viernes, 17 de octubre de 2008

El Ayuntamiento dará un año a los promotores de pisos ilegales para pagar las compensaciones. Marbella (SUR)

Acudirá a la vía de apremio si transcurrido ese plazo no entregan a la ciudad el suelo que marca el PGOU El documento exime de las cargas a los propietarios

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) deja atado y bien atado el sistema de regularización de las más de 18.000 viviendas ilegales que dejó el urbanismo del GIL para que los promotores no se vayan de rositas. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, desveló ayer los cambios introducidos por el equipo de gobierno en los últimos meses al documento redactado inicialmente por la Junta y que, en el caso de la regularización de los pisos construidos fuera del planeamiento, irán en una doble vertiente.

De una parte, se exime a los propietarios de los inmuebles irregulares de que tengan que asumir el coste de las compensaciones, tal y como se preveía inicialmente y, de otra, el Ayuntamiento da a los promotores un plazo máximo de un año para poner voluntariamente a disposición de la ciudad los suelos que marca el Plan General para la legalización de las viviendas. Pasado este tiempo, el Consistorio ejecutará por la vía de apremio la obtención de los terrenos cuyo coste se reclamará a los promotores.

«El proceso de normalización nos parecía absolutamente injusto, pero no queríamos que Marbella perdiera la oportunidad de equilibrar los equipamientos que durante tanto tiempo le habían hurtado», valoró la regidora durante la presentación del nuevo Plan General, modificado por el equipo de gobierno tras el periodo de información pública en el que se recibieron 8.532 alegaciones de vecinos, comunidades de propietarios y colectivos.

Hasta 12.000 euros

Pertrechada por una maraña de cifras, Muñoz recordó que inicialmente el sistema de normalización establecía cargas de entre 2.000 y 12.000 euros para los propietarios actuales de los inmuebles ilegales en caso de que las promotoras no hicieran frente a las compensaciones. Salvaguardados los llamados terceros de buena fe, el foco se pone ahora en los empresarios que construyeron los inmuebles, que tendrán que aportar suelo para equipamientos, áreas libres o inmuebles para uso municipal.

La alcaldesa no desveló el cómputo total de las compensaciones, aunque reconoció que en algunos casos serán menores a las fijadas en un principio ya que en el periodo de alegaciones algunos promotores certificaron que cedieron en su día suelo al Ayuntamiento, aunque su destino final fuera incierto. Se esperan además pleitos por reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento, aunque Muñoz insistió en que defenderán hasta el final los intereses municipales.

El paraguas de la normalización, con todo, sigue sin cubrir al cien por cien de las viviendas que se construyeron de manera ilegal. Pese a que los inmuebles que quedan fuera de ordenación se reducen de 752 a unos 500 -tras regularizarse las promociones Jardines del Príncipe y Jardines de la Costa- no tienen acomodo en el Plan ni Banana Beach ni un grupo de viviendas de la urbanización Río Real y de La Víbora, todas habitadas, además de otras estructuras. En este punto Muñoz se apresuró a asegurar que el documento aún no está cerrado y anunció que «buscarán una solución» tanto con la Junta como con el equipo redactor.

Sí se le dan soluciones a inmuebles que durante años han estado en la picota, como la tercera fase de La Cañada, ya calificada en planes regionales y subregionales como suelo de actividades económicas, el hotel Senator o Jardines del Príncipe. «Hay argumentos de peso para entender que no es una ley de punto y final porque se le exigen muchas compensaciones y dotaciones para equipamientos y áreas libres», defendió.

De hecho, en el nuevo documento se mejoran las ratios de áreas libres, hasta los 27,72 metros cuadrados por habitante, y de equipamientos, que serán de 10,76 metros cuadrados por habitantes. El número de viviendas previstas para los próximos ocho años será de 27.085 -al atender las recomendaciones de la Consejería de Obras Públicas de subir de dos a 2,4 la ratio de habitantes por vivienda- de las que el 36 por ciento se corresponderán con inmuebles de protección pública.

Igualmente, el equipo de gobierno asume otra directriz de la Consejería de Medio Ambiente, que en su informe sectorial rechaza la variante al norte de la autopista, por ser zona protegida de Sierra Blanca, aunque espera desbloquear la protección de un alcornocal al norte de La Cañada, que dificulta el traslado completo del polígono industrial La Ermita.

«Todas las modificaciones introducidas por el equipo redactor han cumplido escrupulosamente con la legalidad» añadió Muñoz, que recordó que la Junta está informada de los cambios tanto por el equipo redactor como en reuniones con el consejero de Ordenación de Territorio, Juan Espadas.

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