domingo, 25 de octubre de 2009

Los arquitectos defienden la «total corrección» del urbanismo en Málaga. (SUR)

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos, Antonio Vargas Yáñez, defendió ayer que la provincia malagueña «no es mejor ni peor que otra de España» en lo que a la comisión de irregularidades urbanísticas se refiere, sobre todo después de la última operación desarrollada por la Guardia Civil en Almogía. Así, destacó «la total corrección» del urbanismo desarrollado en los últimos años, que «ha sido el motor económico de Málaga».
A su juicio, hay que entender los casos de irregularidades urbanísticas que se hayan podido dar en la provincia de Málaga como «puntuales» y «propios de la idiosincrasia humana», ya que, frente a ellos, «hay centenares de operaciones que se realizan pasando todos los controles y sin que exista ningún atisbo de ilegalidad».
Vargas hizo hincapié en que «a lo largo de estos últimos años se han realizado miles de operaciones urbanísticas, desde la concesión de una obra menor hasta las actuaciones relativas a los planeamientos generales, y se han hecho con absoluta pulcritud y con la supervisión por parte de las administraciones», añadiendo, además, que «han contado con los beneplácitos de todos los organismos de control».

MARBELLA El PGOU de Marbella se atasca en la burocracia. (SUR)

El Ayuntamiento lleva dos meses y medio esperando los informes sectoriales de la Junta y el Gobierno. El Ejecutivo andaluz prevé remitirlos en breve pero Madrid va rezagada.


El Ayuntamiento vive estos días pendiente del fax y del trasiego de la mensajería. Desde la delegación municipal de Urbanismo tampoco dan mucha tregua al teléfono. A diario, con puntualidad británica, hay llamadas a distintos departamentos de la Junta y del Gobierno central. La pregunta siempre es la misma: «¿Cómo va el informe sectorial?». A día de hoy éstas son las dos palabras más importantes para seguir la pista al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que lleva ya dos meses y medio, desde su aprobación provisional a final de julio, atascado en la burocracia. La que trata por igual a municipios modestos y a grandes ciudades, como Marbella, pese a su situación excepcional: 23 años con el mismo Plan General y 18.000 viviendas que esperan ser legalizadas tras el caos urbanístico del gilismo.
Los trámites son los que son. Tanto el Gobierno andaluz como el Ejecutivo central deben emitir cinco informes preceptivos que tendrán que incorporarse al Plan General para que la tramitación siga su curso. Hasta que el Consistorio no los tenga en su poder y remita el expediente completo a la Consejería de Ordenación del Territorio, el calendario previsto, que según las previsiones más optimistas fijaba la aprobación definitiva para finales de octubre, irá sumando días. De hecho, ya se empieza a hablar con resignación de finales de año e incluso principios de 2010. Eso si los informes de Medio Ambiente, Cultura y Carreteras, que dependen de la administración autonómica, y los de Costas y Carreteras, de la administración central, llegan en los próximos días.
«A final de mes»
No será por falta de interés, al menos es lo que aseguran desde la Junta. La propia delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, explicó que se encarga personalmente de coordinar a las distintas delegaciones provinciales para que los tres informes sectoriales que dependen de su administración estén en la plaza de Los Naranjos lo antes posible. «Esperamos que todos lleguen antes de final de mes», explicó a este periódico. Descartó que haya habido parón en la elaboración. Tan sólo refirió un retraso en el caso de Medio Ambiente, que achacó a un requerimiento de información puntual al Ayuntamiento ya solventado.
Además, Gámez indicó que está en contacto con el subdelegado del Gobierno central, Hilario López Luna, para seguir la pista de los informes que deben elaborar las direcciones generales de Carreteras y Costas. En este caso, según ha podido saber este periódico, el papeleo va más rezagado. Al contrario que en el Gobierno andaluz -donde se redactan desde Málaga o a lo sumo desde Sevilla- los técnicos provinciales elaboran un informe previo que se remite posteriormente a Madrid, de donde sale el definitivo.
Costas lleva más camino recorrido en este viaje de ida y vuelta a Madrid. Según explicaron desde la jefatura provincial, el dictamen elaborado por los técnicos de Málaga ya está sobre la mesa del Ministerio de Medio Ambiente. Sólo queda que la Subdirección General de Dominio Público le eche un vistazo, le ponga el membrete y le dé curso. Mientras, el Ministerio de Fomento no dice nada. La única información la maneja el Ayuntamiento, que espera que la próxima semana los informes lleguen a las direcciones generales de Carreteras y Planificación. Lo que tarden en cruzar Despeñaperros es toda una incógnita.
Fuera de plazo
En todos los casos el plazo oficial para que las administraciones se pronuncien sobre el contenido del Plan General cumplió hace algunos días pero el Ayuntamiento ha tenido en cuenta dos factores. De un lado que el PGOU se aprobó prácticamente en agosto, fecha en que las administraciones están casi desérticas. De otro, las propias dificultades técnicas para estudiar el documento, que se entregó por parte del equipo redactor en un DVD saturado de información que deja corto algunos ordenadores de los organismos oficiales y que ha dado más de un quebradero de cabeza para su consulta.
En todo caso, al ser informes preceptivos y vinculantes, la tramitación se estanca hasta que estén sobre la mesa. No así en el caso del dictamen de Cultura, que según matizaron fuentes municipales no es de obligatorio cumplimiento. En este caso, además, Ayuntamiento y Junta acordaron recientemente dejar en suspenso el catálogo de nuevos inmuebles protegidos, al margen de los BIC u otras figuras oficiales, para después de la aprobación definitiva.
El resto sí son imprescindibles y una vez estén a buen recaudo al planeamiento sólo le restará un último trámite: la aprobación definitiva por parte de la Junta. El compromiso de Gámez va en la línea del que expresó el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en su última visita a Málaga. «Una vez que el Plan General llegue completo a la Junta los plazos para la aprobación serán mínimos», dijo.

