una inmobiliaria que se quedaron presuntamente con 285.000 euros de 33 clientes que entregaron ese dinero como ´señal´ para adquirir una vivienda en propiedad o alquilar una casa. El juicio se celebrará el 18 de febrero en la Audiencia Provincial de Málaga. El tercer responsable de la inmobiliaria ya fue condenado a cinco años por estafa.Así, en julio de 2003, Francisco C., José R. P. J. y María C. T., "con ánimo de obtener un beneficio injusto, se propusieron apropiarse del dinero que recibieran de los clientes de una inmobiliaria que, con tal fin, establecieron en la calle Héroe de Sostoa y que denominaron ´Málaga Piso Consulting", señala el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.Las cantidades de las que se apropiaron les fueron entregadas en concepto de reserva de alquiler o de solicitud de reserva y arras para la compra de una vivienda concreta, así como en la mayoría de los casos el dinero se dio en concepto de arras, reserva o reforma referidas a la venta de viviendas que se iban a construir en Colmenar, en la urbanización ´Axarcol´ mediante el sistema de cooperativa, siendo el promotor Francisco M. I.Intermediarios. ´Málaga Piso´ era una de las inmobiliarias en las que el promotor confió la venta de viviendas de ´Axarcol´, "acordando que los ingresos debían hacerlos los clientes directamente en la cuenta de la promotora, recibiendo la inmobiliaria un 5% de comisión. Los acusados no entregaron al promotor ninguna de las cantidades que recibieron", explica el representante del ministerio público."Al frente de la inmobiliaria, contactando y recibiendo el dinero de los clientes estaban José R. P. y Francisco C. La esposa de éste, María C. T., figuraba como titular del establecimiento y de la cuenta corriente de Unicaja donde se ingresaron algunos pagos", aclara el acusador público, quien añade que los acusados se dieron a la fuga al descubrirse la estafa.Las cantidades oscilan entre los 1.800 euros entregados por una sola compradora y los 24.000 que proporcionó una pareja. La cuantía que más se repite es la de 11.208 euros.El fiscal les acusa de un supuesto delito continuado de estafa y los dos procesados son calificados por el ministerio público como "coautores". Además de los seis años de prisión a los que se enfrentan cada uno de ellos, la Fiscalía solicita una multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros, así como que indemnicen, conjunta y solidariamente, a los 33 perjudicados con las cantidades que entregaron para efectuar la compra de una vivienda en la urbanización ´Axarcol´.

Julián Muñoz suma una nueva condena de seis meses de cárcel por el ´caso Incopromar' (La Opinión)

El ex alcalde marbellí y cinco concejales del GIL han sido condenados por conceder una licencia ilegal a la empresa del fallecido periodista Antonio Herrero
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cinco antiguos concejales del GIL han sido condenados a seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación por otro delito urbanístico, relativo a la concesión de una licencia ilegal para la construcción de un edificio de viviendas a la entidad Incopromar, propiedad en un 95 por ciento del periodista fallecido Antonio Herrero. El juzgado de lo Penal 8 de Málaga ha absuelto en la sentencia al ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca, tal y como se acordó en el juicio, y al que fue asesor jurídico en el Ayuntamiento, José Luis Sierra. El fallo declara nula la licencia de obras por la cual se construyó un edificio de diez plantas con 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la Avenida del Mar de Marbella. Tanto Muñoz como los concejales Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez Notario, José Marino Pomares y María Luisa Alcalá han sido condenados por un delito de prevaricación urbanística. El edificio se levantó en una zona clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968 como suelo viario y destinado a uso público, y en el de 1986, como vial y zona verde. Además, la construcción superó los límites de altura máxima. Según la sentencia, los acusados, integrantes de la comisión de gobierno, concedieron en julio de 1997 la licencia de obras de acuerdo a la revisión del plan urbanístico que el propio equipo de gobierno del GIL elaboraba en ese momento.Este documento no había sido aprobado por la Junta de Andalucía, por lo que no tenía vigencia. Incluso al año siguiente se denegó por no adecuarse al ordenamiento urbanístico. La juez considera que los acusados sabían que la licencia de obras a Incopromar no se ajustaba a la legalidad. "Entendemos acreditado que se otorgó la licencia, al margen de cualquier planeamiento aplicable, según el convenio urbanístico pactado (...) y el criterio de la corporación".Los concejales alegaron en el juicio que ellos se limitaban a votar en las comisiones de gobierno, siguiendo las instrucciones del secretario del Ayuntamiento. Sin embargo, el juzgado estima que "conocían perfectamente" lo que aprobaban y "no pueden limitarse a votar según le digan, sino que su obligación es la de cerciorarse que sus decisiones se ajusten a la legalidad vigente". La sentencia señala que no puede entenderse que los concejales fueran personas totalmente ajenas al desarrollo normal de la actividad municipal e insiste en que eran conscientes de que la licencia no se ajustaba a la legalidad. Para la imposición de la pena, la juez ha tenido en cuenta la dilación del proceso judicial, de hace una década, aunque "hayan sido las propias partes las que han pretendido mantener la paralización del procedimiento". Sin demolición. El fallo no recoge la demolición del edificio de viviendas, pese a que la licencia se ha declarado nula. En este sentido, la juez estima que aunque la decisión del derribo "bien podría ser la forma de reestablecer el orden urbanístico perturbado, no es posible en el presente procedimiento puesto que no han sido llamados al caso los adquirientes de las viviendas". Julián Muñoz acumula su sexta condena por delito urbanístico, la cuarta con pena de prisión. Actualmente se encuentra cumpliendo condena en la cárcel por el caso urbanístico ´Moansa´. No obstante, tanto él como todos los antigos concejales del GIL implicados en causas de urbanismo están pendientes de las negociaciones entre la Fiscalía y sus defensas para condensar las penas. Por otro lado, el juicio que estaba previsto contra Muñoz y otros ediles para el lunes en el juzgado de lo Penal 7 se ha aplazado hasta el 24, 25, 28 y 29 de julio.

