Fuga de arquitectos (Málaga Hoy)

Numerosos arquitectos españoles se van a lugares como Alemania o Miami, donde logran trabajo ante la "precariedad" y "asfixia" del sector en España por la crisis de la construcción tras estallar la burbuja inmobiliaria y la caída del "mito" de profesional de éxito y magníficamente remunerado. Así lo aseguró a Efe el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, en cuanto a una posible "fuga de arquitectos" a otros puntos como Alemania, Suiza, Ecuador, Miami en los que sí encuentran empleo, y admitió que "esa realidad existe", y es "más importante" de lo que era cinco años atrás. 

El decano cifró en un 30% aproximadamente el desempleo en el sector a nivel nacional pero expresó su incertidumbre respecto a este dato, ya que, según dijo, "no existe un término que defina la situación del que trabaja, pero que trabaja poco", debido al escaso volumen de actividad. La Costa del Sol, donde se experimentó un boom en la construcción que junto al turismo se convirtió en sustento de la economía de la provincia, que se encuentra entre las más afectadas por la llamada "crisis del ladrillo", está según Vargas por encima de la media en la tasa de desempleo de arquitectos. El decano explicó que, si se toma el año 2006 como referencia, el volumen de trabajo asegurado hoy para estos profesionales solo asciende al 10 por ciento del que había en esa fecha y el número de viviendas a construir, un 2% de las edificadas hace cinco años. 

La situación de los colegiados, según el decano del segundo colegio andaluz que agrupa a más arquitectos, es de una "precariedad muy complicada", en algunos casos "acuciante" por actitud de la Administración, el retraso en el pago, y bajas "temerarias" de hasta un 70 por ciento en la adjudicación de concursos. Ello provoca, a su juicio, que se trabaje en unas condiciones "muy cuestionables" y que los arquitectos se vean "asfixiados", algo que no duda que pueda repercutir en un futuro en la ejecución de los proyectos. 

Vargas precisó que el perfil del arquitecto que se colegia ha cambiado durante los siete últimos años, ya que aunque la cuota de colegiación en Málaga se mantiene estable, con unos 1.400 profesionales adheridos, ahora se espera a ser contratado para hacerlo, mientras que antes no era una condición a tener en cuenta.

El decreto para regular las viviendas irregulares se aprobará mañana (Málaga Hoy)

En la Axarquía la Junta ha identificado 12.760 construcciones ilegales repartidas por 22 municipios, de las que unas 11.000 podrían beneficiarse de la nueva situación

EP / SEVILLA | ACTUALIZADO 09.01.2012 - 01:00

Vista del municipio de Cómpeta.

La Junta tiene previsto aprobar mañana, en Consejo de Gobierno, el decreto a través del cual se regulará la situación de miles de edificaciones construidas en suelo no urbanizable en el conjunto de la comunidad autónoma, según indicaron a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz. Esta aprobación se efectuará una vez superados los numerosos trámites previos necesarios y emitidos los preceptivos informes. Así, la Junta de Andalucía lleva trabajando en la elaboración de ese documento "desde hace casi un año", y ha sido objeto de sucesivos informes, entre ellos del gabinete jurídico de la Junta y del Consejo Consultivo". 

El decreto de regularización permitirá dar solución a decenas de miles de viviendas irregulares en toda Andalucía, especialmente en zonas como la comarca almeriense del Almanzora o la Axarquía malagueña, lugares en los que se han inventariado más de 25.000 construcciones fuera de ordenación en suelo no urbanizable. La primera fase de estos inventarios ha concluido en 32 municipios de las comarcas del Valle del Almanzora y de la Axarquía, donde se han identificado algo más de 25.500 edificaciones en terreno no urbanizable. De acuerdo con el análisis realizado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el nuevo decreto podría aplicarse a casi el 90% de estas construcciones. 

De este modo, en la Axarquía la Junta ha identificado 12.760 construcciones ilegales repartidas por 22 municipios, de las que unas 11.000 podrían beneficiarse del nuevo decreto; mientras que en Almería se han detectado en torno a 12.700 casas, de las que unas 11.700 también podrían ver normalizada su situación gracias a este documento. 

Ya la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, destacó que con este decreto se pretende "clarificar" la situación en la que se encuentra el "volumen muy alto" de ese tipo de construcciones que existe en la comunidad autónoma. La consejera ya explicó que el decreto distinguirá, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos). Respecto a las viviendas aisladas, el decreto diferenciará las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, se hará una distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras en las que no puede darse esta circunstancia por ubicarse en suelos protegidos o inundables. 

La norma dará así una respuesta diferenciada a cada situación, de manera que, según los casos, las viviendas puedan obtener una licencia de ocupación o un reconocimiento que les permita mantener su estado actual y acceder a servicios como los de luz y agua.

