viernes, 20 de noviembre de 2009

Alcaldes de la provincia apoyan a los de la Axarquía para cambiar la LOUA (Málaga Hoy)

"Es un disparate que por un expediente donde se comete un error se pueda pedir cárcel para un funcionario, un técnico o un concejal", asegura el regidor de Cártama

M. C. · M. H. · J. F. / MÁLAGA | ACTUALIZADO 20.11.2009 - 01:00
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Alcaldes socialistas, con Pendón y Conejo, entre otros, escuchan a Pizarro, el jueves en Mijas.



Los alcaldes de la comarca de la Axarquía no están solos. A las reivindicaciones de éstos para una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se han sumado los regidores de otros municipios del interior de la provincia que también se ven afectados por las imposiciones que extrema la normativa para la construcción en el suelo rústico. Así se lo hicieron saber una representación de mandatarios socialistas al consejero de Gobernación, Luis Pizarro, en la reunión que mantuvieron en el Centro Andaluz de Formación de las Industrias de Ocio de Mijas. Sus voces van encaminadas a la construcción en suelo no urbanizable bajo parámetros sostenibles con miras al turismo rural como alternativa a la agricultura, y la permisibilidad en la construcción de viviendas con criterios razonables para el desarrollo de los municipios del interior. Una postura por la que Pizarro, de momento no piensa ceder, aunque mostró su voluntad "de colaborar con los ayuntamientos" para buscar soluciones en la medida de lo posible y dentro del marco legal.

Así, tras la negativa de la Junta de Andalucía de no modificar la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, en la comarca del Guadalhorce algunos de los alcaldes de los municipios se han mostrado de acuerdo con la crítica realizada por los regidores de la Axarquía. Es el caso del primer edil de Cártama, José Garrido (PSOE), que afirmó sentirse "totalmente identificado" con el problema que tienen los alcaldes de la Axarquía y "otros muchos municipios de la provincia". Garrido también consideró que es necesaria una modificación para que los procedimientos no se lleven por la vía penal. Esta es otra de las grandes preocupaciones de los regidores axárquicos que esta semana se han encontrado con la condena del alcalde de Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), a un año de prisión por la concesión de un licencia en suelo no urbanizable, y la petición de la Fiscalía de José Manuel Aranda, Canillas de Aceituno (PSOE), por emitir también una licencia en terrenos rústicos. "Es un disparate que por un expediente donde se comete un error se pueda pedir cárcel para un funcionario, un técnico o un concejal", señaló el alcalde de Cártama que puntualizó la diferencia que hay que hacer entre un error administrativo y otros tipos de delitos como cohecho. El alcalde de Álora, José Sánchez (PSOE), no quiso hacer declaraciones al respecto y señaló que se trató de una reunión interna de partido.

Por su parte, los alcaldes socialistas de la Serranía de Ronda tienen previsto reunirse próximamente para aunar criterios sobre la situación legal del urbanismo. No obstante, el sentir mayoritario pone de relieve la "indefensión" de los alcaldes ante los temas urbanísticos, ya que los vecinos no entienden que se haya pasado de permitir construcciones en el campo a una restricción casi absoluta.

En este sentido, el alcalde socialista de Júzcar, David Fernández, señalaba que "creo que debe haber un punto intermedio", aunque en su caso optó por no conceder licencias de aperos ante las dudas legales existentes. En un sentido parecido también se pronuncio el alcalde de El Burgo, José Joaquín García (IU) quien dijo que "la ley debe ser flexible, porque no podemos pasar del todo al nada".

El doble desafío del Ayuntamiento (Málaga Hoy)

Prescinde de 10 millones para el Metro sin alcanzar un acuerdo con la Junta y reserva 3 para el bulevar sin consenso con Adif

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 20.11.2009 - 01:00
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Vista de los suelos ganados con el soterramiento del AVE a su entrada en Málaga.



El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga sacó ayer adelante, en solitario, las modificaciones del presupuesto municipal de 2009 que, entre otras cosas, supondrá eliminar la aportación del Consistorio a la obra del Metro, por algo más de 10 millones de euros, y la puesta a disposición de 3 millones para impulsar el bulevar sobre el soterramiento del AVE, proyecto que confía en tramitar antes de que finalice este ejercicio.

Este acuerdo, a los que se opusieron PSOE e IU y a los que se suman otras variaciones presupuestarias de organismos como el IMV, tienen por objeto aumentar el capital social de Emasa con 30 millones, al objeto de solucionar la situación de inseguridad jurídica en la que se encontraba desde su constitución. Aunque todo ello es parte de una operación financiera más amplia por la que el Consistorio pasará a cobrar a esta sociedad pública un canon de 75 millones de euros, a abonar en tres años, dinero con el que trata de minimizar los efectos de la crisis.

