viernes, 25 de noviembre de 2011

Aena insonoriza 783 casas afectadas por el ruido que genera el aeropuerto (Málaga Hoy)


La inversión realizada hasta ahora ronda los 14 millones de euros, aunque aún están pendientes de aislar otras 140 viviendas de Málaga y Alhaurín de la Torre que están afectadas por la huella acústica
RAQUEL GARRIDO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 25.11.2011 - 01:00
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Carlos Fernández muestra el paso de un avión desde una de las habitaciones de su casa en San Julián.

Casi 14 millones de euros se ha gastado hasta la fecha Aena Aeropuertos en tratar de solucionar los problemas de ruido que sufren los vecinos que viven alrededor del recinto aeroportuario de Málaga-Costa del Sol debido al intenso tráfico aéreo que soporta. Son 783 viviendas de los municipios de la capital y Alhaurín de la Torre incluidas en la huella acústica del aeropuerto malagueño las que han sido insonorizadas hasta ahora y únicamente quedan pendientes 140 para completar el plan de aislamiento acústico que se inició hace ya varios años . 

Ventanas de doble cristal, puertas acorazadas y en algunos casos hasta parte de los tejados han sido colocados en estas viviendas para mitigar los efectos del paso continuo de aviones en zonas como Guadalmar, San Julián o Zapata. Y el resultado se nota. Lo contó ayer a este periódico Loli Jiménez, presidenta de la asociación de vecinos de San Julián y una de las beneficiadas del plan de Aena, ya que aseguró que desde que a principios de año terminaron de insonorizar su casa -en la que reside con su familia desde 2002- "ya puedo ver una película sin que me interrumpan los aviones cada dos minutos y no tengo que colgar cuando me llaman por teléfono porque antes parecía que estaban aterrizando en la misma terraza". 

Aún así hay zonas, como la cocina y el baño, donde el ruido continúa porque Aena no considera a estas partes de la casa como zonas de descanso y por tanto no han sido aisladas. Sin embargo, Carlos Fernández, un vecino la calle Tchaikovsky de la barriada de San Julián, señaló que de esta forma la insonorización "no está completa porque el ruido sigue entrando mientras haya zonas en las que no se actúe". 

Pero el esfuerzo de Aena para solventar este problema no es despreciable. Por cada vivienda se ha gastado una media de casi 17.500 euros y acaba de aprobar una nueva partida de 134.029 euros para llevar a cabo el aislamiento acústico de otras 40 casas en las que ya se ha empezado a actuar. Este nuevo empujón al plan se dio hace apenas dos semanas en la última reunión mantenida por la comisión de seguimiento en la que participan representantes de Aena Aeropuertos, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos de Málaga y Alhaurín de la Torre. 

El censo actual de viviendas incluidas en el plan de aislamiento acústico del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol contempla 923 viviendas con derecho a solicitar la insonorización. Es decir, que deben cumplir las tres condiciones imprescindibles para poder beneficiarse de estas actuaciones de acondicionamiento y que son que sean viviendas, centros sanitarios o educativos; que estén ubicadas dentro de la huella acústica del aeródromo y que dispongan de licencia de construcción anterior a la publicación de las declaraciones de impacto ambiental de 2003 y 2006. La mayoría, 833 del total, están situadas en el término municipal de Málaga y 90 se localizan en el de Alhaurín de la Torre. 

Pero no todas han solicitado a Aena la insonorización. Hasta ahora lo han hecho 862 propietarios, de las que 857 ya han recibido el visto bueno para la medición y el informe previo a la autorización de la obra. Aunque hasta ahora son 823 las que tienen la financiación aprobada, incluidas las 783 en las que ya se ha terminado la actuación necesaria para acabar con las molestias por ruido y las 40 que aún están en ejecución. 

No son todas las que están, ni están todas las que son. Al menos, así lo creen los vecinos de estas barriadas cercanas al aeropuerto que se han quedado fuera de la huella acústica. Uno de los casos más llamativos es el de la calle Carabineros de la zona de San Julián de la que sólo se han incluido las viviendas de la acera de la derecha, mientras que las de la izquierda -separadas apenas por varios metros- no tendrán derecho a optar al aislamiento acústico. Francisco Zaragoza, uno de los afectados por esta decisión, dijo no entenderlo "cuando es la misma calle y el ruido es el mismo". De momento, estos vecinos no saben qué ocurrirá, pero sí que seguirán insistiendo.

Cien profesores, contra la demolición de un corralón (La Opinión)


Desde 2000 han sido derribados 37 de los 43 corralones populares catalogados en Málaga






Un aspecto del corralón de las Dos Puertas desde la planta superior del inmueble, construido en el año 1900.
Un aspecto del corralón de las Dos Puertas desde la planta superior del inmueble, construido en el año 1900.  

