lunes, 3 de octubre de 2011

Piden mano dura con las casas ilegales. Vélez-Málaga (SUR)


Temen que la legalización se interprete como que en Andalucía hay carta blanca para construir en suelo no urbanizable Ecologistas exigen que el decreto de regularización tenga una orientación más sancionadora
03.10.2011 - 
AGUSTÍN PELÁEZapelaez@diariosur.es
 
VÉLEZ-MÁLAGA.

Piden mano dura con las casas ilegales
Los ecologistas hablan de más de 22.000 viviendas ilegales en la Axarquía. :: E. CABEZAS
«Si miles de viviendas se legalizan de un plumazo, por qué las que se hagan en un futuro próximo, no se pueden beneficiar de lo mismo». Con estas palabras expresa el presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena-Ecologistas en Acción), Rafael Yus, la preocupación el efecto llamada que puede tener el decreto para la regularización de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable de Andalucía en el que trabaja la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Según Yus, Gena-Ecologistas en Acción considera positivo el interés de la Junta de Andalucía por dar una solución a una problemática de gran impacto ambiental en el suelo no urbanizable de esta región, «provocada por la dejación de funciones por parte de la administraciones locales y de la propia Administración autonómica, competentes en materia urbanística».
«Sin embargo, consideramos que el enfoque del borrador de decreto significa literalmente un respaldo de la Administración al urbanismo ilegal en suelo no urbanizable, por cuanto las salidas que se dan permitirán a los infractores proseguir con el propósito que les llevó a saltarse todas las reglamentaciones: el de especular con el suelo, con la vivienda y con elementos comunales de gran importancia estratégica y ambiental, como el paisaje y la calidad del medio ambiente, y conseguir un estatus de total impunidad», explica.
Para el colectivo ecologista de la Axarquía, donde existen por el momento 12.760 viviendas y edificaciones irregulares inventariadas, lo deseable hubiera sido que las administraciones competentes en disciplina urbanística hubieran sido beligerantes desde el principio, asumiendo los costes electorales que pudieran derivarse de la impopularidad. «Pero estos costes no serían de la envergadura que tienen ahora si se hubieran asumido de forma contundente desde el principio. Nadie construiría una vivienda a sabiendas que se la iban a derribar», explica Gena-Ecologistas en Acción.
«Agravio comparativo»
«Como esto no solo no ha sucedido, sino que se ha alentado y ahora, vía este decreto, se legaliza, esta actitud de infracción urbanística no desaparecerá de la población y estará siempre presente el efecto de 'agravio comparativo'», lamenta Yus, para quien no debe sorprender que muchos ciudadanos lleguen a entender que las leyes no están para que se cumplan, «y que en Andalucía hay carta blanca para construir viviendas en suelo no urbanizable, pues en la práctica todo es urbanizable».
Para el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, dado que ninguna administración va a asumir el coste electoral que supondrá la demolición de decenas de miles de viviendas, es por lo que propone que el decreto de regularización tenga una orientación más sancionadora para que provoque un efecto disuasorio en el futuro infractor, al tiempo que a los miles de actuales infractores se les penalice de forma mínimamente seria.
En este sentido, la asociación ecologista, que se ha destacado por ser uno de los colectivos que más ha denunciado durante los últimos años lo que estaba sucediendo con el urbanismo en la Axarquía, exige a la Junta que las viviendas ilegales cuya infracción no haya prescrito y las que se encuentren en suelos protegidos o con riesgos naturales potenciales, sean demolidas en un plazo no superior a dos años.
Asimismo, el colectivo pide a la Consejería de Vivienda que las casas que hayan prescrito y no se encuentren en suelos protegidos o con riesgos naturales potenciales, sean catalogadas y registradas en los ayuntamientos como edificaciones fuera de ordenación, pero con restricciones. Es decir, deben ser domicilio habitual y primera residencia del titular (y en su caso familia), no solo para fines de semana o vacaciones. Si este estatus cambia, el propietario debe hacerse cargo de su demolición, proponen los ecologistas.
Asimismo, proponen que se les imposibilite utilizar estas viviendas en el mercado inmobiliario. «No la podrán vender, sólo transmitir a sus herederos directos como primera residencia, y así sucesivamente hasta su declaración de ruina, en cuyo caso tendría que ser demolida por el último heredero que deja de habitarla. En caso de que no los hubiere, la vivienda tendría que ser demolida subsidiariamente por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento debe comunicar esta situación al Registro de la Propiedad, que deberá hacer constar esta carga como nota marginal», propone Gena.
Solo propietarios
La asociación defiende asimismo la imposibilidad de que las viviendas ilegales cuya infracción no haya prescrito y no se encuentren en suelos protegidos o con riesgos naturales potenciales se puedan alquilar a otras personas temporal o permanentemente. «En esta vivienda solamente pueden vivir los propietarios y herederos directos», considera el colectivo ecologista.
Para Gena-Ecologistas en Acción, como norma general se debería acometer un proceso político y jurídico por el cual se desprovea a los ayuntamientos de la competencia de disciplina urbanística o, en su caso, se potencien los medios legales, personales y materiales para hacer más efectiva las competencias subsidiarias de la Junta de Andalucía y la labor de investigación de los equipos especializados en la lucha contra la especulación y la corrupción urbanística de los cuerpos y fuerzas de fuerzas de seguridad del Estado.