La chimenea y la fábrica del Tarajal, siguientes en la lista (La Opinión)

El PGOU contempla conservar este precioso testigo del pasado industrial de Málaga y rehabilitarlo para las generaciones futuras
La labor de la asociación malagueña en defensa de las chimeneas y el patrimonio industrial de Málaga ha conseguido poner freno a la típica gestión merdellona de nuestro patrimonio.Todavía escuece a algunos políticos el que la chimenea de la Térmica se tenga en pie. No conciben que una chimenea que no es de ladrillo, y que es un par de décadas más moderna que el resto, pueda conservarse. La confusión entre ´estética arquitectónica´ y valor patrimonial es típica del político de Málaga, que no se aclara con el concepto de Patrimonio Industrial.Esta confusión no se da con la azucarera del Tarajal, toda de recio ladrillo. Ahí no hay dudas. Tampoco las tiene el alcalde de Málaga, que la semana pasada recordó que el nuevo PGOU protege este edificio, inaugurado como azucarera ´Nuestra Señora de la Victoria´ hacia 1930, en mitad de la Vega del Guadalhorce. Sin embargo, muchos malagueños lo conocerán como ´la Corchera´ o la fábrica de corcho, que fue su segundo uso a partir de 1946. La fábrica ha sido tomada por mamíferos de todas clases, pues a la presencia de ovejas, que pastan por el lugar, hay que sumar las incursiones de sujetos en el interior del edificio. Allí aprovechan para encender hogueras y arrancar los azulejos con motivos regionales de las paredes. A pesar del desvalijamiento continuo, la fábrica de corcho, que a mitad de los setenta se convirtió en depósito de trigo, sigue manteniendo un gran encanto, empezando por su chimenea, fabricada en Frankfurt por F. Hof, como reza una placa que aún no ha sido arrancada.El nuevo PGOU otorga a la corchera una protección arquitectónica II, lo que quizás aplaque las ansias urbanizadoras de algunos responsables políticos. Recuperar la fábrica será un granito de arena en el proceso de ´civilización´ de Málaga. La sugerenciaY volviendo a la chimenea de la Térmica, cuando por fin logró ser protegida, la Junta de Andalucía destacó que el bonito depósito de agua (movible) que había al lado de la fábrica, podía también recuperarse y adornar una glorieta vecina, aunque originalmente no estuviera protegido. No ha sido así. Algún majara con cargo habrá pensado que lo mejor era deshacerse de esa chatarra y la sugerencia de la Junta ha quedado en agua de borrajas. La antipropagandaEn la preciosa portada de ladrillo visto de los Baños del Carmen, un alma de cántaro ha realizado una pintada, en este caso una bandera republicana. Con independencia de las ideas políticas y adoptando el vocabulario políticamente incorrecto del capitán Haddock, hay que ser ´mameluco´ para estropear con una pintada un trozo del patrimonio de Málaga. El sujeto que perpetró la pintada demuestra poco respeto por los demás y hace un flaco favor a sus ideas.

