JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Las empresas del sector de la construcción en Málaga asisten impotentes al incremento mes a mes de la deuda que las administraciones públicas mantienen con ellas, algo que les está complicando extraordinariamente la existencia en estos momentos en el que el parón inmobiliario y la bajada de la licitación de la obra pública mantienen la actividad bajo mínimos.
La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) cifra ya en unos 327 millones de euros la deuda que los distintos ayuntamientos de la provincia y la Junta de Andalucía tienen contraídas con empresas del sector por obras y servicios realizados y no satisfechos aún.
El montante del débito se reparte entre los 170 millones de euros que debe la Junta de Andalucía y los 157 que adeudan los municipios. Pero es que además ambas deudas crecen a un ritmo de un millón de euros al mes en concepto de intereses, según las estipulaciones de la Ley de Morosidad.
En lo referente a los ayuntamientos, las elecciones municipales del pasado 22 de mayo no han mejorado una situación de morosidad que se viene soportando desde hace más de dos años. Por el contrario, la llegada a los consistorios de los nuevos equipos de gobierno ha propiciado aún más retrasos en el pago, bien porque nada más llegar se solicitaron auditorías para comprobar el estado real de las cuentas, o bien porque se comprobó que, efectivamente, no había ni un euro en las arcas.
Un «top 5» de morosos
El ranking de ayuntamientos morosos sigue dominado, como ya se comentó hace unos meses, por cinco consistorios que reúnen entre todos ellos una deuda global de más de 50 millones de euros, lo que equivaldría a un tercio del total de lo que adeudan las administraciones locales malagueñas. Esos cinco ayuntamientos son, en orden de mayor a menor cuantía de la deuda, los de Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Rincón de la Victoria. Todos ellos deben por encima de los 10 millones.
Fuentes del sector recuerdan que actualmente se ha habilitado una línea de créditos a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a que los ayuntamientos salden sus deudas con los proveedores y apuntaron que «sería muy interesante comprobar cuántos municipios se han adherido a la misma» porque eso demostraría su predisposición a solucionar el problema. De momento, sólo se han conocido casos esporádicos de localidades que han solicitado estos créditos o han mostrado su intención de hacerlo para atender al pago a proveedores –y no sólo a constructores– como Vélez-Málaga, Torremolinos o Manilva.
Los datos oficiales apuntan que la citada línea de crédito «ICO entidades Locales», puesta en marcha el pasado mes de julio y que expira el 30 de noviembre, ha aprobado en toda España 459 millones de euros en préstamos para 164 entidades locales, pero no hay desglose de datos provinciales ni municipales.
Registro municipal de facturas y vía judicial
El sector constructor malagueños damnificado por las deudas también reclama a los ayuntamientos en general que cumplan con su obligación de crear los Registros Municipales de Facturas, que son obligatorios según la Ley 15/2010 de modificación de la Ley de Morosidad desde el mes de julio del año 2010. En caso de fallar todos estas instancias, los empresarios ya han afirmado en alguna ocasión que la única salida que ven al problema de las deudas de los ayuntamientos es que la Justicia imponga responsabilidades penales a los responsables municipales como continuación a algunas sentencias dictadas en los últimos años.
Pero tampoco en esa vía hay demasiadas esperanzas. Los empresarios recuerdan que la falta de un procedimiento judicial agilizado hace que cuando llegan las sentencias haya pasado tanto tiempo que la pequeña o mediana empresa afectada por la morosidad, con toda probabilidad, ha desaparecido por «asfixia financiera».
Esta situación, por otro lado, no es exclusiva del sector de la construcción, aunque sí es verdad que es uno de los más afectados. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) afirmó hace unas semanas que la deuda global de las administraciones con sus empresas proveedoras asciende a 500 millones de euros.
Las obras en los accesos a la circunvalación de Ronda llevan paralizadas desde comienzos de año por impago a la empresa constructora. :: V. M. / PLT
La crisis del ladrillo y la falta de liquidez de las administraciones públicas han dado pie a un binomio fatal para las pequeñas y medianas constructoras de la provincia. Ante el parón del sector inmobiliario, la única vía de subsistencia estaba en la obra pública, pero este clavo ardiendo al que se agarraron para mantenerse a flote también puede ser el que les acabe condenando a la extinción. El desplome generalizado de las inversiones en infraestructuras es algo que veían venir, pero lo que realmente está conduciendo a medio millar de empresas malagueñas al borde de la quiebra son los impagos por los trabajos realizados a cuenta de los organismos públicos.
