miércoles, 20 de enero de 2010

Los vecinos del Banana Beach acusan a la Junta de discriminarles. Marbella (La Opinión)

El Gobierno andaluz recordó ayer que la sentencia que anula la licencia del edificio y que pide su derribo es firme


Alegación. Los vecinos del Banana, ayer en Sevilla.
Alegación. Los vecinos del Banana, ayer en Sevilla. L.O.

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA. Hay muchos ´Banana Beach´ en Marbella. Los ocupantes de este bloque marbellí de 238 apartamentos, locales comerciales y garajes irregulares se ampararon ayer en este argumento para salvar sus propiedades del derribo.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún pendiente de aprobación, no las incluye en el proceso de legalización, en el que sí entran cerca de 18.000 edificios. Por tanto, se consideran "discriminados".
La comunidad de propietarios viajó ayer hasta Sevilla para presentar en la sede de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio el documento que prueba sus sospechas. El informe está elaborado por la Asociación Española de Técnicos Urbanistas que preside el decano del colegio de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río.
De acuerdo con este texto, la construcción del inmueble que simbolizó durante años el mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella está autorizada por una de las 1.009 licencias que otorgó el Ayuntamiento y que no se ajustaban ni ajustan al PGOU vigente, aprobado en 1986. Motivo por el cual fueron declaradas nulas.
El informe, analizado por este diario, compara el caso del Banana Beach con otros 16 edificios irregulares de la ciudad que han sido normalizados por el nuevo PGOU. Como por ejemplo, el hotel Senator o el centro comercial Plaza del Mar. Todos sus suelos están calificados como "sistemas generales de uso público", que en la práctica no se cumplen.
Los arquitectos que respaldan a los residentes del Banana no entienden por qué el equipo redactor del PGOU califica el edificio como "irreemplazable" por ocupar el frente litoral. "El edificio cumple la Ley de Costas al no ocupar la zona de servidumbre de protección de dominio marítimo-terrestre", justifican en el escrito presentado.
Sentencia firme. La Junta de Andalucía no tardó en responder a los interesados. Fundamentalmente, les recordó que el edificio cuenta con una sentencia firme en contra.
"El Tribunal Supremo emitió el 15 de abril de 2004 una sentencia por la que anula la licencia concedida por el anterior Ayuntamiento de Marbella para la construcción de este edificio. La sentencia fue recurrida en casación por el Ayuntamiento, recurso que no fue admitido mediante auto del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2006. Esta sentencia, por tanto, es firme", señalaron.
Los vecinos insisten en que el inmueble está calificado como ´sistema general de espacios libres´, "lo cual no implica su demolición", pero el Gobierno andaluz destacó que este decisión pertenece estrictamente al ámbito judicial y no al político.
La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía se reúne el 29 de enero para evaluar si el nuevo PGOU marbellí se ajusta a la legalidad, teniendo en cuenta también a los defensores del Banana Beach.

La empresa Ecur reinicia la edificación del nuevo aparcamiento torroxeño (La Opinión)

La empresa malagueña Ecur Constructora Urbanizadora SL informó ayer de la reanudación al mediodía de las obras para la construcción de un aparcamiento, con capacidad para unos 240 vehículos, en una de las zonas más inaccesibles del casco histórico de Torrox, el núcleo de El Pontil.
Los trabajos que quedan pendientes de ejecutar, después de que las obras se interrumpieran en el anterior mandato "al multiplicarse la inversión requerida por exceso de obra" –según fuentes municipales–, costarán 613.175 euros.
El plazo de ejecución es de tres meses, por lo que se confía en que el nuevo aparcamiento en tres niveles esté listo para verano. "El compromiso con el Ayuntamiento de Torrox es el de agilizar al máximo las obras, de forma que se pueda prestar pronto un servicio como éste, muy necesario en esta parte del pueblo", subrayó un encargado de la constructora.
Las primeras obras comenzaron el 29 de marzo de 2006, con un presupuesto de 695.427,44 euros, sobre una parcela municipal de unos 1.700 metros cuadrados.

