viernes, 11 de noviembre de 2011

Los ayuntamientos deben 157 millones a la construcción en Málaga (La Opinión)

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Las empresas del sector de la construcción en Málaga asisten impotentes al incremento mes a mes de la deuda que las administraciones públicas mantienen con ellas, algo que les está complicando extraordinariamente la existencia en estos momentos en el que el parón inmobiliario y la bajada de la licitación de la obra pública mantienen la actividad bajo mínimos. 

La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) cifra ya en unos 327 millones de euros la deuda que los distintos ayuntamientos de la provincia y la Junta de Andalucía tienen contraídas con empresas del sector por obras y servicios realizados y no satisfechos aún.

El montante del débito se reparte entre los 170 millones de euros que debe la Junta de Andalucía y los 157 que adeudan los municipios. Pero es que además ambas deudas crecen a un ritmo de un millón de euros al mes en concepto de intereses, según las estipulaciones de la Ley de Morosidad.

En lo referente a los ayuntamientos, las elecciones municipales del pasado 22 de mayo no han mejorado una situación de morosidad que se viene soportando desde hace más de dos años. Por el contrario, la llegada a los consistorios de los nuevos equipos de gobierno ha propiciado aún más retrasos en el pago, bien porque nada más llegar se solicitaron auditorías para comprobar el estado real de las cuentas, o bien porque se comprobó que, efectivamente, no había ni un euro en las arcas.

Un «top 5» de morosos

El ranking de ayuntamientos morosos sigue dominado, como ya se comentó hace unos meses, por cinco consistorios que reúnen entre todos ellos una deuda global de más de 50 millones de euros, lo que equivaldría a un tercio del total de lo que adeudan las administraciones locales malagueñas. Esos cinco ayuntamientos son, en orden de mayor a menor cuantía de la deuda, los de Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Rincón de la Victoria. Todos ellos deben por encima de los 10 millones.

Fuentes del sector recuerdan que actualmente se ha habilitado una línea de créditos a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a que los ayuntamientos salden sus deudas con los proveedores y apuntaron que «sería muy interesante comprobar cuántos municipios se han adherido a la misma» porque eso demostraría su predisposición a solucionar el problema. De momento, sólo se han conocido casos esporádicos de localidades que han solicitado estos créditos o han mostrado su intención de hacerlo para atender al pago a proveedores –y no sólo a constructores– como Vélez-Málaga, Torremolinos o Manilva. 

Los datos oficiales apuntan que la citada línea de crédito «ICO entidades Locales», puesta en marcha el pasado mes de julio y que expira el 30 de noviembre, ha aprobado en toda España 459 millones de euros en préstamos para 164 entidades locales, pero no hay desglose de datos provinciales ni municipales. 


Registro municipal de facturas y vía judicial


El sector constructor malagueños damnificado por las deudas también reclama a los ayuntamientos en general que cumplan con su obligación de crear los Registros Municipales de Facturas, que son obligatorios según la Ley 15/2010 de modificación de la Ley de Morosidad desde el mes de julio del año 2010. En caso de fallar todos estas instancias, los empresarios ya han afirmado en alguna ocasión que la única salida que ven al problema de las deudas de los ayuntamientos es que la Justicia imponga responsabilidades penales a los responsables municipales como continuación a algunas sentencias dictadas en los últimos años.

Pero tampoco en esa vía hay demasiadas esperanzas. Los empresarios recuerdan que la falta de un procedimiento judicial agilizado hace que cuando llegan las sentencias haya pasado tanto tiempo que la pequeña o mediana empresa afectada por la morosidad, con toda probabilidad, ha desaparecido por «asfixia financiera».

Esta situación, por otro lado, no es exclusiva del sector de la construcción, aunque sí es verdad que es uno de los más afectados. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) afirmó hace unas semanas que la deuda global de las administraciones con sus empresas proveedoras asciende a 500 millones de euros.

Avalancha de ofertas para construir 84 VPO en Málaga (La Opinión)


Más de 500 firmas han presentado sus ofertas para redactar los proyectos básicos, de ejecución, de infraestructuras de telecomunicaciones y la dirección de obras de diez actuaciones que suponen la construcción de 511 viviendas en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.

Según indica la Junta, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha sacado a licitación estos proyectos con un presupuesto de 1,61 millones de euros y la previsión es que se puedan adjudicar en el primer trimestre de 2012. De ese futuro parque residencial, 211 viviendas se construirán en el marco de los planes de rehabilitación integral que ejecuta la Junta de Andalucía en los cascos históricos de Almería y Málaga; mientras que el resto corresponde a desarrollos urbanísticos en terrenos propiedad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Estas diez actuaciones, en las que las empresas adjudicatarias destinarán aproximadamente un periodo de 8 meses para la redacción de los proyectos, tienen una inversión asociada a la ejecución de las obras de 21,6 millones de euros en concepto de edificación y urbanización.

