Los colectivos ecologistas en la comarca de la Axarquía han pedido a la Junta de Andalucía que sea «rigurosa» y «no legalice miles de viviendas en todo el territorio andaluz y, más concretamente en la Costa del Sol más orienta, sin asegurarse de que no conspira contra el interés general y el entorno medioambiental que es patrimonio común».
Así plantean tanto Ecologistas en Acción como asociaciones ciudadanas, de la experiencia de la torroxeña Tiemposub, la necesidad de que el presidente regional, José Antonio Griñán, «no utilice una medida tan compleja como es una regulación, a las puertas de las elecciones autonómicas, para tan solo arañar un puñado de votos».
El secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, incluso ha calificado de «inadmisible» la legalización de «decenas de miles de viviendas irregulares que ni la propia Administración andaluza ha podido contabilizar». Y argumenta que dichos inmuebles, además, se han construido «con la connivencia de ayuntamientos y de la propia Junta».
Clavero manifiesta que el decreto va a generar «un problema ambiental, territorial, económico y legal sin precedentes». Y recuerda que hasta podrá ir «contra la seguridad de las personas».
El decreto beneficiará a una buena parte de las 25.000 construcciones ilegales en suelo no urbanizable que se calcula que hay en Andalucía. La Axarquía reúne 11.000 y la mayoría de las restantes se localiza en tierras almerienses.
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