domingo, 25 de diciembre de 2011

La construcción sigue sin ver la luz al final del túnel (La Opinión)


La venta sigue no repunta pese a que el Gobierno rebajó el IVA al 4% hasta final de año






La única buena noticia es que el stock de pisos en Málaga ya baja.
La única buena noticia es que el stock de pisos en Málaga ya baja. Javier Albiñana
JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Nada ha podido cambiar a lo largo de 2011 la terrible dinámica en la que se encuentra inmerso el sector constructor e inmobiliario. El fin de las desgravaciones fiscales a partir del 1 de enero generó un efímero efecto llamada y la bajada del IVA para la compra de vivienda nueva del 8% al 4% hasta el próximo 31 de diciembre tampoco fue estímulo suficiente para relanzar las ventas. La provincia ha registrado en los tres primeros trimestres de 2011 sólo 12.292 operaciones, un 23,2% menos que en el mismo periodo del pasado año y un 60% por debajo de los ritmos de 2007, que fue el último gran ejercicio antes de que llegara la crisis.

Las hipotecas firmadas en Málaga en el acumulado hasta septiembre de 2011 también presentan un descenso del 35,7% sobre 2010, con sólo 12.577 préstamos firmados. El capital global prestado por los bancos asciende a 1.415 millones, un 40,4% menos. Hay menos ventas, pero disminuye aún más el dinero concedido por las entidades financieras.

La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), con su presidente, José Prado, a la cabeza, se queja además de que los bancos ponen muchas más facilidades para dar hipotecas a los pisos de su propia cartera de vivienda, mientras que obstaculizan a los clientes que quieren comprar pisos a las promotoras.

Pesa a esta panorama, el sector afirma que el stock de viviendas acabadas y sin vender que mantiene paralizado el mercado está obteniendo poco a poco salida. No porque las ventas sean aceptables, que no lo son, sino porque ya no se construye nada nuevo, con lo que lo poco que se comercializa sale directamente de ese stock ¿Y de cuántas viviendas hablamos? La ACP, siguiendo los datos de Fomento, dice que había 22.000 a inicios de año y que ahora son 16.000, mientras que Analistas Económicos de Andalucía, del Grupo Unicaja, parte de listones mucho más altos: calcula que había 53.000 y ahora quedan 46.000. Todo depende de la metodología que se usa para el recuento, aunque lo que parece cierto es que el stock al fin comienza a bajar.

De todas formas, el visado de viviendas, ese indicador que revela cuántos nuevos pisos prevé construir el sector en los próximos meses, sigue en niveles anecdóticos, con una caída interanual de casi el 47% durante los nueve primeros meses del año y con máximos de hasta el 80% y el 90% en toda la Costa del Sol. Los 908 visados registrados hasta septiembre en el Colegio de Arquitectos de Málaga perfilan marcar un nuevo mínimo equiparable a lo que se construía allá por 1960 . En sólo cinco ejercicios, Málaga ha pasado así del todo a la nada: si en 2006 marcaba un récord de 45.600 visados, en este 2011 cerrará con apenas 1.200, con un brutal descenso del 98%.

Los constructores tienen además otros dos quebraderos de cabeza: los 327 millones de euros que le deben la Junta y los ayuntamientos por infraestructuras y obras civiles ya realizadas y el hecho de que la inversión en obra pública ha caído en 2011 otro 50% hasta quedar en 315 millones. Antes de la crisis la inversión llegó a ser de hasta 1.500 millones.

Art Natura acusa al Ayuntamiento de boicotearle (La Opinión)


Cree que no ha ejecutado las obras legalmente exigibles para impedir la apertura del Museo de las Gemas

MIGUEL FERRARY Art Natura mantiene su pulso con el Ayuntamiento de Málaga sobre el futuro del Museo de las Gemas en Tabacalera y le acusa de boicotear el proyecto para impedir que ponga en marcha.

La promotora insiste en que no puede abrir las instalaciones «sin poner la cámara acorazada, ni puertas blindadas en sus tres accesos principales o puertas de seguridad en sus seis accesos auxiliares...». En este sentido, Art Natura afirma que el ultimátum aprobado el 16 de septiembre por el Ayuntamiento, que concedía un plazo de 120 días para la apertura del museo, «es de imposible cumplimiento, porque ni se ha entregado el conjunto edificatorio que exige el contrato ni la parte menor con la que pretende que cumple la legalidad».

El 19 de enero se acaba el plazo impuesto por el Consistorio para la apertura de las instalaciones, aunque apenas nada ha cambiado en los salones vacíos de Tabacalera.

De hecho, Art Natura recalca que el 1 de diciembre no pudo acceder a los edificios junto a los inspectores para la «preceptiva Inspección Policial para locales de guarda de altos valores», tal y como exige la ley y «a sabiendas de que si se hacía, se informaría negativamente».