MARBELLA Costas y Ayuntamiento inician los trámites para legalizar la situación de una treintena de chiringuitos. (SUR)

Sale a información pública el proyecto, que prevé el traslado de 15 establecimientos .


La maquinaria ya está en marcha. Después de meses de reuniones y negociaciones a tres bandas para intentar recomponer el puzle de los chiringuitos afectados por la Ley de Costas, la tramitación para que los establecimientos afectados cuenten con todos los parabienes y puedan trabajar sin sobresaltos acaba de arrancar. La mirada está puesta en que en el verano de 2010 su actividad esté ya libre de escollos. Para ello, la Demarcación de Costas somete estos días a información pública el proyecto para ajustar a la ley los 31 negocios que pendían de un hilo.
A efectos prácticos este trámite supone la primera bendición a la propuesta del Ayuntamiento -que pasa por mover quince negocios para sacarlos del dominio público y por recortar su superficie hasta un máximo de 150 metros- y permite a los interesados escudriñar el futuro escenario para presentar alegaciones en caso de que estén en desacuerdo. «Hasta la fecha lo que han llegado son algunos informes de órganos oficiales», apuntó a este periódico el jefe de Costas en Málaga, Francisco Javier Hermoso.
Plazos
El plazo para consultar tanto en el Ayuntamiento como en la sede del organismo en Málaga la propuesta aún sigue abierto y le restarán al menos 20 días más. Ambas administraciones ya mostraron su disposición para resolver cuanto antes la situación de los chiringuitos que se han quedado al margen de la legalidad. Pero todo dependerá de la burocracia. «Es un proceso lento pero afortunadamente ya se está moviendo en muchos municipios, como Manilva, Casares, Estepona o Málaga», abundó Hermoso, que no supo precisar los plazos.
Los pasos están marcados de antemano. Si el periodo de información pública se cerrase finalmente con alegaciones, el Consistorio tendrá que pronunciarse sobre cada una de ellas. En base a sus argumentos, la Jefatura de Costas en Málaga elaborará un nuevo informe que se remitirá a la Dirección General de Costas en Madrid. Tendrá la última palabra sobre la propuesta municipal y libertad para introducir retoques. «Lo último será la orden ministerial otorgando las concesiones», agregó. En un principio serán por quince años prorrogables a otros quince en tres periodos de cinco años.
A partir de ahí, los trámites quedarán en manos del Consistorio. «Nuestro interlocutor será siempre el Ayuntamiento, que tendrá que decidir si quiere sacarlo a concurso para darle la gestión a terceros», matizó. No hay dudas de que será la fórmula empleada por el equipo de gobierno. Según ha adelantado en varias ocasiones Antonio Espada, concejal delegado de Playas, los planes pasan por que una vez aprobadas las concesiones los actuales empresarios presenten un proyecto para obtener la explotación. De hecho, la solicitud de las concesiones presentada ante Costas incluye un proyecto básico elaborado por cada uno de los establecimientos de playa y un estudio financiero.
No todos tendrán que hacer mudanza, sólo la mitad: tres en San Pedro, uno en Puerto Banús y el resto en Marbella. En total, de los 31 chiringuitos afectados por la nueva Ley de Costas, catorce quedarán adosados al paseo marítimo, entre ellos nueve de los quince que deben moverse. Los otros seis no se irán junto al paseo pero también andarán unos metros para quedarse fuera de la franja protegida por el dominio público. El resto, hasta alcanzar los 62 establecimientos, respira más tranquilo. 14 están en suelo municipal y 17 se acogen a lo que se conoce como mediada transitoria.

