domingo, 2 de marzo de 2008

Piden cárcel para tres acusados por la muerte de un trabajador (Málaga Hoy)

La víctima, sin contrato y en situación irregular, cayó desde el quinto piso del hotel Las Palomas de Torremolinos
La Fiscalía de Málaga ha solicitado en sus conclusiones provisionales un total de nueve años de prisión para tres personas acusadas de la muerte de un trabajador que cayó desde una altura de 15 metros en un hotel de Torremolinos. El accidente laboral se produjo el 28 de abril de 2005, el mismo día en que la víctima había sido contratada verbalmente por la entidad encargada de los trabajos del Hotel Las Palomas de la referida localidad. El fiscal pide que el administrador de la empresa propietaria del hotel, el gestor de la constructora y el encargado de obras sean juzgados por un delito de contra los derechos de los trabajadores y homicidio imprudente, según el escrito acusatorio. El Ministerio Público argumenta que la propietaria del establecimiento hotelero contrató las obras de reforma de varias de sus instalaciones sin la pertinente licencia municipal y que los trabajos fueron encargados a una constructora que no elaboró plan de seguridad, ni nombró un técnico para supervisar la misma. En la obra trabajaban algo más de una veintena de trabajadores, "expuestos todos ellos a condiciones precarias de seguridad", ya que ninguno de los acusados realizó un plan de prevención de riesgos laborales, señala el fiscal. El accidente se produjo sobre las 17.00, nueve horas después de que el obrero comenzara a trabajar para la empresa sin contrato laboral "y a sabiendas de que el mismo carecía de permiso de trabajo" y no estaba dado de alta en la Seguridad Social. El fiscal acusa al encargado de obras de encomendarle el manejo del montacargas de elevación, pese a que carecía de experiencia para ello. En el momento del siniestro el trabajador se encontraba en la quinta planta del edificio utilizando la máquina, que no estaba bien anclada y tras perder la estabilidad, cayó al vacío, sufriendo múltiples lesiones encefálicas y en el tórax, que le produjeron la muerte inmediata.

Un largo camino sin destino (Málaga Hoy)

Décadas y décadas vienen escuchando hablar los vecinos de El Palo de la posible legalización de las viviendas que se localizan sobre dominio público marítimo terrestre. Un periodo de tiempo en el que las administraciones públicas se han apresurado a anunciar soluciones inmediatas y definitivas para estas construcciones. El último paso lo dio hace una semana el director general de Costas, José Fernández, quien, si bien no manifestó la seguridad de que la situación jurídica de estas casas sea normalizada, sí informó de la elaboración de un proyecto que permitirá adecuar el frente litoral de este espacio de costa. Una medida que puede abrir la vía legal para solventar las dudas que durante tantos años asaltan a las 400 familias que se encuentran afectadas por esta incertidumbre. Sin embargo, dados los antecedentes, las palabras de Costas hay que tomarlas con todas las precauciones. La llegada al Gobierno central del PSOE abrió unas expectativas entre los afectados que finalmente no se han visto cumplidas. En mayo de 2004, el entonces responsable de Costas en la provincia, Juan Carlos Fernández Rañada, se comprometió a retomar el paralizado expediente de deslinde para sacar estos inmuebles del delicado escenario en el que se encuentran. Pero la intención sigue, cuatro años después, en suspenso.Algunos meses después, en diciembre de 2005, la secretaria general del PSOE y portavoz municipal de esta formación en el Ayuntamiento de Málaga, Marisa Bustinduy, informó del acuerdo alcanzado con la Dirección General de Costas para que a lo largo de 2006 las viviendas fuesen legalizadas. Y el intento, de nuevo, ha quedado en nada.Todo ello en un contexto en el que la amenaza de la piqueta ha estado presente siempre. En los últimos años, los técnicos redactores del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad plantearon en el documento la demolición de algunas viviendas para "esponjar" el barrio y permitir la construcción de equipamientos. La medida provocó una importante protesta por parte de los vecinos, que obligó al alcalde, Francisco de la Torre, a dar marcha atrás en la iniciativa y dejarla sin efecto. A día de hoy, el planteamiento municipal no es otro que acordar con los residentes de la zona aquellas iniciativas necesarias para dignificar las condiciones del barrio.Y la última sombra vino de la mano del Ministerio de Medio Ambiente. Los primeros borradores de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, documento elaborado para analizar y plantear actuaciones en el litoral, incluían la necesidad de derruir las 400 casas de El Palo y Pedregalejo que se encuentran en situación ilegal. La filtración de estas conclusiones hizo que los responsables de Costas rechazasen cualquier intervención drástica en esta zona de la capital y se apostase, por enésima vez, por buscar soluciones de legalización.

