lunes, 3 de noviembre de 2008

El Consorcio de Transportes pinta una red de carriles bici de más de 300 kilómetros (Málaga Hoy)

La entidad ha finalizado ya el estudio para construir vías para la bicicleta en el área metropolitana de Málaga.


El presupuesto previsto es de casi 75 millones de eurosLa red de carriles bici que propuso el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga ha crecido. Si se preveía que tuviese 200 kilómetros, finalmente serán más de 300. Y si se pensaba que costaría 40 millones, ahora el gasto será de casi 75 millones de euros. En el borrador del proyecto, Typsa, empresa encargada de la redacción, ha planteado un total de 317 kilómetros de carriles bici que unen 18 municipios de la corona metropolitana de la capital. La intención es la de promover el uso de la bicicleta como elemento lúdico, pero también "como modo de transporte que resulte eficaz para que alivie las congestiones de tráfico", según explicaron fuentes del consorcio.
El documento propone una red de carriles bici que comunica los municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Coín, Colmenar, Fuengirola, Málaga, Mijas, Moclinejo, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Totalán, Riogordo y Vélez. Habrá dos redes de vías exclusivas para las bicicletas. La primaria constará de 38 itinerarios con más de 163 kilómetros "y limitada a los corredores de transporte principales". La secundaria será de 153,5 kilómetros de longitud y está compuesta por 20 trayectos adicionales. La fisonomía de los carriles es "diversa", ya que habrá desde caminos de tierra hasta zonas asfaltadas, pasando por sendas y otras tipologías. Sus características dependen del terreno que vayan a discurrir, "ya que no es lo mismo que vayan por mitad del monte que junto a una carretera", añadieron en el consorcio.
Para los responsables de la entidad, las ventajas del proyecto son varios. El primero, "la disminución a medio plazo de las emisiones contaminantes". Pero también la reducción del ruido, "por la sustitución que harán los usuarios de su vehículo motorizado por la bicicleta para realizar sus desplazamientos habituales". Por último, destacan los beneficios para la salud. El coste total de la red asciende a 74,9 millones de euros, de los que 42,8 corresponden a la red primaria y 32,1 a la secundaria, según los datos de la entidad metropolitana.

La Ciudad de la Justicia de Málaga se ha quedado pequeña un año después de inaugurarla (La Opinión)


La Junta se plantea seriamente la posibilidad de ampliar la Ciudad de la Justicia en los terrenos anexos al edificio o trasladar los seis juzgados de lo Contencioso a la sede del TSJA en Málaga. La segunda iniciativa plantea problemas de espacio, sobre todo si crece el Alto Tribunal en el futuro
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA
La Ciudad de la Justicia se ha quedado pequeña al poco de cumplir un año de vida. Con los nuevos órganos que se crearán este año (cinco, y ya hay uno en marcha) y los previstos para 2009, los 70.000 metros cuadrados del mayor edificio administrativo de la provincia -y uno de los más importantes de Andalucía- no serán capaces de absorber el incremento de la planta judicial a medio plazo.Al edificio acuden diariamente entre 3.500 y 5.000 personas, entre ellos 1.200 funcionarios, y la inversión para la construcción superó los 85 millones de euros, más otros siete que se inyectaron para completar el traslado de todos los órganos judiciales: siete secciones de la Audiencia Provincial; diez juzgados de lo Penal; dieciséis de Primera Instancia; catorce de Instrucción; dos de Violencia de Género (más un tercero de nuevo nacimiento); uno de Vigilancia Penitenciaria; seis de lo Contencioso; doce de lo Social; tres de Menores; uno de lo Mercantil y las dependencias de la Fiscalía y de la Oficina del Jurado.
El traslado fue modélico, pero al parecer las previsiones de absorción de juzgados se han quedado cortas. Según pudo saber este periódico, la Junta de Andalucía se ha planteado seriamente la posibilidad de ampliar la Ciudad de la Justicia, de forma que se construya un edificio en los terrenos del jardín anexos a la infraestructura para que acoja nuevos órganos judiciales.
Esta idea, en fase absolutamente embrionaria, iría encaminada a que el edificio acogiese la Audiencia Provincial (tres secciones civiles y cuatro penales, más una quinta de esta jurisdicción que se crea el 30 de diciembre y una futura Civil, que ya se está planteando).
En el mismo también se ubicaría la Fiscalía, formada por más de 100 personas entre acusadores públicos y funcionarios.
La otra idea para racionalizar el espacio del que se dispone en la nueva infraestructura, ubicada en Teatinos, es trasladar los seis juzgados de lo Contencioso-Administrativo (incluido el que nace este año) al edificio del Muelle Heredia, donde actualmente se encuentran las dos salas de esta jurisdicción pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la de lo Social.Esta solución no es mal vista por la judicatura, puesto que significaría la unificación de facto de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en un sólo lugar, y liberaría numeroso espacio de la Ciudad de la Justicia que podría aprovecharse para albergar más órganos. "Estas dos ideas se las ha planteado la Consejería de Justicia de forma muy seria", aseguraron a este periódico fuentes judiciales de toda solvencia.
Sin embargo, hay un problema: si en el futuro se crea la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA en Málaga, debería ubicarse allí también. Aunque esto sólo es un esbozo, podría darse en cuatro o cinco años y habría un nuevo problema de espacio. Por no hablar de que la pretensión de la Delegación de Justicia es trasladar sus instalaciones al edificio del Muelle Heredia, que antiguamente era propiedad de la Autoridad Portuaria y ahora se dedica a usos judiciales en virtud de una permuta rubricada a principios de la democracia.
Toda esta polémica está aderezada con la distribución del edificio, que para muchos no es la más adecuada. Por ejemplo, la Fiscalía tiene muchos más metros cuadrados para sus labores que en el antiguo Palacio Miramar, pero el ministerio público prefiere estar junto a la jurisdicción Penal, la que más requiere de sus servicios.Otra crítica que se ha hecho es la ubicación del Instituto de Medicina Legal (IML), cuyos olores provocaron algunos desalojos de juzgados cuando la Ciudad de la Justicia echó a andar."Desde luego en el jardín hay sitio para crecer, pero si hay que hacer un nuevo edificio lo ideal es que se inicien ya los trámites para una futura ampliación, puesto que podemos tardar cuatro o cinco años hasta que todo esté concluido y no podemos llegar tarde otra vez", reflexionaron las fuentes consultadas por este periódico

