domingo, 22 de abril de 2012

El aparcamiento de Plazamar de Torre del Mar sufre un nuevo retraso. Torre del Mar (SUR)


El agua existente en el subsuelo obliga a la empresa a redactar otro proyecto de cimentación
22.04.2012 - 
AGUSTÍN PELÁEZ
 
VÉLEZ-MÁLAGA.

Las obras de reparación y arreglo del aparcamiento de Plazamar de Torre del Mar han sufrido un nuevo retraso. La razón es el agua que existe en el subsuelo, que ha obligado a la nueva empresa que se hará cargo de los trabajos a redactar otro proyecto de cimentación, que no estará concluido hasta finales de este mes, según el edil de la empresa municipal, Antonio Martín.
Aunque se trata de un 'parking' de carácter privado, la responsabilidad de las obras recae sobre el Ayuntamiento de Vélez, administración que fue condenada el 23 de abril de 2001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a reparar el aparcamiento por no subsanar en su momento las filtraciones procedentes de la plaza pública situada en la parte superior.
Los propietarios del aparcamiento llevaban reclamando el arreglo de la plaza desde 1994, a causa de las filtraciones y humedades procedentes de la misma. La denuncia vecinal llevó al TSJA a condenar al Ayuntamiento a reparar el aparcamiento.
Más de un millón de euros
Las obras fueron finalmente contratadas por la empresa municipal de la Vivienda (Emvipsa) hace más de año y medio a la empresa Interbuild por un importe de 941.108 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Interbuild ha cedido recientemente las obras a otra empresa. Al presupuesto de ejecución hay que sumar otros 216.081 euros que serán aportados por los propietarios y que tienen como finalidad que el aparcamiento, una vez realizadas las obras de ejecución, cumpla la normativa vigente, lo que significa que el importe final supera 1.230.000 euros.
Los trabajos consisten en la demolición de la plaza que causó los daños al aparcamiento, la reparación integral del 'parking' y su adaptación a la normativa vigente. Aunque los trabajos comenzaron en febrero de 2011, las obras no han terminado de arrancar y han estado ralentizadas, cuando no paralizadas, hasta que hace un mes la empresa adjudicataria cedió la ejecución a otra constructora, que es la que finalmente realizará el proyecto. El motivo del retraso ha estado relacionado con el atraso en los pagos de las certificaciones de obra a la empresa adjudicataria, según Emvipsa.

Propuestas para mejorar el entorno urbano y medioambiental de El Ejido (SUR)



Propuestas para mejorar el entorno urbano y medioambiental de El Ejido
Participantes en uno de los cuatro talleres de trabajo. :: SUR
El Observatorio de Medio ambiente y Urbano (OMAU), celebrado viernes y sábado en la capital, ha reunido a estudiantes, docentes, agentes sociales, técnicos municipales y ciudadanos en general que han debatido sobre ideas y propuestas para mejorar el barrio de El Ejido.
Los planteamientos se han basado tanto en las necesidades manifestadas por la población local como en las recomendaciones para la mitigación y adaptación al cambio climático elaboradas en el marco del proyecto Mi Ciudad AC2.
Los participantes han trabajado en los cuatro talleres que se han organizado para reunir las propuestas en materia de planeamiento urbanístico y gestión de la movilidad; planificación de zonas verdes, arbolado urbano y espacios naturales; políticas municipales de eficiencia y ahorro energético; y concienciación y participación ciudadana.

Los dueños de casas ilegales le dan la espalda al decreto de regularización. Vélez-Málaga (SUR)


Las peticiones de legalización registradas en los ayuntamientos son casi inexistentes un mes y medio después de que entrara en vigor la norma

Los dueños de casas ilegales le dan la espalda al decreto de regularización
Los propietarios de viviendas ilegales en la provincia se resisten a aceptar el decreto por no estar de acuerdo con las soluciones propuestas. :: A. P.
El decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía sigue sin convencer a los dueños de las más de 50.000 viviendas irregulares que se estima existen en la provincia de Málaga. Tanto es así que un mes y medio después de la entrada en vigor de la nueva normativa el número de solicitudes de regularización registradas en los ayuntamientos es casi inexistente.
En la comarca de la Axarquía, donde las viviendas y edificaciones ilegales rondan las 20.000, en la mayoría de los consistorios las peticiones de regularización se pueden contar con los dedos de una mano. En Vélez, con más de 3.000 construcciones irregulares, no llegan a diez.
Según el edil de Urbanismo de Alcaucín, Mario Blancke, donde el número de casas pendientes de regularizar alcanza las 1.800, solo dos propietarios han pedido su legalización. «Lo han hecho porque necesitan hacer obras para garantizar la seguridad de las viviendas. Si no fuese así, no lo habrían solicitado», asegura convencido el edil.
«En este municipio muchas de las casas se construyeron con licencia del Ayuntamiento, aunque estas no estuvieran de acuerdo con el planeamiento. Lo único a lo que pueden aspirar es a un reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, algo que en absoluto supone su legalización. Es normal que la gente no quiera renunciar a su licencia para ser asimilado, que lo que hace es dejarles como ilegal», explica Blancke, que aclara que aunque el decreto está en vigor desde el 1 de marzo, este no es aplicable todavía.
Según el concejal, la Junta debe aprobar aún las normas directoras con las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad que deberán cumplir los asentamientos, hábitats rurales diseminados y las casas irregulares aisladas, y que deben servir de orientación a los ayuntamientos para establecerlas en sus planes generales o, en ausencia de esta regulación, mediante ordenanzas municipales.
Para la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), María del Mar Vázquez, muchos propietarios no van a solicitar su regularización porque «no ven que el decreto les resuelva su problema. Dicho con mas claridad, no les legaliza sus casas».
Levantar la liebre
«La propia Junta de Andalucía cuando se aprobó el decreto en enero pasado reconocía que solo un 10% de las edificaciones podrán ser legalizadas, otro 10% seguirá siendo ilegal y el 80% restante solo podrá aspirar a su reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, una figura que conlleva su legalización. ¿Quién va a querer que le reconozcan una ilegalidad? Yo se lo diré: nadie. Quien se ha hecho una casa sin licencia y todavía no ha prescrito no va a levantar la liebre acudiendo al Ayuntamiento para pedir su regularización, cuando lo primero que van a hacer es incoarle un expediente de protección de la legalidad urbanística para restablecer el orden perturbado», declara Vázquez, partidaria de promover una iniciativa legislativa popular para modificar la LOUA y permitir la legalización de la viviendas.
Aunque el decreto es de aplicación inmediata, la Junta había calculado un periodo mínimo de tres meses desde su entrada en vigor para ver los primeros resultados de la nueva normativa en la provincia. Los ayuntamientos, sin embargo, consideran que este plazo se podría demorar bastante más, ya que hay muchas dudas sobre su aplicación.