IU tacha de ´impracticables´ los actuales carriles bici (La Opinión)

El grupo municipal reclama al equipo de gobierno que actúe sobre ellos para su arreglo. Algunos, como el de Camino de Antequera, tienen 80 obstáculos


Obstáculos. El carril bici del Camino de Antequera, inservible por los contenedores de residuos colocados en su lugar.
Obstáculos. El carril bici del Camino de Antequera, inservible por los contenedores de residuos colocados en su lugar. L.O.

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El grupo municipal de IU reclamó ayer al equipo de gobierno que ponga en marcha un plan de mejora de los carriles bici existentes actualmente, cuyo estado, a juicio del portavoz del grupo, Pedro Moreno, es lamentable: "El mal estado que tienen hace que éstos no reúnan las mínimas condiciones y sean ineficientes, inútiles e impracticables".
Moreno se refirió al carril bici del Camino de Antequera. El primer error, según el portavoz de IU, es que se hizo sobre la acera, quitando el espacio a los peatones. Lo peor es que es una acera invadida de escalones, quioscos, señales, paradas de autobús, buzones, farolas y alcorques. Los peatones casi no tienen otro remedio que transitar por el carril-bici, con el consiguiente peligro para su integridad física y la de los eventuales ciclistas. "Además, circular en bici por dicho carril es ineficiente, inútil e impracticable, pues tantos obstáculos y tantos escalones en el recorrido no permiten una continuidad en el pedaleo".
Moreno propone por un lado rebajar los bordillos y por otro eliminar los más de 80 obstáculos detectados.
Un segundo carril es el que rodea al pabellón Martín Carpena, que por su situación se encuentra aislado y necesita que se enlace con la red de carriles.

Diseños

Sobre el carril bici del paseo Antonio Machado, el portavoz de IU señaló su diseño "impecable", aunque la pega es que se ha realizado con "idea de un uso lúdico", no como una vía de comunicación, "y serpentea en exceso". Además incluye aparcabicis "ubicados en sitios insólitos", con extraños diseños para enganchar una rueda de la bici. El cuarto carril que criticó IU es el de Churriana, que al tener la característica de ir sobre la acera "tiene el peligro de que hay bordillos no rebajados y coches aparcados sobre el vial".
Moreno se refirió por último al carril bici de Teatinos, que ha quedado engullido por el proceso urbanizador de la zona "sin que nadie lo evitara, a pesar del buen papel que cumplía". El portavoz de IU ha pedido la reforma, ampliación o rediseño de cada uno de ellos para hacerlos útiles.

Aena presenta en Fitur la ampliación del aeropuerto de Málaga (La Opinión)

La nueva terminal sumará 250.000 metros cuadrados, mostradores de facturación y 20 puertas de embarque


EUROPA PRESS Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) presenta en la trigésima edición de Fitur 2010, la ampliación del Aeropuerto de Málaga, que supone la mayor transformación de su historia y permitirá atender a 9.000 pasajeros a la hora, según informó hoy Aena en un comunicado.

La ampliación del Aeropuerto de Málaga cuenta con un nueva terminal, que sumará 250.000 metros cuadrados y 86 mostradores de facturación, y se prolongará hacia el norte con un dique de embarque de unos 240 metros de largo, paralelo a la plataforma de estacionamiento de aeronaves, con 20 puertas de embarque.

El expositor de Aena en la feria, que comienza hoy en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid y que se prolongará hasta el próximo domingo 24 de enero, se concibe como un espacio divulgativo y dinámico en el que se desarrollarán distintas actividades para acercar al público la actividad aeroportuaria.

Por ello, el 'stand' cuenta con elementos gráficos y audiovisuales para transmitir al público tanto profesional como general las principales actuaciones que se están llevando a cabo en los aeropuertos españoles, principalmente en los planes aeroportuarios, entre los que destacan, además del de Málaga, el de Alicante. De ambos aeropuertos se contará en Fitur con maquetas de sus ampliaciones.

Así, Aena presenta también en Fitur 2010 la recta final de la ampliación del Aeropuerto de Alicante, que contará con una nueva terminal compuesta por un edificio procesador y un dique de embarque. El total del edificio contará con una superficie de 333.500 metros , lo que multiplica por seis la superficie de la actual Terminal.

Además, contará con 96 mostradores de facturación, 16 pasarelas de acceso directo al avión y 14 cintas de entrega de equipajes. El conjunto de actuaciones del plan de ampliación permitirán al Aeropuerto tener capacidad para atender a 20 millones de pasajeros.