El ICO apuesta por las VPO para salvar la crisis inmobiliaria (La Opinión)

Afirma que estas viviendas son un valor "seguro", pero avisa de que Málaga no puede depender tanto de un sólo sector
El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, afirmó ayer en Málaga que la apuesta por la edificación de las VPO puede ser una de las salidas más claras para el sector inmobiliario en una época marcada por la desaceleración económica y la bajada de las ventas de inmuebles. Martínez, que impartió la conferencia ´Repercusiones empresariales de la crisis financiera actual´ organizada por la Cámara de Comercio, apostó por que el sector constructor "transforme una parte de su actividad" en los próximos años hacia el segmento de la VPO y la vivienda pública, un producto que consideró "un valor seguro" por cuanto tiene una demanda siempre garantizada.El responsable del ICO recordó que su organismo ya ha habilitado una línea de crédito de 3.000 millones de euros para el fomento de la VPO, cantidad que consideró "insuficiente" pero sí capaz de animar en un primer momento a las constructoras, promotoras y a las instituciones. "El problema de las VPO no es de rentabilidad, sino de voluntad, porque hace falta generar antes esos suelos. Y es más fácil decirlo que hacerlo", admitió Martínez, que analizó la situación de la economía española ante una representación de unas 40 personas del mundo político, social y empresarial malagueño.Para el presidente del Instituto de Crédito Oficial, provincias como Málaga, tan vinculadas en su economía al negocio constructor, sufrirán "más penalización" en la fase de ajuste económico que se vislumbra a corto y medio plazo. "No podemos depender tanto del sector constructor", advirtió Martínez, para quien situaciones económicas como la actual "obligan a plantearse el modelo de crecimiento" y la necesidad de diversificar el tejido económico. El ICO consideró muy positivo el esfuerzo que pueda hacerse en inversiones de I+D+i, aunque avisó de que esas apuestas no mostrarán sus resultados en un plazo medio de 15 años, por lo que no sirven para arreglar la situación a corto plazo. No obstante, Martínez recordó que el sector constructor cuenta a su favor con una demanda que, en sus cálculos mínimos, se moverá siempre en las 400.000 viviendas anuales en España, gracias en gran parte a la inmigración. El problema es "eliminar" los excesos cometidos en años anteriores, cuando se manejaron cifras de hasta 800.000 viviendas iniciadas al año y que hoy constituyen un ´stock´ para el que la salida en forma de venta está siendo lenta.Lista negra. Martínez también repasó la actualidad económica, especialmente las causas de la crisis de las hipotecas ´subprime´ de Estados Unidos y su repercusión en Europa. El ICO señala que el agujero que ha dejado el impago de estas hipotecas de alto riesgo ha llevado a una crisis de confianza entre las propias entidades financieras, que han restringido sus créditos a largo plazo. En este contexto, España, país poco ahorrador y que necesita financiar continuamente las inversiones que realiza en el extranjero, está viendo recortadas sus posibilidades de recibir inversiones. El problema, según señaló Martínez, es que algunas consultoras, escarmentadas por el fiasco de las ´subprime´, han puesto de forma injustificada a España en una lista de riesgo junto a Irlanda y Reino Unido por su la fuerte presencia de lo inmobiliario en su crecimiento económico.

Minipisos: la solución transitoria (La Opinión)