Los arquitectos buscan trabajo en Alemania y Miami (La Opinión)

La crisis inmobiliaria ha puesto en jaque al coletivo, que busca oportunidades fuera de España

EFE Numerosos arquitectos españoles se van a lugares como Alemania o Miami, donde logran trabajo ante la "precariedad" y "asfixia" del sector en España por la crisis de la construcción tras estallar la burbuja inmobiliaria y la caída del "mito" de profesional de éxito y magníficamente remunerado.

Así lo ha asegurado a Efe el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, en cuanto a una posible "fuga de arquitectos" a otros puntos como Alemania, Suiza, Ecuador, Miami en los que sí encuentran empleo, y ha admitido que "esa realidad existe", y es "más importante" de lo que era cinco años atrás.

El decano ha cifrado en un 30 por ciento aproximadamente el desempleo en el sector a nivel nacional pero ha expresado su incertidumbre respecto a este dato, ya que, según ha dicho, "no existe un término que defina la situación del que trabaja, pero que trabaja poco", debido al escaso volumen de actividad.

La Costa del Sol, donde se experimentó un "boom" en la construcción que junto al turismo se convirtió en sustento de la economía de la provincia, que se encuentra entre las más afectadas por la llamada "crisis del ladrillo", está según Vargas por encima de la media en la tasa de desempleo de arquitectos.

El decano ha explicado que, si se toma el año 2006 como referencia, el volumen de trabajo asegurado hoy para estos profesionales solo asciende al 10 por ciento del que había en esa fecha y el número de viviendas a construir, un 2 por ciento de las edificadas hace cinco años.

La situación de los colegiados, según el decano del segundo colegio andaluz que agrupa a más arquitectos, es de una "precariedad muy complicada", en algunos casos "acuciante" por actitud de la Administración, el retraso en el pago, y bajas "temerarias" de hasta un 70 por ciento en la adjudicación de concursos.

Ello provoca, a su juicio, que se trabaje en unas condiciones "muy cuestionables" y que los arquitectos se vean "asfixiados", algo que no duda que pueda repercutir en un futuro en la ejecución de los proyectos.

Vargas ha precisado que el perfil del arquitecto que se colegia ha cambiado durante los siete últimos años, ya que aunque la cuota de colegiación en Málaga se mantiene estable, con unos 1.400 profesionales adheridos, ahora se espera a ser contratado para hacerlo, mientras que antes no era una condición a tener en cuenta.

El futuro de la profesión pasa, ha señalado Vargas, por replantearse la estrategia productiva del país, en primer lugar, y de la provincia, ya que "mientras que no haya liquidez y financiación no habrá solución".

Con respecto a la propuesta realizada al ayuntamiento de la ciudad para construir un museo de arquitectura en un antiguo convento de la capital, Vargas ha ofrecido la "mano tendida" del colegio si finalmente se llevara a cabo el proyecto y la posibilidad de aportar sus fondos para que sean expuestos en el mismo.

´Nos sentimos en el limbo, sin poder terminar nuestras casas´ (La Opinión)

Philip Smalley y Tomás Tofanari arrojan luz sobre un decreto al que tuvieron acceso durante el pasado verano

Los propietarios de inmuebles en pueblos como Alcaucín o Viñuela, donde más casas irregulares se localizan, solicitan un decreto que defina con claridad la situación definitiva de los inmuebles donde residen.

FRAN EXTREMERA Representantes de buena parte de los afectados axárquicos por la falta de regulación de las viviendas que adquirieron o construyeron en términos como Alcaucín o La Viñuela, así como técnicos expertos en urbanismo que prestan su asesoramiento en esta parte de la provincia, tuvieron acceso a principios del pasado verano a un borrador del decreto donde, según apuntan, no figura con claridad la «situación definitiva» en la que se quedarán sus inmuebles.

Lograrán cierta estabilidad jurídica al ver cómo se aleja «el fantasma de las demoliciones», pero agregan que no más. «Nos sentimos en el limbo de momento, sin poder terminar nuestras casas», argumenta el británico Philip Smalley, mientras observa el embalse de la Viñuela, prácticamente lleno en estas fechas. Su sueño, como el de tantos y tantos compatriotas, se esfumó nada más pisar la Axarquía. «Vendí en mi país para poder comprarme una casita aquí, junto al pantano. Me parecía un lugar maravilloso. Pero nadie iba a pensar que emplearía más de cinco años en intentar conseguir, como mínimo, una categoría urbanística para mi propiedad».

No obstante, que su finca pase a estar como «asimilada fuera de ordenación» no le convence. «En el borrador del decreto se especifica que con esa figura podré contratar agua o luz. Pero nosotros eso lo tenemos. Lo que esperamos es poder acceder al registro y poder mejorar o vender, si queremos, lo que en su día compramos sin saber que era ilegal», aclara. Smalley finaliza, con un claro gesto de rabia, con una afirmación rotunda: «Esta batalla política que ya dura muchos años la establecieron los ayuntamientos y la Junta. Lo triste es que en medio de ellos estamos nosotros, que somos las víctimas de un proceso que nos parece interminable».