El proyecto de las torres de Repsol está anclado tras dos años de espera (Málaga Hoy)

Comarex finaliza el estudio de tráfico exigido por la Junta y el Ayuntamiento y abre el camino para impulsar la aprobación de construcción de los cuatro rascacielos.

Casi dos años después de que fuese presentado en público, poco se sabe del gran proyecto urbanístico que el Ayuntamiento de Málaga y la empresa Comarex pretenden ejecutar sobre los antiguos suelos de Repsol. La intervención diseñada sobre esta parcela, localizada junto a la Avenida Juan XXIII y del futuro bulevar sobre el soterramiento del AVE, sigue estancada a la espera de su tramitación ante la Comisión Provincial de Urbanismo, por la que, de momento, sigue sin pasar.El diseño previsto para este entorno, que pasará a convertirse en una nueva centralidad urbana, contempla la ejecución de grandes torres residenciales y de oficinas. En concreto, y tras varios cambios de forma y contenido, serán cuatro los rascacielos que se levantarán sobre esta parcela, con 99, 106, 113 y 168 metros de altura, respectivamente.
La actuación es fruto del convenio firmado el 21 de marzo de 2006 por Comarex y el Ayuntamiento de la ciudad. Según el acuerdo, la Gerencia de Urbanismo se comprometía a impulsar la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para triplicar la edificabilidad de este suelo, que pasará de 0,34, según el plan vigente, a uno, permitiendo a los nuevos propietarios de los terrenos edificar 930 viviendas de renta libre y unas 400 de protección oficial. A cambio de la intervención municipal, el documento fija una compensación económica a la ciudad de 82 millones de euros, de los que 21 millones tienen que ser ingresados conforme se produzca la aprobación definitiva de la modificación del PGOU y la parte restante, conforme se desarrollen los suelos. Este procedimiento se ajusta a las exigencias de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor a finales de 2005 y que afecta de lleno a este acuerdo urbanístico.Fuentes de la empresa constructora justificaron la demora de la intervención en la elaboración de unos informes de tráfico exigidos por la Junta de Andalucía y por el Consistorio, que ya han sido finalizados. Este trabajo ha sido realizado por la empresa catalana Doymo Desarrollo, Organización y Movilidad. "Una vez acabado es el Ayuntamiento el que tiene que hacer lo conveniente", indicaron las fuentes. El paso que deberá dar no es otro que tramitar el expediente ante la Comisión Provincial de Urbanismo, cuya decisión no será vinculante, al tiempo que la iniciativa deberá disponer del aval del Consejo Consultivo de Andalucía. Será ese el momento en que se sabrá definitivamente si la aprobación definitiva de esta propuesta corresponde a la Junta de Andalucía, como sostiene la Administración autonómica, o no, como defiende el equipo de gobierno del PP. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, confirmó estos extremos y negó que exista problema alguno relacionado con esta intervención.

