viernes, 17 de octubre de 2008

El PGOU de Marbella normaliza el 97% de las casas ilegales de la era Gil (Málaga Hoy)

La alcaldesa afirma que serán los promotores y empresarios quienes tengan que compensar al municipio por las tropelías urbanísticas que ejecutaron bajo el amparo de las corporaciones 'gilistas'

Las personas que decidieron comprar en Marbella alguna de las 18.000 viviendas que se levantaron sin control durante la era GIL respiran desde ayer mucho más tranquilas. La razón es que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que la próxima semana será aprobado provisionalmente en un Pleno extraordinario, incluye un nuevo artículo que libera a los compradores de buena fe de las compensaciones y cargas urbanísticas que el equipo redactor del documento impone para normalizar más del 97% de los inmuebles que se construyeron desafiando a la ley.

En ese sentido, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), explicó ayer que serán los promotores y empresarios quienes tengan que compensar al municipio por las tropelías urbanísticas que ejecutaron bajo el amparo de las corporaciones gilistas.

Además, Muñoz comentó que los suelos que deben entregar como castigo por haber vulnerado el PGOU de 1986 tienen que pasar a manos del Ayuntamiento en el plazo máximo de un año, una vez que se apruebe definitivamente el documento elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras.

De lo contrario, el Consistorio dispone de facultades para reclamar estos bienes, que se dedicarán en su totalidad a equipamientos públicos, por la "vía de apremio", según indicó la regidora, que compareció ante los medios de comunicación para explicar las líneas generales del primer PGOU que se tramita tras los intentos fallidos del GIL.

Asimismo, señaló que el nuevo Plan es "un triunfo para todos" porque recoge las peticiones que propietarios y colectivos formularon en el 70% de las 8.532 alegaciones que se presentaron tras la aprobación inicial en julio del año pasado. A ese respecto, Muñoz quiso dejar claro que de los 6.000 escritos aceptados y asumidos en esta segunda fase del PGOU, 4.950 correspondían a 350 comunidades de propietarios contrarias a asumir las cargas urbanísticas por la legalización de las 16.220 viviendas que representaban. Con estas modificaciones, que según la alcaldesa han estado consensuadas con el equipo redactor y la Junta de Andalucía, los dueños de las casas no deberán hacerse cargo de las compensaciones que los obligaban a pagar al Consistorio cantidades en metálico que oscilaban entre los 3.000 y los 12.000 euros.

Los que no han corrido la misma suerte son los ocupantes del bloque de apartamentos Banana Beach, los de unos chalés de Río Real y los de un complejo residencial en La Víbora. Los propietarios de estas viviendas han vuelto a ver como el PGOU no les da ninguna posibilidad para que puedan legalizarlas, ya que son construcciones ubicadas en parcelas de equipamiento público donde hay previstas actuaciones de otras administraciones.

De todos modos, la dirigente popular hizo hincapié en que hará todo lo posible para que la Junta de Andalucía y el equipo redactor den el visto bueno a la normalización de esas 500 viviendas que ahora no encuentran acomodo en el PGOU.

En cuanto al calendario previsto para concluir la tramitación del Plan, Muñoz señaló que confía en que la aprobación definitiva tenga lugar en marzo o abril del próximo año, debido a que tras el Pleno de la semana que viene aún queda pendiente un nuevo periodo de exposición pública.

El paseo olvidado de la Alcazaba a Gibralfaro (Málaga Hoy)

Reivindican recuperar la vía que conectaba en su origen ambos edificios y que fue cerrada con la invasión francesa
El visitante que llega a la Alcazaba y quiere seguir su visita hasta Gibralfaro, debe salir por la puerta que ha entrado y subir al castillo por otro camino independiente. En su origen, en tiempos de la Málaga musulmana (siglo XIV), sin embargo, una vía comunicaba ambas construcciones, la primera de carácter civil y la segunda militar. La herencia actual es fruto de la invasión francesa. En pleno siglo XXI, el grupo municipal de Izquierda Unida y la asociación cultural Zegri reivindican que se estudie la posibilidad de abrir nuevamente la citada vía. Consideran que sería una "interesante" aportación tanto cultural como turística para la ciudad.