Tomás Tofanari, arquitecto de profesión, también ha vivido en primera línea este conflicto. Tiene su lugar de trabajo en La Viñuela, desde que hace seis años terminó sus estudios, y conoce en profundidad el borrador del futuro decreto. «En principio la aprobación del decreto debería facilitar a los ayuntamientos la herramienta para poder manejar el paquete de edificaciones existentes en el suelo no urbanizable, ya que no existe un criterio aplicable claro en dichas construcciones. Pero en base al borrador que nos mostraron en junio, dicha herramienta es presumible que se quede incompleta», manifiesta.

Incide en que los propietarios no van a poder aspirar a tener licencia de primera ocupación o que no supondrá el decreto ningún derecho ante cualquier procedimiento administrativo o penal ya en marcha. «Es presumible que se consiga un nombre y apellido para este tipo de actuaciones y poco más, ya que cabe destacar que actualmente en gran medida estas edificaciones se están inscribiendo en el registro de la propiedad con todas las de la ley».

Sólo es el «primer paso»

Para Tofarani, incluir las casas en un listado supondrá un reconocimiento para que oficialmente existan, «que es un paso importante, pero solo el primero. Cómo se organizarán sus servicios, cómo será su impacto en el medio ambiente, cuál es su relevancia socioeconómica. Todo eso está en el aire, al margen de que pueda reactivarse el mercado inmobiliario al despejar el decreto el miedo a una demolición masiva», aclara.

En este sentido, Elena Fernández, integrante de Equo y concejala de Medio Ambiente en Alcaucín, subraya que los servicios que desde ahora tengan que prestar ayuntamientos como el suyo a las viviendas ya legalizadas requerirán una infraestructuras que no es lógico que las asuman las arcas municipales «ni mucho menos los propietarios». Alcaucín posee, además, «muchos diseminados y unas 1.600 casas por regular».

La Axarquía desconfía del decreto de regularización de viviendas (La Opinión)

Políticos, ecologístas y afectados coinciden en que la legalización no resolverá los problemas estructurales

El término municipal de Alcaucín concentra el mayor número de viviendas irregulares construidas en suelo no urbanizable.  F. E.

La Junta tiene previsto aprobar mañana el decreto que regularizará la situación de más de 11.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en la Axarquía. Las familias afectadas ven más sombras que luces en el borrador del acuerdo y critican el retraso de la aprobación del mismo, a escasos tres meses de las elecciones.

FRAN EXTREMERA El martes 10 de enero está marcado en rojo en el almanaque del nuevo año para unas 11.000 familias de la Axarquía que permanecen a la espera de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía resuelva la situación jurídica de las viviendas irregulares que poseen en suelo no urbanizable. El decreto que servirá para regular el régimen de las edificaciones y asentamientos en ese tipo de terrenos ha generado, no obstante, bastante desconfianza. El retraso desde que fue anunciado, hace casi un año, y un borrador «con muchas más sombras que luces» tienen la culpa.

El sentir es casi unánime. Entre la clase política reina el desconcierto. Hasta los alcaldesa socialistas, con algunos compañeros en prisión o procesados por la vía penal tras haber otorgado irregularmente licencias para ese tipo de inmuebles, se escuchan voces críticas con el Ejecutivo andaluz. En las filas de las asociaciones y colectivos ecologistas, la principal reclamación parte de la necesidad de imponer «cargas» aquellas personas que realmente son responsables de esta situación. Y en el corazón del problema también, los afectados quieren una mayor definición sobre su futuro.

Uno de los representantes públicos más críticos es el alcalde de Vélez Málaga, la capital de la comarca, y a su vez parlamentario, Francisco Delgado Bonilla (PP). En un foro como la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía proclamaba hace apenas unos días: «La Junta, después de más de 20 años, quiere ejercer de bombero ahora; ha actuado como un pirómano al permitir durante estas décadas la construcción de viviendas ilegales en el suelo no urbanizable de esta comarca y quiere cambiar su discurso a escasas fechas para las elecciones. Pero no se puede mirar para otro lado y dejar que el incendio haya acabado con nuestro paisaje y ahora venir con agua a intentar paliar un territorio en el que sólo quedan cenizas», manifestaba el regidor.

El municipio con más viviendas afectadas por el decreto, concretamente más de 1.600, es Alcaucín. Su alcalde, Domingo Lozano (PP), también subraya que el decreto se apruebe a las puertas de unas elecciones. Pero agrega que la gente «tiene mucha fe, que es lo último que se pierde, en que pueda la Junta darles seguridad jurídica respecto a sus viviendas». Su homólogo en Sayalonga, Antonio Jesús Pérez (PP), apunta lo contrario: «Se ha perdido la esperanza. La gente nos dice que hasta que no lo vean, no se creen el decreto».