La detección de construcciones ilegales desde un simple ordenador (Málaga Hoy)

Un programa informático con fotos aéreas permite a la Guardia Civil perseguir estos delitos
La detección de construcciones ilegales en la provincia de Málaga ya se puede hacer desde un simple ordenador con conexión a internet. Sin necesidad de patrullar por el campo, la Guardia Civil lleva meses utilizando un nuevo sistema informático basado en fotografías aéreas de todo el territorio para perseguir los delitos urbanísticos.
El procedimiento es muy sencillo. El nuevo programa informático Idemap, diseñado por la Diputación Provincial de Málaga, permite comparar fotografías de toda la superficie de la provincia desde 2002 hasta 2006. Así, es fácil saber qué construcción se ha levantado en una determinada parcela en este tiempo. Las ortofotografías que incluye el nuevo sistema de información están a una escala de hasta 1:1.000, es decir, se puede llegar a ver hasta la matrícula de un coche aparcado en la puerta de una vivienda.Cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil comprueban la existencia de una nueva vivienda en suelo no urbanizable pueden acceder cone ste programa incluso a la información catastral de la parcela y así enviar la denuncia al ayuntamiento donde se ubica junto con las fotografías comparadas en distintos años. Algunos ayuntamientos malagueños ya han recibido esta original forma de denuncia para que aclaren si la edificación irregular detectada cuenta o no con la pertinente licencia, si tiene conocimiento de su existencia y si se ajusta a la legalidad urbanística del municipio.En caso de tratarse de una vivienda ilegal, la Guardia Civil remite la denuncia a la Fiscalía o al juzgado con las ortografías como prueba.

Los agentes del Seprona realizan estas inspecciones virtuales de forma aleatoria en todos los municipios de la provincia de Málaga. Y casi siempre localizan una de estas construcciones en terrenos no urbanizables en las que antes no había nada.Aún así, la Guardia Civil sigue vigilando la ordenación del territorio mediante las inspecciones realizadas a bordo de un helicóptero. Los delitos contra la ordenación del territorio suelen encabezar cada año las denuncias tramitadas por el Seprona en la provincia de Málaga. Una de las prácticas más extendidas en los últimos años es, según el instituto armado, consiste en que los ayuntamientos falsifican y certifican la antigüedad de una vivienda para revalorizar su precio o legalizarla.

