jueves, 11 de junio de 2009

El PGOU recibe 400 alegaciones, la mayoría por el campo de fútbol. Antequera (Málaga Hoy)

IU, la Plataforma Antequera Habitable y particulares han liderado las reclamaciones


El plazo de presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana de Antequera (PGOU) concluyó con un total de 400 reclamaciones de IU, la Plataforma Antequera Habitable y algunos particulares. El alcalde, Ricardo Millán, considera que "no se ha producido una contestación social mayoritaria como se afirmó desde IU, ya que las cifras demuestran que existe apoyo político y social". De las alegaciones, 350 se referían a que el campo de fútbol de tierra perdiera la calificación de suelo residencial y se quedara tan sólo como terciario y deportivo. El Ayuntamiento va a proceder en breve a la instalación de césped artificial en dicho equipamiento y lo único que contempla es la posibilidad de transformar la zona que no ocupa el campo en un paseo comercial.

El Consistorio estudia expropiar el suelo del museo del Císter (Málaga Hoy)

La permanencia en Málaga de los fondos la garantiza un convenio firmado en 2004




Un mandato de la madre presidenta de la Orden del Císter obligaba, el pasado martes, a desmantelar el convento que llevaba vinculado a la ciudad desde 1604. Sillas, consolas, sagrarios, cuadros e imágenes fueron embalados y trasladados a Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, en dos camiones de mudanza. Los fondos del Museo de Arte Sacro Cisterciense no corren peligro,

ya que el Ayuntamiento firmó en 2004 un convenio con la Abadía de Santa Ana. Lo que no está tan claro es el futuro del espacio físico que lo alberga actualmente. Por ello, el Consistorio va a estudiar la posibilidad de expropiar el suelo sobre el que se construyó el museo del convento del Císter con el objetivo de consolidar la actividad del centro expositivo.

Fuentes municipales recordaron ayer en un comunicado que el Ayuntamiento realizó una aportación de 1,1 millones de euros para las obras del museo, que tras un intenso proceso de musealización, volvió a abrir sus puertas en 2007. Asimismo, el Ayuntamiento anunció ayer que no renuncia a la expropiación de todo el conjunto, incluyendo también las dependencias del convento, que en breve se quedará vacío.

El convenio que se firmó en 2004 a través de la empresa municipal Promálaga establecía que ésta finalizaría las obras del Museo de Arte Sacro de la Abadía Cisterciense de Santa Ana, donde se exponen todos los fondos que en ese momento se encontraban en las dependencias del convento, aunque recogía que en el caso de que la comunidad se trasladara las obras permanecerían en Málaga, bajo la tutela del Ayuntamiento. La pinacoteca contiene, entre otras muchas obras de arte, dos bustos de Ecce-Homo (1675) yDolorosa (1676) realizados por el escultor Pedro de Mena.

La Fiscalía detecta irregularidades en las contrataciones de Alozaina (Málaga Hoy)

Según la denuncia del ex alcalde Francisco Guzmán, el Consistorio habría realizado contratos supuestamente fraudulentos




La Fiscalía de Málaga ha remitido al Juzgado Decano de la capital la denuncia presentada por el ex alcalde de la localidad malagueña de Alozaina Francisco Guzmán (PSOE), tras detectar presuntas irregularidades en contrataciones por parte del Ayuntamiento, según informaron a Europa Press fuentes fiscales, quienes apuntaron que un juzgado se hará cargo de las investigaciones.

En el escrito presentado en abril se indicaba que las presuntas irregularidades consistirían en que desde el Consistorio se habrían hecho en 2008 contratos supuestamente fraudulentos a trabajadores eventuales del régimen especial agrario, según explicaron fuentes del caso, quienes precisaron que el Área de Personal, que entonces llevaba el actual alcalde, Antonio Pérez, era la que se encargaba de tramitar lo relacionado con obras y contrataciones.

Tras ponerse estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, este órgano abrió diligencias de investigación y solicitó determinados documentos al Ayuntamiento. Las fuentes fiscales señalaron que toda la información se ha remitido al juzgado para que siga la investigación, ya que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito, posiblemente contra la administración pública por supuesto fraude.

El ex alcalde, que tuvo que dejar la Alcaldía tras presentarle una moción de censura su propio partido, inició un expediente informativo interno respecto a estos hechos, según indicaron fuentes del caso. Aseguraron que las conclusiones, junto con un informe jurídico, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía para que se determinara si podrían los hechos ser constitutivos de delito.

El pleno del Ayuntamiento de Alozaina nombró el pasado día 6 de abril alcalde a Pérez, hasta ese momento teniente alcalde, en sustitución de Guzmán, después de que saliera adelante la moción de censura presentada por seis de los siete concejales que conforman el equipo de gobierno del PSOE. Tanto Guzmán como los cuatro concejales de IU votaron en contra de la moción.

En un comunicado, el actual alcalde quiso dejar claro, cuando se abrieron las diligencias en Fiscalía, que "la responsabilidad máxima y directa sobre personal, contrataciones y pagos de seguros sociales correspondía en el momento de los supuestos hechos denunciados al anterior alcalde, Francisco Guzmán". "Ningún concejal socialista tenía delegaciones ni estaba legitimado para realizar ninguna contratación directa o mediante algún tipo de programa", apuntó.

"Guzmán es responsable de todos los actos administrativos que se han llevado a cabo estos dos últimos años", indicaba Pérez en la nota, en la que aseguraba que "en ningún caso" él ha firmado documento alguno de contratación porque "no tenía las competencias delegadas o notificadas en materia laboral, que se reservan al alcalde en última instancia".