Pedro Moreno Brenes, portavoz de IU en el Consistorio, recordó ayer que desde 1812 la comunicación entre ambos edificios resulta imposible. "Las tropas francesas erigieron un gran baluarte de hormigón para posicionar su artillería y bombardear así la Alcazaba y la zona baja de la ciudad", dijo el edil. La situación actual es fruto de la historia de Málaga, pero si se echa la mirada más atrás aún, se comprueba cómo fue concebida.

El castillo de Gibralfaro está situado en la parte más alta de la colina, a 132 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde su atalaya se puede divisar toda la ciudad. En el siglo XIV, Yusuf I lo construyó sobre restos de antiguas fortificaciones, de origen semítico e incluso griego. Todos los pueblos que han pasado por la ciudad lo han utilizado como un punto geoestratégico.

Dado su valor histórico, el citado conjunto urbanístico cuenta con la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y de la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. Además, en 1993 la Junta otorgó reconocimiento especial a los castillos de la comunidad, entre ellos Gibralfaro. Su nombre proviene de un vocablo árabe yabal (monte), y otro derivado del griego, faruh (faro), que sugiere un posible uso del monte desde época fenicio-púnica como atalaya costera.

El nombre de Gibralfaro aparece muy citado en las fuentes árabes. Las referencias a la fortificación en sí son tardías debido a que se construyó en el siglo XIV. En esta época, según mantienen diferentes estudios, debido a la generalización del uso de la artillería debió evidenciarse la necesidad de edificar esta fortaleza para proteger la Alcazaba, que quedaba indefensa desde los cerros que la dominan. De hecho, la imagen imponente del complejo defensivo que presentaba la ciudad de Málaga y su conjunto Castillo-Coracha-Alcazaba llamó la atención de todos los cronistas cristianos desde el siglo XV que destacaron su inexpugnabilidad.

La fortificación incorpora todas las novedades defensivas que fueron adoptadas en Al Andalus, como la gran Torre Albarrana, el perímetro de muralla adaptado al terreno a través de paños zigzagueantes y la puerta con entrada en recodo, según explicó el presidente de Zegri. El concejal de Cultura, Miguel Briones, dijo ayer que no se pronunciará hasta que estudie el proyecto, que Moreno Brenes reivindica una vez que se ha actuado en el entorno de la Coracha.

España vuelve a liderar las caídas de la UE en el sector de la construcción (La Opinión)

España volvió a ser en agosto el país de la UE donde la producción del sector de la construcción registró una mayor caída, con una bajada del 8,4% con respecto al mismo mes de 2007.

EFE No obstante, la actividad constructora en España aumentó un 1,4% comparada con julio de este año.

En la zona euro, la producción en el sector de la construcción cayó el 2,5% en relación a agosto de 2007, mientras que en toda la UE la bajada fue del 1,5%.

Con respecto al pasado mes de julio, la actividad constructora en la zona de moneda única creció un 0,1%, mientras que en los Veintisiete descendió un 0,2%.

La información de Eurostat sólo incluye a trece Estados miembros, pues algunos no están obligados a facilitar estos datos, en otros es confidencial y en otros todavía no está disponible.

Por sectores, la construcción de edificios retrocedió un 1,2% en los 27 y un 2,2% en la UE con respecto a agosto de 2007, mientras que en términos mensuales aumentó un 0,3% y un 0,1%, respectivamente.

La obra civil registró una caída interanual del 2,2% en la zona euro y del 1,5 en los Veintisiete; y en comparación con el pasado mes de julio subió un 1,3% y descendió un 0,7 respectivamente.

En el caso español, el incremento de la actividad constructora en agosto supuso una mejoría tras la leve subida registrada en julio -del 0,1%- y la caída de junio -del 2,9%-; pero en términos interanuales, el total se mantuvo negativo (-8,4%) por las sucesivas caídas en marzo, abril, mayo, junio y julio (-10,2%, -19%, -11,6%, -15,9%, y -14,4% respectivamente).