Agrega la mayoría de regidores que los problemas estructurales, en cuanto a la necesidad de buscar soluciones a la falta de servicios básicos de muchas de estas fincas, continuarán después. Y se pone el acento en que la administración autonómica tenía que haber afrontado «sin más aplazamientos» las medidas que permitiesen a los ayuntamientos resolver esas necesidades colectivas, tal y como sostiene el alcalde de Almáchar, José Gámez (IU).

El regidor socialista de Sedella, José Antonio Gutiérrez, va más allá e incluso solicita que la Junta permita cobrar a los consistorios cobrar el IBI de los inmuebles ya regulados, incluso con carácter retroactivo desde que fueron construidos. Y es que de momento lo que prima es la incertidumbre.

Los ecologistas exigen «compensaciones» (La Opinión)

Los colectivos ecologistas en la comarca de la Axarquía han pedido a la Junta de Andalucía que sea «rigurosa» y «no legalice miles de viviendas en todo el territorio andaluz y, más concretamente en la Costa del Sol más orienta, sin asegurarse de que no conspira contra el interés general y el entorno medioambiental que es patrimonio común».

Así plantean tanto Ecologistas en Acción como asociaciones ciudadanas, de la experiencia de la torroxeña Tiemposub, la necesidad de que el presidente regional, José Antonio Griñán, «no utilice una medida tan compleja como es una regulación, a las puertas de las elecciones autonómicas, para tan solo arañar un puñado de votos».

El secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, incluso ha calificado de «inadmisible» la legalización de «decenas de miles de viviendas irregulares que ni la propia Administración andaluza ha podido contabilizar». Y argumenta que dichos inmuebles, además, se han construido «con la connivencia de ayuntamientos y de la propia Junta».

Clavero manifiesta que el decreto va a generar «un problema ambiental, territorial, económico y legal sin precedentes». Y recuerda que hasta podrá ir «contra la seguridad de las personas». 

El decreto beneficiará a una buena parte de las 25.000 construcciones ilegales en suelo no urbanizable que se calcula que hay en Andalucía. La Axarquía reúne 11.000 y la mayoría de las restantes se localiza en tierras almerienses.

Unos 400 residentes afectados, unidos bajo las siglas de SOHA (La Opinión)

La asociación ciudadana Save Our Homes in Axarquía (Soha) agrupa a unas 400 familias de multitud de nacionalidades, en su mayoría británicas (pero también originarias de Bélgica, Holanda, Suecia o Dinamarca), unidas por la situación irregular de sus viviendas y la lucha comunitaria por la defensa de sus intereses. Sus responsables consideran que el decreto llega con tres años de retraso, «porque el vacío legal» al que estaban sometidos muchos inmuebles ha impedido que algunos residentes hayan podido terminarlos para poder vivir dignamente en ellos».

En determinados casos, los ciudadanos extranjeros que adquirieron sus casas en el campo para jubilarse y pasar el resto de sus días en España «habían vendido en su país todo su patrimonio». De esa forma, hasta han tenido que volver a trabajar algunos para soportar los alquileres de unas viviendas alternativas a las que compraron.

Estas situaciones fueron publicadas en multitud de medios de comunicación europeos, por lo que, a juicio de estos residentes de Soha, el daño a la imagen turística de Andalucía ha quedado «dañado de por vida». En algunas páginas webs se recomienda la adquisición de inmuebles en otros países, a pesar de los conflictos sociales que atraviesan en la actualidad. Soha ha planteado a la Junta que, una vez que se pueda desarrollar al completo el nuevo decreto, se organicen campañas informativas donde los propietarios puedan conocer realmente cómo quedan sus casas. Y, en caso de que se alcance la seguridad jurídica, se dé a conocer fuera.

Antequera ingresará como mínimo 800.000 euros más al año con la revisión catastral (SUR)

La actualización del Catastro se está realizando desde el pasado mes de septiembre y se aplicará el próximo ejercicio

09.01.2012 - 

CARMEN MARTÍN

 

ANTEQUERA.

Vista general del casco urbano de la ciudad de Antequera. :: ARCHIVO / SUR

El Ayuntamiento de Antequera inició el pasado mes de septiembre los trámites necesarios para la renovación del Catastro Urbano de Antequera, después de que la última actualización se produjese en el año 2001, obteniéndose ya unos primeros datos más que beneficiosos para las arcas municipales. Según el alcalde, el popular Manuel Barón, un informe de la empresa que está realizando los trabajos, que actualmente ni siquiera ha llegado a revisar la mitad del Catastro, indica que «ya se han localizado unidades catastrales que no están dadas de alta y que representan para el Ayuntamiento, sin ningún tipo de subida del Impuesto de Bienes Inmueble (IBI), poder recaudar casi 800.000 euros más» al año, cifra que podría aumentar considerablemente una vez haya finalizado la revisión catastral, que se aplicará el próximo año 2013.