La duda vive en las casas de pescadores de El Palo (Málaga Hoy)

La mayoría de los vecinos afectados muestra su desconfianza acerca de las promesas de las administraciones públicas sobre la posible legalización de sus viviendas · Muchos de ellos viven a pie de playa desde que nacieron y confían en poder seguir allí el resto de sus vidas
Hablan con la voz de los años, de las penurias, del dolor y el salitre clavado en la piel. Lo hacen con el sentimiento sincero de ser parte de la costa sobre la que se asientan los pilares de su familia y de las casas donde habitan desde el momento mismo en que nacieron. Sus palabras dan forma al mensaje original de una de las barriadas más señeras de Málaga, de los pescadores que levantaron siglos atrás las primeras chabolas, las primeras edificaciones de madera sobre un suelo marcado en los últimos años por las dudas y las sombras. Rosario, Carmen, María… son algunas de las que sobreviven en las casas de El Palo.Conviven con los interrogantes que se ciernen sobre las viviendas que las alojan con la resignación natural de que quien lleva haciéndolo después de varias décadas. Ahora, cuando asoma en el horizonte una nueva promesa para hacer legal lo que las administraciones entienden ilegal, su testimonio es el reflejo mismo de la incertidumbre. La Dirección General de Costas contempla ahora adecentar este frente litoral como paso previo al camino de legalización de los 400 inmuebles localizados en dominio público marítimo terrestre. Es un privilegio caminar por la fachada misma de estas casas, adecentadas con el esfuerzo de sus propietarios, y lo es aún más conversar con estos vecinos de El Palo, cuyas historias lo son también de Málaga. María Soler lleva casi 96 años habitando uno de estos inmuebles. Su hija, Carmen López, nos cuenta que fue su abuela la que hace más de cien años compró la parcela sobre la que se levanta, por poco más de 35 duros de la época. "Y toda la vida el mar nos ha dado a los vecinos por el culo y los vecinos le hemos dado al mar", afirma con contundencia. "Pagamos la contribución, la basura, el riego de las calles, aunque no las riegan… Mi casa sí tenía papeles, pero vino un temporal y se los llevó", comenta Carmen, quien no esconde su temor a que el futuro de estas viviendas pueda estar en peligro.Justo al lado de esta edificación tiene su negocio Antonio. Un bar que abrió sus puertas hace 29 años. "No me creo lo de la legalización mientras no esté demostrado", afirma con la certeza que le da llevar más de 50 años, desde que nació, escuchando hablar de lo mismo. "Mientras no lo vea no me lo creo".En otra parte del barrio, un pequeño corrillo de cuatro mujeres se reúnen con ansias de expresar su opinión sobre el asunto. Una de ellas, María Jiménez, pregunta si es que van a tirar las viviendas. "¿Si es así, por qué dejaron que se hicieran estas casas; por qué dejan sacar permisos de obra a dos millones de pesetas; por qué tengo que pagar unos doscientos euros de contribución todos los años. Para que ahora no tenga nada?". Es la lógica aplastante del que padece sin saber por qué."Mi casa la he levantado con mi marido, que ha tenido que dar muchos golpes de mar", agrega. María, como otras muchas, sigue ignorando cuál será el futuro del lugar en el que habitan, en su caso, desde hace 34 años. Sus dos hijas nacieron allí y salieron de ella casadas. "Vivimos en un paraíso como para que vengan cuatro granujas y traten de ganar dinero a nuestra costa. Si las van a echar abajo, será con nosotras dentro", grita, en un mensaje que secunda otra de las propietarias. Su situación es la misma que Rosario Díaz y Carmen Serrano, que con 70 años no recuerdan otro paisaje que el de la playa de El Palo.Dolores Luque, cuyas manos reflejan haber cumplido los 84 años de edad, llegó al barrio cuando tenía 10. En aquel entonces, la mar llegaba a apenas unos metros de las fachadas. "Lo que había en aquellos años eran casas de cartón o de madera, chabolas. Y cuando venía un temporal se metía dentro de ellas", añade.Otro de los afectados es Miguel Caparrós, quien abandonó hace unos años el barrio, pero en el que mantiene una vivienda antigua, donde reside su suegra. Esta casa mantiene la fisonomía casi intacta de cuando fue construida. Apenas 40 metros cuadrados de espacio, techos marcados por el paso del tiempo… Y ahora, Miguel ha solicitado a la Gerencia de Urbanismo permiso para hacer obras de mejora. "Esta casa era de mis padres y se la he comprado a mis hermanos. Ahora intento hacer obras y tenemos los permisos pedidos y pagados", añade.Todos ellos son malagueños en cuyas caras se marca la angustia de la incertidumbre; hombres y mujeres que, en su mayoría, nacieron en las mismas casas sobre las que desde hace décadas se cierne una sombra constante de duda a la que ninguna administración, hasta el momento, ha sabido dar respuesta. Son algunos de los ocupantes de las 400 casas de pescadores de El Palo.

