viernes, 2 de mayo de 2008

Encargan un informe jurídico para comprobar si el acuerdo unánime del Pleno puede paralizar derribos. Mijas (SUR)


El Ayuntamiento estudiará la propuesta del PP, según la cual la voluntad explícita de la Corporación de regularizar las viviendas podría retrasar la ejecución de los expedientes
El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, va a encargar un informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento para estudiar la viabilidad de una propuesta presentada por el PP, según la cual, la adopción de un acuerdo unánime del Pleno posibilitaría solicitar a los juzgados la paralización de los expedientes de demolición de viviendas irregulares y así ganar tiempo hasta su regularización vía Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Nuestro compromiso es hacer todo lo que la ley nos permita por regularizar el máximo de viviendas posible», comentó el primer edil.En este sentido, el concejal del PP, Manuel Navarro, expuso que se podría solicitar a los tribunales de justicia correspondientes «la paralización temporal de la tramitación de los expedientes de demolición, de todas aquellas viviendas irregulares que están en vía contencioso-administrativa, alegando la voluntad explícita del Pleno de incorporar esa regularización de viviendas a la revisión del Plan General». Además, según Navarro, en caso de sentencia firme por parte del juzgado, ésta se podría revocar con una resolución del PGOU donde aparezca como vivienda regularizable.DificultadesPor su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Cruz, quiso dejar claro que «no todos los casos tienen solución», y que la regularización de la vivienda no exime a los propietarios de sus obligaciones a la hora de urbanizar la zona.Esta propuesta se presentó pocos días después de que una familia optara el domingo por demoler la casa que se estaban construyendo en suelo rústico de regadío en la zona de La Alquería, y que llevaba dos años paralizada por la denuncia de varios vecinos. Según explicó la propia afectada, Amelia Peinado, la orden de derribo aún no estaba en fase de ejecución, pero el «temor» y la imposibilidad de hacer frente a las multas de unos 4.000 euros mensuales la llevaron a tomar la drástica decisión de echar abajo su casa.

La crisis inmobiliaria y las limitaciones legales ponen en jaque las arcas de los ayuntamientos (SUR)


La bajada de los ingresos por tasas urbanísticas y las condiciones para endeudarse, principales escollos. En la capital se prevé un recorte del 25% en las inversiones el año próximo

LIMITACIONES
Principales cuestiones que afectan a la financiación de los ayuntamientos:
Crisis del sector inmobiliario: La caída de la actividad inmobiliaria provoca una disminución de los ingresos por tasas e impuestos relacionados con las obras.
Ley de estabilidad presupuestaria: Obliga a los ayuntamientos a disminuir los préstamos para inversiones, ya que estos no pueden superar el dinero que se destina cada año a amortizar créditos.
Paralización de los planes urbanísticos: La demora en la aprobación de los nuevos planes generales de ordenación urbana mantiene en suspenso los ingresos por convenios urbanísticos.
Limitaciones para emplear el dinero de convenios urbanísticos: La ley andaluza obliga a que el dinero procedente de los convenios se destine en un 75% a la promoción de viviendas de VPO, lo que deja sólo un 25% para mejoras urbanas.

