sábado, 9 de agosto de 2008

La antigua fábrica Salyt se convertirá en una gran superficie comercial (Málaga Hoy)

Urbanismo asegura que el proyecto se ha diseñado atendiendo a los vecinos
Hace más de 50 años que la fábrica de tejas y ladrillos Salyt se instaló en Málaga. Ahora, a menos de una semana para que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana, su futuro es incierto. Lo que sí se sabe es que los 30.000 metros cuadrados previstos, en un principio, para zonas verdes y equipamientos deportivos se reducen a la mitad y que donde antes había una fábrica ahora habrá una gran superficie comercial. El descontento se extiende entre vecinos, comerciantes y partidos políticos. "Es antisocial, no es ni una política de empleo, ni una apuesta para los malagueños, que es a quienes deben ir destinados los recursos públicos", afirmó el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Fuentes.Miraflores es, además, uno de los barrios más masificados de la capital. De hecho, cuenta con una densidad de población de 610 habitantes por kilómetro cuadrado mientras la media se sitúa en poco más de 82. Los continuos problemas de tráfico en los accesos es otra de las cuestiones que preocupan a los vecinos de cara a la instalación de un comercio de estas proporciones en la barriada. "Esto no hará otra cosa sino agravar el caos de tráfico que ya existe en la zona", manifestó Fuentes.Con ésta, son ya más de diez las grandes superficies de la ciudad, lo que sitúa a Málaga a la cabeza de Andalucía en cuanto a número de centros comerciales. Para el PSOE esta iniciativa sólo trae consigo, además de la reducción de zonas verdes y parques en la barriada, el aumento del desempleo entre los pequeños comerciantes. Por este motivo, han iniciado una campaña de recogida de firmas, con el objetivo de paralizar este proyecto de cara a la aprobación del PGOU el próximo viernes.Ante esto, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz aseguró que el futuro de los suelos de Salyt se ha diseñado "atendiendo a las peticiones de los vecinos". Y añadió, que la propuesta que plantean los socialistas de destinar esta parcela a parques y zonas verdes "va en contra del futuro de los trabajadores de Salyt". En este sentido, Fuentes aludió a la posibilidad de trasladar la fábrica a un polígono industrial.

El juez que encarceló a Gil critica que su urbanismo aún no esté condenado (Málaga Hoy)