En el ámbito de la rehabilitación, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha recibido 281 ofertas procedentes de empresas interesadas en asumir la redacción de seis proyectos de Almería y Málaga.

En Málaga, un total de 170 empresas optan a adjudicarse con un presupuesto de casi 365.000 euros la primera fase de cuatro proyectos incluidos en el área de rehabilitación del centro histórico de la capital, que prevén la construcción de 84 VPO en las calles Chinchilla, Dos Aceras, Alta, Biedmas, Viento, Rosal Blanco y Parras.

Esas promociones se desarrollan en el marco del convenio existente entra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para destinar suelo a la edificación de vivienda protegida. Las viviendas se construirán en régimen general en venta, salvo los 14 alojamientos protegidos previstos en la calle Parras, que se destinarán al alquiler.

En la provincia de Almería las dos actuaciones que se están licitando, con un presupuesto de 309.519 euros, han recibido 111 ofertas y hacen referencia a la redacción de los proyectos para la demolición y construcción en El Puche Centro de 116 VPO, destinadas a sustituir a las actuales edificaciones existentes en esa zona del barrio de El Puche.

Esta iniciativa está vinculada al proceso de renovación urbana que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda desarrolla en esta barriada, con el fin de «mejorar la calidad de vida y lograr una normalización de su población residente». El proceso de realojo definitivo en nuevas viviendas y demolición de las existentes se ha iniciado ya, con la construcción de 142 viviendas protegidas que fueron entregadas a las primeras familias en el presente año. Los futuros pisos, que contarán con tres dormitorios y 70 metros cuadrados de superficie, se adjudicarán en régimen de alquiler a 25 años.

Urbanismo vetará el uso de pavimento resbaladizo (La Opinión)

Las reformas de calles que se realicen a partir de ahora no podrán utilizar materiales que resbalen o acumulen suciedad, según explicó ayer el delegado municipal de Urbanismo y Vivienda, Diego Maldonado, quien apuntó que se ha dado la orden de vetar esos pavimentos para seguir las indicaciones de la Guía para la utilización de pavimentos en espacios públicos, elaborada por el Ayuntamiento de Málaga en colaboración con expertos en este tema.

Maldonado señaló que los próximos proyectos de reurbanización que está realizando la Gerencia Municipal de Urbanismo ya incorporan las recomendaciones de la guía, que fue presentada ayer junto al concejal de Accesibilidad y Movilidad, Raúl López. Así, para la próxima reforma de calles vinculada al Soho o la remodelación del entorno sur de la Catedral «no autorizaremos ningún pavimento que no ofrezca seguridad contra los deslizamientos y facilidad de limpieza», apuntó Diego Maldonado.

No obstante, el delegado de Urbanismo subrayó que las indicaciones que se recogen en la guía no se aplicarán a las calles ya remodeladas: «Es un planteamiento de futuro, pero no podemos levantar todo el pavimento de Málaga, sino que actuaremos en los nuevos proyectos». De esta forma, Maldonado descartó actuar en calles como la plaza del Siglo o del Carbón, que recibió muchas críticas por el acabado del acerado. Eso no quita para que Diego Maldonado afirme: «Si hay cualquier cuestión que necesite mejorar en seguridad y accesibilidad, lo haremos».

Respecto a las últimas remodelaciones del Centro, el delegado de Urbanismo subrayó que la plaza de la Merced se ha ejecutado siguiendo estos criterios, mientras que en el caso de las calles Cister, Alcazabilla y Molina Lario «se ha buscado un material que está por encima de lo que exige la normativa». Maldonado subrayó que la guía va mucho más allá de la exigencia legal «y nos servirá para ajustar más las mejoras y ofrecer más calidad de vida».

Muelle 1 y 2

El concejal de Accesibilidad y Movilidad, Raúl López, destacó la reforma de los muelles 1 y 2 del puerto como ejemplos en la elección de pavimentos que no son deslizantes y no acumulan suciedad «que además de afectar la imagen, también resbala». En este sentido, señaló que el material elegido en las actuaciones «hemos trabajado para que no resbale y dificulte el desplazamiento».

Además, Raúl López adelantó que también se ha buscado una solución para el adoquinado tradicional de esta zona portuaria y que se mantiene en algunos tramos del muelle 1. «Se instalarán caminos que irán de forma longitudinal al muelle y perpendicular a los comercios para facilitar el acceso», agregó el concejal, quien reiteró que esta actuación es muy importante para facilitar el tránsito de personas con alguna discapacidad motora.