Expertos inmobiliarios no comprenden la polémica consistorial por construir casas de 40 metros, cuando desde hace décadas se venden estudios de este tamaño y es una alternativa provisional para muchas jóvenes parejas. Son muy atractivas para los inversores que las compran para alquiler
Buscan piso pero no lo encuentran. A pesar del ´parón´ inmobiliario y el drástico descenso de las ventas, los precios siguen siendo muy caros, están por las nubes y, en todo caso, son inaccesibles para una mayoría de jóvenes que pretenden emanciparse y comprar su primera vivienda. ¿Existe alguna solución? Los minipisos pueden ser una alternativa muy interesante, siempre y cuando, como dicen los expertos, los compradores sean conscientes de que se trata de una medida provisional y transitoria.No faltarían potenciales clientes, a juicio de los profesionales del sector. De hecho, un minipiso puede servir tanto para iniciar una nueva vida en común, como para terminarla. Y es que, cada vez son más los matrimonios mayores que se quedan solos en casa, una vez que sus hijos han abandonado el nido paterno, que optan por este tipo de vivienda pequeña, "donde hay menos que limpiar y menos gastos que afrontar", asegura Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España.Vivienda digna. Si los precios no bajan, lo único que se puede hacer es reducir la superficie. Y residir en 40 metros es una forma de vivir muy digna. "Menos puede resultar agobiante, pero, en todo caso, suficiente y razonable si se usan para un fin concreto. De hecho, puede ser también el puente para optar a una vivienda mejor", añade Martínez."Lo que pasa es que en España, quizás, estamos mal acostumbrados y desde el principio queremos una casa con cuatro dormitorios, trastero, plaza de garaje y la cocina, si puede ser amueblada, mejor", continúa el presidente de los expertos inmobiliarios españoles.¿Cómo se vive en un piso de 40 metros cuadrados? "Echando de menos tener 20 más". Esta irónica respuesta es de Antonio Jiménez, un joven malagueño que vive con su novia Isabel en un piso de 48 metros en la calle Feijoo, en el barrio de la Trinidad. Una pareja que bien puede servir de ejemplo a las explicaciones de Martínez. "Compramos esta casa porque no podíamos adquirir nada mejor, pero teniendo presente que, en el momento que pudiéramos, buscaríamos una vivienda más grande", explica Antonio. Y en eso están, precisamente.Lo que queda claro es que la construcción de minipisos no es algo nuevo. De hecho, los expertos no entienden la polémica consistorial generada en este sentido. "Sobre todo, cuando hace años que se ofertan en el Centro estudios de menos de 30 metros cuadrados construidos y que incluyen, en el mismo compartimento, dormitorio, salón, cocina y baño", asegura Roberto Grandfilds, secretario del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga.Grandfilds insiste en la idea de que los minipisos son la única alternativa para muchos jóvenes y, además, señala que son mucho más atractivos para los inversores. "Un propietario puede alquilar una casa de 40 metros por unos 400 euros al mes, dependiendo de la zona. Es decir, con este dinero puede afrontar el pago de la hipoteca y sacar un dinero adicional. Sin embargo, un apartamento de 100 metros lo puede alquilar por unos 700 euros, y las cuotas, con seguridad, serán más caras, por muy amplio que sea el plazo de amortización", relata. "Los minipisos son muy demandados por profesionales que han sido destinados fuera de casa durante un periodo y necesitan alquilar algo barato", concluye.Ayuntamiento. El equipo de gobierno del Ayuntamiento incluirá, en la aprobación provisional PGOU de la ciudad, medidas para que no se construyan pisos de menos de 30 metros cuadrados, según informó ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.El edil popular lo explicó así después de que el miércoles se reunieran sin éxito los tres partidos políticos representados en el Consistorio para debatir una moratoria presentada por el PSOE que buscaba frenar la construcción de pisos de menos de 40 metros cuadrados en la ciudad.Según Díaz, la medida también establecerá una media de 70 metros cuadrados en las viviendas de una misma promoción. Además, informó de que las viviendas que se van a construir ahora de menos de 30 metros han obtenido la licencia antes de la aprobación inicial, ya que el plan vigente establece en 24,5 metros cuadrados el mínimo.

La capital necesita 20.800 VPO para los próximos cuatro años (La Opinión)