Santiago Torres, que envió a Jesús Gil a prisión por el caso Camisetas, considera que "ha habido un cierto fracaso en la investigación y enjuiciamiento"
Cuando la justicia se imparte tarde resulta menos justa para las víctimas o damnificados de los delitos cometidos. Por esta razón, el hecho de que aún queden pendientes en los tribunales centenares de causas urbanísticas de la era GIL, fue ayer criticado con dureza por el magistrado Santiago Torres, que saltó a la palestra mediática cuando en 1999 envió a prisión al ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, por el caso Camisetas, cuya instrucción se centró en el desvío de fondos del Ayuntamiento al Atlético de Madrid.Torres, que clausuró el curso de verano La drogodependencia y el narcotráfico: presente y futuro de un grave problema social y jurídico que la Universidad de Málaga (UMA) ha impartido durante esta semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, criticó que la administración de Justicia aún no haya resuelto todos los conflictos penales que surgieron a raíz de los convenios urbanísticos que permitieron la edificación de miles de construcciones ilegales. "Creo que ha habido un cierto fracaso de la administración de Justicia en la investigación y el enjuiciamiento de todos estos casos, ya que algunos se iniciaron hace más de 11 años y todavía no han sido resueltos", comentó el actual titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Estas circunstancias dan lugar, según Santiago Torres, a que los delincuentes piensen que es "rentable" cometer determinadas fechorías porque las condenas "a lo mejor no les llegan nunca o quizá muy tarde, cuando ya apenas les pueden alcanzar".El conferenciante, que abandonó Marbella hace ocho años para continuar su carrera en los Juzgados de la Plaza Castilla de Madrid, explicó que durante todo este tiempo ha seguido "muy atentamente" lo acontecido en el municipio con la operación Malaya y la disolución del Consistorio. A ese respecto, señaló que "me hubiese gustado que todo eso se hubiese producido en mucho menos tiempo", porque considera que aquí también se "ralentizó" mucho el procedimiento judicial, al tiempo que reconoció que en Marbella "se quedó un trocito de mi corazón". Nada más lejos de la realidad. Sus esfuerzos titánicos por combatir judicialmente las tropelías del gilismo durante la época más dura de este fenómeno político, terminaron provocándole problemas cardiacos.Para reconocerle toda esta labor en su lucha contra la corrupción, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), acudió ayer a la sede de los cursos de verano para compartir unos minutos con este magistrado al que no le tembló el pulso a la hora de mandar a prisión a Gil.Por otra parte, Santiago Torres aprovechó ayer su estancia en Marbella para exigirle al Gobierno que destine "más medios económicos" a los órganos judiciales, debido a que España tan sólo consigna a Justicia el 1,1% de su Producto Interior Bruto (PIB), a pesar de que las Naciones Unidas recomiendan que se reserve entre el 2,2 y el 2,5% para asegurar "una justicia de calidad".En otro orden de cosas, apuntó que el narcotráfico, al igual que el terrorismo, debe ser perseguido a nivel "global", por lo que consideró "fundamental" que todos los países regulen de la misma forma la investigación y persecución de estos delitos. Con este tipo de tratamiento policial, se evitaría que haya espacios de "impunidad" donde los delincuentes puedan "burlar" la acción de la justicia, apuntó Torres.

Más de 3.000 familias han invertido en viviendas que están paralizadas. (Málaga Hoy)

Más de 3.000 familias malagueñas han invertido un total de 100 millones de euros en viviendas que ahora están paralizadas por los procesos concursales que afectan a promotoras y constructoras en la provincia, "de los cuales alrededor de 2.500 corresponden al concurso de Martinsa-Fadesa", según afirmó ayer Alfredo Martínez, delegado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).Cuando una persona accede a la compra de una vivienda abona aproximadamente un 20% del valor total antes de recibir las llaves, a lo que hay que sumar un 16% del IVA, lo que alcanza una cantidad desembolsada que ronda los 30.000 euros por familia.Asimismo, Martínez señaló que las obras que están prácticamente finalizadas, como en el caso de las 2.500 de Martinsa-Fadesa "no tienen mayor problema, ya que a las promotoras les interesa acabarlas para no llevar ese asunto a concurso". Aunque el principal problema se encuentra en las obras no iniciadas cuando las promotoras entren en concurso, donde los afectados podrán ejercitar sus derechos en defensa de sus intereses.En estos casos la ley establece la obligación de garantizar la devolución de las cantidades entregadas mediante aval bancario o seguro otorgado por compañías aseguradoras, para que éstos puedan recibir su dinero más los intereses devengados en el caso de que no se haga efectiva la entrega de la vivienda, "sin embargo muchas promotoras no cumplen con esta obligación y los afectados debe hacer valer sus derechos en el concurso voluntario instado por la promotora". Martínez aseguró que la situación de entrada en concurso de la promotora Martinsa-Fadesa "ha supuesto un gran número de las cuestiones que hemos recibido este año en Ausbanc", por lo que el consejo mayoritario que se les ha dado "ha sido el de hacer una inversión mínima para poder garantizar sus derechos", agregó. Por último, se mostró convencido de que a partir de septiembre "habrá un aumento de concursos en empresas de construcción, ya que el próximo mes finaliza el curso económico empresarial".