El presidente y el director de Aifos prestarán declaración indagatoria por el Caso Malaya (La Opinión)

El presidente y el director general de la promotora inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado y Jenaro Briales, respectivamente, comparecerán mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Óscar Pérez, para prestar declaración indagatoria por el "Caso Malaya".
Ruiz Casado y Briales fueron detenidos en julio de 2006 en una actuación policial enmarcada en la segunda fase de la "Operación Malaya" contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol, en la que también fue apresado el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, y están procesados por un delito de cohecho. Ambos permanecieron en prisión preventiva cerca de diez días hasta que abonaron una fianza de 500.000 euros, en el caso de Ruiz Casado, y de 200.000 euros por parte de Briales. El presidente de Aifos está además imputado en un procedimiento aparte desglosado del "Caso Malaya" por un presunto delito fiscal, mientras que existe otra pieza separada por supuestos regalos de la empresa promotora a autoridades y funcionarios públicos de varias provincias. Además de Ruiz Casado y Briales, también declararán ante el juez mañana por esta causa los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, procesados por los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Sánchez y Liétor fueron detenidos en la primera fase de la "Operación Malaya" y ambos están también imputados junto con los ex alcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol Yagüe y el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento Juan Antonio Roca en una pieza separada por dos operaciones urbanísticas. El martes 4 de marzo han sido citados por el magistrado para prestar declaración indagatoria los empresarios José Ávilas Rojas, Rafael Gómez y Emilio Rodríguez Bugallo. Las comparecencias indagatorias por el "Caso Malaya" comenzaron el pasado 18 de febrero con la declaración de Yagüe, la que fue primera teniente de alcalde del consistorio marbellí Isabel García Marcos y otros tres ex ediles, y desde entonces ya han cumplido con esta citación cerca de una veintena de procesados. En las declaraciones indagatorias el juez notifica el auto de procesamiento a cada encausado y sus defensas tienen la oportunidad de preguntar a los declarantes y solicitar nuevas pruebas. Una vez completado este proceso, el magistrado elaborará el auto de conclusión de sumario y el procedimiento pasará a la Audiencia Provincial de Málaga, que dará traslado al Ministerio Fiscal para que lleve a cabo las acusaciones y cite a los letrados para la presentación de los escritos de defensa antes del señalamiento del juicio.

El alcalde de Alhaurín invirtió en un año el doble de su capacidad de ahorro (La Opinión)

El alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), y su esposa, Teresa Santos, realizaron en un año una inversión inmobiliaria cuyo importe supuso cerca del doble de la capacidad de ahorro de la familia, según un informe policial que consta en el sumario judicial del "Caso Troya".
El informe, realizado por la sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco Costa del Sol, y al que ha tenido acceso Efe, establece que durante tres años la familia Martín-Santos llevó a cabo compras inmobiliarias por más de 73.000 euros y destaca que todas ellas fueron en efectivo. El documento policial, secreto hasta hace pocos días, recoge que la capacidad de ahorro del regidor y su mujer en 2005 sería de cerca de 26.000 euros, mientras que la inversión inmobiliaria superó los 51.000 euros y resalta además que el matrimonio adquirió un vehículo Audi por un importe cercano a los 30.000 euros. Según la Policía, la pareja compró a lo largo de su matrimonio doce propiedades inmobiliarias y "solamente" en tres casos se subrogó a un préstamo hipotecario, dos de los cuales se cancelaron al año siguiente de su adquisición al producirse la venta de la propiedad. Los investigadores creen que Serón ha realizado presuntamente "en cuentas de su titularidad la colocación de efectivo metálico con origen desconocido (más de 50.000 euros), enmascarando ese origen con el resto de movimientos e integrándolo posteriormente en productos financieros, concretamente depósitos a plazo". Este informe señala que la práctica inexistencia de adeudos en una mencionada cuenta de la familia para el sostenimiento de los gastos normales de sus integrantes, "ponen de manifiesto que éstos pudieran estar siendo sufragados con efectivo metálico presuntamente proveniente de fuentes de renta de origen desconocido". El informe, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, ha analizado las cuentas bancarias del matrimonio, así como el uso que del dinero hacían los dos y los investigadores deducen que podría existir presuntas actividades de blanqueo de capitales de origen ilícito. Para esta afirmación, los agentes se basan en su investigación en la que destacan que "detectan" en la unidad familiar Martín-Santos incrementos patrimoniales no justificados e importante generación de efectivo que posteriormente se trasmite, transforma e incorpora en el circuito financiero legal en forma de producto bancario. El alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín de Grande, Gregorio Guerra, fueron detenidos el 18 de enero de 2007, en la primera fase de la Operación Troya, en la que fueron arrestados en otras fases 22 personas más, el arquitecto municipal, el asesor jurídico del Ayuntamiento y veinte empresarios. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín (Málaga), Carlos Peinado, ha levantado la última parte que quedaba secreta después de un año de instrucción y la mayoría de los imputados son empresarios de la construcción o vinculados con el sector.