Pablo Farfán: ´Es mejor rehabilitar algo que tirarlo y volverlo a hacer. (LAOPINION)

El arquitecto malagueño afincado en Madrid y rehabilitador de numerosas ´corralas´ defiende que la arquitectura tradicional

Pablo Farfán ayer en el corralón de Santa Sofía.
Pablo Farfán ayer en el corralón de Santa Sofía. C. Criado

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Confiesa que se marchó de Málaga "para no hacer chalés adosados". A sus 36 años y tras casi dos décadas en Madrid, Pablo Farfán se ha convertido en una de las voces más críticas con la relación entre la Arquitectura y el mundo inmobiliario y en un defensor de la rehabilitación y la construcción bioclimática. Estos días ha vuelto a su ciudad natal para presentar en el certamen internacional Mercadoc ´En la corrala´, un documental sobre la vida tradicional en Lavapiés.

Como arquitecto ha preferido prescindir de los promotores.
–Cuando abrí el estudio en Madrid con José Luis Estella nos pusimos a hacer imágenes en 3D porque antes de construir una urbanización en una duna con pinos, era mejor hacerlo virtual. Como dice el proverbio, si lo que vas a construir no es mejor que el solar, piénsatelo dos veces.

¿Qué tiene de negativo este sistema?
–Antiguamente las casas se las hacía uno mismo, después se contrataba a un maestro de obras y ahora hay un sistema de intermediarios para el que trabaja el arquitecto, así que la relación del arquitecto con el cliente es ´ninguna´ y acaban predominando los intereses del promotor, que sólo tiene criterios económicos.

¿Qué camino ha tomado?
–Hacemos viviendas individuales, rehabilitaciones, informes y participamos en concursos en los que podemos aplicar nuestros criterios.

¿Se puede vivir de la Arquitectura yendo a contracorriente?
–Precisamente mantengo mi volumen de trabajo y el resto de arquitectos que hace viviendas está pasando por un mal momento.

¿Construcción de nueva planta o rehabilitación?
–Es mejor rehabilitar algo que tirarlo y volverlo a hacer. En la arquitectura tradicional he encontrado algo que no me habían enseñado en la escuela. Hace 150 años se descubrió el primer pozo de petróleo en Pensilvania. A partir de ahí disponemos de energía barata y muchos materiales derivados. Antes de ese descubrimiento nos encontramos con edificios con materiales biodegradables del entorno cercano, que no contaminan: se arreglaban con cañas, cal, tierra y se adaptaban al terreno y al clima con distinto grosor de los muros, el color de la fachada, distribución de los patios, cubiertas, etc. En la actualidad tenemos una energía y unos materiales derivados que no nos van a durar siempre pero con los que climatizamos e impermeabilizamos. Y además, esos materiales caducan y luego ´arréglatelas tú´. Por contra, te encuentras casas de 250 años que están perfectas.