La quiebra de constructoras deja en Málaga a 3.000 familias con su casa parada (La Opinión)


Los afectados, con 100 millones de euros invertidos, tendrán que acudir al concurso de acreedores. Martinsa Fadesa reúne 2.500 de los casos
JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA La quiebra de promotoras y constructoras debido a la caída en picado de las ventas de viviendas ha dejado a más de 3.000 familias malagueñas con las obras de sus casas paralizadas y con más de 100 millones de euros invertidos, a la espera de la resolución de los procesos concursales de acreedores a los que se han acogido estas empresas.Los datos son de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), que recordó que en Málaga el mayor número de afectados corresponde a las 2.500 personas que en Manilva tienen su casa "en el aire" tras la suspensión de pagos en Martinsa-Fadesa. La quiebra de esta empresa ha dejado también pendientes en la provincia las obras de un parque empresarial en Antequera y diversas actuaciones públicas en Marbella.Según explicó el delegado de Ausbanc en Málaga, Alfredo Martínez, a la crisis de Martinsa-Fadesa se unen este año hasta una veintena de concursos voluntarios presentadas por constructoras y promotoras que operan en la provincia. La asociación ha estimado en ellas unas 500 personas afectadas, aunque desde el sector se apunta que podrían ser más de 2.000, con lo que el total de familias con su casa atenazada por las quiebras de constructoras podría acercarse en Málaga a las 5.000.Los consumidores que acceden a la compra de una casa abonan un 20% del valor total antes de recibir las llaves en concepto de entregas a cuenta, más el 16% de IVA del total de la compra, una cantidad final que ronda los 30.000 euros por familia, según cálculos elaborados a partir de los datos del INE.Martínez dijo que, tras la paralización de las obras, la incertidumbre agobia a los consumidores que han destinado sus ahorros a esta compra, aunque destacó que las viviendas que están en un avanzado estado de construcción podrán ser terminadas y escrituradas sin demasiadas dificultades. "A la empresa le interesa terminar esas casas para que no entren en el concurso de acreedores y así quitarse pasivo de enmedio", indicó. Éste es el caso de las 2.500 viviendas de Martinsa Fadesa. Sin embargo, Ausbanc se mostró mucho más pesimista en cuanto a la conclusión real de las viviendas en el caso de obras menos avanzadas o ni siquiera iniciadas.Procedimiento. En cualquier caso, Martínez recomendó a todos los afectados que defiendan sus intereses presentándose al concurso de acreedores de la empresa en cuestión, debido a que muchas promotoras y constructoras no cuentan -pese a que es obligatorio por ley- con el aval bancario o seguro con el que reintegrar los importes recibidos, así como los intereses legales. En estos casos, el afectado no tiene más remedio que hacer valer sus derechos en el proceso concursal para recibir el reintegro de su inversión, algo que Ausbanc ve factible, debido a que las cantidades entregadas a cuenta gozarían de preferencia (crédito con privilegio especial) sobre los demás acreedores en el concurso. Martínez señaló que en los últimos meses, y sobre todo a raíz del anuncio de quiebra de Martinsa Fadesa, una gran cantidad de malagueños han acudido este año a la delegación de Ausbanc "para pedir consejo y asesoramiento debido a la situación actual de crisis en la construcción".

Decretan el cierre de un parking que no tenía licencia para abrir. Estepona (SUR)

El alcalde de Estepona, el socialista David Valadez (PSOE), firmó ayer el decreto por el que se ordena el cese de actividad de un aparcamiento público de la localidad que carece tanto de la licencia de primera ocupación como de la de apertura, a pesar de que lleva más de tres años abierto. El primer edil precisó que a partir de la notificación del mencionado decreto, la empresa concesionaria, Zapallito S.L, tiene un plazo de diez días para subsanar las deficiencias detectadas por los técnicos municipales, todas ellas relativas a las medidas de seguridad del mayor aparcamiento de la ciudad. Entretanto, ningún usuario, ya sea propietario o no, podrá estacionar en las 800 plazas con las que cuenta el parking.Si transcurrido el plazo, la empresa concesionaria no subsanara las irregularidades, se decretará el cierre del aparcamiento y será el propio Consistorio el que ejecute las mejoras "con cargo a la garantía definitiva de los gastos".Irregularidades. El alcalde de Estepona, David Valadez, hizo público ayer el decreto en el que se deja constancia de dos informes, emitidos el pasado 4 y 5 de agosto por los técnicos municipales, en los que se detectan incumplimientos en cuanto a la compartimentación del parking, así como en la colocación de las cortinas de agua. Del mismo modo, el documento hace referencia a la necesidad de la emisión de un estudio acerca de la seguridad del aparcamiento.