Ayuntamiento y Junta firman el convenio para la rehabilitación de viviendas (SUR)


El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, ha firmado con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía el programa de rehabilitación de viviendas de este año. El organismo autonómico acordó hace unos días destinar en total 9 millones de euros para este programa, lo que podría representar ayudar a la rehabilitación de unas 1.500 casas en deficiente situación por toda Andalucía. En Alhaurín, el plazo de presentación de solicitudes para beneficiarse de este programa comienza el próximo día 10 de marzo y finaliza un mes después. Estas ayudas están destinadas a familias que necesiten mejoras en su domicilio habitual, con subvenciones para las obras que irían desde al 50 al 75 por ciento del coste. Las ayudas se concederán a familias con ingresos inferiores a 18.000 euros, aunque esa cantidad dependerá también del número de miembros de la unidad familiar.

El proyecto para desdoblar la carretera que une Antequera con Santa Ana costará 1,1 millones (SUR)


La Junta de Andalucía saca a licitación la redacción del texto con idea de mejorar la comunicación con la estación de AVE

Era una actuación muy necesaria, sobre todo, desde finales del año 2006. La puesta en funcionamiento de la estación AVE Antequera-Santa Ana hace poco más de un año puso al descubierto las carencias en comunicaciones de esta pedanía con la ciudad.Hasta ahora, existen dos formas de llegar a la estación: por la pedanía de Bobadilla Pueblo mediante una carretera convencional o por la autonómica A-384 dirección Campillos, que cuenta con un único carril de circulación para cada sentido.Con la llegada de la Alta Velocidad a Antequera el tráfico de vehículos se ha incrementado y ya hay solución a la vista. Y es que la Junta de Andalucía ha sacado a licitación, a través de Giasa, el proyecto para el desdoblamiento de esta vía desde La Colonia de Santa Ana hasta la autovía A-92. Ahora, las empresas interesadas en la redacción del mismo deberán presentar sus ofertas antes del 22 de abril. La redacción del proyecto costará 1.123.491 euros.De esta forma la Junta da respuesta a una moción aprobada por el pleno municipal de Antequera, a instancia del Partido Popular, en noviembre de 2006 en la que se instaba a la Administración autonómica a acometer estos trabajos.El alcalde de Antequera, Ricardo Millán, mostró ayer su satisfacción por la noticia y reconoció que «se trata de una actuación necesaria, más aún, desde que entró en servicio la estación de Santa Ana». Millán no quiso dar plazos de ejecución, ya que eso quedará definido cuando se tenga concluido el proyecto.