El bloqueo de los PGOU trae de cabeza a los promotores (La Opinión)

Las revisiones de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios de Málaga coincidió con la aprobación de la nueva legislación del territorio por parte de la Junta de Andalucía y eso ocasionó un parón inmobiliario que ha tocado fondo ahora, a la sombra de la crisis mundial. No sólo no se vende un piso, sino que no se construyen nuevos. Por eso, la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga exige que se agilicen los trámites para reactivar el sector inmobiliario. En la actualidad, sólo un municipio de la provincia, Rincón de la Victoria, tiene su PGOU totalmente adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Pero en toda Málaga hay cien municipios, lo que quiere decir que el parón de la actividad inmobiliaria es absoluto. De ahí las alarmantes cifras de paro registradas en los últimos meses en este sector, uno de los más importantes, por no decir el más, del auge económico vivido a lo largo de los últimos años en Málaga. De hecho, los promotores se quejan amargamente de que lo único que se edifica ahora es lo que se vendió sobre plano hace ya más de un año y medio. Pero entre la crisis, las dificultades que ponen los bancos a la hora de conceder préstamos hipotecarios y la falta de regulación legal, no se mueve un ladrillo en toda la provincia. "Hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la Administración que agilice la tramitación de los PGOU, ya que es el único marco legal posible que tiene el promotor o el constructor para desarrollar su trabajo y crear riqueza", asegura Violeta Aragón, gerente de la ACP. Además, critica las "discrepancias políticas" a la hora de discutir la conformación de los planes generales. La ACP entiende que unas normas tan importantes y de tanto calado como éstas deben ejecutarse sin peleas de partidos, y si, llegado el caso, hay puntos de conflicto, "deberían dejarse para más adelante, pero aprobar ya los planes". Distintos casos. La ACP está de acuerdo con las sanciones a quienes hayan construido sus viviendas a sabiendas de que lo hacían en terrenos prohibidos, como suelos rurales; "Eso nunca lo vamos a defender", asegura Aragón. Pero sí pide que las compras de buena fe, como por ejemplo muchas de las que se hicieron en Marbella, encuentren acomodo legal en los nuevos planes generales de ordenación urbana.

La provincia de Málaga soporta más de 50.000 casas irregulares (La Opinión)


Además de Marbella, los municipios de la Axarquía, el Guadalhorce, Mijas y Estepona son los más afectados por esta situación. Los constructores exigen que se agilicen los planes de ordenación para que la actividad inmobiliaria salga de la crisis
JOAQUÍN MARÍN D*. MÁLAGA

Las tropelías del GIL en Marbella a lo largo de muchos años y el escaso control autonómico de su fraudulenta política urbanística explotaron en la última época del fallecido Jesús Gil y, sobre todo, cuando comenzó la operación ´Malaya´. Miles de personas que habían comprado sus casas de buena fe se encontraron con la cruda realidad de que sus pisos eran ilegales o, al menos, que estaban en situación irregular. El caso de Marbella es el más conocido, el más famoso, el más mediático, pero en absoluto es el único. En toda la provincia hay más de 50.000 viviendas en esta especie de letargo de la alegalidad, la mayoría de ellas por edificaciones en suelo rústico. Y la mayoría también con conocimiento de causa de sus dueños o constructores.El número de afectados en toda Málaga por esta circunstancia asciende a más de 150.000 personas. Claro que no todas ellas están en la calle, pues muchas de las viviendas son segundas residencias, pero sí se encuentran en la tesitura de tener que lidiar con la Administración, litigar para intentar que pasen a ser consideradas legales en los nuevos planeamientos urbanísticos o, directamente, pagar multas y sanciones impuestas por haber levantado sus casas en terrenos no urbanizables y sin posibilidad de serlo, es decir, en suelos rústicos. Y eso cuando no tienen, además, que sufragar de su propio bolsillo el coste de la demolición impuesta.

En Marbella, el número de unidades en situación irregular llega hasta las 19.000. Sin embargo, este caso, que ha sido sin duda el de más relevancia no sólo en la provincia sino el ámbito nacional, puede ser el primero en solucionarse, y además casi completamente. Se acaba de pactar entre PSOE y PP una modificación del plan general de ordenación urbana en la que se prevé la legalización de unas 18.000, pues fueron adquisiciones ´de buena fe´ por parte de los compradores. Sí se van a dejar fuera de la ordenación alrededor de 500, con el curioso caso de que algunas de las que se van a legalizar están deshabitadas -Jardines de la Costa o Jardines del Príncipe- y algunas de las que se van a dejar fuera sí están ocupadas, como es el caso de Banana Beach, con 350 casas, o las construcciones hechas en La Víbora o Río Real.