Finaliza la restauración del puente romano. Cártama (SUR)


El Ayuntamiento de Cártama ha finalizado los trabajos de restauración y consolidación del conjunto monumental formado por el acueducto y el puente romanos, situados ambos en el casco urbano de Cártama pueblo y que presentaban un estado muy deteriorado antes de la actuación. El proyecto ha supuesto una inversión de 60.095 euros y ha corrido a cargo de la empresa Hermanos Campano, que se hizo con el contrato del concurso público convocado por el Consistorio. Para la financiación, se ha empleado una subvención concedida por el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalhorce y procedente del programa de ayudas al desarrollo sostenible del medio rural andaluz (Lidera).
Desde el equipo de gobierno local recordaron que el acueducto mostraba avanzados signos de erosión y desgaste tanto en la base como en la parte superior, si bien el puente romano era el que se encontraba en peor situación, ya que se base se había desplazado y presentaba importantes grietas, unos desperfectos que ya se han corregido. El alcalde, Jorge Gallardo, encuadró esta obra en el plan de recuperación del patrimonio cartameño, el cual supuso también la consolidación de las murallas del castillo y la restauración de la ermita.

Rincón anula dos nuevos convenios para ajustar su PGOU a la ley andaluza (SUR)


El pleno declara la caducidad de sendos acuerdos urbanísticos que no se ajustaban a los planes de desarrollo del área metropolitana
24.12.2011 - 
EUGENIO CABEZAS
 
R. DE LA VICTORIA.
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria prosigue con su política de declarar la nulidad de varios convenios urbanísticos que aún no se habían puesto en marcha tras su firma, para así reducir el número de viviendas por desarrollar en el municipio en los próximos años, con el objetivo último de conseguir ajustar su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En todos los casos se trata de acuerdos que han caducado sin que el promotor haya puesto en marcha la construcción de las viviendas.
Así, en el último pleno municipal se acordó la caducidad de otros dos acuerdos urbanísticos, aunque en este caso se trató más bien de una anulación formal, porque en cualquier caso, a los sectores a los que se referían estos convenios no se ajustaban a lo contemplado en el Plan de Ordenación del Territorio del Área Metropolitana de Málaga (POTAUM), en vigor desde 2008
En concreto, uno de los acuerdos era el referido al segundo campo de golf previsto en el municipio rinconero, un equipamiento que el documento urbanístico de la Junta de Andalucía imposibilitó, al cambiar la calificación de los suelos donde se había proyectado, en la zona de Lo Cea, en Torre de Benagalbón, al este del término municipal rinconero. El otro convenio se refería a una promoción de viviendas al norte de La Cala del Moral, en la zona de Llamareto.
Precedentes
Con estos dos convenios declarados anulados por su caducidad e imposibilidad de desarrollo, el Consistorio rinconero ha aprobado ya un trámite similar para un total de ocho acuerdos urbanísticos en los últimos meses. Así, si en el pleno del pasado mes de octubre se aprobó la caducidad legal de tres convenios para la promoción de un centenar de inmuebles en varios sectores urbanizables del municipio, en la sesión ordinaria del pasado día 1 de diciembre se dio luz verde a otras tres propuestas de este tipo, que en este caso implicó que se dejen de promover 150 casas.
Con estas decisiones, que cuentan con el respaldo legal y con todos los informes favorables de los técnicos municipales, lo que persigue el equipo de gobierno del PP es tratar de que PGOU en el que están trabajando desde este pasado verano cumpla con los requisitos que fijan las normas andaluzas de rango superior, tanto el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el POTAUM y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
«Nuestro objetivo es esponjar el territorio y hacer más sostenible el modelo de desarrollo de Rincón de la Victoria, que en los últimos años se ha desbocado, con urbanizaciones muy distantes, como son los casos de Parque Victoria y Los Altos de Lo Cea», explicó a SUR el concejal de Urbanismo, Antonio Rando (PP).
Sin embargo, estas declaraciones del equipo de gobierno despertaron las críticas desde las filas de la oposición. La ex alcaldesa del PSOE, Encarnación Anaya, aseguró que Rando «se tira piedras sobre su propio tejado, ya que su compañero y actual alcalde, Francisco Salado, ha sido partícipe de la actual configuración por formar parte de los distintos gobiernos del entonces alcalde popular José María Gómez Muñoz».

Tensa espera entre los propietarios de viviendas ilegales. Vélez-Málaga (SUR)


Miles de familias aguardan con ansiedad el decreto de la Junta que les permitirá regularizar sus casas en la comarca de la Axarquía
24.12.2011 - 
AGUSTÍN PELÁEZ
 
VÉLEZ-MÁLAGA.