Costas endurece las exigencias para autorizar los espeteros y las terrazas (Málaga Hoy)

Dice que no dará permisos "de manera indiscriminada y sin saber lo que se quiere instalar" · Los empresarios creen que se quiere limitar el permiso sólo a verano


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Espetero de un chiringuito de la playa de La Misericordia, en el Paseo Marítimo Antonio Banderas.



El annus horribilis por el que atraviesa el sector de chiringuitos de la provincia de Málaga podría empeorar aún más. A las sombras que se ciernen sobre la continuidad o no de estos establecimientos en las playas se suma la intención de la Demarcación de Costas de aumentar el control y las exigencias sobre los espeteros y las terrazas que sirven de complemento a estos establecimientos, dado que en muchos casos se superan las superficies legalmente establecidas y tienen usos indebidos.

La cuestión fue puesta sobre la mesa ayer por la concejala de Playas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas en Málaga, Miguel Arrabal, que coincidieron en señalar que la propuesta sobre la que trabaja el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente pasa por limitar las autorizaciones de estas actividades para los meses de verano (15 de junio-15 de octubre). El resto del año, según Arrabal, los empresarios no podrían disponer de los mismos.

Este extremo no fue confirmado por el responsable de Costas en Málaga, Francisco Hermoso, quien señaló que será el próximo lunes, en una reunión con el Consistorio y los empresarios, cuando se analice el tema. "Hay que ver lo que se puede autorizar y ver si se ajusta o no a lo que marca la ley", comentó, aunque insistió en que este tipo de instalaciones "tienen que ser desmontables y con una finalidad determinada, no para usarla como almacén".

"No nos cerramos a nada", apostilló. Sin embargo, fue claro al indicar que no se permitirá "de manera discriminada y sin tener claro lo que se quiere instalar". Asimismo, señaló que la existencia de una concesión para un chiringuito no puede dar pie a "montar lo que se quiera alrededor del mismo". "Vamos a ver el periodo por el que se solicitan las autorizaciones y las características de las instalaciones. Tenemos que tener un criterio común para toda la provincia", añadió. Entre las condiciones que marca este departamento, según pudo saber este periódico, está que los espeteros sean desmontables, "no autorizándose elementos de cimentación rígida". "No se permite la ejecución de pavimentos rígidos sobre la arena, las barras o cierres laterales entre postes y otros elementos ajenos a dicha instalación, acopios de cajas, enseres o leña en el entorno de las instalaciones", apostilla el documento al que ha tenido acceso este periódico.

La postura del organismo estatal no parece contar de inicio con el respaldo ni del Consistorio ni del sector, que incluso apunta la posibilidad de movilizaciones. "Si no se soluciona, tendremos guerra", aseguró Arrabal. Una primera cita en esta línea de acción podría producirse el 22 de junio, coincidiendo con la celebración del día del espeto, que reunirá en la playa de la Misericordia a los profesionales del sector de toda la provincia.

El modelo de espetero ha de ajustarse a una superficie máxima de 20 metros cuadrados. En este espacio se incluye un chambao de entre 9 y 12 metros, donde se puede implantar un mueble para la leña y un frigorífico, y la zona donde se coloca la barca para hacer los espetos.

Porras calificó de "despropósito total" la postura de Costas y recordó que el Ayuntamiento ha alegado. "Hay algo por debajo que el Ministerio de Medio Ambiente no dice. Parece que han llegado a acuerdos con otras comunidades porque el guirigay que se está montando no tiene sentido", denunció, al tiempo que subrayó que muchas familias acuden a la costa andaluza para tomar espetos y estar en la playa. Asimismo, precisó que el Ayuntamiento en ningún caso quitará estas instalaciones. "Nosotros no vamos a hacerlo, si quieren, que lo hagan ellos", sentenció.

El Ayuntamiento estudia expropiar el suelo del Císter (La Opinión)

Aunque la permanencia del museo en la capital está asegurada gracias a un convenio, el Consistorio quiere garantizar que continúe en el lugar actual

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga estudia expropiar el suelo sobre el que se construyó el Museo de Arte Sacro, en la calle Císter, con el objetivo de consolidar la actividad del centro expositivo, tras abandonar las monjas la abadía de Santa Ana ante la falta de vocación, según un portavoz de la alcaldía. Aunque la permanencia de los fondos del museo está asegurada gracias a un convenio firmado en 2004, lo que se pretende conseguir con la posible expropiación del suelo es que el museo siga en su ubicación actual.
El Consistorio aportó 1,1 millones de euros para las obras del museo y estudiará llevar a cabo la expropiación del suelo sobre el que se construyó el mismo. Incluso no renuncia a estudiar la expropiación de todo el conjunto, incluyendo también las dependencias del convento.
A través de la empresa municipal Promálaga, el Ayuntamiento firmó en 2004 un convenio de colaboración con la abadía cisterciense de Santa Ana para la adecuación como espacio museístico de determinadas dependencias del monasterio.
El convenio establecía que Promálaga finalizaría las obras del Museo de Arte Sacro, donde se exponen todos los fondos que en ese momento se encontraban en las dependencias del monasterio. Igualmente, la orden cisterciense se comprometía a que en caso de ser trasladada a otra ciudad, los fondos artísticos permanecerían en Málaga, bajo la tutela del Ayuntamiento, para que fueran expuestos al público.
Junto a una selección de pintura y escultura de los siglos XV y XVIII, el museo muestra un conjunto de documentos escritos e iconográficos que forman parte de la identidad de la orden del Císter.