El estudio que realiza la Junta sobre la demanda de vivienda en Málaga establece que se construya en la capital el 60% de las previstas para toda la provincia. El Ayuntamiento tiene ahora en obras unas 2.000 VPO y otras 1.700 se encuentran en trámite para su comienzo
No son pocas las viviendas que, a juicio de la Junta, son necesarias en la capital para cubrir la demanda. Un estudio que está elaborando la Administración autonómica sitúa en 20.800 VPO las requeridas en los próximos cuatro años para atender a la población de la ciudad -el 60% de las previstas en la provincia-. Cifra que, por otra parte, coincide bastante con la lista de espera que se generó en el año 2006 con el sorteo de las viviendas de Soliva, cuando se apuntaron 23.200 aspirantes a 1.300 VPO.La cifra que defiende la Junta como necesaria tendría en los jóvenes menores de 35 años a sus principales beneficiarios. De hecho, la mayoría de los aspirantes se encuentran incluidos en esa franja de edad, correspondiente a nuevas familias o parejas jóvenes que aspiran a emanciparse.Por ahora, lo que está asegurado es que en los próximos dos años el Ayuntamiento se entreguen unas 2.000 VPO ya adjudicadas, la mayoría de ellas en la parcela de Soliva, con más de 1.300, y otras en distintas promociones de la ciudad. No obstante, el Ayuntamiento tiene otras 1.700 VPO en fase de proyecto y que tendrán que ser adjudicadas en los próximos meses, especialmente unas 1.000 junto a la ampliación del campus de la Universidad, en Teatinos.Mientras tanto, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no terminan de encontrar una mejor sintonía en sus planes de futuro. La Junta de Andalucía remitió hace dos semanas una propuesta de pacto para la construcción de 5.000 VPO en Lagar de Oliveros, que no fue bien recibida por el Consistorio. Fuentes municipales advierten de que ya cuentan con planes para este solar y consideran que la oferta autonómica no cubre con las necesidades de la ciudad.En este sentido, a finales de diciembre el alcalde, Francisco de la Torre, envió a la Consejería de Obras Públicas un documento en el proponía un pacto para la construcción de unas 6.200 VPO en los próximos años, que incluían las 1.050 viviendas que se encuentran bloqueadas en la zona de Sánchez Blancas a falta de un convenio urbanístico que la Junta no acepta, así como otras 1.400 que el Ayuntamiento considera de inmediata ejecución. Sin embargo, todavía no hay una respuesta a este documento.Alquiler. El presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, Alejandro Inurrieta, afirmó ayer que esta entidad cuenta con una oferta aproximada de 1.000 viviendas para su alquiler, de las que ya se han ocupado unas 350. El perfil responde a una superficie de entre 60 y 70 metros cuadrados y los inquilinos son, en su mayoría, jóvenes de hasta 35 años de edad.El representante se reunió ayer en la capital con los alcaldes de 40 municipios de Málaga, Almería, Jaén y Granada, con más de 3.000 habitantes, para explicarles el modelo de funcionamiento de la entidad.Inurrieta no descarta llegar a convenios con los ayuntamientos, de lo que aseguró que "se han mostrado muy interesados", para que éstos se conviertan en agentes inmobiliarios y puedan poner en el mercado viviendas de alquiler. A cambio, la sociedad retribuye el 20% de la renta anual.Destacó que los ayuntamientos pueden gestionar así las viviendas a través de la sociedad, que les asegura unas garantías de renta sin los problemas ocasionados por su gestión, según Inurrieta.

En la última década se ha construido el doble de lo necesario (La Opinión)

Buena parte de las viviendas que se han sacado al mercado han sido compradas como inversión, explican los promotores
El presidente de la Comisión Técnica de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce), Josep Donés i Barcons, aseguró ayer que en los últimos diez años se han construido en España "el doble de viviendas de las necesarias", y que una buena parte de ellas se compraron como fuente de inversión.En el marco de unas jornadas para fomentar el alquiler organizadas por la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Aeade), Donés manifestó que una parte importante de estas viviendas, que no están en uso y que los propietarios las compraron "porque no había productos de inversión en el mercado que les aseguraran el poder adquisitivo de sus ahorros", podrían entrar en el mercado de alquiler siempre y cuando "haya garantías".Al respecto, afirmó que las medidas de avales a los propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler promovidas por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat catalana "están bien", aunque aseguró que "hay una absoluta inseguridad ante los impagos" que requiere más garantías.Demanda contenida. En cuanto al panorama general del sector de la construcción, explicó que no es verdad que el cambio de coyuntura económica se traduzca en que "todo el mundo quiere alquilar", sino que "hay una demanda contenida" que está posponiendo su opción de compra.Destacó que el futuro del mercado promotor "pasa por la diversificación" y apostó por la posibilidad de que los promotores puedan construir promociones de viviendas mixtas de alquiler y de compra, y dijo que, para ello, es necesaria una "seguridad jurídica y económica".Donés aseguró que a partir de mediados de febrero, la Generalitat y la Apce llegarán a un acuerdo para determinar qué hacer con los 8.000 pisos nuevos sin vender que tiene Barcelona, según datos de la propia asociación.