El regidor matizó que la actualización del Catastro no va a provocar que los contribuyentes paguen un IBI más alto, «sino que lo paguen muchos más, porque hay unidades catastrales que no están sujetas al IBI al no estar dadas de alta». «Son por ahora 800.000 euros que no se están pagando y me parece muy injusto que haya gente que no pague nada, por eso hemos apostado por hacer la revisión catastral y dar de alta todas las unidades», añadió el primer edil antequerano.

Casi 28.500 inmuebles

Según datos de 2010 de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda, en Antequera y Villanueva de la Concepción (que aún no aparece en las estadísticas) existen 12.340 parcelas urbanas que ocupaban una superficie de 857,99 hectáreas y un total de 28.475 bienes inmuebles, de los que 17.960 son residenciales, siendo el valor catastral total de 1.053 millones de euros.

La revisión catastral que se está llevando a cabo incluirá nuevos suelos y construcciones. También una reordenación del municipio por zonas de valoración más lógicas y adaptadas a la realidad inmobiliaria actual y a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Antequera.

El primer aparcamiento subterráneo de Frigiliana cumple un año cerrado (SUR)

El aparcamiento de El Ingenio de Frigiliana, con unas 500 plazas, ha cumplido este pasado mes de diciembre un año cerrado a cal y canto, después de que su hasta entonces propietario, la UTE Cruz del Pinto S. L. se declarara insolvente e incapaz de afrontar el pago de las letras de la hipoteca suscrita con Banesto. La entidad financiera lleva un año con la propiedad de la práctica totalidad del recinto, en el que apenas se habían vendido medio centenar de plazas a vecinos. Sin embargo, en los últimos meses se han conseguido colocar otro casi centenar de plazas, con lo que el aparcamiento subterráneo funciona ahora como un 'parking' privado, en el que los dueños de plazas entran con su llave. Sin embargo, el Ayuntamiento quiere que se abra en rotación, para aliviar así la falta de espacios donde los turistas puedan dejar sus vehículos cuando acuden a Frigiliana.

Para ello, desde el pasado año, llevan ofreciéndole a Banesto un contrato para hacerse con la gestión de las aproximadamente 250 plazas que, según las licencias otorgadas, tienen que ofrecerse bajo esta fórmula. Sin embargo, Banesto aún no ha contestado a la propuesta del equipo de gobierno de PA y PP.

«Frigiliana necesita este aparcamiento, porque cuando tenemos fiestas y ferias, no hay sitio donde aparcar», apuntó el edil de Urbanismo, José Antonio González (PP), quien confió en que la entidad acepte reabrir el aparcamiento antes de que llegue la próxima Semana Santa.

El Centro de Interpretación del Agua en Al Andalus de Vélez se queda sin fondos (SUR)

La Iniciativa Urbana deja el proyecto sin financiación en beneficio del museo municipal en el Hospital San Juan de Dios

09.01.2012 - 

AGUSTÍN PELÁEZ

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

Aspecto de una de las galerías realizadas por los árabes. :: SUR

Cuestión de prioridades. Lo que para el anterior gobierno tripartito en el Ayuntamiento de Vélez, formado por PSOE, IU y GIPMTM, constituía una actuación clave para la recuperación integral de los barrios más antiguos de la ciudad (La Villa, Arroyo de San Sebastián y La Molineta), para el actual gobierno del PP en el Consistorio no despierta el mismo interés, de ahí que haya decidido dejar sin financiación el proyecto del Centro de Interpretación del Agua en Al Andalus, aprovechando las redes y sistemas de suministro y captación de agua utilizados en la época nazarí para abastecer a la población veleña.

El proyecto tenía como finalidad hacer visitables dos de las minas de captación de agua construidas por los musulmanes para garantizar el abastecimiento de agua a los vecinos que residían tanto en el arrabal como la Fortaleza a finales del siglo XV y que estuvieron en funcionamiento hasta el siglo XVIII.

El nuevo gobierno municipal ha apostado por otras iniciativas, como es el caso de la rehabilitación del Hospital San Juan de Dios, que será sede el futuro Museo de la Ciudad, entre otras, agotando la financiación disponible en la Iniciativa Urbana de toda la Villa, dotada con un presupuesto de 14.297.300 euros y que persigue la recuperación de la antigua ciudad árabe. Según el coordinador del plan, Ángel Mata, para la realización del Centro de Interpretación del Agua en Al Andalus no existe proyecto, sino únicamente un estudio básico.

La intervención diseñada por los anteriores responsables de la Iniciativa Urbana debía centrase en dos galerías de captación de agua subterráneas ubicadas cerca de la antigua alcazaba árabe, en el barrio del Arroyo de San Sebastián, desconocidas para la mayor parte de la población veleña, ya que dejaron de ser utilizadas en el siglo XVIII. Las dos minas de captación de agua forman parte del sistema de aljibes, pozos, acequias y conductos que permitían abastecer de agua a Vélez, que en la época nazarí llegó a tener más de 4.000 habitantes cuando se construyó.