´Los políticos están jugando al ping pong con los chiringuitos´

Los empresarios de playa de Málaga califican de "lamentable" el debate del pasado martes en el Congreso. "Llevamos tres meses esperando", señalan

L. MARTÍN. MÁLAGA Después de casi un trimestre de negociación, el problema de los chiringuitos continúa sin avanzar, o al menos, eso es lo que perciben los empresarios del sector, que empiezan a estar hartos del comportamiento de los políticos. Sobre todo, a raíz del desencuentro del pasado martes en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno rechazó una proposición de ley del PP en la que se exigía la renovación de las licencias de apertura y la supresión de los desalojos.
Fue en la misma sesión en la que los populares se negaron a condescender con la posibilidad de crear una mesa de negociación con todos los agentes implicados. Miguel Arrabal, responsable del colectivo en Málaga, no hace distingos y acusa a ambas formaciones de "jugar al ping pong" con los intereses del gremio. En declaraciones a este periódico, calificó de "lamentable" la actuación de los políticos durante la comparecencia del martes y aseguró no entender el enquistamiento de una demanda que cuenta, en teoría, con el aval de las dos fuerzas mayoritarias.
Para Arrabal, el debate en la cámara se resolvió con un nuevo aplazamiento de una reivindicación que, según dice, pesa demasiado a los empresarios y trabajadores, que continúan sin saber a qué requisitos atenerse para afrontar el futuro. El portavoz de los chiringuitos se quejó también de la falta de resolución de la Junta de Andalucía, que prometió la constitución de una mesa de negociación. "Y llevamos más de tres meses esperando".
El presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Málaga aseveró que el sector atraviesa en la actualidad una situación insostenible. Tanto los empresarios como los trabajadores, precisó, prosiguen en la incertidumbre, lo que impide el funcionamiento de sus locales.
Además, se refirió al peso de las sanciones interpuestas durante el pasado año por ocupar la arena, que afectan al setenta por ciento de los establecimientos. Según Arrabal, se trata de expedientes abiertos por operar en la playa que reclaman una cantidad que oscila entre los 30.000 y los 60.000 euros por cada uno de ellos. "Creíamos que los iban a parar, pero siguen su curso, lo que puede ser letal para nosotros, sobre todo si este año también nos abren otros".
El colectivo reprocha a las administraciones su doble rasero, ya que, de un lado, reciben las multas de Costas, y del otro, abonan sus impuestos a los ayuntamientos por operar en espacio público, denunció Arrabal. Los empresarios no descartan movilizaciones.
Por otro lado, el PP arremetió ayer contra el PSOE por votar en contra de su proposición en el Congreso y achacó a los socialistas el empleo de un discurso "contradictorio".

Costas quiere que los espeteros no estén en la playa todo el año (La Opinión)

La Demarcación regulará las instalaciones y las terrazas de los bares, que deberán ser desmontables. "En ningún momento nos hemos planteado eliminarlos", asegura el jefe

LUCAS MARTÍN. MÁLAGA La Demarcación de Costas, administración dependiente de Medio Ambiente, pretende regular este verano la instalación de espeteros y terrazas en las playas, utillajes que, según la ley, no pueden permanecer en la arena durante todo el año.
Según señaló a este periódico el jefe de la institución en Málaga, Francisco Javier Hermoso, la administración se reunirá el próximo lunes con los empresarios y el Ayuntamiento de Málaga para abordar las características que deben reunir este tipo de instalaciones, que, hasta ahora, precisó, estaban al margen de la normativa. La intención de Costas es garantizar la legalidad de los elementos que ocupan la playa y definir sus dimensiones y funcionamiento, algo que, insistió, dista mucho de la posibilidad de erradicarlos de la orilla.
Hermoso incidió en que Costas "no pretende ni nunca ha pretendido" acabar con los espetos y con las terrazas de verano como denunció la concejal de Playas, Teresa Porras, a primera hora del día. El responsable en la provincia de la institución no quiso profundizar en la polémica, pero aclaró que sus planes no incluyen la supresión de las instalaciones, sino simplemente su adecuación a la ley.
En este sentido, anunció que en la reunión se analizarán las propuestas de los empresarios de playa, a cuyo responsable en Málaga, Miguel Arrabal, elogió por su capacidad negociadora y su voluntad de entendimiento. En cuanto a la fórmula legal a la que se acogerán los espeteros, Hermoso manifestó su predisposición a buscar un acuerdo, aunque advirtió de que la legislación prevé el uso de estructuras móviles como requisito irrenunciable.
Una exigencia que hará que los establecimientos no funcionen durante todo el año, lo que no significa que restrinjan su actividad exclusivamente al verano. "A partir de ahí se negociará con cada ayuntamiento para que todas las instalaciones se rijan por lo mismo".
Las declaraciones del responsable de Costas se produjeron después de que la edil de Playas atribuyera al organismo la intención de no autorizar las terrazas ni los espeteros durante el próximo verano, extremo que apoyó en la lectura de una carta remitida por la institución al Ayuntamiento.
De acuerdo con la misiva, el Consistorio debía afrontar la retirada de las estructuras en las que se apoyan los espeteros. Unas instalaciones que, señala Teresa Porras, contaron con la aprobación y supervisión de la propia Administración central. "Quieren que se quite la plancha de hormigón y toda la infraestructura limpia que se hizo para que pudiesen trabajar. Dicen que no pueden estar en la playa", resaltó.
El contenido de la carta también fue observado con fastidio por el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, que interpretó las intenciones de Costas como un ataque directo a los intereses del sector. El representante gremial recordó, además, que las actuales estructuras se sustentan en unas barcas colocadas en su día con afán de continuidad. "Así se acordó con la demarcación y además se dijo que eran intocables porque son una seña de identidad", puntualizó.
Costas quiso dejar claro su desacuerdo con este tipo de lecturas y enfatizó que los espetos no desaparecerán de las playas. "Se trata de procurarles un marco unitario, no de eliminarnos", sentenció Hermoso.
Ambas instituciones están obligadas a llegar a un acuerdo de cara a la intensificación de la tempora alta y la irrupción masiva de turistas. La negociación arrancará el lunes y la premisa es la utilización de instalaciones plegables, establecidas para realizar con éxito su cometido y poder retirarse en épocas no autorizadas. "No vamos a prohibir que se hagan espetos, eso está claro", apostilló Hermoso.
En principio, la negociación se antoja tensa, especialmente en la capital, donde la regulación de la actividad se percibe como otro frente de disconformidad con la política reguladora de la Administración, que en los últimos meses ha redoblado su campaña para lograr que las playas se ajusten a la ley de Costas, que lleva vigente desde 1991.