Ahora el documento está en exposición pública y su aprobación provisional está prevista para diciembre. Si todo sale según lo previsto y la Junta de Andalucía le da el visto bueno, Marbella tendrá en marzo de 2009 su primer PGOU legal desde el lejano año 1996.3.000 más. Al lado de Marbella, en Estepona, también hay casos de construcciones ilegales que se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el ayuntamiento. Es el asunto conocido como ´los campitos´, viviendas levantadas en suelo rústico, en principio como casas de aperos de labranza pero remodeladas, que además están en terrenos declarados como zona protegida por el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Junta. Sus propietarios, preocupados ante la posibilidad de tener que afrontar demoliciones, se han movilizado, pero no han podido evitar que se abran 400 expedientes de intervención. No obstante, el número total de ´campitos´ es de 3.000, y la intención de la corporación municipal es intentar legalizar la mayor parte posible en el PGOU que está en tramitación. Sin embargo, muchas de ellas tendrán que ser derribadas con total seguridad.Un caso parecido al de Estepona se da en Mijas, también en diseminados rurales como la zona de Valtocado. En este municipio hay entre 7.500 y 8.000 viviendas alegales y, lo que es más preocupante para los vecinos, 3.000 expedientes de demolición abiertos. La Junta de Andalucía ha aplicado la legalidad con fuerza y ha impuesto sanciones muy elevadas a quienes han construido en zonas rurales a sabiendas. Muchas familias se encuentran con verdaderos problemas para afrontar las multas y algunas han tomado ya la decisión de derribar por sí mismas las casas, ya que cuanto más tiempo pasa más sanción hay que pagar. Hay casos de familias que sólo tienen una vivienda, la ilegal, y se encuentran en situaciones que a veces llegan a ser desesperadas.

Otra zona ´delicada´ desde el punto de vista de la construcción ilegal es la Axarquía, donde se contabilizan unas 20.000 viviendas irregulares. No abundan en los grandes municipios, como Vélez, Nerja o Rincón, sino sobre todo en la zona de interior. Esta comarca está poco poblada en relación a su amplitud y tiene grandes extensiones de terrenos rurales en los que florecen las edificaciones fuera de ordenación. Rincón ya tiene aprobado su PGOU y adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), mientras que Vélez está en la recta final de la tramitación. Los casos de Nerja y Torrox van más lentos.Por último, en la comarca del Guadalhorce destaca Cártama, donde hay contabilizadas unas 3.500 viviendas ilegales o alegales. Es el municipio de la provincia en el que más demoliciones se han ejecutado por edificaciones irregulares en terrenos rústicos -y por tanto, no urbanizables-. Coín y Alhaurín de la Torre también presentan casos, pero son menos abundantes. Los PGOU están en distintas fases de tramitación y los ayuntamientos confían en dar un importante avance a lo largo de 2009.

Las casas de madera se extienden como intento de burlar la ley urbanística (Málaga Hoy)

El grueso de las construcciones ilegales en suelos no urbanizables se ha trasladado en los últimos años de las zonas costeras a los municipios de la Axarquía y el Guadalhorce
Son más baratas, fáciles de construir y a veces hasta más atractivas. Pero lo cierto es que las casas de madera prefabricadas tienen la misma consideración de ilegal que una vivienda de ladrillo y cemento construida sin licencia en cualquier parcela no urbanizable. Muchos lo desconocen y hoy en día es fácil encontrarlas en cualquier municipio de la provincia de Málaga, aunque las comarcas de la Axarquía y el Guadalhorce son las que más denuncias concentran.Parte de la culpa de la proliferación de este tipo de viviendas es de las propias empresas dedicadas a su venta. La mayoría no advierten a los posibles compradores de que para instalarlas hace falta solicitar la misma licencia urbanística al ayuntamiento correspondiente que cualquier otra construcción y muchos se encuentran con la sorpresa de que son ilegales cuando les llega la denuncia de la Guardia Civil. Algunas de ellas sí advierten de los riesgos de adquirir una casa de madera fija, aunque en el caso de las móviles todas le restan importancia. "Le pueden denunciar pero como no ha tocado el suelo normalmente no suele ocurrir nada porque hay un vacío legal en este caso". Es la respuesta del vendedor de una de las empresas de venta de viviendas prefabricadas con la que se puso en contacto este periódico cuando se le pregunta por los riesgos de que conlleva la instalación de una de estas viviendas en un terreno no urbanizable.

