´Los políticos están jugando al ping pong con los chiringuitos´

Los empresarios de playa de Málaga califican de "lamentable" el debate del pasado martes en el Congreso. "Llevamos tres meses esperando", señalan

L. MARTÍN. MÁLAGA Después de casi un trimestre de negociación, el problema de los chiringuitos continúa sin avanzar, o al menos, eso es lo que perciben los empresarios del sector, que empiezan a estar hartos del comportamiento de los políticos. Sobre todo, a raíz del desencuentro del pasado martes en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno rechazó una proposición de ley del PP en la que se exigía la renovación de las licencias de apertura y la supresión de los desalojos.

Fue en la misma sesión en la que los populares se negaron a condescender con la posibilidad de crear una mesa de negociación con todos los agentes implicados. Miguel Arrabal, responsable del colectivo en Málaga, no hace distingos y acusa a ambas formaciones de "jugar al ping pong" con los intereses del gremio. En declaraciones a este periódico, calificó de "lamentable" la actuación de los políticos durante la comparecencia del martes y aseguró no entender el enquistamiento de una demanda que cuenta, en teoría, con el aval de las dos fuerzas mayoritarias.

Para Arrabal, el debate en la cámara se resolvió con un nuevo aplazamiento de una reivindicación que, según dice, pesa demasiado a los empresarios y trabajadores, que continúan sin saber a qué requisitos atenerse para afrontar el futuro. El portavoz de los chiringuitos se quejó también de la falta de resolución de la Junta de Andalucía, que prometió la constitución de una mesa de negociación. "Y llevamos más de tres meses esperando".

El presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Málaga aseveró que el sector atraviesa en la actualidad una situación insostenible. Tanto los empresarios como los trabajadores, precisó, prosiguen en la incertidumbre, lo que impide el funcionamiento de sus locales.

Además, se refirió al peso de las sanciones interpuestas durante el pasado año por ocupar la arena, que afectan al setenta por ciento de los establecimientos. Según Arrabal, se trata de expedientes abiertos por operar en la playa que reclaman una cantidad que oscila entre los 30.000 y los 60.000 euros por cada uno de ellos. "Creíamos que los iban a parar, pero siguen su curso, lo que puede ser letal para nosotros, sobre todo si este año también nos abren otros".

El colectivo reprocha a las administraciones su doble rasero, ya que, de un lado, reciben las multas de Costas, y del otro, abonan sus impuestos a los ayuntamientos por operar en espacio público, denunció Arrabal. Los empresarios no descartan movilizaciones.

Por otro lado, el PP arremetió ayer contra el PSOE por votar en contra de su proposición en el Congreso y achacó a los socialistas el empleo de un discurso "contradictorio".