Pero la adopción de estas medidas puede interpretarse también como un doble desafío institucional. De un lado, a la Junta de Andalucía, responsable de la construcción del suburbano, con la que existe un acuerdo firmado para colaborar en la financiación del proyecto que ahora se ignora, y de otro, al Agente de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, propietario del terreno ganado al enterrar las vías del tren y sobre el que se diseña la nueva avenida de entrada a la ciudad.

En el primero de los casos, sorprende que la renuncia del Consistorio a pagar su parte del ferrocarril urbano se produce cuando aún se negocia con la Consejería de Obras Públicas la posibilidad de destinar esa cuantía a la ejecución de otras iniciativas en materia de movilidad sostenible, entre las que se incluyen, según el alcalde, Francisco de la Torre, el bulevar del AVE y la reurbanización de Carretera de Cádiz. Fuentes de la Administración autonómica confirmaron que el planteamiento municipal está en fase de estudio y que "no está cerrado". Y en el segundo, el equipo de gobierno sigue sin tener vía libre para disponer de los suelos.

Sobre estos temas se pronunció el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, durante el consejo extraordinario de la Gerencia de Urbanismo en la que se aprobó dar de baja y cambiar la finalidad de unos 22 millones de euros de inversión contemplados para este ejercicio, parte de los cuales se destina a ampliar el capital social de Emasa y otra parte, tres millones, al bulevar.

Ante las dudas expuestas por los grupos de oposición en relación a la no disposición del suelo necesario para desarrollar esta iniciativa, el concejal del PP señaló que la reserva de esa cuantía se hace como "compromiso real para que cuanto antes se haga", al tiempo que expuso el "convencimiento" de que esos terrenos forman parte del Plan Especial de Renfe que en su día se acordó con Fomento. No piensa lo mismo Adif, que desde hace meses reclama una compensación por su utilización. Asimismo, Díaz Guirado informó de que en la jornada del miércoles varios técnicos de la Gerencia se reunieron con representantes de Adif para mostrarles el diseño planteado para el bulevar.

Y en cuanto al Metro, Díaz Guirado insistió en reclamar de la Junta "el mismo trato que se da a otras ciudades andaluzas", caso de Sevilla, donde el Ayuntamiento finalmente no ha aportado dinero a la construcción del suburbano, dinero que, tras la firma de un convenio con Obras Públicas, se ha destinado a obras de movilidad sostenible, como carriles bici y buses y el tranvía. "No entendemos que lo que hacemos se pueda entender como una deslealtad", señaló.

"Si algo tiene este alcalde [en alusión a De la Torre] es que no es tonto. Si en otras ciudades, como Sevilla, se destina la aportación del Metro a otras actuaciones de movilidad, por qué en Málaga no", se preguntó. Desde los grupos de la oposición, el concejal del PSOE Sergio Brenes consideró la medida adoptada por el equipo de gobierno como "política ficción presupuestaria", al tiempo que acusó a los ediles del PP de "jugar con el dinero de los malagueños como si fuese el Monopoli, con la diferencia de que uno no tiene valor y el otro sí". En relación con la negativa municipal a financiar el Metro, recordó la existencia de un acuerdo firmado que ha de cumplirse "hasta que sea modificado", extremo que aún no se ha dado.

En la misma línea, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, denunció que se modifique el presupuesto para disponer de tres millones para un bulevar "del que no sabemos ni cómo, ni cuándo ni de quién". Asimismo, acusó al PP de dañar las actuaciones en materia social con la eliminación de 33 millones de euros de inversión, que se destinan a aumentar el capital social de Emasa.

El Euríbor se mantiene en el 1,224% (La Opinión)

Tras 14 días de cotización el indicador hipotecario sitúa su media mensual en el 1,23%



EP El Euríbor, tipo de referencia de la mayoría de las hipotecas en España, volvió a situarse este jueves en el nivel del 1,224% en tasa diaria, con lo que tras catorce días de cotización el indicador mantiene su media mensual en el 1,23%.

La volatilidad continúa marcando el comportamiento del indicador, que en lo que va de mes ha bajado en ocho ocasiones y subido en otras tantas sesiones. Los expertos aseguran que este comportamiento se mantendrá en los próximos meses, pero que no impedirá que el Euríbor continúe descendiendo hasta situarse sobre el 1,20%.

