JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Las empresas del sector de la construcción en Málaga asisten impotentes al incremento mes a mes de la deuda que las administraciones públicas mantienen con ellas, algo que les está complicando extraordinariamente la existencia en estos momentos en el que el parón inmobiliario y la bajada de la licitación de la obra pública mantienen la actividad bajo mínimos.
La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) cifra ya en unos 327 millones de euros la deuda que los distintos ayuntamientos de la provincia y la Junta de Andalucía tienen contraídas con empresas del sector por obras y servicios realizados y no satisfechos aún.
El montante del débito se reparte entre los 170 millones de euros que debe la Junta de Andalucía y los 157 que adeudan los municipios. Pero es que además ambas deudas crecen a un ritmo de un millón de euros al mes en concepto de intereses, según las estipulaciones de la Ley de Morosidad.
En lo referente a los ayuntamientos, las elecciones municipales del pasado 22 de mayo no han mejorado una situación de morosidad que se viene soportando desde hace más de dos años. Por el contrario, la llegada a los consistorios de los nuevos equipos de gobierno ha propiciado aún más retrasos en el pago, bien porque nada más llegar se solicitaron auditorías para comprobar el estado real de las cuentas, o bien porque se comprobó que, efectivamente, no había ni un euro en las arcas.
Un «top 5» de morosos
El ranking de ayuntamientos morosos sigue dominado, como ya se comentó hace unos meses, por cinco consistorios que reúnen entre todos ellos una deuda global de más de 50 millones de euros, lo que equivaldría a un tercio del total de lo que adeudan las administraciones locales malagueñas. Esos cinco ayuntamientos son, en orden de mayor a menor cuantía de la deuda, los de Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Rincón de la Victoria. Todos ellos deben por encima de los 10 millones.
Fuentes del sector recuerdan que actualmente se ha habilitado una línea de créditos a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a que los ayuntamientos salden sus deudas con los proveedores y apuntaron que «sería muy interesante comprobar cuántos municipios se han adherido a la misma» porque eso demostraría su predisposición a solucionar el problema. De momento, sólo se han conocido casos esporádicos de localidades que han solicitado estos créditos o han mostrado su intención de hacerlo para atender al pago a proveedores –y no sólo a constructores– como Vélez-Málaga, Torremolinos o Manilva.
Los datos oficiales apuntan que la citada línea de crédito «ICO entidades Locales», puesta en marcha el pasado mes de julio y que expira el 30 de noviembre, ha aprobado en toda España 459 millones de euros en préstamos para 164 entidades locales, pero no hay desglose de datos provinciales ni municipales.
Registro municipal de facturas y vía judicial
El sector constructor malagueños damnificado por las deudas también reclama a los ayuntamientos en general que cumplan con su obligación de crear los Registros Municipales de Facturas, que son obligatorios según la Ley 15/2010 de modificación de la Ley de Morosidad desde el mes de julio del año 2010. En caso de fallar todos estas instancias, los empresarios ya han afirmado en alguna ocasión que la única salida que ven al problema de las deudas de los ayuntamientos es que la Justicia imponga responsabilidades penales a los responsables municipales como continuación a algunas sentencias dictadas en los últimos años.
Pero tampoco en esa vía hay demasiadas esperanzas. Los empresarios recuerdan que la falta de un procedimiento judicial agilizado hace que cuando llegan las sentencias haya pasado tanto tiempo que la pequeña o mediana empresa afectada por la morosidad, con toda probabilidad, ha desaparecido por «asfixia financiera».
Esta situación, por otro lado, no es exclusiva del sector de la construcción, aunque sí es verdad que es uno de los más afectados. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) afirmó hace unas semanas que la deuda global de las administraciones con sus empresas proveedoras asciende a 500 millones de euros.
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