Herencia árabe

Más de quinientos años después aún perduran como testigos de aquel sistema de abastecimiento implantado por los árabes en la ciudad los pozos de San Sebastián y el Algarrobillo. El primero, excavado en la pizarra. El segundo cuenta con dos túneles de 57,30 y 26,60 metros de longitud, respectivamente. Esta captación la componen una emanación de agua con un pozo, dos entradas, un aljibe y dos túneles. Casi toda la galería está realizada con ladrillos y argamasa, excepto en varios tramos en los que sus diseñadores aprovecharon la pizarra del subsuelo.

Las dos galerías subterráneas tenían la finalidad de conducir el agua desde un pozo madre que la captaba desde las capas freáticas hasta otros pozos o aljibes de ventilación situados a cierta distancia y desde donde el líquido era conducido a través de tuberías de barro a otras zonas de la ciudad. La dimensión de estas minas no se conoció hasta 1985, a raíz de una profunda limpieza llevaba a cabo por el Ayuntamiento en las galerías y la realización del estudio arqueológico. El proyecto del anterior equipo de gobierno tripartito había sido presupuestado en 180.000 euros.

Arquitectos, obligados a emigrar para trabajar (SUR)

Numerosos arquitectos se han visto obligados a emigrar a países como Alemania, Suiza, Ecuador y Miami para encontrar trabajo ante la caída del sector inmobiliario español, según datos del decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, para quien un 30% de profesionales del sector está en el desempleo a nivel nacional, aunque este dato esconde, a su juicio, una realidad peor, ya que «no existe un término que defina la situación del que trabaja poco», debido al escaso volumen de actividad.

Teatinos y El Palo siguen sin piscinas pese a que el Ayuntamiento las adjudicó hace cinco años (SUR)

El Área de Deportes ha dado un ultimátum a la ACB para que inicie la obra de su centro wellness en las antiguas cocheras de la EMT

09.01.2012 - 

JESÚS HINOJOSA

 

MÁLAGA.

Los promotores de la piscina junto a la Ciudad de la Justicia solo empezaron los cimientos. :: SUR

Hace cinco años, cuando los efectos de la crisis todavía no se dejaban notar como en la actualidad, el Ayuntamiento cedió a empresas privadas la construcción y explotación de dos centros deportivos de barrio que todavía no han saltado de los planos a la realidad. Se trata de los complejos para la zona de Bizcochero, en Teatinos, junto a la Ciudad de la Justicia, y para el solar que ocuparon las antiguas cocheras de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) junto la avenida de Juan Sebastián Elcano, en El Palo. Ambas actuaciones se encuentran aún sin comenzar, ahora ya con el argumento de la falta de financiación, para frustración de decenas de miles de vecinos, potenciales usuarios de las piscinas cubiertas con que contarán las dos construcciones.

En el caso de El Palo, el equipo de gobierno selló a principios de 2007 el acuerdo con la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) para la realización del recinto deportivo, un centro wellness con circuito termal y terapias termales, centro médico, una piscina cubierta de 25 por 12,5 metros, dos piscinas de 12,5 por 5 metros, salas para fitness y actividades dirigidas, gimnasio, cafetería, vestuarios y pistas de pádel en el exterior. Entonces se anunció que las obras, valoradas en unos nueve millones de euros, podrían comenzar en verano de ese mismo año para estar listas a finales de 2008.

Primera piedra ficticia

Nada más lejos de la realidad, en el arranque de 2012 y tras un acto protocolario de puesta de la primera piedra el pasado mes de marzo, a dos meses vista de las elecciones municipales, los terrenos siguen vacíos. El concejal de Deportes, Damián Caneda, aseguró a este periódico que ha dado un ultimátum a la ACB para que inicie las obras en este mes. «En caso contrario, recuperaremos el suelo para cederlo a otro operador que esté interesado», dijo Caneda. No obstante, señaló que no cree que se llegue a este extremo, ya que la ACB, que anunció que las obras comenzarían el pasado noviembre, le ha comunicado que lo harán casi con toda seguridad en este mes de enero una vez que ha recabado la financiación necesaria y ha renovado su cúpula directiva, cuestión que también ha supuesto una mayor demora. En cualquier caso, de iniciarse en las próximas semanas, los primeros usuarios de las piscinas no podrán estrenarlas hasta 2014.

Peor pronóstico presenta el centro con piscina para Teatinos. La actuación se gestó en 2005 mediante una concesión del suelo a la empresa Udisa para su construcción y explotación. Siete años después, lo único que existe en la parcela es el inicio del forjado de un sótano que se ha quedado a medio terminar. Fuentes de la empresa reconocieron a este periódico que el problema sigue siendo la falta de financiación para las obras que, en una primera fase, suponen una inversión de 23 millones de euros. «La economía está parada y los bancos no dan crédito», argumentaron.