Imputan a Bolín un presunto delito de prevaricación. Benalmádena (La Opinión)

Una magistrada del juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos ha imputado al ex alcalde de Benalmádena Enrique Bolín de un presunto delito de prevaricación por anular la liquidación de una plusvalía de 1.500 euros en favor del entonces concejal de Hacienda José Nieto que había vendido su casa hace 12 años, a pesar de los informes en contra de la Intervención y de la Secretaría municipal.
Así lo explicó ayer el ex alcalde socialista de Benalmádena Javier Carnero, que el 31 de marzo puso una denuncia contra Enrique Bolín por un delito de prevaricación. Carnero denunció ayer, incluso, que el actual alcalde de Benalmádena, Enrique Moya, ordenó al gabinete jurídico del Ayuntamiento que no se personase en la causa penal, aún siendo solicitado por el propio juzgado.
Según el PSOE, Bolín insiste en que el pago del impuesto está bien anulado y José Nieto argumenta que en su día firmó ante notario que el pago de la plusvalía correspondería al comprador, que habría firmado dichos términos de común acuerdo a través de un contrato privado de compraventa.

El PGOU de Antequera recibe 400 alegaciones (La Opinión)

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Antequera ha recibido unas 400 alegaciones durante el periodo que ha permanecido en exposición pública, tras ser aprobado en su fase provisional, según detalló ayer el alcalde de la ciudad del Torcal, Ricardo Millán.
Las alegaciones giran principalmente en torno a tres cuestiones. El principal bloque de reclamaciones, unas 350, resalta la necesidad de no eliminar el uso deportivo del antiguo campo de fútbol de tierra; en un segundo bloque, 35 vecinos se han manifestado en contra de la futura Ciudad de Innovación Tecnológica Agroalimentaria (CITA); y por último, el resto de las alegaciones rechazan el cambio de tipología de una franja de terreno situada en el Ensanche de la Verónica, que ha pasado de sectorizada a no sectorizada.
"Unas 400 alegaciones sobre una población de 45.000 habitantes no es manifestarse de forma masiva en contra del plan. Más bien todo lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta que el primer bloque de las alegaciones recoge una de las cuestiones que se van a tener en cuenta", detalló el alcalde Ricardo Millán, quien recalcó que el único partido político que ha presentado alegaciones en contra del documento ha sido Izquierda Unida.
A partir de aquí, desde el Ayuntamiento de Antequera se dará respuesta a cada una de las alegaciones, incluyéndose aquellas "que se consideren de viabilidad por su argumentación".
Deuda. Por otra parte, el concejal de Hacienda, José Luis Ruiz, dio a conocer la liquidación del presupuesto de 2008. A fecha de hoy, el ente local recoge una deuda de unos 16 millones de euros. De esta cantidad, 2,2 millones corresponden a facturas sin consignación y el resto de la deuda, a créditos con entidades bancarias.

Ferrovial construirá el hospital del Guadalhorce (La Opinión)

La edificación de las instalaciones sanitarias costará 21,6 millones de euros y el equipamiento, otros seis

ANA GARCÍA. CÁRTAMA La Consejería de Salud, a través de la empresa pública Hospital Costa del Sol, ha adjudicado la construcción del centro hospitalario de alta resolución del Guadalhorce a la empresa Ferrovial, entre las 19 aspirantes que se presentaron al concurso.
Las obras supondrán una inversión de 21,6 millones de euros, a los que sumar otros seis para equipamiento. Ahora se abre un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones y, a partir de ahí, la empresa cuenta con un plazo de 34 meses para dar forma al proyecto.
Las nuevas dependencias, que se levantarán en Cártama, tendrán 15.300 metros cuadrados de superficie, con 50 habitaciones individuales de uso doble y una sala de observación con nueve sillones cama. El hospital estará dotado de cuatro quirófanos para cirugía mayor ambulatoria, 23 módulos de consultas de especialistas, un área de radiodiagnóstico con dos equipos de rayos X, dos ecógrafos, TAC, mamógrafo y tele-mando.
Este centro atenderá a una población de más de 105.000 vecinos de Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Ardales, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro, Monda, Pizarra, Tolox y Yunquera, lo que supondrá también una descongestión –sobre todo para el Clínico– de los hospitales de la capital, donde los habitantes del Guadalhorce reciben atención especializada y de urgencias.
En agosto de 2008, y tras quedar desierto el concurso para la adjudicación de la obra en dos ocasiones, la Consejería de Salud se hizo cargo de la contratación y asumió el incremento del coste de la obra. Así, el pasado mes de febrero la Consejería, la Diputación y el Ayuntamiento de Cártama autorizaron a la empresa pública Hospital Costa del Sol a hacerse cargo de las obras de construcción del centro.