Domostración de controladores

Como novedad, Aena presenta en esta edición demostraciones de los equipos utilizados por los controladores aéreos para el control del tráfico de ruta y de aproximación a los aeropuertos. Para ello, ha instalado una unidad de control de sector Focucs del sistema Sacta idéntica a la que se utiliza en operaciones reales.

Este sistema facilita la información al controlador, de forma segura, automática y en la presentación visual más adecuada, de los datos necesarios para el desarrollo de su trabajo.

La unidad de control Focucs es la consola que integra el equipamiento y los periféricos del puesto de trabajo de los controladores responsables del servicio de control de tráfico aéreo que está asociado a un sector de control de ruta o de aproximación.

Por último, y con motivo del compromiso adquirido por Aena con el medio ambiente, el certamen recogerá las acciones enmarcadas en el Plan de Acción Medioambiental que desarrollará su primera fase en 2010, entre las que destacan las aproximaciones verdes, maniobras de precisión, prohibición de las aeronaves ruidosas, implantación de vehículos eléctricos en los aeropuertos y aplicación de un sistema global de monitorización de ruido.

Proponen que el antiguo Gobierno Militar acoja el Museo Marítimo (La Opinión)

El Ayuntamiento quiere negociar su compra con Defensa y la apertura de una sede provisional en La Araña


Reunión. Encuentro celebrado ayer en el Ayuntamiento.
Reunión. Encuentro celebrado ayer en el Ayuntamiento. C. Criado

M. FERRARY / M. GARCÍA. MÁLAGA La antigua sede del Gobierno Militar, en el paseo de la Farola, es la propuesta que maneja el Ayuntamiento para acoger la futura sede del Museo Marítimo de Málaga, y así lo hizo saber a las diferentes entidades que han mostrado su apoyo a esta iniciativa y que se constituirán en una fundación para conseguir el impulso definitivo de este proyecto.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró que quieren empezar a negociar con el Ministerio de Defensa la compra de este edificio, de unos 2.000 metros cuadrados, y que habría que rehabilitar para adecuarlo al uso museístico. De hecho, el gerente de Málagaport, Sebastián Camps, insistió en la idoneidad de su ubicación "por estar cerca del Centro y del mar", aunque apuntó que todavía "no se conoce si Defensa tiene intención de vender el edificio ni el precio".
No obstante, mientras se negocia la adquisición del inmueble, el Ayuntamiento de Málaga propuso crear un Observatorio Marítimo que se centre en los trabajos previos del museo y en poner en marcha una pequeña aula didáctica sobre el mar. Este observatorio estaría situado en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en La Araña y que ha sido recientemente restaurado por el Consistorio.
De la Torre adelantó que adecuar este edificio, que no llega a los 400 metros cuadrados de superficie construida, requiere de una inversión de 90.000 euros, a los que habría que sumar otros 120.000 euros para el mantenimiento de la actividad.
De forma paralela, las entidades que apoyan este museo han quedado en reunirse en cuarenta días para debatir sobre el proyecto de estatutos de la fundación que regirá la puesta en marcha del proyecto y que fue entregado ayer a sus futuros integrantes.

CCOO señala irregularidades en subcontratas de obra pública (La Opinión)

El sindicato y la asociación de ferrallistas denuncian sueldos y jornadas laborales no sujetas al convenio provincial


Parados. Protesta de ferrallistas en paro y otros desempleados junto a las obras del metro.
Parados. Protesta de ferrallistas en paro y otros desempleados junto a las obras del metro. Arciniega