El Consistorio remodela el Paseo de la Victoria. Archidona (SUR)

El Paseo de la Victoria cambiará de imagen. Las obras de remodelación ya han comenzado y consistirán el cambio del pavimento, que se ha deteriorado en los últimos años por las raíces de los árboles. La solería será de mármol, imitando la textura y colorido de la actual, así como algunos de los dibujos que tiene representado. La actuación, que costará 184.000 euros y durará ocho meses, también contempla la sustitución de los árboles por palmeras para que las raíces no dañen la nueva solería y la eliminación de las barreras arquitectónicas. Las obras no afectarán al tráfico salvo cuando haya que sacar los escombros

Adjudican la construcción de 26 VPO. Villanueva del Rosario (SUR)

Las 26 VPO que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía tiene proyectadas en Villanueva del Rosario comenzarán a construirse pronto. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó ayer la adjudicación de las obras a la empresa Construcciones Orvadesa S. C. A. por 1.558.173,13 euros. Las casas se sortearon en marzo de 2007 entre 230 solicitudes presentadas y salieron a licitación en junio del mismo año por 1.635.019,02 euros. Las viviendas, que se construirán en suelo cedido por el Ayuntamiento, costarán a sus propietarios unos 60.000 euros y tendrán unos 70 metros cuadrados útiles y garaje

El parón de la construcción dificulta la venta de dos parcelas municipales. Torrox (SUR)


El anterior gobierno había previsto ingresar 11 millones por su subasta
TERRENOS
Las parcelas municipales están en Calaceite
10.711 metros cuadrados: Techo edificable de 8.890.
Capacidad para 92 viviendas. Su precio es de 7.112.000 euros. Tras quedar desierta la subasta, tampoco se ha vendido por el procedimiento negociado.
5.726 metros cuadrados: Techo edificable de 4.752 metros y una capacidad para 49 viviendas. Su precio es de 3.802.064 euros. Tampoco ha habido ofertas en la subasta.

Un año después de la aprobación del presupuesto municipal de 2007, el Ayuntamiento no ha sido capaz de vender las dos parcelas del patrimonio municipal de suelo en una operación que debía permitir financiar el grueso de las actuaciones y proyectos incluidos en el capitulo de inversiones, por un importe superior a los 11 millones de euros. Una de las razones por las no se han podido vender las parcelas de Calaceite es por no haber compradores a causa del parón que sufre actualmente el sector de la construcción y por tratarse de suelo con importantes cargas de urbanización.Así las cosas, el nuevo equipo de gobierno, formado por IU, PSA y PIU, inicia la elaboración del presupuesto para 2008 consciente de que no podrá acometer actuaciones no diseñadas por los actuales responsables del Ayuntamiento.Según el presupuesto todavía vigente, los ingresos previstos por la venta de las dos parcelas, que suman más de 15.000 metros cuadrados de superficie, debían alcanzar casi los 11 millones de euros, cantidad más que suficiente para afrontar los inversiones programadas. Sucede sin embargo que algunas de las obras se han ejecutado o están en ejecución, pero sin tener al financiación resuelta y además con excesos y modificaciones que han terminado por incrementar el gasto en cerca de dos millones de euros.
Presupuesto
Para el nuevo gobierno, esta circunstancia tiene hipotecado el presupuesto de 2008 antes incluso de ser aprobado. «Somos conscientes de que no podremos introducir, al menos este año, nuevos proyectos, sin embargo trataremos de priorizar algunos que pensamos son fundamentales», según el edil de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU).El edil de Hacienda, Alfonso Márquez (PIU), ha avanzado como proyectos prioritarios el nuevo campo de fútbol de El Morche, ya que el actual ocupa el dominio público marítimo terrestre, y comenzar la construcción de viviendas públicas de VPO. Pese a todo, Márquez no ha descartado que la consignación presupuestaria para inversiones alcance los ocho millones de euros. El nuevo campo de fútbol municipal de El Morche se construirá con toda probabilidad en la zona de Los Llanos, donde el Ayuntamiento deberá adquirir los terrenos.Las parcelas a la venta son una de 5.726 metros y una capacidad para 49 viviendas, que tiene un valor de 3,8 millones de euros, y otra de 10.711 metros cuadrados de superficie y un techo edificable de 8.890, con capacidad para 92 viviendas, valorada en 7.112.000 euros. Para ninguna de las dos ha habido ofertas durante el periodo de subasta.