¿Esas enseñanzas se pueden aplicar a la arquitectura actual?
–Claro, no se trata de ser fundamentalistas y rechazar todo material que venga del petróleo o la electricidad, sino de aplicar los conceptos de la arquitectura popular a la contemporánea, que puede ser desde la ventilación cruzada, hacer patios o la inercia térmica.

Explíqueme eso de la inercia térmica.
–En las casas antiguas el grosor de los muros dependía de lo que tardaba el calor en verano en entrar dentro. Funciona como una jarra de cerveza: la porcelana de la jarra absorbe el calor que hay en el líquido. En una casa de Málaga, que refresca por la noche, la propia masa de la vivienda se enfría y durante el día absorbe el aire caliente que entra dentro. Con el frío pasa igual: el calor que generas dentro se va almacenando en muros, techos, suelos y aunque renueves el aire el calor queda.

Y ahora optamos por el ´sellado´ y el aire acondicionado.
–Hemos sustituido el anterior sistema en toda España. Ahora lo que hacemos es ´electrodomésticos´ porque tenemos edificios muy herméticos con aislantes a tope y estás obligado a usar un aparato para refrigerar o calentar el aire que vamos a respirar. Y no le digo nada en edificios de cristal.

¿Que sería entonces la arquitectura bioclimática?
–Por bioclimática se entiende llegar a un estado de confort, tanto de temperatura, iluminación, humedad relativa y ventilación a través de la propia casa.

Hace años que rehabilita ´corralas´ en Madrid, nuestros corralones. ¿Cómo empezó?
–En Madrid vivo en un edificio de principios de los 90 y trabajo en la misma manzana, en Lavapies, en el bajo de una corrala. Y la verdad, paso un frío y un calor tremendo en el edificio moderno y en la corrala me vale en invierno y en verano. Siempre me ha interesado el saber popular y ese estado de confort que te ofrecen esas casas.

¿Se puede vivir bien en un corralón adaptado a nuestros días?
–Tiene el ´hándicap´ de ser viviendas humildes pero eso no quiere decir que no sean perfectas para que vivan personas mayores que no necesiten un espacio muy grande o un estudiante. Con respecto a Málaga, aquí los corralones son más grandes. En Madrid fue una cuestión especulativa, de falta de espacio. Lavapiés ha sido el barrio con más densidad de población durante muchos años.

¿Que le parece la solución en la Trinidad de recuperar los corralones con diseños actuales?
–Recuperar la ´tipología´ es muy positivo, hay una relación muy intensa entre los vecinos.

¿Esa vida vecinal es la que ha querido retratar en el documental ´En la corrala´?
–Sí, la divulgación de lo que hacemos es fundamental. En este caso, el documental repasa las casas tradicionales, los mercados y la vida tradicional de barrio, que se está perdiendo. Precisamente, son los inmigrantes los que siguen con ese modelo tradicional de vida.

¿Qué le parece la rehabilitación del Centro Histórico de Málaga?
–Con respecto a Madrid ha llegado más tarde de lo que debería. De hecho, en el centro han desaparecido calles enteras: la calle Chinchilla ya no está y en Tomás de Cózar quedan algunas casas. Eso es negativo para la ciudad porque esa forma de construir con inercia térmica y con patios beneficia a Málaga. Conservar la fachada es importante pero también su distribución y los materiales.

El caos urbanístico genera 27.000 expedientes por casas ilegales en Málaga. (LAOPINION)

Marbella, Estepona, Mijas y Cártama son los municipios con el problema más grave. La construcción de chalés unifamiliares en terreno rústico, la principal ilegalidad en el interior.


