La construcción de 5.000 VPO vuelve a enfrentar a la Junta y el Ayuntamiento (SUR)

El Consistorio exige a la Administración autonómica el «desbloqueo urgente» de los trámites que impiden que estas viviendas se puedan poner en marcha. El Ejecutivo regional afirma que el retraso es imputable al gobierno municipal

LAS ZONAS AFECTADAS

Lagar de Oliveros: El Ayuntamiento prevé que en esta zona, junto a Soliva, se construyan unas 2.500 VPO. La Junta dice que no tiene expediente alguno para la modificación de elementos. Sánchez Blanca: Se prevé la construcción de unas 1.100 VPO que, según el Consistorio, debe promover la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Junta. La Delegación Provincial de Obras Públicas esgrime que en octubre solicitó un documento que aún no le han remitido desde el equipo de gobierno local.

Trinidad-Perchel: El Ayuntamiento dice que la Junta tiene en propiedad más de 200 solares para construir, mientras que la Administración regional reduce esta cantidad a cuatro.

Centro-Histórico: Rehabilitación de edificios y la construcción de 600 tecnocasas.

La vivienda protegida vuelve a enfrentar a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital a cuenta de la construcción de 5.000 VPO en varias zonas de la ciudad. El equipo de gobierno del PP en el Consistorio acusó a la Administración regional de «bloquear» el desarrollo de estos pisos y de «escaso interés» en esta materia, mientras que desde el Ejecutivo regional rebaten estas críticas y acusan al Gobierno municipal de no facilitar la documentación que se le requiere y utilizar este asunto con motivos electorales.La visualización de estas posturas divergentes tendrá lugar hoy durante la celebración del pleno ordinario de enero con la aprobación, gracias a la mayoría absoluta de los populares, de una moción en la que instan al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, «al desbloqueo urgente de las más de 5.000 viviendas protegidas que la maraña de dictámenes y diferentes informes sectoriales de la Junta demoran en Málaga», según explicó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz. Así, exigen la construcción inmediata de VPO «en los 200 solares» que tienen en la zona de Trinidad-Perchel; la revisión del convenio de agosto de 2005 sobre áreas de rehabilitación concertada en el Centro Histórico y que preveía hacer 600 tecnocasas; aprobar la modificación de elementos de Lagar de Oliveros y dar luz verde al proyecto de Sánchez Blanca. «Desde el Ayuntamiento entendemos que es un brindis al sol los anuncios realizados por Chaves para hacer un pacto andaluz por la vivienda o las pretensiones del grupo municipal socialista de impulsar un plan estratégico de la vivienda», dijo el edil.

Visiones contrapuestas

Díaz recordó que la Administración autonómica sólo ha hecho 36 VPO en los últimos años y contrapuso esta actitud a la del Ayuntamiento que, según sus datos, ha impulsado en la última legislatura la construcción de 4.812 viviendas, de las que 1.530 ya se han entregado, 1882 están en construcción y 1.400 en proyecto y ha promovido «un ambicioso» Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en materia de VPO. La versión ofrecida por el equipo de gobierno municipal contrasta con la del Gobierno andaluz, que sostuvo que la culpa del retraso de los expedientes urbanísticos para construir VPO en la ciudad no es suya. Así, en el caso de Sánchez Blanca, la delegada de Obras Públicas, Josefa López, afirmó a este periódico que desde el mes de octubre del año pasado están esperando que el Ayuntamiento les remita la última documentación requerida para el proyecto. En concreto, se trata de un plano en el que figure la situación en detalle de las viviendas protegidas acordadas entre la promotora del sector y la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, y un informe favorable del Ministerio de Fomento por tratarse de un terreno muy próximo a las vías del AVE, ya que se encuentra al este de la barriada de Intelhorce.En cuanto, a la zona de Lagar de Oliveros, para la que el Ayuntamiento ha llegado incluso a contratar a un equipo de arquitectos que diseñe la ordenación del sector, López es tajante al afirmar que no le consta expediente alguno de esta modificación de elementos del PGOU tramitada por el Gobierno local. Según éste, de la Junta sólo ha podido recabar, tras más de siete meses, un informe necesario de la Agencia Andaluza del Agua, que no es definitivo, ya que exige nueva documentación al Consistorio.No obstante, el delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, declaró a SUR que responsables municipales le habían informado de que la tramitación urbanística de la zona de Lagar de Oliveros iba a remitirse al nuevo documento del PGOU en vez de aprobarse como una modificación del actual. Este extremo fue rechazado por el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien aseguró que en ningún momento se ha remitido al nuevo PGOU, ya que la intención del equipo de gobierno es poder aprobarlo lo antes posible para permitir la realización de unas 3.400 casas de VPO entre los suelos de Soliva oeste ó norte y Lagar de Oliveros.Josefa López concluyó denunciando que detrás de este asunto hay un intento de «levantar suspicacias» en un momento de precampaña cara a la doble cita electoral del próximo 9 de marzo.