Encargan un informe jurídico para comprobar si el acuerdo unánime del Pleno puede paralizar derribos. Mijas (SUR)

El Ayuntamiento estudiará la propuesta del PP, según la cual la voluntad explícita de la Corporación de regularizar las viviendas podría retrasar la ejecución de los expedientes
El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, va a encargar un informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento para estudiar la viabilidad de una propuesta presentada por el PP, según la cual, la adopción de un acuerdo unánime del Pleno posibilitaría solicitar a los juzgados la paralización de los expedientes de demolición de viviendas irregulares y así ganar tiempo hasta su regularización vía Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Nuestro compromiso es hacer todo lo que la ley nos permita por regularizar el máximo de viviendas posible», comentó el primer edil.En este sentido, el concejal del PP, Manuel Navarro, expuso que se podría solicitar a los tribunales de justicia correspondientes «la paralización temporal de la tramitación de los expedientes de demolición, de todas aquellas viviendas irregulares que están en vía contencioso-administrativa, alegando la voluntad explícita del Pleno de incorporar esa regularización de viviendas a la revisión del Plan General». Además, según Navarro, en caso de sentencia firme por parte del juzgado, ésta se podría revocar con una resolución del PGOU donde aparezca como vivienda regularizable.DificultadesPor su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Cruz, quiso dejar claro que «no todos los casos tienen solución», y que la regularización de la vivienda no exime a los propietarios de sus obligaciones a la hora de urbanizar la zona.Esta propuesta se presentó pocos días después de que una familia optara el domingo por demoler la casa que se estaban construyendo en suelo rústico de regadío en la zona de La Alquería, y que llevaba dos años paralizada por la denuncia de varios vecinos. Según explicó la propia afectada, Amelia Peinado, la orden de derribo aún no estaba en fase de ejecución, pero el «temor» y la imposibilidad de hacer frente a las multas de unos 4.000 euros mensuales la llevaron a tomar la drástica decisión de echar abajo su casa.