MIGUEL FERRARY (*). MÁLAGA La ordenación urbanística en la provincia ha sido, durante años, como un chiste malo: no hace gracia, pero sigue contándose. Las consecuencias de estos años de locuras urbanísticas las vivimos ahora, con una cantidad de expedientes abiertos a viviendas irregulares que superan ampliamente los 27.000, sólo en los grandes municipios de la provincia. Lo peor es que todo indica que este número sólo representa una fracción de las ilegalidades cometidas, como se ha demostrado con el caso de Almogía. La excesiva permisividad y la falta de vigilancia por parte de las administraciones están pasando ahora factura a muchos municipios.

Marbella es el paradigma de las ilegalidades urbanísticas, pero no es el único municipio con este problema desmandado por su gravedad. Las 18.000 viviendas que están en situación irregular la convierten en el municipio más problemático, con un proyecto de PGOU que intenta poner un poco de orden en este marasmo de ilegalidades y no recurrir al temido derribo de edificios que están ya habitados.

Pero si Marbella acumula más de la mitad de estos expedientes, las vecinas Estepona y Mijas parecen estar contagiadas con el mismo mal. Ambos municipios acumulan unos 3.000 expedientes cada uno, unas cifras estratosféricas si se ponen en contexto con el resto de la provincia, ya que sólo Cártama se acerca un poco con otros 2.000 expedientes, mientras que el resto de los municipios se sitúan por debajo de las 350 infracciones detectadas.

En los municipios de la Costa del Sol suele ser habitual la construcción en terreno no urbanizable, fruto del caos urbanístico vivido durante los años del ´boom´ inmobiliario. Estas infracciones pueden ir desde levantar edificios enteros de viviendas o urbanizaciones, a construir una piscina o un muro de cerramiento sin licencia.

Estepona, con cientos de viviendas de urbanizaciones construidas en terrenos rústicos o protegidos, vive una situación peculiar. El inicio del ´caso Astapa´ provocó la paralización de la mayor parte de los trámites sancionadores, ya que muchos expedientes están intervenidos dentro de las actuaciones judiciales.

Valle del Guadalhorce

La Costa del Sol es quizá uno de los puntos negros del urbanismo en la provincia. Pero no el único. El Valle del Guadalhorce se ha convertido en una zona muy dinámica en los últimos años, lo que ha tenido también su reverso oscuro a modo de irregularidades. Lo habitual ha sido la construcción de chalés donde antes había casas de aperos. La falta de beneficio por la agricultura y los altos precios que se pagan por un terreno han servido de excusa. Los ayuntamientos han preferido mirar a otro lado para evitar problemas, actuando como cómplices. Las víctimas han sido el paisaje y los terrenos rústicos.

Cártama es, con sus 2.000 expedientes abiertos, la zona más compleja. De hecho, allí se produjo el primer derribo de una vivienda ilegal en la provincia. El primero y casi el único, porque sólo se ha repetido esto una vez más, en Marbella.

El paisaje de este municipio se ha visto, en apenas unos años, salpicado de puntos blancos a causa de la gran cantidad de viviendas que se han construido en antiguas zonas de labranza. El control se ha hecho casi imposible.

Los municipios del interior han vivido una cierta impunidad, producto de estar en una segunda fila por el peso de la Costa. Eso no ha impedido casos como el de Almogía o Gaucín, con intervenciones judiciales para poner coto a las irregularidades.

Mientras la capital tiene abiertos poco más de un centenar de expedientes por infracciones de poco calado, el gran melón por abrir de las ilegalidades parece ser la Axarquía. Ecologistas en Acción cifra en unas 20.000 las viviendas ilegales en esta comarca, con una actividad casi descontrolada en muchos municipios del interior.

Este grupo señala que pocas son las localidades que se libran de los abusos urbanísticos, como son Alfarnate, Alfarnatejo, Riogordo, Comares y Cútar. En el resto, según Ecologistas, las infracciones se han ido extendiendo como una mancha de aceite, alcanzando cotas preocupantes.

* Información elaborada con datos de Noelia Andrade, Princesa Sánchez, Ana María Marín, Carmen Fernández, Ana García, Izaskun Guerrero, Blas Gil y Lola Sánchez.