Las inversiones de los ayuntamientos en obras se duplican en un año (SUR)


Los proyectos municipales impulsados en 2007 doblan a los de la Junta. Las actuaciones del Gobierno central caen un 9% pero son las más cuantiosas

CUÁNTO GASTAN
Datos sobre las inversiones de obras públicas en la provincia recopilados por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores:
Administración local
2006: 343.383.214 euros.
2007: 631.427.807 euros.
Variación: +83,88%.
Administración regional
2006: 232.949.315 euros.
2007: 307.617.505 euros.
Variación: +32,05%.
Administración central
2006: 827.992.479 euros.
2007: 748.786.461 euros.
Variación: -9,57%.
Total
2006: 1.404.325 euros.
2007: 1.687.831 euros.
Variación: +20,1%.

El esfuerzo inversor de los ayuntamientos de la provincia se duplicó el año pasado respecto a 2006 para alcanzar los 631 millones de euros. Así lo recoge un informe realizado por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) sobre las obras públicas que fueron sacadas a concurso para su contratación a lo largo de 2007. Según ese trabajo, las actuaciones impulsadas por las corporaciones locales crecieron un 83,8% al pasar de 343 millones de euros a 631 millones. Por su parte, las que dependen de organismos e instituciones de la Junta de Andalucía se incrementaron en un 32% al sumar 307 millones frente a los 232 de 2006, y las de la Administración central se redujeron en un 9,5% al retroceder de 827 a 748 millones de euros. No obstante, los proyectos impulsados por el Gobierno de la nación supusieron el mayor importe, debido sobre todo a las obras de ampliación del aeropuerto (513 millones de euros) y a otras iniciativas del Ministerio de Fomento (121 millones).El secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores, Juan Moreno, resaltó que las entidades locales aún tienen un gran peso en el conjunto de la inversión pública en la provincia. «Y ello a pesar de que a nivel nacional y autonómico se han emprendido grandes obras como la segunda ronda de Málaga, la ampliación del aeropuerto, el metro o el AVE», comentó Moreno, quien agregó, no obstante, que el incremento en las licitaciones de los ayuntamientos durante 2007 también puede deberse a la celebración de las elecciones municipales en mayo.
Mismo nivel
Por ello, el secretario de la ACP pidió a las corporaciones locales que mantengan ese nivel de inversión a lo largo de 2008 con el fin de evitar la falta de actividad en el sector de la construcción que está provocando la caída de la promoción privada de viviendas. «A los ayuntamientos les pedimos que mantengan el nivel y a la Junta y el Gobierno central, que lo eleven para poder llenar el hueco que nos está dejando la ralentización del mercado inmobiliario», recalcó Juan Moreno.«En Málaga quedan por realizar muchas obras de saneamiento, abastecimiento y otra serie de infraestructuras que las administraciones públicas deben impulsar justo ahora para que no caiga el sector de la construcción», puntualizó este responsable de la ACP.Asimismo, solicitó a las entidades públicas que no concentren en demasía las obras en un mismo espacio o periodo de tiempo con el objeto de que sean muchas más las empresas constructoras que puedan beneficiarse de su ejecución. Así, puso como ejemplo, que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital -cuya licitación pública creció un 32% en 2007- han convocado recientemente concursos para obras de conservación por periodos que abarcan varios años.

La construcción de 5.000 VPO vuelve a enfrentar a la Junta y el Ayuntamiento (SUR)


El Consistorio exige a la Administración autonómica el «desbloqueo urgente» de los trámites que impiden que estas viviendas se puedan poner en marcha. El Ejecutivo regional afirma que el retraso es imputable al gobierno municipal
LAS ZONAS AFECTADAS

Lagar de Oliveros: El Ayuntamiento prevé que en esta zona, junto a Soliva, se construyan unas 2.500 VPO. La Junta dice que no tiene expediente alguno para la modificación de elementos. Sánchez Blanca: Se prevé la construcción de unas 1.100 VPO que, según el Consistorio, debe promover la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Junta. La Delegación Provincial de Obras Públicas esgrime que en octubre solicitó un documento que aún no le han remitido desde el equipo de gobierno local.
Trinidad-Perchel: El Ayuntamiento dice que la Junta tiene en propiedad más de 200 solares para construir, mientras que la Administración regional reduce esta cantidad a cuatro.
Centro-Histórico: Rehabilitación de edificios y la construcción de 600 tecnocasas.

