Las personas que decidieron comprar en Marbella alguna de las 18.000 viviendas que se levantaron sin control durante la era GIL respiran desde ayer mucho más tranquilas. La razón es que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que la próxima semana será aprobado provisionalmente en un Pleno extraordinario, incluye un nuevo artículo que libera a los compradores de buena fe de las compensaciones y cargas urbanísticas que el equipo redactor del documento impone para normalizar más del 97% de los inmuebles que se construyeron desafiando a la ley.
En ese sentido, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), explicó ayer que serán los promotores y empresarios quienes tengan que compensar al municipio por las tropelías urbanísticas que ejecutaron bajo el amparo de las corporaciones gilistas.
Además, Muñoz comentó que los suelos que deben entregar como castigo por haber vulnerado el PGOU de 1986 tienen que pasar a manos del Ayuntamiento en el plazo máximo de un año, una vez que se apruebe definitivamente el documento elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras.
De lo contrario, el Consistorio dispone de facultades para reclamar estos bienes, que se dedicarán en su totalidad a equipamientos públicos, por la "vía de apremio", según indicó la regidora, que compareció ante los medios de comunicación para explicar las líneas generales del primer PGOU que se tramita tras los intentos fallidos del GIL.
Asimismo, señaló que el nuevo Plan es "un triunfo para todos" porque recoge las peticiones que propietarios y colectivos formularon en el 70% de las 8.532 alegaciones que se presentaron tras la aprobación inicial en julio del año pasado. A ese respecto, Muñoz quiso dejar claro que de los 6.000 escritos aceptados y asumidos en esta segunda fase del PGOU, 4.950 correspondían a 350 comunidades de propietarios contrarias a asumir las cargas urbanísticas por la legalización de las 16.220 viviendas que representaban. Con estas modificaciones, que según la alcaldesa han estado consensuadas con el equipo redactor y la Junta de Andalucía, los dueños de las casas no deberán hacerse cargo de las compensaciones que los obligaban a pagar al Consistorio cantidades en metálico que oscilaban entre los 3.000 y los 12.000 euros.
Los que no han corrido la misma suerte son los ocupantes del bloque de apartamentos Banana Beach, los de unos chalés de Río Real y los de un complejo residencial en La Víbora. Los propietarios de estas viviendas han vuelto a ver como el PGOU no les da ninguna posibilidad para que puedan legalizarlas, ya que son construcciones ubicadas en parcelas de equipamiento público donde hay previstas actuaciones de otras administraciones.
De todos modos, la dirigente popular hizo hincapié en que hará todo lo posible para que la Junta de Andalucía y el equipo redactor den el visto bueno a la normalización de esas 500 viviendas que ahora no encuentran acomodo en el PGOU.
En cuanto al calendario previsto para concluir la tramitación del Plan, Muñoz señaló que confía en que la aprobación definitiva tenga lugar en marzo o abril del próximo año, debido a que tras el Pleno de la semana que viene aún queda pendiente un nuevo periodo de exposición pública.
En ese sentido, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), explicó ayer que serán los promotores y empresarios quienes tengan que compensar al municipio por las tropelías urbanísticas que ejecutaron bajo el amparo de las corporaciones gilistas.
Además, Muñoz comentó que los suelos que deben entregar como castigo por haber vulnerado el PGOU de 1986 tienen que pasar a manos del Ayuntamiento en el plazo máximo de un año, una vez que se apruebe definitivamente el documento elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras.
De lo contrario, el Consistorio dispone de facultades para reclamar estos bienes, que se dedicarán en su totalidad a equipamientos públicos, por la "vía de apremio", según indicó la regidora, que compareció ante los medios de comunicación para explicar las líneas generales del primer PGOU que se tramita tras los intentos fallidos del GIL.
Asimismo, señaló que el nuevo Plan es "un triunfo para todos" porque recoge las peticiones que propietarios y colectivos formularon en el 70% de las 8.532 alegaciones que se presentaron tras la aprobación inicial en julio del año pasado. A ese respecto, Muñoz quiso dejar claro que de los 6.000 escritos aceptados y asumidos en esta segunda fase del PGOU, 4.950 correspondían a 350 comunidades de propietarios contrarias a asumir las cargas urbanísticas por la legalización de las 16.220 viviendas que representaban. Con estas modificaciones, que según la alcaldesa han estado consensuadas con el equipo redactor y la Junta de Andalucía, los dueños de las casas no deberán hacerse cargo de las compensaciones que los obligaban a pagar al Consistorio cantidades en metálico que oscilaban entre los 3.000 y los 12.000 euros.
Los que no han corrido la misma suerte son los ocupantes del bloque de apartamentos Banana Beach, los de unos chalés de Río Real y los de un complejo residencial en La Víbora. Los propietarios de estas viviendas han vuelto a ver como el PGOU no les da ninguna posibilidad para que puedan legalizarlas, ya que son construcciones ubicadas en parcelas de equipamiento público donde hay previstas actuaciones de otras administraciones.
De todos modos, la dirigente popular hizo hincapié en que hará todo lo posible para que la Junta de Andalucía y el equipo redactor den el visto bueno a la normalización de esas 500 viviendas que ahora no encuentran acomodo en el PGOU.
En cuanto al calendario previsto para concluir la tramitación del Plan, Muñoz señaló que confía en que la aprobación definitiva tenga lugar en marzo o abril del próximo año, debido a que tras el Pleno de la semana que viene aún queda pendiente un nuevo periodo de exposición pública.
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