De hecho, los analistas sostienen que no empezará a repuntar hasta que los bancos centrales empiecen a subir los tipos de interés a la luz de los signos de recuperación de la economía, algo que en la UE no sucederá, previsiblemente, hasta mediados de 2010.

Casi un año se tarda en vender una vivienda en España (La Opinión)

En Barcelona son necesarios 304 días, periodo que asciende hasta los 320 en el caso de Madrid


EP El tiempo necesario para vender una vivienda en España asciende a 344 días, es decir, más de 11 meses, según un estudio publicado por idealista.com, que recuerda que aquellos inmuebles con precios fuera del alcance real de la demanda ni siquiera encuentran comprador.

Estos plazos se reducen en el caso de los grandes mercados inmobiliarios del país. Así, en Barcelona son necesarios 304 días, periodo que asciende hasta los 320 en el caso de Madrid, mientras que hace sólo un año se tardaban 217 y 242 días, respectivamente.

Además, la evidencia de que el tiempo necesario para vender una casa se ha disparado en los últimos cinco años es que en 2004 se tardaban 76 días en la Ciudad Condal y 86 en la capital española.

Según el jefe de estudios de Idealista.com, Fernando Encinar, "no hay que olvidar que estos datos se refieren a las viviendas que finalmente han encontrado un comprador. todas aquellas cuyos precios se encuentran fuera del alcance real de la demanda no se han incluido porque no se han vendido, y hasta que no ajusten su precio, no se venderán".

La necrópolis árabe de la calle Agua abre sus puertas al público (La Opinión)

El nuevo equipamiento ofrecerá la tecnología innovadora de reconstrucción de la realidad.


Imagen de los restos de la mezquita funeraria islámica de la calle Agua, que han sido puestos en valor por la Junta de Andalucía. Carlos Criado
Imagen de los restos de la mezquita funeraria islámica de la calle Agua, que han sido puestos en valor por la Junta de Andalucía. Carlos Criado

POR ALEJANDRA GUILLÉN. MÁLAGA La calle Agua escondía un hallazgo singular. Hace unos veinte años, a finales de la década de los años 80, afloró a la superficie los restos de dos mezquitas funerarias y de un panteón (ambos de los siglos XII-XIII), que pertenecían a la necrópolis islámica de Yabal Faruh, el complejo funerario más grande de Al-Andalus, que se extendía desde la plaza de los Monos y la calle Altozano hasta la ladera del Monte Gibralfaro, y dividida por la actual calle Victoria. La aparición de las mezquitas, los únicos restos funerarios de estas características existentes en Andalucía, originó que el Gobierno andaluz decidiera comprar el terreno (ubicado en la planta sótano de un edificio de viviendas) al promotor para iniciar las excavaciones y poner en valor los restos arqueológicos.
Después de veinte años, el Centro de Interpretación es una realidad. Operarios culminan esta semana los últimos trabajos de acondicionamiento del recinto, de unos 500 metros cuadrados de superficie, que abrirá sus puertas al público probablemente antes de finales de año. En las excavaciones, realizadas por la arqueóloga Carmen Fernández, bajo la supervisión de la arqueóloga municipal Carmen Peral, se documentaron junto a las dos mezquitas funerarias y el panteón, cinco niveles de enterramientos datados entre el siglo X al XIV, explica el arqueólogo de la Junta Manuel Corrales.
Software. El nuevo equipamiento cultural, cuyo proyecto arquitectónico para el acondicionamiento de los restos ha sido realizado por el arquitecto Ciro de la Torre, mientras que el de contenidos ha sido elaborado por el historiador Manuel Acién, ofrecerá un novedoso ´aliciente´ a las visitas, que viene de las manos de las nuevas tecnologías. Se llama ´La Realidad Aumentada´, ha sido diseñada por la empresa malagueña Arpa Solutions, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía, y es la primera vez que se aplica este tecnología innovadora en un equipamiento cultural. Un tablet-PC y una cámara conectada a un software permitirán que los visitantes vean una reconstrucción real de este yacimiento arqueológico.
Corrales detalla que los contenidos del Centro de Interpretación se dividen en cinco áreas, y van desde una introducción a la Málaga islámica, los rituales de enterramientos y formas de los cementerios islámicos, la variedad y tipología en la Málaga islámica, la interpretación de los restos arqueológicos hasta una parte monográfica de las mezquitas funerarias de la calle Agua y el mausoleo con decoración parietal. Las visitas serán guiadas por un informador especializado y previamente concertadas (mañana y tarde, de martes a sábado; domingo, mañana; lunes, cerrado). Para ello, ya se ha informado a los colegios para organizar las visitas escolares para el segundo trimestre del curso académico, así como a los diversos sectores turísticos.