Ferrovial construirá el hospital comarcal por 21,6 millones. Cártama (SUR)

La consejera de Salud anuncia la adjudicación provisional del centro, que se hará en Cártama
Ferrovial construirá el hospital comarcal por 21,6 millones
María Jesús Montero. / J. J. B.
El Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades del Valle del Guadalhorce por fin tiene quien lo construya. Después de tres concursos públicos (los dos primeros quedaron desiertos), la Junta de Andalucía ha dado a conocer la adjudicación provisional de las obras del edificio, que se ubicará en el término municipal de Cártama. Fue la propia consejera de Salud, María Jesús Montero, la que lo anunció ayer en el transcurso de la sesión plenaria del Parlamento andaluz.
Finalmente, será la constructora Ferrovial la que se encargará de los trabajos por un presupuesto de 21,6 millones de euros. Su propuesta fue seleccionada de entre un total de 19 tras la apertura de ofertas por parte de los responsables del Hospital Costa del Sol, empresa pública dependiente de la Consejería de Salud que se ha encargado de los trámites del concurso.
Una vez refrendada la adjudicación, Ferrovial comenzará a redactar el proyecto y, posteriormente, acometerá la construcción del inmueble, que se emplazará en la finca conocida como Manguarra, junto a la autovía del Guadalhorce (A-357). Según el pliego de condiciones dado a conocer en su día, se prevé un plazo de seis meses para el proyecto y 28 más para las obras, de manera que el centro no entraría en funcionamiento antes de 2012, ocho años después de que fuera anunciado por el presidente de la Junta, Manuel Chaves.
El coste final ha reducido en 1,2 millones de euros el precio inicial de licitación, si bien Salud tendrá que invertir otros seis millones en equipar el hospital una vez concluyan las tareas de edificación. Cabe recordar que el grueso de las obras será financiado por la administración autonómica, aunque la Diputación de Málaga también aportará una parte. Además, según el convenio firmado, el Ayuntamiento de Cártama tendrá que entregar urbanizada la parcela de 50.000 metros cuadrados sobre la que se ubicará el inmueble, que atenderá a una población de 105.000 vecinos.
Otro gasto más
A este respecto, el Partido Popular e Izquierda Unida ya han denunciado que el Consistorio carece de los tres millones de euros que podrían costar estas actuaciones, señalando que este hecho podría retrasar todavía más el proyecto. El alcalde de Cártama, José Garrido, ha reconocido que tendrán que buscar financiación, pero ha rechazado que ello vaya a repercutir en los plazos del hospital.

El PGOU recibe 350 alegaciones para que no se edifiquen casas sobre el campo de fútbol de tierra. Antequera (SUR)

Un importante número de antequeranos tiene claro que el campo de fútbol de tierra debe permanecer como instalación deportiva y desecharse la idea de edificar viviendas sobre él. La aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Antequera ha recibido 350 al respecto de ciudadanos que piden que se mantenga la instalación deportiva y que como mucho se habiliten locales comerciales en el lateral que da al Paseo Real. Así lo afirmó ayer el alcalde, Ricardo Millán, quien cifró en más de 400 las alegaciones recibidas en el Ayuntamiento. Unas 35 se refieren al Centro de Innovación de Tecnología Agroalimentaria (Cita), mientras que una treintena aproximadamente se refieren a modificaciones en calificaciones de suelo y unas cinco piden convertir en sectorizado suelo no sectorizado contemplado en el Ensanche Oeste.
Millán explicó que se contestarán una por una las alegaciones y que si ninguna de ellas al ser considerada supone una modificación importante sobre el PGOU, este se remitirá a la Junta de Andalucía para que se pronuncie.

IU propone que los benificiarios de ayudas de rehabilitación no tributen por éstas a Hacienda. Nerja (SUR)

El portavoz de IU en la oposición en el Ayuntamiento de Nerja, Manuel Valero, ha presentado una moción para su debate en el pleno en la que pide al Ministerio de Hacienda que se exonere del pago de impuestos por las ayudas de rehabilitación autonómica de viviendas a los beneficiarios de éstas. El concejal argumentó que estas familias «son personas con pocos recursos, que no pueden hacer frente al pago de impuestos». Valero explicó que en algunos casos, los beneficiarios de estas subvenciones -que alcanzan como máximo los 7.000 euros-, tienen que pagar mil de impuestos.Justificar a ambos lados

Aseguran que la reparación necesaria en el Cortijo Doña Ermita asciende a 261.500 euros. Mijas (SUR)

Los ediles del PP Manuel Navarro y Pilar Conde aseguraron ayer que el Ayuntamiento «infla» los informes urbanístico para la remodelación del Cortijo Doña Ermita. Así, en la situación actual del inmueble y según los populares, «la reforma asciende a 261.500 euros y no a los 3,7 millones de la financiación del Plan de Inversión Local del gobierno». En este sentido, criticaron también un documento técnico que, al parecer, sustenta la decisión de derribo por parte de los socialistas ya que en él, según Navarro «se tasó a la baja el valor inmueble con el único objetivo de acabar determinando su ruina técnica y evitar su remodelación».