El concejal de Accesibilidad y Movilidad destacó también que se está actuando en la calle Madre de Dios para corregir los problemas ocasionados por su diseño y elección de materiales en el tramo del carril bici y que había provocado muchas quejas por ser resbaladizos.
La Guía para la utilización de pavimentos en espacios públicos ha sido elaborada a partir de las I Jornadas de Diseño de Pavimentos Accesibles, en las que diversos expertos plantearon sus recomendaciones para la elección de un material que facilite el tránsito peatonal. 

Además, este libro cuenta con el apoyo del Grupo TAU, que plantea la existencia de productos que no son deslizantes y son fáciles de limpiar.
El director de la empresa Todo Construcción, distribuidora en Málaga de TAU, José Modesto, destacó que Málaga se sitúa como una referencia europea con esta guía, que es pionera en el sector.

Propuestas de actuación en zonas señaladas (La Opinión)

MIGUEL FERRARY La Guía para la utilización de pavimentos en espacios públicos incluye el análisis de varias zonas de la ciudad, sobre las que analiza sus problemas y aporta algunas soluciones, a cargo de distintos expertos. Es el caso del paseo marítimo de Pedregalejo, donde señala la posibilidad de eliminar la diferencia de altura que hay en el paseo, dejando todo al mismo nivel.

Así, propone que la actual zona de paseo, la más cercana a la playa, se diferencia de las terrazas por el tipo de material. Mientras la primera sería con madera tratada, la parte de las terrazas se pavimentaría a base de hormigón con áridos o granito. También plantea peatonalizar los acceso peatonales desde la calle Bolivia, eliminar jardineras y mejorar los vados.

La guía también plantea una reforma de la calle San Agustín, donde el pavimento del tramo entre la iglesia y el Museo Picasso dificulta la accesibilidad. La propuesta es mantenerlo en los laterales y abrir un camino central con un material más adecuado. 

Sobre el Paseo Marítimo de Poniente, advierte de la existencia de diferentes niveles de paseo que no siempre están bien conectados, así como una mezcla de pavimentos que no continúan un criterio claro. Propone diferenciar mejor el carril bici, así como hacer que el tránsito entre el paseo y la playa sea suave y con una rampa mínima. En esta línea, insiste en la necesidad de continuar el paseo marítimo de Poniente hacia la desembocadura del Guadalhorce, con un diseño propio de un paseo fluvial y recuperando el espigón de la Térmica.

La venta de viviendas en la provincia cae un 39% en septiembre (SUR)


El desplome del sector inmobiliario sigue lejos de encontrar freno. La compraventa de viviendas descendió en septiembre en la provincia de Málaga un 39% respecto al mismo mes de 2010, según los datos de la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad del Instituto Nacional de Estadística, difundidos ayer. Se trata de una caída superior a la registrada en el ámbito (que fue del 32,6%) y nacional (del 28%).
En el noveno mes de este año se registraron 1.196 operaciones de compraventa de viviendas en la provincia, frente a las 1.960 de septiembre de 2010. La bajada fue mayor en los inmuebles nuevos que en los usados, de forma que ambos tipos casi igualaron sus ventas: se comercializaron 662 nuevos y 534 de segunda mano. Por otra parte, solo el 10% de las casas vendidas fueron de protección oficial.
La segunda cifra más baja
En el ámbito, la compraventa de viviendas cayó un 28,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 25.881 operaciones, siendo esta la segunda cifra más baja de la serie histórica, que arranca en 2007. Andalucía fue la región que encabezó la comercialización de viviendas en septiembre de 2011.
Por provincias, de las 4.778 viviendas sometidas a operaciones de compraventa, 1.196 se hallaron en Málaga, 834 en Sevilla, 714 en Almería, 617 en Cádiz, 420 en Granada, 360 en Jaén, 342 en Córdoba y 295 en Huelva.
Sumando las fincas urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana) y las rústicas, el total de fincas transmitidas en septiembre de 2011 en Andalucía fue de 18.472, lo que supone un descenso del 18,7% en relación con septiembre de 2010, de las que la mayor parte de las transacciones correspondieron a fincas urbanas, con 15.061, y el resto, 3.411, a rústicas.

La deuda pública con las constructoras alcanza la cifra récord de 327 millones (SUR)



La asfixia provocada por los impagos de la Junta y los ayuntamientos pone en peligro la viabilidad de medio millar de pymes
11.11.2011 -
FRANCISCO JIMÉNEZ pjimenez@diariosur.es

MÁLAGA.