Negocian la regularización de las viviendas construidas en suelo rústico. Coín (SUR)


Varios centenares de viviendas irregulares que pueblan el campo en Coín podrían quedar legalizadas en los próximos meses, después de que el Ayuntamiento del municipio y la Junta de Andalucía hayan entablado conversaciones en este sentido. El alcalde, Gabriel Clavijo, informó de una reciente reunión de su equipo de gobierno con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espada, quien según Clavijo, se mostró favorable a negociar la regularización de algunos diseminados.El concejal de Urbanismo, Andrés Mérida, aseguró que a partir de septiembre comenzarán los estudios necesarios para este proyecto. «Observamos una actitud muy positiva por parte del consejero», espetó Mérida.
Estudios
Sin embargo, ni el alcalde ni el concejal quisieron adelantar una cifra de viviendas que podría verse favorecidas, aunque según algunos cálculos anteriores el número de casas situadas en el suelo rústico de Coín superaría el millar. El edil de Urbanismo agregó que se harán fotografías y estudios completos de cada diseminado a partir de otoño.Por otro lado, el alcalde desveló que en la reunión con el consejero también se trataron otros aspectos como la construcción de VPO o las alegaciones que Coín presentó al Plan de Ordenación del Territorio del Área Metropolitana. En este último asunto aseguró que había habido un «cambio de actitud importante» por las dos partes.

La Consejería de Vivienda supedita el campo de golf a un cambio total del proyecto. Nerja (SUR)


La Junta de Andalucía aclaró ayer que su apoyo a la creación de un campo de golf en Nerja, en la zona del barranco de La Coladilla, está supeditada a una modificación «total» del proyecto original, toda vez que la iniciativa prevista por la multinacional Medgroup cuenta con una declaración de impacto medioambiental negativa y con posterioridad además la zona fue declarada de especial protección por el Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTA), según explicaron fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.«El proyecto, tal y como fue concebido -con 800 viviendas y un hotel de lujo- es inviable. Sin embargo, dado que con posterioridad a la presentación del mismo se aprobó una nueva normativa sobre campos de golf en Andalucía, sus promotores podrían estar interesados en plantear un nuevo proyecto que intentara obtener la declaración de excelencia turística, conforme a dicho decreto. En este caso, siempre que se cumplieran las condiciones impuestas por el mismo, las Consejerías de Turismo, Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio estudiaríamos el nuevo proyecto, sin prejuzgar obviamente a priori el resultado de dicho análisis», señalaron las fuentes.El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), se reunió el pasado miércoles en Sevilla con responsables de la Junta para retomar el proyecto. El Ayuntamiento firmó en 2004 un convenio por el que percibió 15 millones de euros por la construcción del campo de golf en La Coladilla.