No corren buenos tiempos para la economía de los ayuntamientos de la provincia. Parece que los astros se han puesto de acuerdo con el fin de hacer coincidir en el tiempo una serie de circunstancias que provocan una merma de las arcas municipales no conocida en los últimos años. Todos los municipios se ven afectados en mayor o menor medida por esta situación, motivada fundamentalmente por el parón de la construcción, unido al retraso en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos, y por la entrada en vigor de la norma de estabilidad presupuestaria, que obliga a los gobiernos locales a disminuir los préstamos para financiar inversiones con el fin de equipararlos al dinero que se destinan cada año a amortizar créditos.La crisis del ladrillo -la producción de viviendas en los primeros tres meses de este año ha caído a la mitad respecto a los datos de 2007- ocasiona un efecto inmediato en los ingresos por tasas urbanísticas y venta de suelo que, en el caso de la capital, se ha cuantificado en un descenso global del 15% para este año. La bajada se observa en la recaudación por las tasas urbanísticas que se abonan al solicitar la licencia de obras -ha disminuido un 16% en el último año- y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que experimentará un retroceso del 30%en 2008. Ambos conceptos suponen una pérdida inicial de casi nueve millones de euros respecto a lo recaudado el año pasado, aunque puede ser mayor.En Vélez-Málaga, uno de los municipios con mayor actividad inmobiliaria en los últimos meses, ésta ha decrecido más de la mitad y la tramitación de licencias de obras para casas ha bajado un 60% desde principios de año. Esto se ha traducido también en un importante descenso en los ingresos a través de las tasas urbanísticas y el ICIO, que se han visto reducidos a apenas unos 400.000 euros.
Marbella
En la misma situación está Marbella, donde los problemas heredados del gilismo, especialmente por la ausencia de un plan general renovado, limitan desde hace años los ingresos en las arcas municipales derivados del ladrillo. El coordinador de Hacienda marbellí, Carlos Rubio, explicó que ya en los presupuestos del año pasado «no se incluyeron ingresos atípicos» en este sentido por una cuestión de prudencia. «Se han valorado a la baja las previsiones de recaudación por convenios, licencias y el ICIO», subrayó.En Mijas, el parón urbanístico se ha convertido en el mayor problema para las arcas municipales, si bien el bajo nivel de endeudamiento permite tener una mayor capacidad de maniobra. Esto, unido al retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha traído consigo un bloqueo en la ejecución de convenios urbanísticos, principal fuente de ingresos del municipio en los últimos años. Esta situación ha tenido reflejo en los presupuestos de este año, que contemplan una caída de las inversiones del 16%. Para reactivar la economía local, el Ayuntamiento levantó a comienzos de año la suspensión de licencias decretada en 2004 a raíz de la revisión del PGOU, una medida que congeló todo el suelo cuyo desarrollo futuro colisionaba con el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, y que ahora ha quedado liberado, en parte, permitiendo la aprobación de obras por valor de 20 millones de euros. Los ayuntamientos del interior de la provincia también se ven afectados por la crisis inmobiliaria, aunque en menor medida, ya que el volumen de proyectos en estas localidades es menor que en la costa. Así, el Consistorio de Antequera prevé una disminución en los ingresos urbanísticos, aunque asegura que cuenta con margen de maniobra como para no tener que bajar las inversiones. «En Antequera es donde menos se puede notar esa desaceleración de la economía, porque no hemos basado la nuestra únicamente en el pelotazo de la construcción», sentenció su alcalde, Ricardo Millán.Junto con el descenso de la construcción, existen otros escollos -en este caso de carácter legal- que también limitan la financiación de los municipios. Por un lado la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por otro, la ley andaluza del suelo, que obliga a que el dinero que se obtiene por convenios urbanísticos o venta de suelo se dedique en un 75% a la construcción de VPO y sólo en un 25% para mejoras en infraestructuras urbanas.En el caso de la capital, esto afecta a ingresos pendientes por convenios urbanísticos que suman más de cien millones de euros, cantidad que no podrá emplearse hasta que las actuaciones urbanísticas de las que procede sean autorizadas definitivamente por la Junta de Andalucía.El Consistorio malagueño aprobó hace pocos días un plan de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años que pronostica una bajada de las inversiones del 25% para 2009 si no se logran fórmulas de financiación alternativas. En el caso de Marbella, la obligación de reinvertir los ingresos por convenios en VPO y mejoras urbanas más que un imperativo supone una necesidad por los déficits heredados del gilismo. Han elaborado esta información Agustín Peláez, Francisco Jiménez, Carmen Martín, Cristina González y Jesús Hinojosa.