El dependiente insiste en que al ser una construcción móvil y no tener que colocar cimientos para instalarla no habrá ningún problema, y asegura que "de éstas no han llegado a quitar ninguna".

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga están más que acostumbrados a toparse en los últimos años con este tipo de casos, cada vez más frecuentes en las zonas sometidas a una gran presión urbanística. Las denuncias por este motivo no han parado de crecer en los municipios de la provincia. Pero la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en vigor desde 2002, es muy clara al respecto y no permite ningún tipo de construcción en suelos rústicos, ni siquiera si se trata de viviendas prefabricadas de madera. "Este tipo de viviendas están consideradas exactamente igual que una de ladrillo y es igual de delictivo", según el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Francisco Montijano. Sólo las que no necesitan anclaje al suelo estarían permitidas en este tipo de suelos.Si no es así, es imprescindible que el ayuntamiento del municipio en el que se ubiquen los terrenos le conceda al propietario la licencia pertinente, además de presentar los proyectos correspondientes para el abastecimiento de luz y agua y el vertido de las aguas residuales que se van a generar. Aunque pocas veces ocurre. Agentes del Seprona aseguran que no es nada raro encontrar que estas casas se abastecen de agua potable de la propia red municipal y que el ayuntamiento cobra a pesar de que son ilegales.También las compañías eléctricas hacen en demasiadas ocasiones la vista gorda en estos casos, aunque la picaresca de los propietarios de estas viviendas también pasa por realizar enganches en las líneas provisionales de una obra o en la de algún vecino.

En el caso de las aguas residuales el problema es más grave. "Hay muchos que optan por verter directamente a un arroyo cercano o a una fosa séptica", cuentan los agentes de la Guardia Civil.

La venta de estas viviendas prefabricadas sin informar previamente a sus compradores de que no están permitidas en suelo no urbanizables puede constituir un fraude y el Seprona recomienda denunciar este tipo de casos.

Sólo en los camping y parcelas especialmente habilitadas tienen cabida estas casas prefabricadas, que a pesar de su aparente comodidad pueden conllevar un verdadero quebradero de cabeza para quienes las compren.Pero las casas de madera son sólo una parte de las miles de denuncias que llegan cada año a la Fiscalía por un presunto delito urbanístico. Las zonas rurales son las que concentran ahora los mayores problemas. El elevado coste y la falta de disponibilidad del suelo ha hecho que las construcciones ilegales se hayan trasladado en los últimos años de los municipios costeros al interior y en la actualidad las comarcas de la Axarquía y del Guadalhorce son las que más denuncias acumulan. Le siguen muy de lejos algunos puntos de la serranía de Ronda y la zona prelitoral de la Costa del Sol.

Los motivos que explican el crecimiento continuo de las construcciones ilegales en la provincia son, según el fiscal de Medio Ambiente, la dejadez de las administraciones locales para controlar la ordenación del territorio y las dificultades de conseguir condenas contundentes contra este tipo de delitos .Las más habituales son las viviendas que no disponen de licencia municipal o las que cuentan con un permiso para otros usos como una casa de aperos que después resulta ser un chalé con piscina.Las condenas que obligan a la demolición de estas construcciones empiezan a darse cada vez con más frecuencia, aunque el propio fiscal de Medio Ambiente reconoce que las edificaciones irregulares en masa como las de Marbella "siguen siendo intocables".

El área de servicios del centro logístico de Antequera supone una inversión de 50 millones (La Opinión)


Se extiende sobre una superficie de 30.400 metros cuadrados e incluye desde un hotel de cuatro estrellas hasta una nave de exposiciones y una gasolinera
LOLA SÁNCHEZ. ANTEQUERA El Centro Logístico de Antequera (CLA), además de definirse como la principal zona de distribución del centro de Andalucía, proyecta la construcción de una magna zona de servicios cuya ejecución requerirá una inversión por parte la sociedad promotora cercana a los 50 millones de euros. Y es que la configuración de la zona industrial más grande con la que contará el municipio de Antequera ha venido acompañada, desde sus orígenes, por un proyecto de atención a las empresas con la idea de que los trabajadores de este enclave cuenten con todo tipo de servicios. Se trata de una especie de ´pequeña ciudad´ dentro de la propia Antequera que cuando se desarrolle de forma completa el nuevo PGOU pasará a contar con dos millones de metros cuadrados, según detalló el gerente del Centro Logístico, José Manuel Martín. Entre los proyectados planteados y actualmente en ejecución destaca la construcción de un hotel de cuatro estrellas que albergará 90 habitaciones. A ello se le une la construcción de una gasolinera que contará con un restaurante y un espacio dedicado al lavado de camiones y coches. Justo a los pies de la autovía A-92, y con buena parte de la cimentación ejecutada, se está levantado un edificio de exposiciones que también acogerá oficinas. "La idea es albergar exposiciones de gran tamaño como una sala de muestras abierta el público que circule por la autovía", resaltó Martín. La zona de servicios se extiende sobre una parcela de 30.400 metros cuadrados y será gestionada por la CLA. La primera fase del centro logístico acogerá a una veintena de empresas. Tras la segunda fase, más de 70 compañías operarán en este punto.