Lista de espera para comprar un piso de lujo en el edificio de Félix Sáenz (SUR)


Ya hay 250 personas interesadas por hacerse con una de las 52 viviendas que la empresa Restaura construye en el inmueble, sometido a rehabilitación. La casa más cara, un ático dúplex de 117 metros, rozará el millón de euros
NUEVO FÉLIX SÁENZ
Inversión: 40 millones de euros.
Viviendas: 52, de distintas tipologías. La superficie va de 50 a 117 metros cuadrados, ya que hay piezas de uno, dos y tres dormitorios.
Precio: 360.000-900.000 euros.
Fase de ejecución: Se ha terminado el estudio arqueológico y la demolición del interior del edificio. Pronto comenzará la construcción de la nueva estructura, que durará 22 meses. La obra finalizará con la rehabilitación de la fachada.
Local comercial: Tiene 1.024 metros repartidos en dos plantas.

Es un inmueble que pocos malagueños no han visitado. No en vano Félix Sáenz fue el primer gran almacén de la ciudad; un emporio comercial que supo mantenerse durante más de 120 años, hasta que en la década de los 90 las grandes cadenas comerciales le arrebataron la clientela. Pero cuando el inmueble inicie su nueva vida, sólo un selecto grupo de privilegiados podrá acceder a su interior. La empresa catalana Restaura, especializada en la rehabilitación de edificios emblemáticos, está convirtiéndolo en un bloque de viviendas de lujo. Y no le faltan novios: 250 personas están apuntadas en lista de espera para optar a uno de los 52 pisos que albergará Félix Sáenz, lo que da idea del interés que ha despertado el proyecto. En dicha lista no falta gente 'VIP', apuntan desde la constructora.Cualquiera diría que hay crisis inmobiliaria. Eso de tener 'colocada' una promoción antes de empezar a construirla suena a otra época. Pero Félix Sáenz es un caso especial. «Para el sector es un momento complicado, pero este es un proyecto único, muy exclusivo, que sólo va a salir al mercado una vez. Y no sólo por la arquitectura del edificio y por su ubicación sino por las características de las viviendas. En cuestión de acabados, es algo que nunca se ha hecho en Málaga», afirma el delegado de Restaura en la ciudad, Jorge Alberto Pardo, quien añade que el inmueble contará con garaje subterráneo y que ofrecerán de forma opcional instalaciones domóticas.
Tipologías y precios
Será a mediados o finales de este mes cuando comience la comercialización de las viviendas, que tienen varias superficies y precios para albergar a distintas tipologías de familias: de 50 a 117 metros cuadrados; de uno, dos y tres dormitorios y entre 360.000 y 900.000 euros. ¿El piso más caro? «Un ático dúplex de la máxima superficie, con tres habitaciones y vistas espectaculares», revela Pardo. La rehabilitación de Félix Sáenz para su uso residencial no está siendo fácil. De hecho, el edificio pasó por dos manos -Somersen y Dos Promociones Aceras- antes de llegar a las de Restaura, que lo compró por 30 millones de euros en 2006 y está invirtiendo 10 millones más en la reforma, siguiendo un proyecto del arquitecto malagueño José Seguí. «Nuestro reto es hacer cosas que nadie se atreve a hacer, obras complicadas como esta, que para nosotros merecen la pena porque suponen un beneficio para la ciudad», afirma el director de marketing de Restaura, Julio Villalobos. A mediados de este mes comenzará la fase de construcción propiamente dicha, ya que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido realizar un estudio arqueológico y demoler el inmueble por dentro, respetando su fachada. Por eso a día de hoy el edificio ofrece un aspecto totalmente hueco. Construir un nuevo bloque en su interior va a requerir «un gran esfuerzo de planificación y logística», resalta Pardo, quien cifra en 22 meses el plazo de ejecución de la obra. Después vendrá la fase de rehabilitación de la fachada, que tiene el objetivo de devolverle su esplendor, pero respetando todas sus características originales.
Local comercial
La única incógnita que queda por desvelar en Félix Sáenz es quién se quedará el gran local comercial que ocupa las dos primeras plantas del histórico inmueble. En total, son 1.024 metros cuadrados por los que ya se ha interesado una serie de empresas, entre ellas El Corte Inglés. «Para elegir al inquilino primará el proyecto que se presente,que debe estar a la altura del edificio», afirma el delegado malagueño de Restaura.