El grifo empezó a cerrarse en 2008. Desde entonces, la deuda de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos con las constructoras no ha parado de crecer hasta alcanzar en la actualidad la cifra récord de 327 millones de euros. Según los datos que maneja la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), la morosidad del Ejecutivo autonómico está ya en 170 millones, el grueso acaparado por las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente para la mejora de carreteras y actuaciones hídricas como la puesta en marcha de depuradoras, aunque también hay colegios que ya están operativos sin que aun se haya abonado su edificación. En el caso de las actuaciones municipales pendientes de pago, que van desde la creación de parques públicos hasta la remodelación de calles, suponen un montante de 157 millones. En cuanto al Gobierno central, afirman que la incidencia en este sentido es mínima ya que al tratarse de pymes no tienen capacidad para aspirar a los grandes contratos del Ministerio de Fomento.
Desde la patronal apuntan que directamente afectadas hay unas 70 empresas, aunque a partir de ahí se forma una cadena de subcontrataciones e impagos que acaba arrastrando a unos 500 negocios, algunos de los cuales ya se han acogido a la Ley Concursal. Precisamente por este bola de nieve, resulta complicado poner número a los trabajadores que podrían verse abocados al paro si los entes públicos no saldan sus deudas con los contratistas, aunque según el presidente de los constructores, José Prado, podrían ser unos 4.500. «Si por cada millón de euros que se invierten en infraestructuras se crean 14 empleos de media, la ecuación es sencilla», afirma Prado, quien advierte de que las arcas públicas también tendrán que hacer frente a los cuantiosos intereses de demora. De hecho, con base a lo estipulado en la Ley de Morosidad, la deuda se incrementa mensualmente por encima del millón de euros tanto para la Junta como para el conjunto de los consistorios.
Además de esta losa de 327 millones, otra carga cada vez más insoportable la aporta la obligación de pagar el IVA de las facturas que no han cobrado. «El problema es que cuando se extiende un certificado de obra, aunque no se cobre, hay que abonar el 18% del IVA, así que encima que las arcas están vacías, tienen que endeudarse para pagar los impuestos. Esto es lo que verdaderamente está destrozando a las empresas», se lamenta el responsable de la ACP.
Calendario de pagos
En su defensa, el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez, argumenta que si se está acumulando la deuda es porque también se está invirtiendo. «Hay que ser conscientes de que Andalucía ha sido la comunidad autónoma más inversora en los últimos cinco años, permitiendo acometer obras muy necesarias para la región», advierte. Además, recalca que la política que está aplicando el Gobierno autonómico cuando no puede hacer frente a los plazos es la negociación de un calendario de pagos que, a su juicio, «se está cumpliendo, aunque lo ideal es que se hiciera con una mayor agilidad». En cualquier caso, insiste en la intención de la Junta de mantener ese espíritu inversor en el próximo ejercicio, poniendo como ejemplo «los 110 millones de euros en los presupuestos de 2012 que garantizarán la continuidad de las obras del metro de Málaga». «Si hay tanta deuda es porque también se está invirtiendo mucho», incide.
En cuanto a los ayuntamientos, desde la patronal aseguran que la morosidad está prácticamente generalizada, aunque con la positiva excepción del de la capital, «el único que paga en tiempo y forma». En el lado negativo, destacan Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Rincón de la Victoria, todos con deudas acumuladas por encima de los diez millones de euros. Este periódico se puso en contacto ayer con los distintos gobiernos municipales, aunque ninguno hizo valoraciones al respecto.
Quien sí que tiene palabras para los alcaldes de la provincia es Violeta Aragón. La secretaria general de la ACP les insta a que «no se escuden en que las deudas son de la anterior legislatura para no pagar». En este sentido, se muestra comprensiva con los ciertos retrasos que se puedan producir en aquellos ayuntamientos que han cambiado de manos tras las elecciones del 22 de mayo debido a las auditorías internas que están acometiendo para ponerse al día de las facturas pendientes. Aun así, subraya: «El único problema es que no hay dinero, y eso lo utilizan como excusa para ir dilatando los pagos». Igualmente, los constructores también exigen el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que en su modificación de julio de 2010 incorpora la obligación de las administraciones de crear registros municipales de facturas que permitan a los empresarios una mayor planificación de sus cuentas al conocer el orden que ocupan sus certificados de obras.