Políticos, ecologístas y afectados coinciden en que la legalización no resolverá los problemas estructurales
El término municipal de Alcaucín concentra el mayor número de viviendas irregulares construidas en suelo no urbanizable. F. E.
La Junta tiene previsto aprobar mañana el decreto que regularizará la situación de más de 11.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en la Axarquía. Las familias afectadas ven más sombras que luces en el borrador del acuerdo y critican el retraso de la aprobación del mismo, a escasos tres meses de las elecciones.
FRAN EXTREMERA El martes 10 de enero está marcado en rojo en el almanaque del nuevo año para unas 11.000 familias de la Axarquía que permanecen a la espera de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía resuelva la situación jurídica de las viviendas irregulares que poseen en suelo no urbanizable. El decreto que servirá para regular el régimen de las edificaciones y asentamientos en ese tipo de terrenos ha generado, no obstante, bastante desconfianza. El retraso desde que fue anunciado, hace casi un año, y un borrador «con muchas más sombras que luces» tienen la culpa.
El sentir es casi unánime. Entre la clase política reina el desconcierto. Hasta los alcaldesa socialistas, con algunos compañeros en prisión o procesados por la vía penal tras haber otorgado irregularmente licencias para ese tipo de inmuebles, se escuchan voces críticas con el Ejecutivo andaluz. En las filas de las asociaciones y colectivos ecologistas, la principal reclamación parte de la necesidad de imponer «cargas» aquellas personas que realmente son responsables de esta situación. Y en el corazón del problema también, los afectados quieren una mayor definición sobre su futuro.
Uno de los representantes públicos más críticos es el alcalde de Vélez Málaga, la capital de la comarca, y a su vez parlamentario, Francisco Delgado Bonilla (PP). En un foro como la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía proclamaba hace apenas unos días: «La Junta, después de más de 20 años, quiere ejercer de bombero ahora; ha actuado como un pirómano al permitir durante estas décadas la construcción de viviendas ilegales en el suelo no urbanizable de esta comarca y quiere cambiar su discurso a escasas fechas para las elecciones. Pero no se puede mirar para otro lado y dejar que el incendio haya acabado con nuestro paisaje y ahora venir con agua a intentar paliar un territorio en el que sólo quedan cenizas», manifestaba el regidor.
El municipio con más viviendas afectadas por el decreto, concretamente más de 1.600, es Alcaucín. Su alcalde, Domingo Lozano (PP), también subraya que el decreto se apruebe a las puertas de unas elecciones. Pero agrega que la gente «tiene mucha fe, que es lo último que se pierde, en que pueda la Junta darles seguridad jurídica respecto a sus viviendas». Su homólogo en Sayalonga, Antonio Jesús Pérez (PP), apunta lo contrario: «Se ha perdido la esperanza. La gente nos dice que hasta que no lo vean, no se creen el decreto».
Agrega la mayoría de regidores que los problemas estructurales, en cuanto a la necesidad de buscar soluciones a la falta de servicios básicos de muchas de estas fincas, continuarán después. Y se pone el acento en que la administración autonómica tenía que haber afrontado «sin más aplazamientos» las medidas que permitiesen a los ayuntamientos resolver esas necesidades colectivas, tal y como sostiene el alcalde de Almáchar, José Gámez (IU).
El regidor socialista de Sedella, José Antonio Gutiérrez, va más allá e incluso solicita que la Junta permita cobrar a los consistorios cobrar el IBI de los inmuebles ya regulados, incluso con carácter retroactivo desde que fueron construidos. Y es que de momento lo que prima es la incertidumbre.
El sentir es casi unánime. Entre la clase política reina el desconcierto. Hasta los alcaldesa socialistas, con algunos compañeros en prisión o procesados por la vía penal tras haber otorgado irregularmente licencias para ese tipo de inmuebles, se escuchan voces críticas con el Ejecutivo andaluz. En las filas de las asociaciones y colectivos ecologistas, la principal reclamación parte de la necesidad de imponer «cargas» aquellas personas que realmente son responsables de esta situación. Y en el corazón del problema también, los afectados quieren una mayor definición sobre su futuro.
Uno de los representantes públicos más críticos es el alcalde de Vélez Málaga, la capital de la comarca, y a su vez parlamentario, Francisco Delgado Bonilla (PP). En un foro como la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía proclamaba hace apenas unos días: «La Junta, después de más de 20 años, quiere ejercer de bombero ahora; ha actuado como un pirómano al permitir durante estas décadas la construcción de viviendas ilegales en el suelo no urbanizable de esta comarca y quiere cambiar su discurso a escasas fechas para las elecciones. Pero no se puede mirar para otro lado y dejar que el incendio haya acabado con nuestro paisaje y ahora venir con agua a intentar paliar un territorio en el que sólo quedan cenizas», manifestaba el regidor.
El municipio con más viviendas afectadas por el decreto, concretamente más de 1.600, es Alcaucín. Su alcalde, Domingo Lozano (PP), también subraya que el decreto se apruebe a las puertas de unas elecciones. Pero agrega que la gente «tiene mucha fe, que es lo último que se pierde, en que pueda la Junta darles seguridad jurídica respecto a sus viviendas». Su homólogo en Sayalonga, Antonio Jesús Pérez (PP), apunta lo contrario: «Se ha perdido la esperanza. La gente nos dice que hasta que no lo vean, no se creen el decreto».
Agrega la mayoría de regidores que los problemas estructurales, en cuanto a la necesidad de buscar soluciones a la falta de servicios básicos de muchas de estas fincas, continuarán después. Y se pone el acento en que la administración autonómica tenía que haber afrontado «sin más aplazamientos» las medidas que permitiesen a los ayuntamientos resolver esas necesidades colectivas, tal y como sostiene el alcalde de Almáchar, José Gámez (IU).
El regidor socialista de Sedella, José Antonio Gutiérrez, va más allá e incluso solicita que la Junta permita cobrar a los consistorios cobrar el IBI de los inmuebles ya regulados, incluso con carácter retroactivo desde que fueron construidos. Y es que de momento lo que prima es la incertidumbre.
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