No obstante, en este caso, cabe preguntarse qué ha sucedido para que un equipamiento que se adjudicó en 2005 haya tardado tantos años en iniciarse. No fue hasta 2009 cuando el Ayuntamiento autorizó la división del proyecto en dos fases, una separación que solicitó la empresa para hacer más viable su ejecución. Cuatro años hasta llegar a ese permiso resultan a todas luces excesivos y, a día de hoy, son culpables de que este centro deportivo no haya escapado a los rigores de la crisis económica.

Campos de fútbol

La primera fase del proyecto consiste en la construcción de un edificio que contendrá un gimnasio, spa y una piscina cubierta. Contará, además, con dos sótanos con capacidad para 330 plazas de aparcamiento, así como con 15 pistas de pádel y 11 campos de fútbol, de los que dos serán de fútbol 7 y nueve de fútbol 5, en el exterior, gestionados por la empresa Soccerworld España. El aparcamiento ofrecerá plazas de rotación que podrán ser empleadas por los usuarios de la Ciudad de la Justicia, así como algunas para abonados y socios del futuro centro deportivo, que dispondrá igualmente de una cafetería.

Ante la demora en la realización de las obras, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, volvió a advertir seriamente a la empresa el pasado año de que, si no acometía el proyecto, rescataría la concesión que se le dio en 2005. Sin embargo, el equipo de gobierno volvió a dar finalmente una última oportunidad a Udisa para iniciar la edificación, algo que confía en que se produzca a lo largo de este año que comienza.

La segunda fase de este complejo, para la que tampoco hay fecha, consistirá en una zona comercial dotada con centro médico deportivo y restaurantes, y otro aparcamiento subterráneo de cuatro plantas que, con el de trescientas plazas, sumará unos 1.400 estacionamientos, por lo que se convertirá en el mayor de la ciudad.

Más de 60.000 casas ilegales en la provincia esperan una respuesta del Gobierno andaluz (SUR)

La Junta aprobará mañana el decreto para la regularización de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable

09.01.2012 - 

AGUSTÍN PELÁEZ apelaez@diariosur.es

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

Miles de casas ilegales de toda la provincia, como estas de Alcaucín, esperan la aprobación mañana por parte de la Junta del decreto de regularización.:: E. CABEZAS

Los propietarios de viviendas ilegales de la provincia esperan de la Junta de Andalucía una respuesta definitiva para regularizar sus casas, una problemática que afecta a más de 60.000 familias en los municipios malagueños, según estimaciones de la propia Consejería de Obras Públicas y Vivienda. El Consejo de Gobierno aprobará mañana el decreto de regularización de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable de Andalucía, después de que el pasado mes de diciembre el presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunciara que sería el 10 de enero de 2012 cuando se procediera a la aprobación del documento que permitirá la amnistía de miles de viviendas no sólo en la provincia, sino en todo el ámbito de la comunidad.

Los datos barajados hasta ahora por la Junta hablan de más de 300.000 las casas ilegales en la región, de las cuales un 20% se encuentran ubicadas en Málaga y provincia, aunque no existen datos reales sobre la totalidad de edificaciones en suelo no urbanizable que podrán acogerse a la nueva normativa .

Así, las estimaciones varían dependiendo de la fuente. Los afectados calculan que el número de viviendas irregulares puede superar incluso las 80.000. «Lo que es seguro es que son bastante más de las 60.000 de las que habla la Junta», señala la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), María del Mar Vázquez.

Axarquía

Según el presidente de la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), Philip Anthony Smalley, solo en la comarca oriental malagueña puede haber unas 30.000 casas ilegales. Esta cifra es sensiblemente superior a la barajada no solo por las asociaciones ecologistas, que siempre han hablado de unas 22.000, sino de las inventariadas por la propia Consejería de Obras Públicas y Vivienda (12.760).

A nivel provincial, la Junta solo tiene contabilizadas las edificaciones irregulares en 22 de los 31 pueblos de la Axarquía (Almáchar, Arenas, Comares, Iznate, Moclinejo, Alfarnate, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Alfarnatejo, Algarrobo, Benamocarra, Colmenar, Frigiliana, Periana, Sayalonga y Riogordo). En esta comarca restan aún por inventariar municipios como Alcaucín y La Viñuela, excluidos inicialmente por la consejería al encontrarse inmersos en procedimientos jurídicos muchas de las licencias. Solo estos dos pueblos podría sumar más de 2.500.

Sin inventarios

Tampoco han realizado el inventario localidades como Vélez-Málaga, donde la Junta estima que puede haber otras 4.000 viviendas, el mismo número que se baraja también en el término municipal de Mijas, donde el problema de las construcciones irregulares tiene una gran incidencia sobre la población. En el Valle del Guadalhorce se estiman unas 15.000 casas irregulares.

La inmensa mayoría de los pueblos de la provincia carecen por tanto del inventario de construcciones irregulares aisladas, aunque algunos ayuntamientos han optado por hacerlo con sus propios medios con el objetivo de que el decreto no les sorprenda sin este trabajo realizado. El problema es que las fichas no han sido cotejadas con la Delegación Provincial de Obras Públicas.