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Medio centenar de desempleados, representantes de parados de la Carretera de Cádiz, la Cruz del Humilladero y de la asociación de Ferrallistas y Encofradores de Málaga se concentraron ayer con pancartas ante las obras del metro en la avenida de Juan XIII para denunciar supuestas irregularidades en las subcontratas de ferrallistas.
José Hurtado, de la asociación de ferrallistas, denunció la subcontratación de trabajadores portugueses en las obras públicas del metro, la hiperronda y el aeropuerto, "que trabajan 15 ó 16 horas, el doble de lo que marca la ley y cobran entre tres y cuatro euros la hora". El representante de los ferrallistas insistió en que si estos trabajadores cumplieran el convenio provincial "por cada uno de estos trabajadores se crearía un puesto de trabajo".
Los manifestantes tienen la intención de acudir al pleno del Ayuntamiento de Málaga mañana jueves.
Por su parte, el secretario de Construcción de CCOO en Málaga, Alfonso Galisteo, explicó que la empresa Armasur "que tiene copado el 80% de la ferralla en Málaga y en España" es la que subcontrata empresas portuguesas "dentro de la legalidad, pero los trabajadores están siendo explotados en jornadas maratonianas y con un salario muy por debajo de los convenios provinciales, de obligado cumplimiento". En concreto precisó que llegan a cobrar 3,90 la hora, cuando fuentes de los ferrallistas indican que el precio en Málaga supera los 11 euros la hora. "Cuando la inspección actúa las nóminas están con lo que dice el convenio provincial de Málaga", añadió Galisteo, que asumió que "es muy difícil probarlo pero nadie es ajeno a lo que está ocurriendo".

Administración. El director de la Oficina del Metro, Enrique Salvo, declaró a La Opinión que ante las denuncias de trabajo fuera de horario, pidió información a todos los directores de tramo: "En cada uno se están levantando partes, seguidos permanentemente por los dos sindicatos". Salvo explicó que los trabajos que se han hecho fuera de horario se han debido "a requerimientos extremos de la obra" como el aporte de material aprovechando una tregua de la lluvia o el hormigonado en la calle Eguiluz "con muros pantalla de 30 metros". Por otro lado, la información del gerente de la UTE que realiza las obras, recabada por Salvo, indica que las condiciones laborales "están dentro de la normalidad más total y absoluta".
Por su parte, el delegado de Empleo, Juan Carlos Lomeña, resaltó que, hasta la fecha, no hay ninguna denuncia: "No puedo actuar sobre una presunción de los ferrallistas". Lomeña recordó que el convenio que rige será "el que tengan contratados estos trabajadores y las empresas juegan con estas ventajas competitivas".

Hay 35 municipios malagueños sin planeamiento urbanístico (La Opinión)

La falta de normas municipales crea una fuerte inseguridad jurídica en estas localidades. La mayoría están en la Axarquía y en la Serranía de Ronda





L.O. MÁLAGA Un tercio de los municipios malagueños, en concreto 35, no cuentan con ningún planeamiento que ordene el urbanismo en su territorio. Curiosamente, la mayoría de estas localidades están situadas en dos grupos que la Junta de Andalucía considera como prioritarios dentro de la comunidad andaluza: la Axarquía y la Serranía de Ronda.
El caso de la Axarquía es paradigmático, por el número de municipios sin ninguna norma urbanística y por la profundidad del problemas. De hecho, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tiene identificada la zona oriental de la provincia como la más problemática. No obstante, ya se está reconduciendo la situación de los 16 municipios sin planeamiento urbanístico. Al menos de parte, ya que el consejero Juan Espadas se reunió el lunes con ocho alcaldes (Alfarnate, Sedella, Arenas, Iznate, Canillas de Aceituno, Macharaviaya, Moclinejo y Salares) para ofrecerles que la Consejería asuma la redacción de un plan general de ordenación urbana para cada localidad.
Sin embargo, todavía queda otro buen puñado de municipios que no disponen de una norma que organice la actividad constructora, como son: Almáchar, Árchez, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar y Comares, según los datos de la propia Consejería. Sólo en el último caso, al menos cuenta con la llamada Delimitación de Suelo Urbano (DSU), una ordenación mínima que no supone un planeamiento.
La Axarquía no es el único punto ´negro´ de la ordenación urbanística en la provincia. Quedan otros 19 municipios, la mayoría de los cuales se concentran en la Serranía de Ronda, con quince de ellos en el limbo urbanístico. Le sigue el Valle del Guadalhorce con tres y Antequera, con uno, en concreto en Cañete La Real.
Por cierto, que la situación que está viviendo Carratraca no es casual. Precisamente este pueblo del Valle del Guadalhorce es uno de los 35 que carece de todo tipo de normas municipales para organizar la actividad constructora dentro de su término municipal. Una situación que provoca una alta inseguridad jurídica a los vecinos de la zona y que, de forma colateral, ha llevado a dimitir a su alcalde ante la obligación de llevar adelante un centenar de expedientes sancionadores. Precisamente por no ejecutarlos, el alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, ha sido imputado por el juzgado de Instrucción número 12 de la capital tras una reciente operación policial.
Tolox y el Valle de Abdalajís son los otros pueblos del Guadalhorce con esa falta de control urbanístico. Sin embargo, la principal bolsa está en los pequeños pueblos de la Serranía de Ronda, que no tienen capacidad para elaborar un plan general. Así se encuentran Parauta, Cartajima, Alpandeire, Júzcar, Faraján, Genalguacil, Atajate, Benaoján, Jimera de Líbar, Benadalid, Benalauría, Algatocín, Benarrabá. Sobre ellos se centrará la Consejería una vez que encauce la situación de la Axarquía, ya que las posibles irregularidades son menores