La Axarquía reclama un urbanismo diferente

Más de 10.000 viviendas pendientes de normalizar y un futuro incierto respecto a la posibilidad de que el turismo rural tenga opciones de desarrollo en la Costa del Sol más oriental han forzado, según los representantes públicos de los ayuntamientos, a crear una mesa de trabajo por el urbanismo axárquico. Un foro que sin embargo podría desarticularse si el PP confirma que lo abandona porque nace "sin utilidad".

La problemática urbanística en la Axarquía es una realidad, pero a los regidores populares les resulta "como mínimo ridículo" que la Junta de Andalucía se siente en la mesa como "oyente".

Así lo ha expresado el grupo del PP en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.

Para los ecologistas de esta parte de la provincia, las administraciones supramunicipales deben, sin embargo, mantenerse en esa posición neutral. "Lo que no se va a permitir es abrir otra vez el grifo para que se construya en el campo sin control". Al respecto, la cifra de casas en suelo rural que siguen fuera de ordenación la sitúan estos colectivos en más del doble, unas 20.000, respecto a las cantidades oficiales.

Todo comenzó a ser bien diferente en el interior axárquico por el parón de la crisis, pero ya habían comenzado a levantarse las voces de los ayuntamientos, contra la administración autonómica, cuando se dio luz verde a una Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que ahogaba de una forma contundente cualquier iniciativa de crecimiento en la mayoría de los terrenos con pendientes significativas –áreas montañosas–.

De hecho, ese tipo de suelos casi acaparan la totalidad del mapa geográfico de la comarca de la Axarquía.

La mesa axárquica por el urbanismo se reunía a principios de esta semana y planteaba la necesidad de plantear encuentros periódicos cada mes.

Pero desde un principio el PP, a través de su portavoz, José Alberto Armijo, pone en duda su utilidad, si no se demuestra intención alguna de cambiar los planeamientos.

La delegada provincial de Ordenación del Territorio, Josefa López, actuó como "oyente", igual que el portavoz de los constructores.
F. Extremera. Nerja

Las denuncias ciudadanas impulsan las investigaciones de la Fiscalía

Desde que se creó el área de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga han quedado claras dos cosas: la primera, que los delitos contra la ordenación del territorio se han multiplicado por toda la geografía provincial, adquiriendo en la Costa del Sol su máxima entidad, penetrando hasta el interior en forma de autoconstrucciones; la segunda es que ha crecido mucho la concienciación ciudadana contra estos delitos. Así, el ministerio público inicia cada vez más investigaciones gracias a las denuncias de particulares que, antes de ir a la Guardia Civil o al juzgado de guardia, deciden poner en conocimiento del coordinador de la sección, Juan Calvo Rubio, la ilegalidad.

Así lo reconoce el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales: "El origen de nuestras denuncias suelen ser las fuerzas de seguridad, pero es cierto que cada vez recibimos más denuncias de vecinos y particulares. Es complejo detectar los delitos urbanísticos, pero siempre hay fugas. Ha aumentado mucho la participación ciudadana". No sólo denuncian ya los partidos de la oposición o los ecologistas, sino que también han encontrado un válido interlocutor en la Fiscalía los vecinos, principales agredidos por construcciones ilegales en sus municipios.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha incoado alrededor de 300 diligencias de investigación en los nueve primeros meses del año, de las que 250 se refieren a delitos relativos al urbanismo: fundamentalmente se investigan prevaricaciones e ilícitos contra la ordenación del territorio. Después de abrir estas diligencias, si hay indicios delictivos, el fiscal interpone la correspondiente querella en el Juzgado Decano del partido judicial afectado, iniciándose el proceso penal. Hace tiempo que el ministerio público lleva advirtiendo de la proliferación de autoconstrucciones en los pueblos del interior, viviendas ilegales levantadas en suelos rústicos que ni siquiera, en muchos casos, tienen licencia. Ocho de cada diez delitos contra la ordenación del territorio están relacionados con autoconstrucciones. Además, siempre se solicita la demolición de la vivienda.
José Antonio Sau

MALAGA. Los arquitectos defienden el urbanismo en Málaga (LAOPINION)

Insisten en "la total corrección" del urbanismo desarrollado en la provincia, las irregularidades son "puntuales".