Los chiringuitos se movilizarán si siguen las denuncias en la Fiscalía (La Opinión)

El sector cree desproporcionada esta medida y pide al Gobierno que desbloquee las concesiones. Ponen hasta final de año como límite para regularizar la situación de los establecimientos


Espera. Los chiringuitos están a la espera de que Costas regularice su situación. G. Torres
Espera. Los chiringuitos están a la espera de que Costas regularice su situación. G. Torres

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA No ha sentado nada bien entre los empresarios de chiringuitos la denuncia penal presentada por la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga contra un chiringuito de Rincón de la Victoria, en concreto el llamado ´Smile´, sobre el que pesa una orden para ser desmontado que no se ha cumplido. Temen que sea una medida que se repita en otros establecimientos en la misma situación.
El presidente de la Asociación Malagueña de Empresarios de Playa, Miguel Arrabal, quiso dejar ayer muy claro su descontento con la actuación de la Fiscalía, que considera "una medida desproporcionada" y tiene su origen en la falta de seguridad jurídica del sector por la falta de respuesta de Costas.
De hecho, Arrabal no ha descartado que se produzcan movilizaciones del sector si ocurren más denuncias parecidas. "Es una exageración que actúe la Fiscalía por un exceso de ocupación, que no es más delito que el cometido por los mas de 260 chiringuitos de Málaga que no tienen la autorización definitiva de Costas porque no da las concesiones", argumentó Miguel Arrabal, quien aseguró que los ayuntamientos han empezado a acelerar estos trámites, pero que necesitan la colaboración de Costas para regular todo el sector.
No obstante, Arrabal ha puesto un plazo para lograr avances que aseguren la temporada de verano en 2010. El presidente de los chiringuitos apunta a final de año para lograr resultados. A partir de entonces empezarán a plantear acciones de protesta. "Por ahora las gestiones de los ayuntamientos van bien, pero nos preocupa que no haya respuesta de Madrid, porque no podemos estar con la misma inquietud todo el año", insistió Miguel Arrabal.
Ayuntamientos. El sector está a la espera de que los consistorios tramiten las peticiones de concesión para los chiringuitos, que ya se han realizado en Estepona, Marbella y Manilva, mientras que están muy avanzadas en Benalmádena y Casares y se espera iniciar en Mijas.
Por la Axarquía, el presidente de la Asociación Malagueña de Empresarios de Playas detalló que están en conversaciones en Torrox para reubicar los actuales, en una situación parecida al denunciado ´Smile´. Peor se encuentran en Torre del Mar, donde las gestiones están muy retrasadas; mientras que ya se han dado los primeros pasos para reubicar los 16 que hay en Torre de Benagalbón. Además quedan otros seis en Rincón de la Victoria y la Cala que están a la espera de que se renueve la concesión.
Sobre Málaga, la concejala de Playas, Teresa Porras, insistió en que llevan más de un mes esperando una respuesta de Costas a las alegaciones municipales, que piden una rebaja del canon propuesto y que ronda los 16.000 euros, ya que considera que es excesivo en tiempos de crisis. Los propios empresarios creen que es inasumible esta cifra, sobre todo cuando la concesión es sólo por 15 años y deben desembolsar unos 250.000 euros para construir el chiringuito.

El futuro cultural del convento de la Trinidad se despeja (La Opinión)

La Junta de Gobierno Local aprueba inicialmente el plan especial que permitirá instalar el Parque de los Cuentos, proyectado por la Junta, en el histórico edificio


Trinidad. Interior del antiguo convento y cuartel. Gregorio Torres
Trinidad. Interior del antiguo convento y cuartel. Gregorio Torres