Los otros países en los que también aumentó la actividad constructora en agosto son Alemania (5,5%), Rumanía (2,4%), Eslovaquia (0,9%), Suecia (0,3%) y Reino Unido (0,1%).

En términos interanuales, tuvieron porcentajes positivos Rumania (28,5%), Eslovaquia (10,4%), Eslovenia (9,3%), Polonia (7,4%), Bulgaria (7,1%), Suecia (4,2%), República Checa (1,3%), Holanda (0,8%) y Alemania (0,7%).

Critican los ´graves defectos´ de unas VPO de Finca Cabello (La Opinión)

Los vecinos denuncian techos de corcho, arquetas rotas, ventanas oxidadas o falta absoluta de insonoridad. El concejal señala que los defectos serán reparados

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA Portavoces de los 61 vecinos que habitan una de las últimas promociones de VPO entregadas por el Ayuntamiento en Hacienda Cabello se han quejado de "los graves desperfectos" que vienen encontrando en el conjunto residencial que fue entregado por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en junio del pasado año.
Se trata de una promoción de cinco bloques de cuatro plantas en calle Cirilo Salinas, "que a pesar de llevar poco más de un año habitados, parecen viejos por los muchos desperfectos que cada día aparecen", según el relato de Rosario Pinazo, una de las vocales de la comunidad de vecinos.
La comunidad ha hecho llegar ya sus quejas a los responsables del IMV, incluido el concejal, Diego Maldonado, con el que se han entrevistado. También han puesto su denuncia en manos del Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, para que actúe de mediador y obtenga una reparación a los "múltiples desperfectos que tienen tanto las vivienda como los portales, garajes y las zonas comunes".
La principal queja es que el techo de los garajes es de corcho "con el peligro potencial que ello supone". Rosario Pinazo relató otras quejas vecinales como que los suelos de los portales y los pasillos son de cemento, sin solería, las arquetas del garaje son de plástico y se han roto por el peso de los vehículos; los hierros de las ventanas de los pisos bajos están oxidadas; las cabinas de los ascensores no están adaptadas a los huecos del elevador lo que provoca continuas averías; la zona exterior se inunda cada vez que llueve por defectos en las arquetas de recogida de las aguas pluviales; hay desperfectos y desconchones en puertas y barandilla y la lista sigue... Para último lugar dejan otra de las quejas más sentidas: los bloques son como cajas acústicas, "se oye absolutamente todo, yo oigo incluso cuando orina el vecino", aclara Rosario Pinazo.

El concejal. Portavoces vecinales ya han llevado sus quejas a los responsables del IMV y al propio concejal, que los ha recibido e incluso se ha personado en la urbanización para tener conocimiento de manera directa de las denuncias vecinales.
También han llevado su problema al Defensor del Ciudadano, que ha prometido mediar en el asunto.
El concejal de Vivienda, Diego Maldonado, explicó que "estamos en permanente contacto con estos vecinos y buscando la forma de solucionar los desperfectos". El concejal reconoció que había algunos fallos y que "hay cosas que son mejorables en la zona y por eso "ya estamos redactando los pequeños proyectos necesarios para acometerlos, siempre en contacto con ellos". Maldonado señaló, por ejemplo, que se va a enlosar el patio y que se ha buscado suelo para una zona verde de la que carece la urbanización.

El Ayuntamiento de Málaga eliminará las 57 últimas plazas de parking en superficie que quedaban en el Centro (La Opinión)

Son de uso exclusivo para los vecinos. Movilidad negocia su traslado al aparcamiento de la calle Camas. Las pilonas de acceso funcionarán a final de febrero