La rehabilitación del Trapiche de Guadaiza sale del letargo. Marbella (SUR)


Tras los trabajos de refuerzo de la estructura, el Ayuntamiento asegura que la recuperación del inmueble comenzará en los próximos días
03.10.2011 - 
CRISTINA GONZÁLEZ
 
SAN PEDRO.

La rehabilitación del Trapiche de Guadaiza sale del letargo
Estado actual del Trapiche de Guadaiza, en San Pedro Alcántara, donde ya se han realizado los trabajos de refuerzo y va a comenzar la rehabilitación. :: JOSELE-LANZA
Hace más de un año las lluvias aguaron el proyecto de rehabilitación del Trapiche de Guadaiza. Eso, y los cambios en la financiación de un proyecto que los sampedreños llevaban esperando más de una década. La antigua azucarera, que ya venía tocada por el paso del tiempo, se resquebrajó aún más por las intensas lluvias del invierno y de la primavera del año pasado, que pusieron en peligro la estabilidad del propio edificio. Mientras, el equipo de gobierno decidió trasvasar la subvención de la Diputación Provincial de Málaga para acometer el centro de usos sociales del Parque Miraflores y recuperar este señero edificio con fondos propios.
De eso hace más de doce meses. Desde entonces, apenas se ha avanzado en las obras para reparar uno de los pocos vestigios que queda de la antaño colonia agrícola fundada por el marqués del Duero. Al menos de puertas para afuera. Según explicaron fuentes del equipo de gobierno, hasta el momento se ha trabajado en el refuerzo de la estructura y el micropilotaje para poder consolidar las zonas que estaban en peligro. El siguiente paso, según indicaron, será comenzar con la rehabilitación propiamente dicha, a cargo de la empresa Obras y Restauraciones Picaso ORP SL, mercantil responsable de ejecutar la recuperación del antiguo trapiche para convertirlo en un centro educativo y cultural. «Los trabajos comenzarán en cuestión de días», remarcaron las mismas fuentes. Una vez se pongan manos a la obra, deberán además demoler uno de los muros que, según el informe técnico que se emitió en su día, corre riesgo de desplomarse.
Lo que se desconoce es el coste final que tendrá la actuación. Inicialmente la rehabilitación fue adjudicada en mayo del año pasado a ORP por 2,2 millones de euros, lo que incluía el equipamiento de las instalaciones. Los problemas derivados de las lluvias, sin embargo, obligaron a estirar el presupuesto para realizar la intervención urgente, que supuso un desembolso complementario que no ha sido cuantificado.
La oposición también anda con la mosca detrás de la oreja. El grupo municipal socialista, a través del concejal Ricardo López, reclamó hace dos meses en pleno que se acometiera con urgencia la rehabilitación del edificio y recordó que, pese a que en diversos presupuestos municipales se habían incluido partidas específicas para la rehabilitación de la antigua azucarera, «esta actuación tan demandada todavía no se ha acometido». Aseguró además que tanto en los presupuestos de 2009 como en 2010 se incluían partidas de 1,5 y 1,3 millones para la recuperación.
Arte y Cultura
Lo que sí está claro es el destino de las instalaciones una vez reformadas. Cuando finalicen las obras, el Trapiche de Guadaiza se transformará en una biblioteca histórica especializada en San Pedro, una sala de usos múltiples y un museo agrícola que rememore el pasado de la colonia, además de albergar las aulas de Arte y Cultura de San Pedro Alcántara.