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA En el mar proceloso de los trámites administrativos hay pequeños pasos que, como recordó el astronauta Armstrong, suponen un gran paso para la Humanidad (en este caso para Málaga).
Ayer, la Junta de Gobierno Local, una suerte de ´consejo de ministros´ del Ayuntamiento de Málaga, dio el visto bueno a la aprobación inicial del plan especial para la ordenación del conjunto arquitectónico del Convento de la Trinidad, o lo que es lo mismo, este espacio dejado de la mano de Dios, con una superficie total de 9.800 metros cuadrados camina hacia su rehabilitación con vistas a convertirse en el futuro Parque de los Cuentos que proyecta la Junta de Andalucía.
De hecho, los objetivos de este plan especial son rehabilitar el antiguo convento y hacerlo con las edificaciones que hagan falta. De paso, también se busca transformar este entorno bastante mustio y asilvestrado (no es una contradicción) en un parque para la zona de la Trinidad.
Con respecto a los elementos que se deben mantener, hay que recordar que el antiguo convento y cuartel fue declarado Bien de Interés Cultural pero un informe de la Delegación de Cultura de la Junta el pasado verano precisa que no son objeto de la declaración de BIC las construcciones militares o de otro tipo que no tienen origen conventual. Estas se añaden al inmueble tras la desamortización decretada por Mendizábal en 1835.
La ordenación propuesta parte del sitio elevado en el que está construido. El objetivo es despojar al convento de estos elementos añadidos y aprovechar el desnivel respecto a las calles para edificar, bajo la rasante del antiguo convento, las edificaciones complementarias.
La intervención se basará en tres puntos. En primer lugar, la rehabilitación del antiguo convento, el claustro y la iglesia (no confundir con la vecina iglesia de la Trinidad, se trata de la propia que hay en el convento); la construcción de edificaciones semienterradas para uso cultural y la recuperación de los alicaídos espacios libres. Tres en uno. Ya era hora.

El inicio de la solución tras 20 años en el limbo (La Opinión)

El acuerdo no es el final, pero abre el verdadero proceso de negociación


MIGUEL FERRARY
MÁLAGA Los vecinos de los antiguos barrios de pescadores de El Palo y Pedregalejo dieron ayer un paso de gigante para legalizar su situación urbanística, que tiene todos los avales de históricos, de tradición y de uso, pero a los que sólo falta la confirmación formal. Sin embargo, el acuerdo alcanzado ayer no es el final del camino. Más bien es el principio de todo. Tras 20 años sin dar con la tecla, parece que todas las partes se han puesto de acuerdo para ir a la par.

1. Historia

Las antiguas zonas de pescadores de El Palo y Pedregalejo, hoy situadas en el paseo marítimo, viven en una situación de alegalidad desde 1988, cuando la Ley de Costas estableció el límite de dominio público marítimo-terrestre en 100 metros. Esto suponía dejar en el limbo legal las cerca de mil viviendas que, desde hace más de un siglo, ocupan la ribera del litoral Este. Desde entonces, sus vecinos han vivido en la incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas. La ley es taxativa, las promesas de los políticos fueron innumerables y las soluciones escasas.

2. El primer paso

La aceptación de la Demarcación de Costas de que el PGOU de Málaga califique el suelo de estos barrios marineros como suelo urbanizable con viviendas consideradas como colonia tradicional popular, abre la puerta a una solución definitiva. Con este paso, hay un reconocimiento oficial por parte de las administraciones de la existencia de estas viviendas y de que gozan de unos derechos adquiridos por el uso, muy anterior a la ley.

3. Dudas

Este acuerdo viene a abrir el camino a un pacto definitivo plasmado en documentos oficiales. Sin embargo, queda un largo proceso. Aunque se reconozcan esos derechos, Costas debe concretar un complejo proceso de deslinde que permita a los vecinos acceder a la propiedad sobre sus viviendas, que todavía se asientan sobre suelo público. Eso se llevará un tiempo largo, en el que no podrán realizar obras importantes, aunque sí el mantenimiento de las viviendas. Por otro lado, queda por ver si los vecinos tendrán que compensar económicamente (y en qué cantidad) al Estado por la pérdida de ese espacio público.

Las casas de El Palo inician el camino para su legalización (La Opinión)

Costas informa favorablemente sobre la situación de las viviendas y les restituye su condición de suelo urbanizable y colonia tradicional. Las instituciones se comprometen a colaborar en la negociación con el Estado


El subdelegado del Gobierno, flanqueado por el alcalde y, en último término, por Josefa López, discute con los afectados. G. Torres
El subdelegado del Gobierno, flanqueado por el alcalde y, en último término, por Josefa López, discute con los afectados. G. Torres

LUCAS MARTÍN. MÁLAGA Después de veinte años de incertidumbre y controversia, la situación de las casas de El Palo, pendientes de regulación desde 1989, parece encaminada a una solución. La Demarcación de Costas, en una reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno con los representantes de las tres administraciones públicas y de los vecinos, decidió ayer informar favorablemente sobre las viviendas y restituirles la condición de suelo urbanizable y colonia tradicional, lo que las devuelve, de manera automática, a la legalidad en el ordenamiento urbanístico de la región.

Según expresaron la mayoría de los participantes en el encuentro, la medida no zanja definitivamente el conflicto, pero sienta las bases de la negociación con el Gobierno, que se presenta, en palabras del subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, "compleja y delicada". El objetivo es obtener las escrituras de propiedad de las casas, construidas con anterioridad a la aprobación del marco legal, que prescribe la prohibición de edificar en los cien metros inmediatamente posteriores a la orilla.