La Fiscalía archiva una denuncia vía penal del PP al Ayuntamiento por presunta prevaricación (SUR)

La Fiscalía decide archivar una denuncia impuesta por vía penal por miembros del Partido Popular contra el Ayuntamiento de Mijas que tiene que ver con una supuesta prevaricación contra los encargados de conceder licencias de obra. Según se informó desde la administración local, el Fiscal recoge en su escrito que «son necesarios unos mínimos indicios de delito para proceder al inicio de una investigación penal», y además añade que «el que no se esté de acuerdo con los hechos realizados no es suficiente para determinar el que una conducta pueda ser delictiva». Sin embargo, desde el grupo en la oposición se puntualizó que «el proceso se realizará por vía administrativa, que es la que se debe emplear en estos casos de presunta irregularidad».

Piden a la Junta que se prolongue el plazo legal para la ocupación de las VPO con desperfectos de La Cala. MIjas (SUR)

Algunos vecinos aún no pueden habitar sus casas, entregadas en diciembre
Técnicos del Ayuntamiento redactarán un informe de reparaciones pendientes

Piden a la Junta que se prolongue el plazo legal para la ocupación de las VPO con desperfectos de La Cala
Las zonas comunes están sin terminar. /M.J.
La situación de los adjudicatarios de la promoción de 120 Viviendas de Protección Oficial de La Cala de Mijas está dando mucho que hablar estos días. Tras varias reuniones de los afectados con el Ayuntamiento, éste ha trasladado los problemas en materia de desentendimiento que la constructora del edificio -Dolmen- mantiene por el cese de la actividad. Así, el alcalde, Antonio Sánchez, solicitó en una reunión a la delegada de Vivienda en Málaga, Josefa López, que se prorrogue el plazo legal para la ocupación de las casas.
Este periodo que establece la ley es de seis meses y, pese a que las VPO se entregaron en diciembre, aún existen vecinos que, dados los desperfectos que acumulan sus propiedades, todavía no viven allí. De esta manera, desde la Administración local que quieren poner al frente de una reivindicación que tienen los vecinos, motivada por el mal estado en que se hizo entrega de la promoción.
Desde su entrega hasta hoy, han sido numerosas las manifestaciones de descontento por parte de los adjudicatarios y aunque hace meses hubo un encuentro entre Ayuntamiento, afectados y representantes de la empresa en la que se mostró la voluntad de realizar las reparaciones que fuesen oportunas, desde la administración local se considera que «ya se ha dado a la entidad privada un plazo más que razonable para que solucione los desperfectos». Y es que, la situación económica actual han provocado que los trabajos se hayan ido posponiendo durante meses en perjuicio de los vecinos.
Por su parte el edil de Urbanismo, Juan Cruz, anunció para los afectados asesoramiento municipal, mostrando su disposición para que los técnicos del Consistorio redacten un informe que recoja los desperfectos del edificio y éste se envíe a Vivienda, por si procediese que la administración autonómica inicie algún tipo de actuación.

Gámez asegura que los proyectos rechazados por la Junta quedarán fuera del PGOU (SUR)

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, insistió ayer en que los proyectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que «van en contra de los planteamientos de legalidad» establecidos por la Junta en sus informes quedarán apartados del documento. Así, la delegada señaló que, aunque el Ayuntamiento insiste en mantener proyectos rechazados, como la ocupación de Arraijanal y la construcción al norte de la Ronda Este, la Junta ofrece «las ganas de aprobarlo cuanto antes».

Descuentos de hasta el 22% en pisos de segunda mano en Málaga (SUR)

La crisis y el frenazo inmobiliario están llevando a algunos propietarios de viviendas en la provincia a ofrecer descuentos de hasta el 22%. Así lo pone de manifiesto un estudio del portal pisos.com, que ha elaborado un 'ranking' con los pisos que más se han abaratado en el último trimestre. En Málaga, cuarta provincia andaluza donde más se ha reducido el precio de la vivienda, el mayor chollo se encuentra en Torrox. Se trata de un piso de 73 metros cuadrados, muy próximo a la playa Peñoncillo y a pocos kilómetros de Nerja, con dos habitaciones y un baño, una cocina americana amueblada y una terraza de ocho metros cuadrados. El precio de este apartamento ha pasado de 155.000 euros a 120.000, arrojando un descuento del 22,58%.
MÁS INFORMACIÓN l Página web www.pisos.com

El IMV reducirá el alquiler un 30% a familias con especiales dificultades económicas (SUR)

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) reducirá de media un 30% la cuota del alquiler de una VPO a familias que demuestren pasar por especiales dificultades económicas para poder pagar la mensualidad. La medida, que ayer fue adelantada por este periódico, iba a ser aprobada en el consejo del IMV que se celebra hoy pero se ha aplazado para el del mes que viene ante el reparo de la Intervención municipal, que pide que se determine más concretamente cómo va a establecerse la liquidación de la deuda con el Ayuntamiento por parte de las familias que aplazarán los pagos.
El concejal de Vivienda, Diego Maldonado, recalcó ayer que se trata de una iniciativa que se adoptará sólo cuando quede demostrado documentalmente que se trata de familias que pasan por graves apuros económicos. «Haremos un control minucioso para comprobar que esto es así», dijo.
De esta medida podrán beneficiarse algunas de las dos mil familias que viven de alquiler en una VPO gestionada directamente por el Consistorio. Una veintena de ellas han solicitado ya poder aplazar los pagos por la crisis.
Aumentos de presupuesto
Por otro lado, el consejo del IMV aprobará un incremento de los presupuestos de obras de pisos en Soliva por un montante global de cuatro millones de euros. El concejal del PSOE Francis Paniagua criticó ayer que estos edificios arrastran un retraso de 17 meses, pese a que fueron iniciados poco antes de las elecciones municipales de 2007 «con un fin claramente electoralista», destacó. IU también criticó ayer el sobrecoste de los proyectos.