Tensa espera entre los propietarios de viviendas ilegales
Miles de familias de todos los municipios de la Axarquía esperan con expectación el decreto de regularización de las viviendas ilegales de la Junta . :: E. CABEZAS
Desasosiego, preocupación, miedo, incertidumbre, angustia y sobre todo expectación. Estas son algunas de las palabras con las que se podría resumir el momento por el que atraviesan buena parte de los propietarios de viviendas ilegales en la Axarquía, sobre todo después de que hace sólo una semana el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, pusiera por fin fecha a la aprobación del ansiado decreto para la regularización de las casas que siembran buena parte de los campos de la comarca. Y no es para menos, ya que muchos de ellos llevan años esperando una respuesta por parte de la Junta.
«Construí mi casa con licencia. Lo vendí todo en mi país, Inglaterra. Decidí venirme a la Axarquía, no como turista, sino para residir e invertí todos mis ahorros en mi casa. En 2006 el Ayuntamiento de La Viñuela me comunicó que la Junta había decidido recurrir la licencia. Después un juzgado la declaraba nula y ahora estoy a la espera que ordenen la demolición, salvo que el decreto de la Junta me permita regularizarla. Por eso espero con gran inquietud conocer su contenido». Con estas palabras relata el presidente de la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), Phillip Smalley, de 65 años , la expectación con la que vive estos últimos días de 2011. «Tengo puestos todos mis sentidos en la normativa porque deseo acabar de una vez por todas con la pesadilla que llevo viviendo hace cinco años», apunta Smalley.
La incertidumbre de este residente no es muy diferente de la de María del Mar Vázquez, presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), colectivo que agrupa a unas 50 asociaciones de toda la provincia y reclama la legalización de todas las viviendas, independientemente de si están construidas o no en suelo protegido.
«Creemos que deben ser legalizadas todas las casas que estén ocupadas», asegura Vázquez, para quien la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), es la gran la causante de esta problemática. «Desde hace más de 30 años se podía construir sin orden ni concierto en el campo, pero la LOUA, una ley que no conocen ni los alcaldes ni los técnicos de los ayuntamientos, significó pasar al otro extremo sin pasar antes por un punto intermedio», se lamenta, a la vez que reconoce que desde APVI se desconoce por completo las salidas que ofrecerá el decreto.
Sin convencer
A priori la nueva norma no perece convencer a nadie. Así, desde la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares se apunta que lo único que hará es colocar en «fuera de ordenación» a la mayoría de las construcciones irregulares que se levantan sobre suelo no urbanizable. El término 'fuera de ordenación' lo aplica la Junta a las edificaciones con autorización administrativa que son disconformes con el planeamiento urbanístico y aunque podrán obtener la licencia de primera ocupación y por tanto se librarán de la demolición, sus propietarios no podrán optar a la ampliación.
Sin embargo, lo que más preocupa a los propietarios de viviendas ilegales en la Axarquía es que sus casas puedan quedar como «asimilados a fuera de ordenación», un término recogido en el borrador del decreto, que fue dado a conocer en julio pasado, para englobar a las edificaciones sin autorización administrativa y disconformes con el planeamiento, las cuales no podrán ser legalizadas. Dentro de esta figura estarían buena parte de las viviendas construidas con licencias de apero.
Según el borrador de decreto, los propietarios de las casas que pasen a ser consideradas «asimilados a fuera de ordenación, deberán acreditar que reúnen las condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad. Transcurrido el plazo de prescripción de la infracción, sólo podrán aspirar a obtener un certificado o reconocimiento que a los afectados no convence en absoluto, entre otras razones porque consideran que devaluará el precio de sus viviendas. Además, según los afectados, estas casas tampoco podrán aspirar a tener licencia de primera ocupación ni defensa jurídica.
Otra de las grandes preocupaciones es qué pasará con las viviendas que fueron construidas con licencias de los ayuntamientos, pero que posteriormente fueron anuladas. Este es el caso de Philip Smalley, para quien el asimilado a fuera de ordenación es «un limbo» que nada tiene que ver con la legalización de las casas. «Inicialmente la Junta decidió dejar fuera del decreto estos casos, algo que resultaría totalmente injusto puesto que estamos hablando de viviendas que se construyeron con licencias municipales, aunque después los juzgados las hayan anulado. Estamos diciendo que fuimos a los ayuntamientos a pedir licencia y que las construimos con autorización municipal. No pueden tratar mejor a quienes levantaron sus casas sin cumplir con sus deberes como ciudadanos, que a nosotros», explica Smalley.
Los afectados temen además que el camino a seguir sea todavía largo, teniendo en cuenta el mensaje lanzado de manera reiterada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía de que habrá que estudiar caso por caso.