El alcalde ordena el cierre del mayor aparcamiento por no tener licencia. Estepona (SUR)


El recinto, que ya fue clausurado unos días en 2006, incumple las previsiones en cuanto a la compartimentación y la colocación de cortinas de agua

El alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), firmó ayer el decreto de cese de actividad del mayor aparcamiento subterráneo de la localidad, con 800 plazas, por carecer de la licencia de primera ocupación. El aparcamiento, que funciona desde el año 2005, incumple las previsiones incorporadas en el pliego de condiciones «en cuanto a la compartimentación del aparcamiento y la colocación de cortinas de agua con accionamiento automático en caso de incendio en los accesos», subrayó el regidor.Además, según los informes de los técnicos municipales, incluidos en el decreto, existen problemas de sub-presión en la losa de cimentación del aparcamiento producido por una realización de las obras. Por ello, una rotura podría conllevar «la entrada incontrolada de agua en el segundo sótano que afectaría a su funcionalidad, y generaría problemas en el forjado e incluso en la estructura», según el alcalde: «Este no es ni el primer ni el último establecimiento sobre el que se actuará si no cuenta con las licencias oportunas».
Responsabilidad
«Como máximo responsable de la ciudad estoy obligado a velar por la seguridad de ese aparcamiento porque éste no cuenta con licencia y el Ayuntamiento no puede mirar para otro lado», señaló Valadez. Con esta decisión, se cierran completamente tanto las plazas en alquiler como en venta y será la concesionaria, la empresa Zapallito, la que tenga que dar explicaciones a los propietarios de las plazas.Valadez explicó que la empresa tiene diez días para subsanar las deficiencias y, en caso de no solventarlas, el Ayuntamiento lo hará «por su cuenta con cargo al aval depositado por la empresa». El alcalde, que se ha reunido esta semana con la empresa, a la que trasmitió el decreto de cese de actividad, refirió que el rescate de la concesión es una de las medidas que podría adoptar el Ayuntamiento.El aparcamiento ya fue cerrado en 2006 por el anterior alcalde, Antonio Barrientos, por las deficiencias detectadas en cuanto a las dimensiones de las plazas de aparcamiento, carriles de circulación y gálibo de la obra, deficiencias que fueron subsanadas en parte. Sin embargo, a los pocos días se volvió a abrir pese a no contar con la licencia de primera ocupación.

El Gobierno central expropia más terreno para el soterramiento de San Pedro (SUR)


El diputado nacional y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, destacó la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del expediente de expropiación de 22.416 metros cuadrados afectados por la modificación de las obras de soterramiento de la travesía de San Pedro Alcántara. Según Heredia, «esto supone un nuevo impulso para las obras del soterramiento, cumpliéndose así un trámite más para el inicio de las obras del modificado, mientras que las obras de soterramiento están muy avanzadas». Por su parte, el secretario general del PSOE de Marbella, José Bernal, señaló que la actualización del proyecto inicial hecha por Fomento ha sido muy importante, «ya que no sólo se ha incrementado en más de medio kilómetro la longitud del soterramiento, sino que se ha proyectado un inmejorable trazado donde prima la seguridad».
Críticas del PP
Cabe recordar que hace unos días el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella criticaba el retraso de la obras del soterramiento y la falta de información pese a sus requerimientos a Fomento e incluso insinuaba, a través de su portavoz, Félix Romero, que el Gobierno central se había quedado sin dinero para cumplir los plazos del proyecto.Por otra parte, la parlamentaria andaluza del PSOE y portavoz en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Muñoz, destacó la firma del Plan Qualifica entre las actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía en Marbella en los 100 primeros días de legislatura.

Ausbanc calcula que 3.000 familias están afectadas por suspensiones de promotoras (SUR)


El delegado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Alfredo Martínez, afirmó ayer que más de 3.000 familias malagueñas están afectadas por las suspensiones de promotoras, «de los cuáles alrededor de 2.500 corresponden al concurso de Martinsa-Fadesa». Martínez señaló que una gran cantidad de malagueños han acudido este año a la delegación de Ausbanc para pedir consejo y asesoramiento debido a la crisis en la construcción. En este sentido, afirmó que en lo que va de año, cada día una empresa en Málaga entra dentro de la Ley Concursal, por lo que se calcula que alrededor del 80% de ellas estén ligadas a la construcción o sean directamente promotoras. Ausbanc recordó que en estos casos la promotora tiene la obligación legal de devolver la inversión.