La deuda pública con las constructoras alcanza la cifra récord de 327 millones
Las obras en los accesos a la circunvalación de Ronda llevan paralizadas desde comienzos de año por impago a la empresa constructora. :: V. M. / PLT
La crisis del ladrillo y la falta de liquidez de las administraciones públicas han dado pie a un binomio fatal para las pequeñas y medianas constructoras de la provincia. Ante el parón del sector inmobiliario, la única vía de subsistencia estaba en la obra pública, pero este clavo ardiendo al que se agarraron para mantenerse a flote también puede ser el que les acabe condenando a la extinción. El desplome generalizado de las inversiones en infraestructuras es algo que veían venir, pero lo que realmente está conduciendo a medio millar de empresas malagueñas al borde de la quiebra son los impagos por los trabajos realizados a cuenta de los organismos públicos.
El grifo empezó a cerrarse en 2008. Desde entonces, la deuda de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos con las constructoras no ha parado de crecer hasta alcanzar en la actualidad la cifra récord de 327 millones de euros. Según los datos que maneja la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), la morosidad del Ejecutivo autonómico está ya en 170 millones, el grueso acaparado por las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente para la mejora de carreteras y actuaciones hídricas como la puesta en marcha de depuradoras, aunque también hay colegios que ya están operativos sin que aun se haya abonado su edificación. En el caso de las actuaciones municipales pendientes de pago, que van desde la creación de parques públicos hasta la remodelación de calles, suponen un montante de 157 millones. En cuanto al Gobierno central, afirman que la incidencia en este sentido es mínima ya que al tratarse de pymes no tienen capacidad para aspirar a los grandes contratos del Ministerio de Fomento.
Desde la patronal apuntan que directamente afectadas hay unas 70 empresas, aunque a partir de ahí se forma una cadena de subcontrataciones e impagos que acaba arrastrando a unos 500 negocios, algunos de los cuales ya se han acogido a la Ley Concursal. Precisamente por este bola de nieve, resulta complicado poner número a los trabajadores que podrían verse abocados al paro si los entes públicos no saldan sus deudas con los contratistas, aunque según el presidente de los constructores, José Prado, podrían ser unos 4.500. «Si por cada millón de euros que se invierten en infraestructuras se crean 14 empleos de media, la ecuación es sencilla», afirma Prado, quien advierte de que las arcas públicas también tendrán que hacer frente a los cuantiosos intereses de demora. De hecho, con base a lo estipulado en la Ley de Morosidad, la deuda se incrementa mensualmente por encima del millón de euros tanto para la Junta como para el conjunto de los consistorios.
Además de esta losa de 327 millones, otra carga cada vez más insoportable la aporta la obligación de pagar el IVA de las facturas que no han cobrado. «El problema es que cuando se extiende un certificado de obra, aunque no se cobre, hay que abonar el 18% del IVA, así que encima que las arcas están vacías, tienen que endeudarse para pagar los impuestos. Esto es lo que verdaderamente está destrozando a las empresas», se lamenta el responsable de la ACP.
Calendario de pagos
En su defensa, el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez, argumenta que si se está acumulando la deuda es porque también se está invirtiendo. «Hay que ser conscientes de que Andalucía ha sido la comunidad autónoma más inversora en los últimos cinco años, permitiendo acometer obras muy necesarias para la región», advierte. Además, recalca que la política que está aplicando el Gobierno autonómico cuando no puede hacer frente a los plazos es la negociación de un calendario de pagos que, a su juicio, «se está cumpliendo, aunque lo ideal es que se hiciera con una mayor agilidad». En cualquier caso, insiste en la intención de la Junta de mantener ese espíritu inversor en el próximo ejercicio, poniendo como ejemplo «los 110 millones de euros en los presupuestos de 2012 que garantizarán la continuidad de las obras del metro de Málaga». «Si hay tanta deuda es porque también se está invirtiendo mucho», incide.
En cuanto a los ayuntamientos, desde la patronal aseguran que la morosidad está prácticamente generalizada, aunque con la positiva excepción del de la capital, «el único que paga en tiempo y forma». En el lado negativo, destacan Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Rincón de la Victoria, todos con deudas acumuladas por encima de los diez millones de euros. Este periódico se puso en contacto ayer con los distintos gobiernos municipales, aunque ninguno hizo valoraciones al respecto.
Quien sí que tiene palabras para los alcaldes de la provincia es Violeta Aragón. La secretaria general de la ACP les insta a que «no se escuden en que las deudas son de la anterior legislatura para no pagar». En este sentido, se muestra comprensiva con los ciertos retrasos que se puedan producir en aquellos ayuntamientos que han cambiado de manos tras las elecciones del 22 de mayo debido a las auditorías internas que están acometiendo para ponerse al día de las facturas pendientes. Aun así, subraya: «El único problema es que no hay dinero, y eso lo utilizan como excusa para ir dilatando los pagos». Igualmente, los constructores también exigen el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que en su modificación de julio de 2010 incorpora la obligación de las administraciones de crear registros municipales de facturas que permitan a los empresarios una mayor planificación de sus cuentas al conocer el orden que ocupan sus certificados de obras.