Nadie quiere ser alcalde en Carratraca por la ley urbanística (La Opinión)

Los alcaldes más representativos del Guadalhorce se quejan de la dureza de la norma






Pleno. El alcalde Óscar Román, en el centro, ayer por la tarde en el Ayuntamiento de Carratraca.
Pleno. El alcalde Óscar Román, en el centro, ayer por la tarde en el Ayuntamiento de Carratraca. Ana García
NOTICIAS RELACIONADAS

ANA GARCÍA. CARRATRACA La dimisión del alcalde de Carratraca, Óscar Román (IU), por discrepar de la actual legislación urbanística de Andalucía, reaviva el rechazo de los responsables políticos de la comarca del Guadalhorce a la LOUA, después de haberse calmado el revuelo en la Axarquía.
El regidor de Carratraca, un pueblo de apenas 900 habitantes, ha sido el primero en abrir el fuego al negarse a un enfrentamiento con sus vecinos por aplicar la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que le obliga a abrir un centenar de expedientes disciplinarios con sanciones económicas y demoliciones de algunas construcciones irregulares.
La decisión de dimitir por estar en contra de la LOUA también ha calentado los ánimos entre los alcaldes de la comarca del Guadalhorce, que consideran necesaria una modificación en el ámbito rural en el que se desarrollan los pueblos. Y queda por escuchar a los municipios de la Serranía de Ronda, quince de los cuales no tienen planeamiento urbanístico. Sin embargo, no están de acuerdo con las restricciones urbanísticas que impone la Junta de Andalucía.
"Hay que hacer posible la cultura de construcción en el medio rural que ha existido siempre, evitando la especulación y destrozar el medio ambiente", insiste el alcalde de Guaro y presidente de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, Sebastián Rueda. "Hay que pelear para cambiar lo que nos disgusta, pero desde dentro, abandonar es lo último", afirma.
Para el regidor de Monda, José Antonio Bernal, el urbanismo crea un drama para los alcaldes que hay que aceptar, "pero es la ley y hay que aceptarla", matiza.
El compañero de partido de Román y alcalde de Ardales, Juan Calderón, reconoce que la LOUA restringe a los ayuntamientos y tienen dificultades en su aplicación y en el control del territorio: "Pero no nos podemos saltar la ley, es una situación delicada para todos".
En Cártama donde existen más de 2.000 expedientes urbanísticos, el alcalde, José Garrido, apuesta por una modificación de la ley. "Un juez no nos puede pedir cárcel porque un expediente se retrase", lamenta este regidor. Un cambio que también pide el regidor de Álora, José Sánchez, que cree que deben dejar construir en el entorno rural. "Dimitir es una decisión difícil pero lo que no se puede hacer tampoco es perjudicar a un pueblo".
Más contundente es el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín (PP), a quien no le parece lógico que se responsabilice a los alcaldes de todo: "Esto puede que ocurra en más pueblos. Es una decisión valiente, ya que no hay nadie de acuerdo con la LOUA, hay que modificarla protegiendo el entorno".
Sin alcalde. Óscar Román dejó ayer la alcaldía de Carratraca después de once años y el 27 de enero se celebrará el pleno para elegir el nuevo alcalde, ya que hasta ahora ningún concejal de la corporación integrada por IU, PSOE y PP ha querido asumir esta responsabilidad. En el caso de que no se pongan de acuerdo, el caso se llevará a la junta electoral central.
El portavoz socialista en Carratraca, José María Suárez, insiste en la negativa de su grupo en hacerse cargo de la alcaldía: "No contemplamos esa posibilidad ni con el apoyo del PP", ya que alega que los expedientes urbanísticos abiertos "están ahí y son unos cien". "Ellos (por el equipo de gobierno de IU) han estado mirando para otro lado durante once años y tendrían que haber aplicado la ley", argumenta Suárez, quien recalca: "Con la situación actual, no tenemos ninguna intención de acceder a la alcaldía".
La portavoz popular en el municipio, María Teresa Benavides, indicó que todavía es precipitado tomar una decisión, aunque aseveró que no han descartado "ninguna posibilidad", al menos hasta que analice la situación en la que se queda el municipio, para lo que se da un plazo máximo de "seis o siete días".

