Temen que la legalización se interprete como que en Andalucía hay carta blanca para construir en suelo no urbanizable Ecologistas exigen que el decreto de regularización tenga una orientación más sancionadora
Los ecologistas hablan de más de 22.000 viviendas ilegales en la Axarquía. :: E. CABEZAS
«Si miles de viviendas se legalizan de un plumazo, por qué las que se hagan en un futuro próximo, no se pueden beneficiar de lo mismo». Con estas palabras expresa el presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena-Ecologistas en Acción), Rafael Yus, la preocupación el efecto llamada que puede tener el decreto para la regularización de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable de Andalucía en el que trabaja la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Según Yus, Gena-Ecologistas en Acción considera positivo el interés de la Junta de Andalucía por dar una solución a una problemática de gran impacto ambiental en el suelo no urbanizable de esta región, «provocada por la dejación de funciones por parte de la administraciones locales y de la propia Administración autonómica, competentes en materia urbanística».
«Sin embargo, consideramos que el enfoque del borrador de decreto significa literalmente un respaldo de la Administración al urbanismo ilegal en suelo no urbanizable, por cuanto las salidas que se dan permitirán a los infractores proseguir con el propósito que les llevó a saltarse todas las reglamentaciones: el de especular con el suelo, con la vivienda y con elementos comunales de gran importancia estratégica y ambiental, como el paisaje y la calidad del medio ambiente, y conseguir un estatus de total impunidad», explica.
Para el colectivo ecologista de la Axarquía, donde existen por el momento 12.760 viviendas y edificaciones irregulares inventariadas, lo deseable hubiera sido que las administraciones competentes en disciplina urbanística hubieran sido beligerantes desde el principio, asumiendo los costes electorales que pudieran derivarse de la impopularidad. «Pero estos costes no serían de la envergadura que tienen ahora si se hubieran asumido de forma contundente desde el principio. Nadie construiría una vivienda a sabiendas que se la iban a derribar», explica Gena-Ecologistas en Acción.
«Agravio comparativo»
«Como esto no solo no ha sucedido, sino que se ha alentado y ahora, vía este decreto, se legaliza, esta actitud de infracción urbanística no desaparecerá de la población y estará siempre presente el efecto de 'agravio comparativo'», lamenta Yus, para quien no debe sorprender que muchos ciudadanos lleguen a entender que las leyes no están para que se cumplan, «y que en Andalucía hay carta blanca para construir viviendas en suelo no urbanizable, pues en la práctica todo es urbanizable».
Para el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, dado que ninguna administración va a asumir el coste electoral que supondrá la demolición de decenas de miles de viviendas, es por lo que propone que el decreto de regularización tenga una orientación más sancionadora para que provoque un efecto disuasorio en el futuro infractor, al tiempo que a los miles de actuales infractores se les penalice de forma mínimamente seria.
En este sentido, la asociación ecologista, que se ha destacado por ser uno de los colectivos que más ha denunciado durante los últimos años lo que estaba sucediendo con el urbanismo en la Axarquía, exige a la Junta que las viviendas ilegales cuya infracción no haya prescrito y las que se encuentren en suelos protegidos o con riesgos naturales potenciales, sean demolidas en un plazo no superior a dos años.
Asimismo, el colectivo pide a la Consejería de Vivienda que las casas que hayan prescrito y no se encuentren en suelos protegidos o con riesgos naturales potenciales, sean catalogadas y registradas en los ayuntamientos como edificaciones fuera de ordenación, pero con restricciones. Es decir, deben ser domicilio habitual y primera residencia del titular (y en su caso familia), no solo para fines de semana o vacaciones. Si este estatus cambia, el propietario debe hacerse cargo de su demolición, proponen los ecologistas.
Asimismo, proponen que se les imposibilite utilizar estas viviendas en el mercado inmobiliario. «No la podrán vender, sólo transmitir a sus herederos directos como primera residencia, y así sucesivamente hasta su declaración de ruina, en cuyo caso tendría que ser demolida por el último heredero que deja de habitarla. En caso de que no los hubiere, la vivienda tendría que ser demolida subsidiariamente por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento debe comunicar esta situación al Registro de la Propiedad, que deberá hacer constar esta carga como nota marginal», propone Gena.
Solo propietarios
La asociación defiende asimismo la imposibilidad de que las viviendas ilegales cuya infracción no haya prescrito y no se encuentren en suelos protegidos o con riesgos naturales potenciales se puedan alquilar a otras personas temporal o permanentemente. «En esta vivienda solamente pueden vivir los propietarios y herederos directos», considera el colectivo ecologista.
Para Gena-Ecologistas en Acción, como norma general se debería acometer un proceso político y jurídico por el cual se desprovea a los ayuntamientos de la competencia de disciplina urbanística o, en su caso, se potencien los medios legales, personales y materiales para hacer más efectiva las competencias subsidiarias de la Junta de Andalucía y la labor de investigación de los equipos especializados en la lucha contra la especulación y la corrupción urbanística de los cuerpos y fuerzas de fuerzas de seguridad del Estado.
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