La vivienda protegida vuelve a enfrentar a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital a cuenta de la construcción de 5.000 VPO en varias zonas de la ciudad. El equipo de gobierno del PP en el Consistorio acusó a la Administración regional de «bloquear» el desarrollo de estos pisos y de «escaso interés» en esta materia, mientras que desde el Ejecutivo regional rebaten estas críticas y acusan al Gobierno municipal de no facilitar la documentación que se le requiere y utilizar este asunto con motivos electorales.La visualización de estas posturas divergentes tendrá lugar hoy durante la celebración del pleno ordinario de enero con la aprobación, gracias a la mayoría absoluta de los populares, de una moción en la que instan al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, «al desbloqueo urgente de las más de 5.000 viviendas protegidas que la maraña de dictámenes y diferentes informes sectoriales de la Junta demoran en Málaga», según explicó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz. Así, exigen la construcción inmediata de VPO «en los 200 solares» que tienen en la zona de Trinidad-Perchel; la revisión del convenio de agosto de 2005 sobre áreas de rehabilitación concertada en el Centro Histórico y que preveía hacer 600 tecnocasas; aprobar la modificación de elementos de Lagar de Oliveros y dar luz verde al proyecto de Sánchez Blanca. «Desde el Ayuntamiento entendemos que es un brindis al sol los anuncios realizados por Chaves para hacer un pacto andaluz por la vivienda o las pretensiones del grupo municipal socialista de impulsar un plan estratégico de la vivienda», dijo el edil.
Visiones contrapuestas
Díaz recordó que la Administración autonómica sólo ha hecho 36 VPO en los últimos años y contrapuso esta actitud a la del Ayuntamiento que, según sus datos, ha impulsado en la última legislatura la construcción de 4.812 viviendas, de las que 1.530 ya se han entregado, 1882 están en construcción y 1.400 en proyecto y ha promovido «un ambicioso» Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en materia de VPO. La versión ofrecida por el equipo de gobierno municipal contrasta con la del Gobierno andaluz, que sostuvo que la culpa del retraso de los expedientes urbanísticos para construir VPO en la ciudad no es suya. Así, en el caso de Sánchez Blanca, la delegada de Obras Públicas, Josefa López, afirmó a este periódico que desde el mes de octubre del año pasado están esperando que el Ayuntamiento les remita la última documentación requerida para el proyecto. En concreto, se trata de un plano en el que figure la situación en detalle de las viviendas protegidas acordadas entre la promotora del sector y la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, y un informe favorable del Ministerio de Fomento por tratarse de un terreno muy próximo a las vías del AVE, ya que se encuentra al este de la barriada de Intelhorce.En cuanto, a la zona de Lagar de Oliveros, para la que el Ayuntamiento ha llegado incluso a contratar a un equipo de arquitectos que diseñe la ordenación del sector, López es tajante al afirmar que no le consta expediente alguno de esta modificación de elementos del PGOU tramitada por el Gobierno local. Según éste, de la Junta sólo ha podido recabar, tras más de siete meses, un informe necesario de la Agencia Andaluza del Agua, que no es definitivo, ya que exige nueva documentación al Consistorio.No obstante, el delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, declaró a SUR que responsables municipales le habían informado de que la tramitación urbanística de la zona de Lagar de Oliveros iba a remitirse al nuevo documento del PGOU en vez de aprobarse como una modificación del actual. Este extremo fue rechazado por el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien aseguró que en ningún momento se ha remitido al nuevo PGOU, ya que la intención del equipo de gobierno es poder aprobarlo lo antes posible para permitir la realización de unas 3.400 casas de VPO entre los suelos de Soliva oeste ó norte y Lagar de Oliveros.Josefa López concluyó denunciando que detrás de este asunto hay un intento de «levantar suspicacias» en un momento de precampaña cara a la doble cita electoral del próximo 9 de marzo.