"Se trata de una gran tienda en la que las partes negocian por la mañana y por las tardes van a ver los productos en vivo y en directo, que se encuentran a poca distancia porque el escaparate lo tenemos al lado". El director del Russian Meeting Point, Enrique Lacalle, definió así la feria inmobiliaria que arrancó ayer en un lujoso hotel de Benahavís. Las partes son potenciales clientes rusos que están interesados en encontrar inversiones en las que colocar sus fondos y promotores inmobiliarios ávidos en deshacerse de un stock al que no logran dar salida con la demanda nacional. Los productos son las cerca de 30.000 viviendas vacías cuantificadas en la Costa del Sol, sobre todo aquellas que están ubicadas en el denominado triángulo de oro, una zona comprendida entre Marbella, Estepona y Benahavís. Entre las tres localidades suman 40 campos de golf, según el alcalde de Estepona, José María García Urbano.
Por la feria pasarán unos 100 inversores "que vienen directamente a comprar", según Lacalle. La demanda se reparte entre 42 expositores, muchos de los cuales alberga a más de un promotor, que cuentan desde principios de febrero con una relación de los agentes e inversores rusos. "Están enamorados de nuestro sol, de la gastronomía, del golf, la oferta de ocio y las playas", destacó Lacalle de los compradores rusos.
Los precios de la mayoría de las viviendas en almoneda oscilan entre los 300.000 euros y los 500.000, después de que la crisis los devaluara cerca de un 50%, según Ricardo Arranz, presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y promotor de la iniciativa. El 80% de ellas está en las carteras de entidades bancarias y cajas de ahorro "dispuestas a financiar el cien por cien del precio", según Arranz. Los inmuebles más cotizados, aquellos cuyos precios de venta estaban entre los 3 y 12 millones de euros, se vendieron en 2011 a compradores rusos y árabes, señala el presidente de los urbanizadores regionales. Otros mercados a los que ofrecer los inmuebles del triángulo de oro son el alemán y el nórdico.
El stock de viviendas vacías en el triángulo de oro no es, según Arranz, relativamente grande. "Los escándalos de corrupción que salpicaron a distintas localidades de la zona hasta medidos de la década impidieron que se construyeran tantos inmuebles al final de la burbuja inmobiliaria", explicó. El perfil de cliente ruso interesado en las propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol ha cambiado con el transcurso del tiempo. Hace algunos años "venían los oligarcas a comprar grandes propiedades", según Lacalle. Ahora vienen los consumidores "de clases medias, que tienen ahorros y buscan en España una segunda residencia", añade.
En el evento se organizan seminarios en los que informar a los clientes de los aspectos legales relacionados con la compra de viviendas, como solicitar un crédito, abrir una hipoteca u obtener el visado de residencia. García Urbano destacó que el encuentro ofrece una "buena oportunidad para reflexionar aspectos legislativos que dificultan las inversiones extranjeras". "En España te puedes comprar una casa pero cuesta mucho matricular un coche o conseguir un permiso de residencia. Son pequeñas cosas que hay que superar", explicó. Lacalle recordó que "las reglas de juego que hay que respetar" en el país "están muy claras". "Nadie puede hacer cosas raras porque el Gobierno central y la Unión Europea no lo permitirían", concluyó.
La 'operación Tristán' contra una supuesta trama de corrupción en el catastro se centran en un centenar de expedientes urbanísticos bajo sospecha, que están fechados del año 2001 en adelante. Así lo han confirmado fuentes próximas a la investigación, que indicaron que la Guardia Civil está comprobando cada uno de estos casos en busca de posibles irregularidades.
Las pesquisas se centran en una trama integrada presuntamente por empleados de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga y del Patronato de Recaudación de la Diputación. Bajo la supuesta coordinación de un abogado, los funcionarios habrían modificado documentos con el fin de introducir información falsa -o cuando menos engañosa- a cambio de comisiones ilegales, según informó la Guardia Civil. El objetivo sería dar cobertura legal a la construcción de casas en suelo no urbanizable, o bien hacer creer a los interesados en comprar parcelas -la mayoría, ciudadanos extranjeros- que podían adquirir los terrenos para construir en ellos.
En esta operación han sido detenidos el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, un exsecretario municipal del Ayuntamiento, cuatro funcionarios -dos de ellos jubilados recientemente- un letrado y un promotor. El exregidor, ahora concejal en la oposición, declaró ayer durante tres horas ante los agentes que llevan el caso. Tras él estaba previsto que testificara el arquitecto de la Diputación José Francisco Mora. Primero prestarán declaración los ocho detenidos y luego los siete imputados. Se espera que los arrestados hayan pasado a disposición judicial antes de las 8.00 horas del viernes.
Los investigadores registraron la Gerencia del Catastro, en Hacienda, y la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de la Diputación Provincial. En relación a la operación policial, el máximo responsable del ente supramunicipal, Elías Bendodo, quiso dejar claro que «todo es de la etapa de los gobiernos socialistas» en Alcaucín y en la Diputación. «Es una mala herencia, pero estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario», afirmó.
Bendodo aseguró que la institución se personará como acusación en el 'caso Arcos' «para tener conocimiento en profundidad de todos los hechos».