A este respecto, López Luna quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los residentes, alrededor de un millar, y se comprometió a impulsar "las gestiones que hagan falta" para acelerar el proceso, que plantea, entre sus posibles soluciones, la reducción de la zona protegida. El subdelegado aseveró que las viviendas "no serán jamás demolidas" y garantizó que, mientras la tramitación siga su curso, se aprobarán las medidas pertinentes para asegurar la continuidad de las casas.

Las asociaciones de vecinos mostraron también su satisfacción. Adolfo García, de la agrupación Unidad, y Manuel Barragán, de Rebalaje, coincidieron en reseñar la importancia de haber logrado sentar en la misma mesa a todas las partes. Un gesto que, de acuerdo con la totalidad de los representantes, se repetirá cada trimestre hasta que se promulgue la esperada solución.

El alcalde, Francisco de la Torre, recordó que la medida adoptada ayer responde a la propuesta del Consistorio y valoró sus consecuencias legales, que harán que las viviendas, distribuidas en los barrios de El Palo, Las Acacias, Pedregalejo, La Araña, Playa Virginia y el Dedo, "no se queden fuera del PGOU". No obstante, urgió a la administración estatal a iniciar el cacareado deslinde "cuanto antes". "Me voy satisfecho pero con la inquietud de que esto avanza paso a paso", añadió.

La polémica sobre la situación de las viviendas se recrudeció a partir de la aprobación de la ley de Costas, que tropezó con una realidad antitética a sus imperativos, pero consolidada en el terreno. La resolución estriba en la constitución de las escrituras de las propiedades, que, según la normativa, se erigen en suelo protegido y público.

El fondo de los convenios urbanísticos mermó en un millón tras pagarse las nóminas. Estepona (SUR)

La cantidad coincide con la cifra que se necesitó para abonar parte de los sueldos de los trabajadores de las empresas
20.11.2009 -
MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO
ESTEPONA

El fondo de los convenios urbanísticos mermó en un millón tras pagarse las nóminas
Los trabajadores celebraron ayer una asamblea para decidir sus movilizaciones. /SUR
El Ayuntamiento de Estepona tenía un saldo de 22 millones de euros procedentes de convenios urbanísticos a principios de noviembre. En la actualidad, esta cifra es de sólo 21 millones, según ha podido comprobar este periódico. Se da la circunstancia de que esta merma se produce justo después de que se diera la orden de pago de las nóminas de octubre de los 800 trabajadores de las empresas municipales. Fuentes municipales, sostienen que el Ayuntamiento dispuso de poco más de este millón de euros, procedente del convenio urbanístico firmado con la Casa Real saudí, para hacer frente a los emolumentos de parte de la plantilla municipal.
El alcalde de Estepona, David Valadez, remitió la semana pasada un decreto al tesorero municipal para que liberara dinero -según el relato de fuentes del Ayuntamiento- procedente del convenio saudí y de otro acuerdo urbanístico. El funcionario tuvo que advertir al primer edil de que no se podía disponer de los fondos de este último. La legislación vigente establece que este dinero procedentes de convenios tiene que estar destinado para el patrimonio municipal del suelo, y no puede dedicarse a gastos corrientes. Según ha podido saber este periódico, el asunto será remitido a la Fiscalía Anticorrupción.
Sin respuesta
El Consistorio tenía previsto destinar el dinero del convenio firmado con la realeza saudí (que reportará un total de ocho millones) a obras y a la compra de suelo para vivienda protegida, según se anunció el pasado junio tras la firma de una adenda del convenio. Con todo, el alcalde de Estepona, David Valadez, se ha negado desde el pasado viernes a aclarar la procedencia del dinero que permitió pagar los sueldos de las empresas públicas; si bien reiteró que se produjo «conforme a la legalidad».
Valadez anunció cuando dio a conocer hace una semana las dificultades para retribuir a sus trabajadores, que las arcas municipales tienen más de 20 millones de euros procedentes del urbanismo, «que no se podrán usar para el pago de nóminas». A lo que añadió: «Se me puede exigir que haga todas las gestiones necesarias, pero no que incurra en una ilegalidad porque no lo voy a hacer bajo ningún concepto».
En poco más de una semana el Ayuntamiento tendrá que volver a enfrentarse otra vez al pago de los más de 3,8 millones de euros que supone la plantilla de 1.300 trabajadores. Además, de las cuantías procedentes de los convenios urbanísticos rubricados por el Consistorio, las arcas municipales disponen de otros fondos, que están destinados a las subvenciones concedidas por las administraciones regional y estatal para los proyectos sufragados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y el plan Proteja, respectivamente.
Este mes, el Ayuntamiento se retrasó dos semanas en el pago de los salarios. Pero los problemas surgieron antes. En febrero tuvo que pedir para las nóminas un adelanto del Patronato de Recaudación. Este dinero se agotó. En marzo, recurrió a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), casi un millón de euros. Y en mayo, pagó a cargo del Fondo de Nivelación de la Junta de Andalucía.