Más de 2.500 malagueños aspiran a 210 pisos de protección oficial en alquiler (SUR)

Promotoras privadas construirán los edificios en Soliva y El Romeral Las casas se adjudicarán por sorteo entre los meses de diciembre y enero

LAS PROMOCIONES
Obra Social La Caixa

Ubicación: Finca Soliva.

Número de viviendas: 98 viviendas, dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Requisitos: Familias con ingresos ponderados de hasta 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Solicitudes presentadas: Se presentaron 3.586 y han sido admitidas para el sorteo 2.044 hasta ahora.

Fecha del sorteo para la adjudicación: 23 de enero de 2009.

Grupo Noga

Ubicación: El Romeral.

Número de viviendas: 112 viviendas de las que tres se reservan para discapacitados.

Requisitos: Ingresos familiares anuales corregidos que no excedan de 5,5 veces el IPREM.

Solicitudes presentadas: Entre 400 y 450.

Fecha del sorteo para la adjudicación: 15 de diciembre de 2008.Más de 2.500 malagueños aspiran a cada una de las 210 viviendas de protección oficial en alquiler que dos promotoras privadas han ofertado para su construcción en la ciudad. En los últimos días se ha cerrado el plazo de recepción de solicitudes para estas casas. Según los datos recabados por este periódico, doce personas aspiran a cada una de ellas, por lo que los adjudicatarios serán escogidos por sorteo.

La actuación que ha despertado un mayor interés es la promovida por la Obra Social de La Caixa. Se trata de una promoción de 98 viviendas que se levantará en la zona de Soliva, donde el Ayuntamiento ya construye una nueva barriada de VPO. Más de 3.500 personas han presentado su solicitud para una de estas casas. Según los datos aportados por La Caixa, 863 han sido rechazadas por el momento porque no reúnen los requisitos que se exigen y 2.044 ya han sido aceptadas para entrar en el sorteo de adjudicación, que se celebrará el 23 de enero del año que viene.

No más de 267 euros

Los afortunados podrán acceder a un piso por el que no pagarán más de 267 euros al mes de alquiler, sin contar impuestos ni gastos de la comunidad.

La otra convocatoria es la realizada por el Grupo Noga, que contempla la construcción de 112 viviendas, 123 garajes y 28 trasteros en la zona de El Romeral. En esta ocasión, a falta de confirmar los últimos datos, se han presentado entre 400 y 450 peticiones. En este caso, la mayoría de ellas entrará en un sorteo a realizar el próximo 15 de diciembre. Tras esta selección, se estudiará que reúnen los requisitos exigidos, por lo que también se elegirá un cupo de reserva para cubrir aquellas solicitudes que sean rechazadas.

El interés despertado por estas dos últimas ofertas de VPO en alquiler en Málaga da una idea de lo que sucederá en los próximos meses con la convocatoria anunciada por el Ayuntamiento para 460 viviendas -también en alquiler-, dos años después del último sorteo, como adelantó este periódico (SUR 16/10/2008).

Fuentes municipales informaron de que el próximo consejo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que se celebrará en unos días, aprobará las bases para la primera de las convocatorias, que agrupará a un total de 274 pisos que se levantan en el sector de Soliva, al sur de Puerto de la Torre, y que podrán estar finalizados para mediados o finales del próximo año.

Además, estas viviendas ofertadas por el IMV son con opción a compra, lo que supone que sus adjudicatarios tendrán la posibilidad de adquirirlas una vez que transcurran diez años. Si así lo deciden, el 50% del alquiler abonado hasta entonces se le descontará del precio de la venta. MÁS INFORMACIÓN

http://imv.malaga.eu.