martes, 26 de octubre de 2010

Un parque de saldo (Málaga Hoy)

Junta y Gobierno acuerdan transformar el museo de 300 millones en el Benítez en una zona verde de 2 · El alcalde acepta levantar el litigio judicial sobre la parcela y ve "más creíble" esta idea

SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 26.10.2010 - 01:00
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Vista tomada ayer del antiguo Campamento Benítez, junto a la autovía.

Finales de diciembre del año 2005. Málaga asiste a una fotografía histórica. Todas las administraciones públicas, representadas por sus máximas autoridades, así como otros organismos públicos y agentes sociales y económicos, son testigos de la presentación del proyecto del Parque y el Museo Nacional del Transporte que el Ministerio de Fomento iba a impulsar en el Campamento Benítez. La instantánea da luz al compromiso del Gobierno central para dar uso ciudadano a uno de los enclaves más privilegiados y codiciados de la capital de la Costa del Sol, 28 hectáreas marcadas desde 1924 por la polémica.

El anuncio de la entonces responsable del ramo, Magdalena Álvarez, era claro: invertir hasta 300 millones de euros en un gran equipamiento que, según sus propias palabras, iba a convertirse "en el Picasso del Transporte". Pero este ambicioso proyecto se ha transformado en una copia barata de lo que se pretendía, rebajando las aspiraciones iniciales a un parque cuyo coste parece valorarse ahora, sin documento oficial encima de la mesa, en unos dos millones.

El último paso en esta campaña lo dio el domingo el ministro de Fomento, José Blanco, que cuando entró a sustituir a Álvarez se topó con una intervención en la que no parecía creer mucho. Y bien que lo demostró a las pocas semanas de tomar posesión, cuando paralizó cualquier avance en el proyecto alegando la existencia de litigio judicial por parte del Ayuntamiento que, desde hace años, reclama la reversión gratuita de la parcela.

A Blanco le ha venido como caída del cielo la propuesta, al parecer, de la delegada del Gobierno andaluz y candidata del PSOE a la Alcaldía de Málaga de hacer del Benítez un parque. "Me has convencido plenamente y vamos a hacer el parque del Campamento Benítez de acuerdo a tu proyecto, a tu propuesta", le dijo el pasado domingo en un acto del PSOE, olvidando que la idea primitiva ya incluía, al margen del museo, la construcción de un gran parque de más de 200.000 metros.

¿Pero ahora de qué parque se habla? ¿Qué pasa con el Museo del Transporte y los 300 millones que se anunciaron? Y, desde un punto de vista ético, ¿qué peso tienen los compromisos que asumen los gobernantes ante la ciudadanía? Porque, a día de hoy, Blanco sigue sin explicar qué horizonte tiene la apuesta de su antecesora.

Una incertidumbre que pesa incluso sobre el encargo que se hizo a la arquitecta Carme Pinos en el marco de un concurso internacional de ideas. Si bien es cierto que el Museo del Benítez aparece reflejado entre las actuaciones incluidas en la web de su estudio, desde el propio despacho se señala que en este momento el proyecto está parado, a la espera de saber qué decisión se toma con respecto al mismo, "si se hace o no se hace". Desde el Ministerio de Fomento, fuentes oficiales se limitaron a indicar que es un proyecto que "no ha sido desechado", aunque no precisaron calendario alguno para esa intervención.

En lo que respecta a la zona verde de la que habla Gámez sólo se conoce su disposición a suscribir un convenio con Fomento. "Las administraciones estamos para entendernos y para llegar a acuerdos", señalaba ayer en un escrito en el que se detalla la intención de actuar en la limpieza de los terrenos, la reforestación arbórea, el adecentamiento de caminos interiores y la instalación de zonas infantiles de juegos o equipamientos deportivos.

El tercer actor en esta ecuación es el alcalde, Francisco de la Torre, quien ayer se apropiaba la idea de destinar el Benítez a parque. El regidor, que ha mantenido estos años viva la reivindicación de la ciudad para recuperar unos terrenos que fueron cedidos en el año 1924 al entonces Ministerio de la Guerra, abre la vía ahora a renunciar a dicha demanda judicial en el momento en que Fomento licite la obra. Preguntado por el motivo que le lleva a tomar este camino, el regidor dijo: "Consideramos que es interesante la idea de sumar espacios verdes a la ciudad; no queremos que nadie pueda decir que el Ayuntamiento está poniendo un freno".