El Ayuntamiento revisa tasas de licencias de obra de hace cuatro años para hacer caja (SUR)


Numerosos promotores y particulares recurren las actas de cobro que, aunque legales, llegan en el peor momento para sus economías

El Ayuntamiento revisa tasas de licencias de obra de hace cuatro años para hacer caja
Urbanismo advierte ahora de que se aporten presupuestos ajustados al coste real de las obras.:: SUR
Muchos promotores y particulares se han encontrado en las últimas semanas con una desagradable sorpresa en forma de escrito de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en el que se les revisa la tasa de una licencia de obras que solicitaron hace cinco o seis años y que depara en el abono adicional de una cantidad que, aunque es legal, les pilla en el peor momento para sus bolsillos. El motivo es que el Consistorio está comprobando si los presupuestos de obra que se aportaron inicialmente para pagar la tasa -que supone el 2,5% del coste real y efectivo de los trabajos- se mantuvieron o se superaron una vez finalizada la construcción. Y hay casos en los que no solo se supera el presupuesto inicial, sino que llega a duplicarse, con lo que los afectados se ven obligados a tener que abonar ahora una tasa de igual valor que la que pagaron en su momento.
Fuentes municipales reconocieron a este periódico que en años anteriores no se revisaban las tasas de las licencias, pero de un tiempo a esta parte sí se están actualizando por dos motivos. Por un lado, porque el Ayuntamiento dispone de mejores herramientas tecnológicas para cruzar los datos de la empresa Gestrisam con los de Urbanismo y, por otro, porque las peticiones de licencias han caído -sobre todo las de obra mayor- y los funcionarios disponen ahora de más tiempo para analizar estas cuestiones. No obstante, a nadie escapa que todo esto supone a la postre unos mayores ingresos para las arcas municipales, cada vez más mermadas por la situación de crisis general.
El delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, reconoce que esto permite «recaudar más», pero asegura que no supone un abuso de autoridad, ya que todos los expedientes que se tramitan están amparados por la ley. Para ello, Urbanismo está revisando las licencias cuyo último acto administrativo fue notificado cuatro años atrás, plazo durante el que no prescriben a estos efectos.
Apoyo en Gestrisam
La Gerencia se está apoyando fundamentalmente en Gestrisam para llevar a cabo esta labor recaudatoria. Y es que el Organismo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento es el que se encarga de inspeccionar los cobros relativos al Impuestos de Construcciones, Instalaciones y Obras (OCIO), exigiendo cuando concluyen las facturas de su coste real. Los promotores están acostumbrados a estas revisiones de la cuota del impuesto que se quedaban solo en eso. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, y sobre todo cuando existe un acta de conformidad en el que el particular o la promotora reconoce que la obra ha costado más de lo que se declaró a la hora de solicitar la licencia, Gestrisam informa a Urbanismo para que la gerencia también revise la tasa de ese permiso.
A modo de ejemplo, este periódico pudo hacerse con una documentación en la que se demuestra que, a raíz de una de estas actas de conformidad, Urbanismo exige a un empresario el pago casi cinco mil euros por la tasa de una licencia de obras cuyo permiso de primera ocupación fue evacuado en septiembre de 2008. Este promotor ya pagó en su momento una tasa de 4.580 euros, y ahora se ve obligado a abonar un importe adicional de 4.678 porque, una vez comprobado el coste final de la obra, resulta que el 2,5% del mismo es 9.258 euros.
Este empresario considera «toda una injusticia» que se le exija ahora aportar una cantidad igual a la que pagó en su momento por la tasa de la licencia de obras. «Es como pagar dos veces por un edificio que ya está más que terminado y ocupado, no lo veo justo», dijo.
Urbanismo ve el asunto desde otra óptica. Según algunas fuentes, son muchos los promotores y particulares que habitualmente presentan presupuestos muy por debajo del coste real de las obras para abonar una tasa de licencia menor. «Nos han estado engañando durante años», reconocen, al tiempo que aseguran que, en algunos casos, se comprueba que la inversión final llega incluso a duplicar lo aportado inicialmente.
Los particulares afectados por estas revisiones no se están quedando quietos y han empezado a recurrir las órdenes de pago remitidas por Urbanismo. Ante la llegada de numerosos recursos, el Ayuntamiento está estudiando algunas medidas para dar facilidades de abono de las cantidades que se adeudan. Eso sí, de momento no da marcha atrás a la hora de exigir su cobro. Además, ya se está informando de ello a los que acuden ahora para solicitar una licencia, advirtiéndoles de que aporten un presupuesto lo más ajustado posible a la realidad.