EUROPA PRESS El decano del Colegio Oficial de Arquitectos, Antonio Vargas Yáñez, defendió hoy que la provincia malagueña "no es mejor ni peor que otra de España" en lo que a la comisión de irregularidades urbanísticas se refiere, después sobre todo de la última operación desarrollada por la Guardia Civil en Almogía. Así, destacó "la total corrección" del urbanismo desarrollado en los últimos años, que "ha sido el motor económico de Málaga".

A su juicio, hay que entender los casos de irregularidades urbanísticas que se hayan podido dar en la provincia de Málaga como "puntuales" y "propios de la idiosincrasia humana", ya que, frente a ellos, "hay centenares de operaciones que se realizan pasando todos los controles y sin que exista ningún atisbo de ilegalidad".

Vargas hizo hincapié en que "a lo largo de estos últimos años se han realizado miles de operaciones urbanísticas, desde la concesión de una obra menor hasta las actuaciones relativas a los planeamientos generales, y se han hecho con absoluta pulcritud y con la supervisión por parte de las administraciones", añadiendo, además, que "han contado con los beneplácitos de todos los organismos de control".

Controles exhaustivos

"Los controles son muy exhaustivos y ello permite, precisamente, que se detecten operaciones irregulares", manifestó a Europa Press el nuevo responsable del Colegio de Arquitectos de Málaga. De hecho, consideró que esos mecanismos "son suficientes", lo que, como precisó, "no quita que en ciertos casos algunos desalmados se los salten y pongan a la provincia en una mala situación".

Finalmente, Vargas pidió que se respete el principio de presunción de inocencia de las personas que, inicialmente, puedan estar relacionadas con esta nueva operación, al tiempo que confió en que "la Justicia actúe con corrección, diligencia y firmeza sobre quienes se demuestre que son culpables".

Al respecto, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, apuntó, de igual modo, que "ya está bien de tantas miradas puestas en la provincia de Málaga" e hizo hincapié en que "nosotros no somos asiento de todos los males relacionados con el urbanismo".

MALAGA. Los arquitectos defienden la "total corrección" del urbanismo de Málaga (MALAGAHOY)

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos, Antonio Vargas Yáñez, defendió ayer que la provincia malagueña "no es mejor ni peor que otra de España" en lo que a la comisión de irregularidades urbanísticas se refiere, después sobre todo de la última operación desarrollada por la Guardia Civil en Almogía. Así, destacó "la total corrección" del urbanismo desarrollado en los últimos años, que "ha sido el motor económico de Málaga".

A su juicio, hay que entender los casos de irregularidades urbanísticas que se hayan podido dar en la provincia de Málaga como "puntuales" y "propios de la idiosincrasia humana", ya que, frente a ellos, "hay centenares de operaciones que se realizan pasando todos los controles y sin que exista ningún atisbo de ilegalidad".

Vargas hizo hincapié en que "a lo largo de estos últimos años se han realizado miles de operaciones urbanísticas, desde la concesión de una obra menor hasta las actuaciones relativas a los planeamientos generales, y se han hecho con absoluta pulcritud y con la supervisión por parte de las administraciones", añadiendo, además, que "han contado con los beneplácitos de todos los organismos de control".

"Los controles son muy exhaustivos y ello permite, precisamente, que se detecten operaciones irregulares", manifestó a Europa Press el nuevo responsable del Colegio de Arquitectos de Málaga. De hecho, consideró que esos mecanismos "son suficientes", lo que, como precisó, "no quita que en ciertos casos algunos desalmados se los salten y pongan a la provincia en una mala situación".