MIGUEL FERRARY. ENVIADO ESPECIAL A MADRID Las últimas plazas de aparcamiento que quedan en superficie en el núcleo histórico de la ciudad, reservadas para los coches de los vecinos, tienen los días contados. El área municipal de Movilidad tiene previsto eliminar los 57 estacionamientos existentes para finales de febrero, fecha en la que se espera poner en marcha el nuevo sistema de control del acceso a estas calles.
Estos estacionamientos se encuentran situados en las calles Cisneros, Especerías y Duque de la Victoria, en su mayor parte, y están señalizados con líneas de color verde, que los reserva para el uso de los vecinos. Sin embargo, la instalación de un sistema de pilonas para controlar las entradas al Centro Histórico obligará a eliminarlos.
El concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero, indicó que la idea es despejar las calles del núcleo histórico, facilitando que se gane más espacio para el peatón. No obstante, dejó abierta la posibilidad de trasladar estas plazas al aparcamiento municipal de la calle Camas, ofreciendo una alternativa a los vecinos afectados. "Parte de la primera planta no está en uso y pensamos que podría adaptarse para los estacionamientos de los residente", subrayó Casero, quien aclaró que está en plenas negociaciones con la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) para llevar a cabo esta idea.
Control. Esta medida está íntimamente vinculada a la puesta en servicio del control del acceso al núcleo histórico mediante pilonas y cámaras de vigilancia. Este proyecto supone la colocación de unas barreras, en cuatro de los cinco accesos al Centro, en forma de bolardos móviles. Así, estas pilonas se bajarán automáticamente gracias a una cámara que lee las matrículas de los coches con permiso. A llegar un vehículo autorizado, el sistema será capaz de reconocer la matrícula y bajar las pilonas para franquear el paso.
Casero explicó que el área de Movilidad tiene previsto conceder autorizaciones a unos 15.000 vehículos, de los que unos 3.000 corresponderían a los coches censados en el Centro y el resto a vehículos de carga y descarga, servicios municipales, taxis, minusválidos y autorizados por alguna necesidad concreta.
Las pilonas bloquearán el acceso al Centro en las calles Cisneros, Nosquera, Méndez Núñez y Sancha de Lara. Quedará abierta la entrada por la calle Cister, donde está la Clínica Gálvez, que sólo se controlará mediante una cámara que tramitará la correspondiente multa al vehículo que circule sin permiso.
El concejal de Movilidad indicó que la carga y descarga sólo se permitirá a los camiones con un peso máximo de 3.500 kilos y en dos franjas horarias (mañana y tarde) todavía por determinar. Para los dos aparcamientos privados que existen (Santa Lucía y Granados) se ha propuesto que sean de rotación en horario comercial y para residentes por la noche.
Las restricciones de paso a los vehículos no afectará a las motos, ya que se ampliarán sus zonas de estacionamiento y tendrán acceso libre al Centro, aunque Casero planteó algún límite horario para circular por la calle.
El edil adelantó que se ha previsto la colocación de un interfono para solicitar, en el momento, la entrada a estas calles, aunque se deberá justificar.

El PGOU legalizará más de 18.000 viviendas en Marbella (La Opinión)


El PP introduce un nuevo artículo para cargar a los promotores con las compensaciones y les da plazo de un año para ejecutarlas voluntariamente

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella ya tiene nueva versión. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la concejala de Urbanismo, Alba Echevarría, presentaron ayer las modificaciones fundamentales del nuevo texto que aspira a ser refrendado en pleno la próxima semana, tras más de un año de tramitación y meses de negociaciones con el equipo redactor designado por la Junta de Andalucía.
Como principal novedad, se amplía el número de viviendas irregulares, construidas durante el mandato del GIL, con posibilidad de legalización en alrededor de 200, lo que aumenta su cifra global por encima de las 18.000, respecto al PGOU aprobado inicialmente.