La Junta abona 1,68 millones por las expropiaciones para las 'tecnocasas' (SUR)

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio abonó ayer, cumpliendo con el calendario de pagos comprometido, 1,68 millones de euros por la expropiación de suelo en el Centro Histórico con destino a la construcción de 'tecnocasas' y viviendas protegidas en esta área de rehabilitación concertada de la capital, impulsada por la Junta.
El gerente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en Málaga, Cristóbal Fernández, entregó, junto al concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital, Manuel Díaz, una nueva remesa de cheques expedidos por el Gobierno andaluz, cuyo importe global asciende a 1,68 millones de euros, correspondientes a la expropiación de seis fincas.
Estas se encuentran en las calles Cobertizo del Conde -tres solares- y Rosal Blanco -dos- y en Pasaje Meléndez. Esta cuantía se suma al medio millón que el Gobierno andaluz abonó en octubre para adquirir mediante expropiación otros cuatro solares.

Segundo visto bueno al plan para oficinas y aparcamientos en el puerto (SUR)

El Ayuntamiento dio ayer luz verde por segunda vez a los últimos cambios en el plan urbanístico del puerto que, entre otras cuestiones, contempla la realización de edificios de oficinas en el muelle de Heredia, nuevas áreas de aparcamiento y el soterramiento del tráfico para conectar peatonalmente la plaza de la Marina con la entrada principal al recinto.
Según el Consistorio, esta aprobación provisional de los cambios -queda una tercera que será la definitiva- se produce pese a no contar con un informe vinculante de Fomento sobre el trazado del ferrocarril.

La Junta acusa al Ayuntamiento de encarecer el proyecto de parque en Arraijanal (SUR)

La delegada del Gobierno andaluz señala que la postura municipal obliga a tomar el camino «más largo y dificultoso»
20.11.2009 -
JESÚS HINOJOSA
MÁLAGA

A la Junta de Andalucía le ha caído como jarro de agua fría la decisión del Ayuntamiento de no colaborar con ella en la obtención de los terrenos para realizar un parque metropolitano en la parcela de Arraijanal. Como ayer adelantó este periódico, la intención del equipo de gobierno municipal es calificar en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los terrenos de tal forma que su adquisición no pueda efectuarse mediante una compensación con la construcción de viviendas en otros puntos de la ciudad. La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, calificó ayer de «sorpresa negativa» esta postura y agregó que supone «dar un portazo» a la búsqueda de opciones con las que facilitar la realización del parque.
«El Ayuntamiento nos aboca a desarrollar este proyecto por el camino más dificultoso, ya que nos obliga a emprender un proceso de expropiación que perjudica no sólo a los propietarios de los terrenos, sino también a todos los malagueños, porque posiblemente será un camino largo y litigioso, como suelen ser las expropiaciones», argumentó Gámez. Y es que la delegada reconoció que, de emprender una expropiación, lo más posible es que aparezcan diferencias entre los dueños de Arraijanal y la Junta sobre la valoración de los suelos que pueden terminar resolviéndose en los tribunales.
Según una subasta realizada en la zona por el Ministerio del Interior en 2005, el precio de los suelos podría alcanzar los 180 millones de euros. Sin embargo, desde la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio se ha asegurado que en ningún caso se llegaría a una cantidad tan elevada.
«Lo más grave es que, con esta postura, el Ayuntamiento se lo pone más difícil a los malagueños, porque hay que recordar que el dinero que tendrá que usar la Junta para adquirir los terrenos sale del bolsillo de los ciudadanos», manifestó María Gámez, quien confió en que esta decisión «no sea algo cerrado porque, al igual que nosotros pedimos la colaboración de la ciudad para este proyecto, el Ayuntamiento también nos reclama su ayuda para actuaciones que son puramente municipales, como la construcción del bulevar sobre el soterramiento del AVE», una medida con la que la Junta ha anunciado que va a colaborar.