Más de un centenar de profesores de Geografía e Historia de 22 institutos de Málaga reclaman a la Junta y a Urbanismo que no sea derribado el corralón de las Dos Puertas, de calle Curadero, de 111 años, en ruina económica por la falta de atención de la propiedad, según denuncian los inquilinos.

ALFONSO VÁZQUEZ El número 6, de la calle Curadero, un corralón construido según el catastro hace 111 años, ya cuenta con el apoyo de más de un centenar de profesores de Geografía e Historia de 22 institutos de la capital y la provincia, que se oponen a que Epsa, la Empresa Pública de Suelo de la Junta de Andalucía y propietaria del inmueble, lo demuela para construir 23 viviendas protegidas y 35 aparcamientos.

El profesor malagueño Julio Carralero, del instituto Camilo José Cela de Campillos, presentó ayer las firmas de su compañeros en la Gerencia de Urbanismo y la Delegación de Cultura de la Junta, acompañadas de la solicitud de protección de este inmueble histórico con carácter de urgencia y de un informe sobre su valor patrimonial y socioeconómico, entre otros puntos.

El corralón, en el que viven 16 vecinos, algunos de ellos nacidos en él hace más de 75 años, fue adquirido en 2001 por 30.000 euros por la empresa Los Nogales. Los inquilinos denunciaron la falta de mantenimiento de la propiedad y el intento, ese mismo año, de echarles a cambio de 150 euros de indemnización, aspectos recogidos en el informe de 2008 El acoso inmobiliario. Una lucha desigual, de la Oficina del Defensor del Ciudadano.

Finalmente, Los Nogales pidió en 2002 la declaración de ruina, a lo que se opuso Urbanismo, pero consiguió la declaración de ruina económica en los juzgados en 2005. Como paradoja, y según consta en documentos oficiales, no le fue tan mal a la propiedad, que nueve años después de adquirir el corralón por 30.000 euros, recibió 563.000 euros de Urbanismo cuando le fue expropiado. La propiedad ha pasado ahora a la Junta de Andalucía.

Los inquilinos, sin embargo, han hecho frente común y como ya informó La Opinión el pasado día 12, frente a la demanda de desahucio que interpuso en su día Los Nogales, han demandado a este propietario y al anterior por la falta de mantenimiento que durante años ha tenido el inmueble.

«Un desastre patrimonial»

La petición de los profesores de Geografía e Historia incluye que el corralón sea catalogado «a la mayor brevedad posible» por la normativa municipal y mientras se le otorgue una protección cautelar.

A este respecto, Julio Carralero destaca que, según le han informado fuentes de la Gerencia de Urbanismo, al ser la ruina económica, –es decir, que la rehabilitación supera el coste presente del edificio, y no hay ruina estructural– «hoy en día con la técnica arquitectónica que existe, hay soluciones para restaurar este edificio», de ahí que el documento pida que el corralón sea restaurado «en su integridad» para preservar, restaurar y dignificar «sus características originales».

En este sentido, el profesor incluye un informe que recuerda que de los 43 corralones populares de la capital, catalogados en el año 2000 por el profesor Francisco García Gómez en su obra La vivienda malagueña del siglo XIX. Arquitectura y sociedad, once años después han sido demolidos nada menos que 37. De los seis que quedan en pie, el llamado Corralón de las Dos Puertas –porque tiene salida a dos calles, Curadero y Rosal Blanco– es el segundo más antiguo y el que más elementos originales contiene, de ahí que resalte que «si desapareciera este edificio, la ciudad de Málaga perdería su último corralón en el sentido pleno de la palabra y ello sería un verdadero desastre patrimonial».

Resultaría paradójico que lo que comenzó con lo que el Defensor del Ciudadano califica de típico caso de «acoso inmobiliario», concluyera con el derribo del centenario corralón por parte de la Junta.

Por su parte, el delegado de Cultura, Manuel García, indicó a este diario que no es posible proteger el corralón porque el estado de ruina es «un punto de no retorno, y lo que hay que procurar es que si se reconstruye, se haga con fidelidad».

En el mismo sentido, el gerente de Epsa, Juan Alcaraz, manifestó: «Conservar un edificio en ruinas es difícil, otra cosa es que se haga una nueva construcción que respete las características del corralón».