Legalización. La mayoría de estos inmuebles que pasan de la categoría ´fuera de ordenación´ a ´regularizables´ son casas que están deshabitadas, como es el caso de la urbanización Jardines del Príncipe, de más de 80 apartamentos en pleno centro marbellí, o las 61 viviendas de la promoción Jardines de la Costa, en San Pedro Alcántara, según reconoció ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
La cifra de inmuebles condenados al dictamen judicial, calificados como fuera de ordenación, se reduce de algo más de 700 a 500 pero, curiosamente, los que prevalecen son algunos de los "puntos negros" de difícil legalización que sí que están habitados, como son la promoción del Banana Beach, la más poblada con 350 residentes, y las construcciones ubicadas en las zonas de La Víbora y Río Real.
Muñoz no quiso desesperanzar a los vecinos y aseguró que tratará de encontrar soluciones. Los vecinos tienen ahora un mes de margen para alegar ante los cambios introducidos en el documento urbanístico que "no está cerrado", según la alcaldesa, quien vaticinó su aprobación provisional para el próximo mes de diciembre.
El triunfo del nuevo PGOU, en palabras de Muñoz, lo protagoniza un nuevo artículo que contiene la memoria jurídica del texto en el que se fundamentará la protección de los compradores de ´buena fe´ para librarles de las cargas urbanísticas que debían compensar para regularizar sus propiedades y que, en algunos casos, "superaban los 12.000 euros por vecino".
De esta manera, se da respuesta favorable al total de 4.950 alegaciones, de las 8.532 recibidas, que solicitaban cambiar la fórmula de compensación, lo que incrementa hasta el 70% el número de sugerencias incluidas en el nuevo documento.
En este nuevo artículo, se establece que "el principio de subrogación de los adquirientes en los deberes inherentes al inmueble se establecen en beneficio de la administración y no del promotor, el cual no queda liberado por el hecho de que las parcelas de la promoción hayan sido transmitidas a terceros". Este criterio se asienta "en la doctrina jurisprudencial dictada hasta hora y en la valoración de las posibles actitudes negligentes cuando no culpables de las anteriores corporaciones municipales.
Para ello, tal y como adelantó ayer La Opinión de Málaga, se basan en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Suelo aprobado en 2008, a pesar de que la propia Ley asienta tanto los derechos reales como las cargas de un inmueble sobre su propietario.
Muñoz advirtió a los promotores que tendrán un año, desde la aprobación definitiva del PGOU, para asumir de forma voluntaria las compensaciones. De no ser así, el Consistorio las ejecutará a su cargo. Esta decisión acarreará nuevos pleitos al Ayuntamiento, ya que los promotores contaban con licencia municipal.

Coín y Cártama se enzarzan de nuevo por el hospital comarcal (SUR)

El alcalde cartameño tacha de «disparate» el ofrecimiento de suelo para el futuro centro por parte del Consistorio vecino

.Nueva polémica entre dos municipios del Valle del Guadalhorce a cuenta del futuro hospital comarcal. Casi cuatro años después de que se anunciara por parte del presidente de la Junta y cuando parecía que lo único seguro del proyecto era su ubicación en el término de Cártama, el alcalde de Coín, Gabriel Clavijo (PSOE), presentó el pasado miércoles en pleno una propuesta de cesión de suelo para el centro sanitario en la zona de Casapalma.

Durante la sesión plenaria, el propio regidor cuestionó incluso que los terrenos donde inicialmente se prevé levantar el centro fueran de titularidad pública, lo que provocó la inmediata respuesta de su homólogo en Cártama, José Garrido (PSOE), que calificó su propuesta de «disparate». «No sé por qué este hombre (Clavijo) vuelve a tocar este asunto cuando la verdad es que desde mayo de 2005 este Ayuntamiento tiene escriturada la parcela a su nombre», afirmó Garrido.

Literalmente, en la moción presentada por Clavijo se afirma lo siguiente: «Si existiesen problemas con la situación de los terrenos donde se pretende ubicar el citado centro hospitalario y teniendo en cuenta la necesidad de la existencia del mismo para la mejora en la calidad existencial de los ciudadanos y ciudadanas del Valle del Guadalhorce, el Ayuntamiento de Coín pone a disposición de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía terrenos en el término municipal de Coín». El párrafo causó sorpresa incluso entre el resto de grupos, aunque todos votaron a favor de la moción, en la que también se instaba a la Consejería a agilizar los trámites de las obras. Durante el pleno, el portavoz del PP, Fernando Fernández Tapia, exigió al PSOE una aclaración acerca de la disposición del suelo.