Las casas de El Palo cosechan una victoria clave en el camino a su legalización (SUR)

El Ayuntamiento logra que las viviendas se mantengan dibujadas en el PGOU, pero el Gobierno central no pone plazos para su regularización Costas rectificará sus informes para que se califiquen como suelo urbano
20.11.2009 -
JESÚS HINOJOSA
MÁLAGA

Las casas de El Palo cosechan una victoria clave en el camino a su legalización
Las casas en primera línea de playa en El Palo están en dominio público porque el deslinde discurre por la avenida de Salvador Allende. En la zona central de Pedregalejo no se ha establecido aún deslinde alguno. / ANTONIO SALAS
Las casas situadas en primera línea de playa en El Palo, Pedregalejo y La Araña consiguieron ayer un punto a favor de su legalización, aunque no se concretó cuándo podrán los vecinos hacerse con las escrituras de sus viviendas. Tras la reunión celebrada la semana pasada en El Palo en la que, como adelantó este periódico (SUR 12/11/2009), el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, anunció que se iniciarían los trámites para conseguir un cambio en el deslinde de la zona marítimo-terrestre, la Administración central, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía mantuvieron ayer una reunión con los vecinos en la que se acordó que Costas rectificará los informes emitidos hasta la fecha para que las casas puedan mantenerse en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la calificación de suelo urbano.
«El informe que Costas hizo en su momento no es definitivo. Es cierto que en él se propone que las casas queden fuera de ordenación, pero por parte de Costas se va a retirar esta terminología. La preocupación del alcalde y los vecinos sobre estas cuestiones ha desaparecido», declaró López Luna al término del encuentro.
No obstante, a renglón seguido, reconoció que esto es sólo una medida «parcial». «Los vecinos quieren la legalización y obtener sus escrituras», dijo. Para ello, volvió a insistir en que iniciará los trámites para conseguir «si es que procede legalmente», la regularización de las casas con el cambio del deslinde, que desde los años sesenta discurre por la avenida de Salvador Allende, dejando a las viviendas en dominio público.
«Es un proceso largo, lleva mucho años, y nadie puede exigirnos que termine pronto, porque es complejo», añadió el subdelegado, que no supo dar plazos para que pueda culminarse el nuevo deslinde. Además, una vez cambiado, los suelos en que se levantan las casas quedan inicialmente en manos del Estado, por lo que los vecinos tendrán que abonar sus parcelas al Gobierno central para tener escritura.
Con todo, López Luna aseguró que, mientras se logra la legalización, los habitantes de esa franja del litoral «pueden estar tranquilos» porque no hay intención alguna del Gobierno de tocar las casas. «Pueden estar viviendo en ellas el tiempo que haga falta mientras no se consiga legalizarlas, no tienen nada que temer, pero tienen que ser conscientes de que será un proceso largo, difícil y complejo para el que deberán tener paciencia», recalcó el subdelegado, quien comentó que, según su experiencia, «es algo largo, pero no imposible».
Reuniones periódicas
Por su parte, el alcalde argumentó que el hecho de que en el PGOU puedan mantenerse las viviendas como suelo urbano es un elemento «tranquilizador que también puede servir para avanzar en el cambio del deslinde para que los vecinos puedan tener sus escrituras». De la Torre indicó que en la reunión se apuntó la posibilidad de mantener reuniones cada tres o cuatro meses para ver cómo va el proceso de legalización de las casas. «Tiene su complejidad pero tiene solución, porque la diferencia de hoy con el año 1969, cuando se hizo el deslinde en El Palo, es que hoy existen unas defensas y unos espigones que permiten tener las casas defendidas. Y, si no fuera suficiente, pues que se hagan más defensas. Soluciones técnicas hay si existe el deseo de resolverlo para que las casas sigan en pie», aclaró.
También estuvo presente en la reunión la delegada provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, quien informó de que la Junta no va a oponerse a que las casas se contemplen como suelo urbano consolidado en el PGOU siempre que el informe de la Demarcación de Costas vaya en ese sentido. «No vamos a tener inconveniente para que se puedan regularizar estas viviendas», dijo.
Esperanzados pero cautelosos salieron de la cita los vecinos. Adolfo García, de la asociación de Pedregalejo, valoró como muy positivo el acuerdo de las tres administraciones pero recordó que la legalización de las casas es algo que está pendiente desde que, en el año 1977, se plantearon los proyectos de ampliación de la playa. Además, precisó que queda por resolver el asunto de la concesión de licencias de obras, ya que todas necesitarían un informe de Costas.
Por su parte, Manuel Benavides, de la asociación paleña El Rebalaje, mostró su confianza en que «estas ganas no se pierdan y sigan en este camino. Nos hace falta esa complicidad política».