La crisis del ladrillo deja a la Gerencia de Urbanismo de Vélez sin recursos (SUR)


La inactividad del sector de la construcción en el municipio está pasando factura al Ayuntamiento de Vélez. Por primera vez desde que se creara la Gerencia Municipal de Urbanismo, hace ya más de una década, el Consistorio se ha visto obligado a tener que inyectar recursos municipales para poder sostener económicamente a este organismo. Según el presupuesto de la Gerencia, que asciende a 3.886.676 , el Ayuntamiento aportará a la entidad durante el próximo ejercicio la cantidad de 1.149.891 euros, «cuando lo normal hasta ahora ha sido que el organismo autónomo municipal realice aportaciones al Consistorio», explicó el alcalde, Francisco Delgado Bonilla.
El nuevo presupuesto de la Gerencia es sin embargo sensiblemente superior al vigente de 2009, con 2.385.000 euros. La razón es que por primera vez se incluye en el documento económico una partida especial para promover la rehabilitación de viviendas en el centro histórico. La partida en cuestión asciende a 683.000 euros.
El parón inmobiliario en el municipio ha provocado una caída en picado de los ingresos urbanísticos en el Ayuntamiento, que ha visto descender los mismos en más de 3,5 millones en los cuatro años. Según la edil de Urbanismo, Concha Labao, la Gerencia prevé ingresar en 432.461 euros de licencias de obras, 300.500 en concepto de aprovechamiento urbanísticos y 510.000 por infracciones urbanísticas.
Otra novedad del documento es que se rebaja el gasto de personal un 5,62 por ciento aún a pesar de incorporar a la plantilla un inspector de obra más. El motivo es la reestructuración realizada en la plantilla, donde se han suprimido algunas jefaturas de sección y eliminado algunos pluses, según Labao. Así, el gasto previsto en Personal se situará en 1.096.144 euros.

La Junta da luz verde a las torres de Repsol y libera dinero para el bulevar (SUR)


La Consejería de Medio Ambiente ha dado el visto bueno al segundo estudio acústico del proyecto, que quedó en suspenso

El camino para activar las obras del bulevar sobre el soterramiento del AVE queda más despejado. Uno de los principales escollos que impedían al Ayuntamiento gastar el dinero reservado para esta importante actuación ha quedado prácticamente superado. Los fondos para ejecutar la primera fase de la avenida corresponden, según ha planificado el equipo de gobierno municipal, a una parte de los ya ingresados por los convenios incluidos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Uno de los más cuantiosos es el acuerdo asociado al proyecto de torres de pisos en los suelos de los antiguos depósitos de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII. De este convenio se han ingresado ya 12 millones de euros que constituyen la mitad del dinero recaudado por las arcas locales a cuenta del PGOU que puede usarse para el bulevar.
Sin embargo, estos 12 millones están bloqueados porque el proyecto de Repsol es uno de los que la Consejería de Obras Públicas suspendió en la orden de aprobación definitiva del PGOU, el pasado mes de enero. ¿El argumento? La realización de un estudio acústico marcado por el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
Para poder disponer del dinero, el equipo de gobierno urgió a los promotores de la parcela a realizar ese estudio, que fue aprobado por un pleno extraordinario a principios del pasado mes de septiembre. Sin embargo, una vez remitido a la Junta de Andalucía para que levantara la suspensión al proyecto de Repsol y pudieran liberarse los fondos, el Gobierno andaluz lo rechazó porque el informe fue elaborado por una empresa no homologada, es decir, no reconocida por la Consejería de Medio Ambiente, como ya adelantó este periódico (ver SUR 7/10/2011).
Esta circunstancia, obligó al Gobierno local a solicitar a los promotores que efectuaran un nuevo estudio acústico, esta vez con una empresa homologada, para remitirlo de nuevo a la Junta y asegurarse poder hacer uso del dinero para el bulevar en el menor plazo posible ya que, en paralelo, se han reactivado los trámites para contratar las obras de la primera fase -valoradas en 16 millones de euros-, cuestión que estaba pendiente desde la pasada primavera.
Finalmente, según pudo confirmar este periódico, Medio Ambiente ha dado el visto bueno a este segundo informe acústico sobre el proyecto de las torres de Repsol y, con ello, se da pie a que la Consejería de Obras Públicas levante la suspensión que pesa sobre él desde enero -cuestión que podría producirse en los próximos días- y a que el Ayuntamiento pueda gastar los 12 millones ingresados. Igualmente, este paso le permite exigir a los privados la aportación del dinero restante recogido en el convenio, que asciende a 70,3 millones de euros. No obstante, al igual que sucede con otros acuerdos, el equipo de gobierno está negociando con los empresarios aplazamientos en los pagos pendientes ante las actuales dificultades del mercado financiero.
Martiricos
La otra gran fuente económica para poder iniciar la obra del bulevar, y algunas actuaciones más en la ciudad, que supone la entrada en vigor del nuevo PGOU, es el convenio con los promotores de las torres de Martiricos. Según lo pactado, este acuerdo supone unos ingresos de 23,2 millones de euros para la ciudad de los que 11,6 ya han sido adelantados. No obstante, para asegurarse su empleo, el Consistorio tiene que aprobar el plan urbanístico de la zona, que también incluye una promoción de VPO, equipamientos, oficinas y un parque. Según fuentes solventes consultadas, el Ayuntamiento procura incluir en el nuevo acuerdo con estos privados para aplazar los pagos, su permiso a que se pueda tocar el dinero que entregaron en su momento para poder financiar mejoras en la ciudad.