Una frase que no se le ha escuchado al alcalde anteriormente, ni cuando Magdalena Álvarez puso sobre la mesa su idea para el Benítez ni cuando Blanco paralizó cualquier avance en el proyecto por el litigio judicial.

Para De la Torre, la opción de abrir al uso ciudadano los terrenos del Benítez como parque "es una finalidad que parece más creíble de hacerse por la cuantía y porque el proyecto del Museo del Transporte estaba planteado en términos muy complicados respecto a la gestión", prueba de lo cual, añadió, "es que el Ministerio de Fomento ya lo considera inviable".

En el caso del regidor son numerosas las reflexiones en relación a la exigencia sobre la propiedad de la parcela. El 24 de mayo de 2004, fecha en la que se conoce que el Ayuntamiento recurre al Tribunal Supremo la cesión del Benítez, el alcalde del PP afirmó: "Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer; al final los tribunales nos darán la razón". Una afirmación que ahora el alcalde deja sólo como referencia del pasado.

El Ayuntamiento no construirá este año el 45% de las VPO comprometidas (La Opinión)

El IMV desiste de construir 1.649 viviendas, la mayoría por la Universidad, y dejará de invertir 15 millones de euros


Construcción de viviendas en Soliva.
Construcción de viviendas en Soliva. Arciniega

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga dejará de construir este año el 45% de las viviendas protegidas que tenía comprometidas. En cifras directas significa que de las 3.660 viviendas que el Ayuntamiento tenía previsto edificar este año, 1.649 no se harán.
La propuesta para paralizar la construcción de estas viviendas se llevará hoy a una reunión extraordinaria convocada por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y supone dejar sin efecto los 15.525.718 euros presupuestados para la construcción de estas viviendas. Este dinero que el IMV dejará de invertir este año en nuevas VPO supone el 55,4% del presupuesto total que el IMV tenía presupuestado para gastar en construcción de casas, que era de 28.012.263 euros.
En concreto son 19 promociones de las que se desiste este año y cuya construcción se pospone hasta el año que viene. La mayoría de ellas, nueve en concreto, corresponden a las 1.006 viviendas que hay previsto construir en el sector de Universidad. El resto corresponden a dos promociones en Morillas, que suman 149; otras dos promociones en Arrroyo del Cuarto, que suman 174 viviendas; también se quedan fuera dos promociones en El Retiro, con un total de 195 casas. El resto son 39 viviendas en calle Calvo, 32 en calle Jiménez, 40 en Villazo Bajo, y 14 en Nuestra Señora del Carmen, en Carlinda.

El PSOE se opone

El informe que los responsables del IMV presentarán a la reunión de hoy señala escuetamente que la situación de los expedientes correspondientes a cada una de estas promociones «no permite el inicio de las contrataciones de las obras en este año».
Dado que la mayor parte del coste de las obras iba a ser financiado con créditos, el IMV desiste d su utilización por lo que esos 15,5 millones pasan ahora a manos del Ayuntamiento para que este decida su uso más prioritario.
Con ello, además se libera al IMV de dicho endeudamiento ya que los créditos no estaban aún comprometidos, ni se habían formalizado.
Se trata simplemente de que los trámites han hecho imposible la construcción de casi la mitad de las viviendas comprometidas y en vista de ello el IMV decide liberarse del crédito que pasará ahora a manos del Ayuntamiento para disponer de él.
La reacción del PSOE no se ha hecho esperar. El portavoz en temas de vivienda del grupo municipal socialista, Rafael Granados, consideró «inadmisible que el IMV desiste de manera generalizada de lo que su objetivo fundamental, que es construir viviendas protegidas».
Granados señaló que la rebaja que se produce ahora se suma a la que ya se realizó al confeccionar los presupuestos de este año «que tienen una bajada de un 47,3% respecto al del 2009». Granados señaló la oposición del PSOE a esta medida pues el Ayuntamiento «debe de seguir construyendo VPO y mas aún en las circunstancias actuales donde hay mayor necesidad de este tipo de viviendas».