Finalmente, Vargas pidió que se respete el principio de presunción de inocencia de las personas que, inicialmente, puedan estar relacionadas con esta nueva operación, al tiempo que confió en que "la Justicia actúe con corrección, diligencia y firmeza sobre quienes se demuestre que son culpables". Al respecto, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, apuntó, de igual modo, que "ya está bien de tantas miradas puestas en la provincia de Málaga" e hizo hincapié en que "nosotros no somos asiento de todos los males relacionados con el urbanismo".

MALAGA. La Junta plantea iniciar de cero el debate sobre la mejora de Carretera de Cádiz. (MALAGAHOY)

Obras Públicas defiende "buscar una solución consensuada", dejando de lado los trabajos técnicos realizados hasta el momento, incluido el trabajo realizado por Benedicto y Bustinduy y que costó 340.000 euros.

El proyecto para reurbanizar Carretera de Cádiz y reducir el espacio destinado al vehículo privado se retomará de cero. Éste es el planteamiento que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Obras Públicas, ha hecho llegar al Ayuntamiento de la ciudad, al objeto de "hacer tabla rasa" e impulsar los estudios técnicos sobre la actuación desde el origen. La propuesta, de llevarse a efecto, supondrá dejar en agua de borrajas los trabajos que en los últimos años han impulsado ambas administraciones, cada una de las cuales defendía un modelo diferente de intervención en este escenario urbano.

"No se trata de aplicar ninguna de las dos propuestas, sino de que sean los vecinos los que nos digan qué quieren", comentaron fuentes de la Administración autonómica, que aludieron también a la necesidad de "interconectar" esta iniciativa con el diseño que finalmente se dé al bulevar sobre el soterramiento de las vías del ferrocarril a su entrada en la ciudad.

La delegada provincial de Obras Públicas, Dolores Fernández, es clara en este sentido. "Todo se hará desde el diálogo y el consenso, dejando atrás todos los posibles enfrentamientos de este es tu proyecto y este es el mío", aseguró. "Primero tienen que ver los técnicos aquello que sea técnicamente viable y dar una solución que aporte y sume", agregó la delegada, que se mostró convencida de que cuando se crea una mesa de diálogo, como es el caso, "hay que hablar de proyectos conjuntos desde todos los puntos de vista. No te puedes cerrar en los documentos que ya tienes hechos. El objetivo es buscar una solución consensuada".

Esta premisa supone, en el caso de la Junta, guardar en un cajón el anteproyecto elaborado por encargo de la entonces titular de la consejería, Concepción Gutiérrez, al equipo integrado por el arquitecto Agustín Benedicto y el ingeniero Javier Bustinduy y que supuso un coste de 340.000 euros. El documento elaborado por ambos apostaba por la peatonalización completa del eje integrado por las avenidas Velázquez y Héroe Sostoa, permitiendo únicamente el paso de vehículos de residentes, emergencias y servicios de limpieza, entre otros. Esta solución dividía la zona de actuación en varios escenarios, en los que se generaban grandes espacios de esparcimiento ciudadano, de los que los alrededor de 120.000 habitantes del entorno carecen en este momento.

Pero al tiempo que invalida las soluciones plasmadas en este plan, que provocó el rechazo municipal, también aparca el estudio técnico elaborado por el Ayuntamiento, menos ambicioso en lo que a restricción de tráfico rodado se refiere. De hecho, el equipo de gobierno del PP defiende el mantenimiento de al menos dos carriles por sentido abiertos al tránsito de vehículos, aunque uno de ellos reservado para transporte público. La opción permitiría mejorar el espacio, generando grandes aceras. Ambos diseños tendrían un coste de ejecución de unos 200 millones de euros, incluyendo la construcción de aparcamientos subterráneos con los que responder a la eliminación de las plazas actualmente en superficie.

Desde el Consistorio, la reacción autonómica no parece la más adecuada. Fuentes del equipo de gobierno defienden aprovechar parte de los trabajos ya disponibles y los contactos que en los últimos meses se han mantenido con los colectivos vecinales de la zona, buena parte de los cuales ha mostrado su apoyo al diseño planteado por el Ayuntamiento. "Eso no debe quedar en saco roto",, comentaron las fuentes.