Terrenos de la Junta

Ayer, el alcalde de Cártama especificó incluso que la parcela donde está previsto construir el hospital está cedida oficialmente a la Junta de Andalucía desde finales de 2005, apenas unos meses después de que el Consistorio se hiciera con ella.

Tras las aclaraciones de Garrido, un portavoz del equipo de gobierno de Coín resaltó que la intención de su moción no era la de «interferir» en las gestiones del Ayuntamiento vecino, sino que se había pretendido ofrecer una solución en caso de que el problema hubiera sido el suelo.

El Ayuntamiento dará un año a los promotores de pisos ilegales para pagar las compensaciones. Marbella (SUR)

Acudirá a la vía de apremio si transcurrido ese plazo no entregan a la ciudad el suelo que marca el PGOU El documento exime de las cargas a los propietarios

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) deja atado y bien atado el sistema de regularización de las más de 18.000 viviendas ilegales que dejó el urbanismo del GIL para que los promotores no se vayan de rositas. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, desveló ayer los cambios introducidos por el equipo de gobierno en los últimos meses al documento redactado inicialmente por la Junta y que, en el caso de la regularización de los pisos construidos fuera del planeamiento, irán en una doble vertiente.

De una parte, se exime a los propietarios de los inmuebles irregulares de que tengan que asumir el coste de las compensaciones, tal y como se preveía inicialmente y, de otra, el Ayuntamiento da a los promotores un plazo máximo de un año para poner voluntariamente a disposición de la ciudad los suelos que marca el Plan General para la legalización de las viviendas. Pasado este tiempo, el Consistorio ejecutará por la vía de apremio la obtención de los terrenos cuyo coste se reclamará a los promotores.

«El proceso de normalización nos parecía absolutamente injusto, pero no queríamos que Marbella perdiera la oportunidad de equilibrar los equipamientos que durante tanto tiempo le habían hurtado», valoró la regidora durante la presentación del nuevo Plan General, modificado por el equipo de gobierno tras el periodo de información pública en el que se recibieron 8.532 alegaciones de vecinos, comunidades de propietarios y colectivos.

Hasta 12.000 euros

Pertrechada por una maraña de cifras, Muñoz recordó que inicialmente el sistema de normalización establecía cargas de entre 2.000 y 12.000 euros para los propietarios actuales de los inmuebles ilegales en caso de que las promotoras no hicieran frente a las compensaciones. Salvaguardados los llamados terceros de buena fe, el foco se pone ahora en los empresarios que construyeron los inmuebles, que tendrán que aportar suelo para equipamientos, áreas libres o inmuebles para uso municipal.

La alcaldesa no desveló el cómputo total de las compensaciones, aunque reconoció que en algunos casos serán menores a las fijadas en un principio ya que en el periodo de alegaciones algunos promotores certificaron que cedieron en su día suelo al Ayuntamiento, aunque su destino final fuera incierto. Se esperan además pleitos por reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento, aunque Muñoz insistió en que defenderán hasta el final los intereses municipales.

El paraguas de la normalización, con todo, sigue sin cubrir al cien por cien de las viviendas que se construyeron de manera ilegal. Pese a que los inmuebles que quedan fuera de ordenación se reducen de 752 a unos 500 -tras regularizarse las promociones Jardines del Príncipe y Jardines de la Costa- no tienen acomodo en el Plan ni Banana Beach ni un grupo de viviendas de la urbanización Río Real y de La Víbora, todas habitadas, además de otras estructuras. En este punto Muñoz se apresuró a asegurar que el documento aún no está cerrado y anunció que «buscarán una solución» tanto con la Junta como con el equipo redactor.

Sí se le dan soluciones a inmuebles que durante años han estado en la picota, como la tercera fase de La Cañada, ya calificada en planes regionales y subregionales como suelo de actividades económicas, el hotel Senator o Jardines del Príncipe. «Hay argumentos de peso para entender que no es una ley de punto y final porque se le exigen muchas compensaciones y dotaciones para equipamientos y áreas libres», defendió.