El Ayuntamiento se quedará con el convento del Císter (SUR)

El Consistorio estudia expropiarlo para mantener el museo y destinar el resto a oficinas municipales
El Ayuntamiento se quedará con el convento del Císter
El martes trasladaron el ajuar de las monjas. / A. SALAS
El convento del Císter pasará casi con toda seguridad a manos del Ayuntamiento una vez que sea definitivamente abandonado por las monjas. Un día después de que se materializara el inminente traslado de estas religiosas con la mudanza de sus pertenencias a un monasterio de La Rioja, el Consistorio anunció que estudia su expropiación con un doble objetivo. Por un lado, hacerse con el edificio en el que se alberga el museo de piezas de arte sacro que quedan bajo su tutela gracias al convenio que firmó el equipo de gobierno en 2004 con las madres cistercienses y, por otro, disponer del resto de dependencias que dejan las religiosas para destinarlas a uso municipal.
Así, la intención del Ayuntamiento pasa por hacerse con todo el complejo de lo que hasta ahora ha sido la Abadía de Santa Ana, que abarca desde la calle Císter hasta la de Marquesa de Moya. Según fuentes consultadas por este periódico, al margen del museo de arte sacro -que permanecerá abierto pese a la marcha de las monjas-, el convento se destinará a uso administrativo. En concreto, barajan que albergue los servicios de la concejalía de Turismo, desplazada provisionalmente al Palacio de Ferias, y también la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico, que está de alquiler en la calle Bolsa.
El Consistorio también había planteado que esta oficina se ubicara en una promoción de viviendas que va a realizar en la plaza que conectará las calles Granada y Alcazabilla, dentro del llamado Plan de la Judería. No obstante, en el convento dispondría de un espacio más amplio para albergar a sus funcionarios.
Cofradía del Sepulcro
Lo que no ocupará el Ayuntamiento es la iglesia del monasterio. Según las fuentes, no está claro si este templo pasará a manos del Obispado o si, por el contrario, seguirá siendo propiedad de la orden cisterciense. En cualquier caso, la Cofradía del Sepulcro, con sede en la parroquia de los Santos Mártires, tiene intención de poder establecerse en ella para rendir culto a sus titulares en un lugar próximo a su casa hermandad, ubicada en la calle Alcazabilla. «Nuestra intención es hacernos presentes allí de forma permanente, por lo que vamos a intentarlo», señaló su hermano mayor, José María Souvirón.

El soterramiento del tren del puerto pasa por el derribo de un bloque de viviendas (SUR)

El Consistorio realojará a las 36 familias en pisos del IMV y expropiará las casas mata que hay junto a Cotolengo
El soterramiento del tren del puerto pasa por el derribo de un bloque de viviendas
Las casas del primer término y el bloque de la derecha se demolerán. / ANTONIO SALAS
El soterramiento de la línea ferroviaria que une la estación y el puerto va a obligar a la demolición de un edificio de viviendas de seis plantas conocido por 'el bloque de los pescadores', cuya fachada trasera da al paseo marítimo Antonio Machado. Los 36 vecinos que viven en el inmueble serán realojados en pisos del Instituto Municipal de la Vivienda, según informó a este periódico el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, afirmó que el proyecto que contempla el paso de las vías bajo el paseo marítimo, para evitar las retenciones que ocasiona, «está en el estudio de impacto medioambiental». Recordó que Fomento «se responsabilizó de esta actuación en el horizonte de dos años», pero para que el proyecto llegue a buen puerto será necesario que el Consistorio ponga el suelo a disposición del ministerio y citó el espacio que actualmente ocupa 'el bloque de los pescadores'.
Manuel Díaz explicó que este edificio es propiedad del Ayuntamiento de Málaga y, por tanto, no existen problemas burocráticos para disponer de él. Comentó que otras áreas están trabajando para acomodar a los vecinos -apenas quedan ya pescadores- en promociones de alquiler del IMV, si bien no especificó en cual de ellas.
Centro social
Caso contrario son las casas casas mata, algunas en estado de precario, que se encuentran detrás de este bloque, en la calle López Pinto, junto a Cotolengo, el centro social que sostienen las monjas del Sagrado Corazón de Jesús. «Iniciaremos el proceso de expropiación en el momento en que Fomento apruebe el proyecto», señaló el concejal de Urbanismo. Díaz garantizó que la actuación prevista en ese entorno, que supondrá la apertura de una nueva calle hacia el paseo marítimo por encima del ferrocarril, no afectará a la institución benéfica.
Vecinos del edificio afectado comentaron a SUR que esperan desde hace tiempo este desenlace, aunque nadie se ha puesto en contacto todavía con ellos. Parecen tener asumido que su destino está en otro lugar de la ciudad. «¿Sabéis dónde nos van a mandar?», preguntaba ayer tarde uno de ellos. A algunos no les importaría que los disgregaran por distintas promociones. «Estamos hartos de ver tantos años las mismas caras», argumentó.
El soterramiento del ferrocarril es vital para el desarrollo comercial del puerto. Además del beneficio para la ciudad, una línea de tren sólida, conectada con el futuro puerto seco de Antequera, permitiría que Málaga tuviera otro tipo de tráfico del que ahora carece, que es el de importación y exportación. Por otro lado, se evitarían los continuos cortes de tráfico en Héroe de Sostoa, Ayala y paseo marítimo Antonio Machado.