La empresa municipal de Vélez apuesta por la construcción de viviendas sostenibles (SUR)

La Empresa Municipal de la Vivienda de Vélez-Málaga (Emvipsa) ha firmado un convenio con la Agencia de Acreditación Sostenible para certificar la calidad ambiental de sus promociones de VPO por medio del sello de sostenibilidad Qsostenible. De este modo, Emvipsa se compromete a incorporar elementos y técnicas para construir sus viviendas conforme a criterios de disminución de impacto ambiental y ahorro energético.
La firma del convenio supondrá para Emvipsa un salto cualitativo y un refuerzo de su carácter social, al combinar la actividad de construcción de viviendas sociales con el empleo de técnicas y materiales que garanticen un menor impacto ambiental y un menor consumo energético, según ha explicado Marín. El objetivo es reducir en un 25 por ciento el consumo anual de agua y en 20 por ciento el consumo energético en las VPO que promueva el Ayuntamiento, lo que supondrá también contribuir a la mejora de la economía de las familias adjudicatarias.
La aplicación de medidas de sostenibilidad en la construcción no perjudicará la durabilidad ni aumentará el coste de las viviendas.
La certificación emitida por la Agencia de Acreditación Sostenible se basa en el estudio de parámetros como el empleo de materiales limpios y no perjudiciales para la salud ni para el entorno, la aplicación de técnicas de eco-construcción, el uso de energías limpias y la reducción del consumo energético.

Nuevo freno judicial a los pisos en Villa Fernanda (SUR)

El TSJA desestima un recurso de la propiedad contra la suspensión cautelar de los permisos del Ayuntamiento para construir las viviendas
26.10.2010 -
JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es
MÁLAGA.
Nuevo freno judicial a los pisos en Villa Fernanda
Los edificios y los jardines están catalogados por el PGOU. ::C. MORET
El polémico caso de la construcción de una veintena de viviendas en zonas no ajardinadas de Villa Fernanda, una de las fincas de la zona de El Limonar catalogada por el Ayuntamiento, continúa su devenir en los tribunales. La última novedad al respecto es un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Málaga, que rechaza un recurso presentado por los propietarios de la finca contra la resolución de este mismo tribunal que, en junio de 2009, dictó para la suspensión cautelar del estudio urbanístico que amparó la licencia de obras para las casas, concedida por silencio administrativo por el Ayuntamiento a finales de mayo de ese año. Esta suspensión fue solicitada en diciembre de 2008 por la comunidad de propietarios del edificio La Era, cercano a la finca.
En el fallo para rechazar el recurso de los dueños de Villa Fernanda, el TSJA expone que la demanda de estos vecinos está justificada porque resulta «sintomática» la forma en que se aprobó el plan urbanístico para los pisos, ya que fue por silencio administrativo, es decir, transcurrido el plazo reglamentario para ello sin un pronunciamiento expreso del Consistorio. Además, no acepta el argumento de la defensa de la promotora sobre la posible demora del procedimiento judicial, ya que afirma que de no suspenderse el estudio urbanístico podrían iniciarse las obras y destruirse «un entorno de alto nivel arquitectónico y paisajístico sin posibilidad de recuperación».
Fianza de 12 millones
Igualmente, el tribunal no acepta la petición de la empresa para que se constituya una fianza de 11,7 millones de euros por los daños y perjuicios que le puede causar la suspensión de los permisos urbanísticos durante varios años, hasta que el TSJA emita su sentencia sobre el caso.
Javier Such Martínez, de Gaona Abogados, que lleva la defensa de la citada comunidad de vecinos, destacó que el alto tribunal andaluz también aceptó el pasado mes de marzo otra demanda para suspender cautelarmente la licencia de obras, concedida también por silencio administrativo por el Ayuntamiento, igual que hizo con el plan que la ampara y que es anterior a su tramitación.
Por otro lado, Such indicó que a finales de este año comenzará la fase de pruebas de este proceso judicial. En ese sentido, avanzó que aportará al tribunal el argumento de que el Consistorio debería haber consultado a la Consejería de Cultura antes de tramitar los permisos urbanísticos para las viviendas en la finca. Esto en base a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007, que obliga a ello para cualquier edificio o lugar catalogado -Villa Fernanda lo está por el Ayuntamiento- aunque no esté inscrito en el Inventario de Bienes del Patrimonio Andaluz.