De hecho, en el nuevo documento se mejoran las ratios de áreas libres, hasta los 27,72 metros cuadrados por habitante, y de equipamientos, que serán de 10,76 metros cuadrados por habitantes. El número de viviendas previstas para los próximos ocho años será de 27.085 -al atender las recomendaciones de la Consejería de Obras Públicas de subir de dos a 2,4 la ratio de habitantes por vivienda- de las que el 36 por ciento se corresponderán con inmuebles de protección pública.

Igualmente, el equipo de gobierno asume otra directriz de la Consejería de Medio Ambiente, que en su informe sectorial rechaza la variante al norte de la autopista, por ser zona protegida de Sierra Blanca, aunque espera desbloquear la protección de un alcornocal al norte de La Cañada, que dificulta el traslado completo del polígono industrial La Ermita.

«Todas las modificaciones introducidas por el equipo redactor han cumplido escrupulosamente con la legalidad» añadió Muñoz, que recordó que la Junta está informada de los cambios tanto por el equipo redactor como en reuniones con el consejero de Ordenación de Territorio, Juan Espadas.

El Ayuntamiento paraliza las obras de un 'parking' en una parcela de San Julián (SUR)


Los vecinos de San Julián dieron la alarma y el Ayuntamiento de la capital ha hecho el resto. El Consistorio ha bloqueado el proyecto para crear un aparcamiento en superficie en una parcela de la barriada, por considerar que afectaría gravemente al tráfico de la zona. El concejal del distrito, José Hazañas, explicó ayer que el propietario pretendía alquilar el espacio como recinto para los coches de viajeros que van al aeropuerto, que se han quedado sin espacio tras las expropiaciones en San Isidro. «El Ayuntamiento no va a autorizar esa actividad comercial, porque aquello no está preparado, y supondría mucho tráfico en un barrio con calles muy estrechas». La Policía Local ya ha intervenido para evitar unos movimientos de tierra en la parcela. Asimismo, el edil anunció que el próximo lunes mantendrá un encuentro con los vecinos afectados, que critican los perjuicios que esta actividad podrían suponer.

La playa de La Caleta tendrá 60 metros de anchura tras las obras (SUR)


La zona afectada por los trabajos estará cerrada a los bañistas el próximo verano

Era una de las pocas incógnitas que quedaban por aclarar acerca del proyecto de estabilización para evitar que la playa de La Caleta, en la capital, pierda la arena después de cada temporal. ¿Cómo quedará este enclave? Ayer comenzaron las obras, y todas las dudas encontraron respuesta. Tras su conclusión, la zona de El Limonar contará con una cala de al menos sesenta metros de anchura desde el paseo marítimo hasta la orilla. Y a prueba de tormentas.Los trabajos se prolongarán durante doce meses, lo que obligará a restringir el acceso en verano. El jefe de la Demarcación de Costas, Francisco Javier Hermoso, indicó que se irán cerrando paulatinamente los tramos conforme se esté actuando en ellos para no perjudicar a los usuarios, siempre que se pueda garantizar la seguridad.Asimismo, el responsable de Costas indicó que se está estudiando trasladar los cinco chiringuitos afectados, aunque todavía no se conoce su futura ubicación.Los trabajos se desarrollan en un tramo de unos mil metros de litoral. El espigón de El Morlaco -que arranca a la altura del monumento del tranvía- se prolongará en unos 260 metros, con una parte sumergida y otra que sobresaldrá 1,5 metros de la superficie marina. Mientras que el dique exento, en su recorrido transversal, aumentará en 240 metros lineales y quedará conectado a la propia playa, lo que dará lugar a dos zonas de baño. Las obras de estabilización prevén 160.000 toneladas de escollera y el aporte de 500.000 metros cúbicos de arena de origen fluvial. La compañía Acciona Infraestructura es la encargada de ejecutar el proyecto, con una inversión de casi seis millones de euros.Junto a Hermoso, acudieron a la presentación del proyecto a pie de playa el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, y el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Juan Carlos Martín Fragueiro, quien expuso que el objetivo es evitar el desplazamiento de arena en sentido poniente y mantener una línea de playa inalterable.