Fomento reconoce que ni la autopista ni la segunda ronda estarán a tiempo (SUR)

No concreta plazos para acabar unas infraestructuras que debían estar en servicio a comienzos de 2010 Los problemas de financiación de la constructora dejan a la autopista en punto muerto; el retraso en la hiperronda se debe a las mejoras en el trazado
Fomento reconoce que ni la autopista ni la segunda ronda estarán a tiempo
Rodríguez conoció in situ los trabajos del soterramiento de la A-7 a su paso por el núcleo. / JOSELE-LANZA
Dos de los proyectos más importantes para el tráfico rodado en la provincia no estarán en servicio para las fechas inicialmente previstas: principios del próximo año, 2010. Así lo reconoció ayer el Ministerio de Fomento a través de la secretaria de estado de Planificación e Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien admitió que hay retrasos en las obras de la autopista de Las Pedrizas y de la hiperronda de la capital que impedirán cumplir los plazos.
«La autopista no estará en los tiempos inicialmente previstos y la hiperronda se retrasará unos meses», aseguró Rodríguez-Piñero durante una rueda de prensa en la Subdelegación del Gobierno en la capital tras visitar las trabajos del soterramiento en la travesía de San Pedro Alcántara. Asimismo, no concretó las fechas en que ambas vías se podrán al servicio de los ciudadanos.
Eso sí, las causas de los retrasos de ambos proyectos son totalmente distintas. La secretaria de estado confirmó lo que ya avanzó este periódico en abril, el estado de punto muerto en que se encuentran los trabajos de la autopista de peaje de Las Pedrizas (AP-46) debido a los problemas de financiación de una de las constructoras que conforman la ute que está ejecutando los trabajos. «La crisis está afectando y la empresa está teniendo dificultades para poder acceder a la financiación», afirmó Rodríguez-Piñero.
En este sentido y preguntada si Fomento podría adelantar financiación para recobrar el ritmo de las obras, indicó que se están buscando fórmulas de colaboración de carácter público y privado para permitir que la empresa acceda a la liquidez. «Estamos centrando nuestros esfuerzos en buscar la mejor fórmula de financiación y la más fácil para que no se vean afectadas estas inversiones», apostilló.
La autopista de peaje, que tendrá una intensidad media diaria de entre 16.000 y 23.000 vehículos que pagarán 1,5 euros, discurre por un recorrido de 24,5 kilómetros entre el Alto de Las Pedrizas y el Puerto de la Torre, donde enlazará con la segunda ronda. Las dificultades del terreno hacen que la carretera discurra sobre 17 viaductos y tres túneles y el coste total de la actuación se ha cifrado en 322 millones de euros. La empresa concesionaria tendrá los derechos sobre esta vía rápida por un periodo de 36 años ampliable a cuatro más.
Más carriles
En el caso de la segunda ronda de circunvalación de la capital, el retraso en los plazos de entrada en servicio viene motivado por las mejoras que se introdujeron en el proyecto inicial y que harán que esta hiperronda cuente con cuatro carriles en la mayor parte de su recorrido. «Es imposible cumplir la fecha inicialmente prevista para su entrada en funcionamiento debido a la ampliación de los carriles que se está llevando a cabo y que mejorarán su capacidad», afirmó Rodríguez-Piñero.
La nueva ronda de circunvalación -en la que el ministerio que dirige José Blanco están invirtiendo en torno a los 400 millones de euros- discurre entre Torremolinos y la zona de La Virreina de la capital a través de un trazado de 21,3 kilómetros. Esta segunda ronda será una alternativa a la actual Ronda Oeste de la capital, fuertemente saturada. y supondrá una reducción del 40% del volumen de vehículos que diariamente circulan por esta vía.
Los trabajos se están actualmente ejecutando en los cuatro tramos en los que se ha dividido la obra: Palacio de Congresos de Torremolinos-Inmediaciones de Alhaurín de la Torre (tramo 1); Alhaurín-autovía del Guadalhorce (tramo 2); autovía del Guadalhorce-norte de Puerto de la Torre (tramo 3) y Puerto de la Torre- La Virreina (tramo 4).
La historia de estos dos proyectos va unida de la mano. En su día, el Gobierno del PP, planteó una actuación conjunta en la que la construcción de la autovía corría a cargo de la concesionario de la autopista de peaje, aunque sería gratuita para los flujos internos. La llegada del PSOE al Ejecutivo y de la malagueña Magdalena Álvarez al Ministerio de Fomento en 2004 supuso un cambio de concepción y ambos proyectos se desligaron.
Apoyo al bulevar
En otro orden de cosas y después de que durante su visita a Málaga el ministro José Blanco no se pronunciase, Inmaculada Rodríguez-Piñero se refirió a la petición del Ayuntamiento de la capital para que el Gobierno central, junto al propio Consistorio y la Junta de Andalucía, colabore en la financiación del bulevar que se prevé construir sobre los terrenos ganados al soterramiento de las vías del ferrocarril.
«Desde el Ministerio de Fomento siempre mantenemos una actitud dialogante para buscar el bien para la ciudad», declaró. Al mismo tiempo requirió al Ayuntamiento que dirige Francisco de la Torre que presente en primer lugar un proyecto para poder hablar.
Rodríguez-Piñero aprovechó para recordar que su departamento está invirtiendo en la ciudad 1.000 millones de euros en materia viaria y ferroviaria.