Un ejemplo a imitar (SUR)

El tejido social valora la colaboración institucional para convertir los terrenos del Campamento Benítez en un parque de uso ciudadano
26.10.2010 -
ANTONIO M. ROMERO aromero@diariosur.es
MÁLAGA.
Un ejemplo a imitar
El campamento tiene una extensión de 28 hectáreas. :: SALVADOR SALAS
Más allá de las felicitaciones y los parabienes por el hecho de que los hoy abandonados terrenos del Campamento Benítez se convertirán en el futuro gran parque metropolitano de Málaga, el tejido social de la ciudad se ha congratulado por el espíritu de colaboración institucional que han manifestado las tres administraciones involucradas en este proyecto: el Ayuntamiento de la capital -con su disposición a retirar el recurso judicial sobre la propiedad de los terrenos y a hacer el proyecto técnico del parque-; la Junta de Andalucía -manifestando su voluntad de cofinanciar la iniciativa-, y la buena predisposición del actual dueño de los terrenos, el Gobierno central, a través del Ministerio de Fomento.
Los responsables de sindicatos, empresarios, vecinos y colegios profesionales consultados ayer por este periódico valoraron la buena disposición mostrada por las instituciones para hacer realidad una demanda ciudadana y coincidieron en reclamar que este ejemplo debe imitarse para sacar del bloqueo otros proyectos de la ciudad. Lo resumió el secretario general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara: «Es una postura inteligente de las administraciones no perder un proyecto por las rivalidades institucionales y trabajar conjuntamente como hemos reclamado siempre los empresarios. El consenso debe ser la senda para desbloquear otros proyectos de Málaga que duermen el sueño de los justos como son la rehabilitación de los Baños del Carmen o el megahospital».
Una tesis en la que incidió el presidente de la Federación de Vecinos Unidad, Ramón Carlos Morales, quien sostuvo que el avance de la ciudad debe ir de la mano del consenso y la cooperación entre administraciones, a las que invitó a seguir el ejemplo de colaboración de las universidades de Málaga y Sevilla que, con un proyecto conjunto bautizado como 'Andalucía Tech', han conseguido entrar en la élite universitaria como campus de excelencia.
Desde el mundo sindical, CC OO y UGT incidieron en que las administraciones, a pesar de que sean de distinto color político, deben abandonar la política de trincheras y remar todos en la misma dirección. «Cuando las instituciones dejan de guerrear y se ponen a trabajar juntos, la ciudad gana», subrayó el secretario general ugetista, Manuel Ferrer. Su homólogo de comisiones, Antonio Herrera, añadió: «Nos alegramos que la ciudad tenga un pulmón verde en el Benítez y que las administraciones antepongan los intereses generales a los partidarios».
«Me parece la solución perfecta que el Benítez se convierta en un parque y vuelva a los malagueños. No podía ser que este terreno llevase tantos años (quince, desde que dejó de tener uno militar) empantanado», afirmó el presidente de la Federación de Vecinos Civilis, Antonio Fuentes.
Mejorar el transporte público
El decano del Colegio de Arquitectos, Antonio Vargas, también mostró su satisfacción por la postura «inteligente» de las tres instituciones para que la ciudad cuente con su particular Retiro e hizo dos reclamaciones. De un lado instó a las administraciones a mejorar el acceso por transporte público (autobuses urbanos e interurbanos y ferrocarril) y a través de carril-bici. De otro, abogó por la convocatoria de un concurso público para elaborar el proyecto de actuación en el antiguo recinto militar y por la participación en él de los ciudadanos.
El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, insistió en que retirará el recurso judicial en el que el Ayuntamiento reclama la titularidad de estos terrenos cuando el proyecto del parque se publique en el BOE y consideró «más creíble» que esa zona se convierta en un espacio verde de uso ciudadano en lugar que destinarse al Museo del Transporte. Este equipamiento fue una de las apuestas de Magdalena Álvarez cuando estuvo al frente de Fomento y que no ha avanzado nada en el último lustro.
María Gámez, delegada de la Junta en la provincia, expresó su «satisfacción» por el compromiso del ministro José Blanco para hacer el parque y anunció que espera agilizar los trámites para firmar un convenio de colaboración entre las administraciones para que lo que hoy son buenas voluntades se convierta en una realidad en el menor tiempo posible.
En esa línea, el coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, exigió a las instituciones que más allá de las promesas firmen un convenio con financiación para hacer el parque y recordó que su grupo ha presentado una proposición en el Parlamento andaluz reclamando la cesión gratuita de los terrenos a Málaga y que se destinen a zona verde.