«El inventario no es indispensable, pero deseable, ya que facilitará el procedimiento. La filosofía del decreto es analizar caso por caso, por lo que disponer de una ficha pormenoridad de cada casa facilitará la tramitación. Además es bueno que los ayuntamientos que lo hayan hecho lo cotejen con la Junta, porque hay casos en los que no coinciden», explicó el delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez.

El portavoz de las casas de la Axarquía destacó que han sido seis años de lucha hasta lograr el cambio de posicionamiento de la Junta. «La primera que fuimos a hablar la respuesta fue que la ley está para cumplirla. Afortunadamente, hoy ese discurso ha cambiado. Ya es hora del ver el problema resuelto», dijo Smalley.

La aparición del decreto a dos meses y medio para que finalice la legislatura andaluza ha llevado al PP a calificar la medida de «electoralista».

Los promotores logran vender en 2011 casi la mitad de las viviendas en 'stock' (SUR)

La Asociación de Constructores advierte de que las operaciones cerradas suponen aún el 50% de la demanda natural de la provincia

09.01.2012 - 

JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es

 

MÁLAGA.

Apenas se construyen nuevas viviendas, pero se avanza poco a poco en la venta de las que llevan años terminadas, sobre todo gracias a la reducción de los precios, que anima a muchas parejas a comprar y a poner todo su empeño en conseguir de las entidades financieras los préstamos hipotecarios necesarios para alcanzar su sueño, cosa nada fácil en estos momentos. Según los datos que maneja la Asociación Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, a lo largo de 2011 se dio salida a unas diez mil viviendas del 'stock' de construidas con que contaba la provincia. El presidente de la ACP, José Prado, concretó que los pisos construidos y por estrenar sumaban unos 25.000 a finales de 2010. Sin embargo, esa cantidad ha podido reducirse a unos 14.000 gracias a las ventas que se han producido en el último año.

Con todo, Prado resaltó que las diez mil viviendas que a duras penas han podido colocarse solo suponen la mitad de la demanda natural de pisos de una provincia como la de Málaga, en la que residen un millón setecientas mil personas. «Nuestra demanda natural, sin contar la extranjera, que se mueve por otros parámetros más singulares, es de unas 22.000 casas al año, por lo que no llegamos ni a la mitad de esa cifra con lo que se ha podido vender en 2011 y, pese a ello, podemos decir que el mercado está más que servido», explicó.

Y es que, según el presidente de los promotores, la mitad de la población que reúne las condiciones sociales para necesitar el acceso a una vivienda «o no tiene trabajo o está mosca porque puede llegar a perder su actual empleo». «Hay doscientos mil parados en Málaga y, de ellos, el 45% son jóvenes en edad de comprar una vivienda que están fuera del mercado y no tienen esperanza de alcanzar el poder adquisitivo suficiente para emanciparse», añadió.

Desempleo

Es la pescadilla que se muerde de la cola. En ese nivel de desempleo tiene un peso decisivo la caída de la construcción. Si en 2007 ocupaba a 108.000 personas en la provincia, hoy lo hace solo con 49.000, con lo que ello supone no solo para los oficios relacionados directamente con la ejecución de un edificio, sino para las profesiones que de manera indirecta dependen del ladrillo. «Está demostrado que cada empleo de la construcción genera al menos uno o dos más adyacentes, por lo que la caída del sector puede estar detrás de unos 120.000 parados en la provincia. El resto lo serán del sector servicios», argumentó José Prado.

A su juicio, gran parte de culpa de este panorama la tiene la clase política, «que no se ha preocupado en los últimos años de atraer inversores y se ha limitado a ganar mucho dinero a cuenta de la construcción. Luego nos echan la culpa a los promotores, pero hemos sido nosotros los que hemos creado riqueza y puestos de trabajo mientras los políticos no hacían sus deberes, que eran atraer a emprendedores y empresas de la economía productiva para diversificar el mercado. El Parque Tecnológico no lo es todo, ¿dónde estaba la iniciativa de los alcaldes? Es que no sabían que una crisis viene cada cinco u ocho años. Lo que han hecho es derrochar el dinero», dijo.

366 millones por cobrar

Además, Prado cuantificó en 366 millones de euros la deuda de las administraciones públicas con las empresas constructoras y promotoras de la provincia, con la excepción de los ayuntamientos de Málaga y Torremolinos que, según aseguró, «están al día en los pagos». Según denunció, a esta deuda hay que sumar unos 56 millones de euros de préstamos que las empresas han tenido que contraer para poder pagar por adelantado el 18% del IVA de las facturas que no les paga la administración, que sí les reclama este impuesto bajo amenaza de sanción y embargo. «La situación es totalmente kafkiana», concluyó el presidente de la ACP, quien confía en que se sigan vendiendo viviendas terminadas a lo largo de 2012 para abordar en 2013 ó 2014 la construcción de nuevas promociones.