La ciudad del Tajo invierte casi 100.000 euros en sus instalaciones deportivas. Ronda (SUR)

La concejala de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Ronda, María José Martín de Haro, ha dicho que el Consistorio ha invertido casi 100.000 euros en la puesta a punto de las instalaciones deportivas del Fuerte. De este modo, Martín de Haro ha explicado que se trata de una actuación financiada con los fondos del llamado primer plan Zapatero, una cuantía que ha permitido realizar estas mejoras.
Así, el concejal de Deportes, Carlos Mirasol, ha afirmado que se ha llevado a cabo el pintado de todas las instalaciones, que cada día son utilizadas por alrededor de 3.000 personas. Igualmente, se ha actuado sobre los suelos de las pistas deportivas y se ha construido un muro de separación con la empresa que realiza la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Ronda, junto al complejo deportivo del Fuerte. Los trabajos de pintura también se han llevado a cabo en otras instalaciones.
No obstante, Mirasol se ha referido a las actuaciones que todavía están pendientes de realizar en las instalaciones, como, por ejemplo, la mejora de las cubiertas, no sólo del Fuerte, sino también de todas las instalaciones de este tipo de la ciudad.
Nuevo polideportivo
Por otro lado, tanto Martín de Haro como Mirasol, han destacado el proyecto estrella que se financiará con los fondos del segundo plan Zapatero. Será la construcción de un nuevo polideportivo en el barrio de la Dehesa, junto al colegio Virgen de la Cabeza. En este caso, la inversión será de 1.005.000 millones. Además, esta zona de la ciudad carece prácticamente de infraestructura deportiva.
Por último, Mirasol se ha referido a la creación de una pista para coches y aparatos teledirigidos que estará homologada a nivel andaluza. Esta última instalación también se financiará con los fondos del segundo plan estatal contra la crisis.

A Benalmádena no le salen las cuentas con los 'parkings' (SUR)

El Ayuntamiento ve difícil ingresar los cuatro millones que costó el de Balmoral, después de gastar 1,5 en otro que finalmente no se hará
20.01.2010 -
FRANCISCO JIMÉNEZ
BENALMÁDENA.

La política del Ayuntamiento de Benalmádena en materia de aparcamientos para residentes ha hecho aguas en los últimos años, con los 'parkings' de Le Corbusier y Balmoral -ambos en Benalmádena Costa- como exponentes de un quebradero de cabeza con un coste de unos 5,5 millones de euros que, a día de hoy, aún no han repercutido en el municipio. Ambos proyectos fueron impulsados durante el mandato de Enrique Bolín, que confió su financiación a la venta de las plazas. Sin embargo, ninguna de las dos actuaciones despertó gran interés entre los vecinos, lo que ha traído consigo una serie de complicaciones con las que se primero se topó Javier Carnero (PSOE) y, luego, Enrique Moya (PP).
El primero de los proyectos, el de Le Corbusier (485 plazas), quedó descartado después de los problemas surgidos a raíz de la renuncia de la empresa adjudicataria en abril de 2008 ante las dificultades del Consistorio para afrontar los 6,8 millones en los que estaba presupuestado el proyecto. El 'parking' se quedó en los cimientos , y al no interesarse ninguna constructora en continuar los trabajos, la solución fue cubrirlo de tierra y habilitar el solar resultante como aparcamiento libre. Como si no hubiera pasado nada, si no fuera por los 1,5 millones a abonar a la empresa por los trabajos realizados hasta entonces.
El que sí que ha visto la luz, aunque con sombras, es el de Balmoral, con 149 plazas, de las que una veintena corresponden al hotel del mismo nombre en compensación por la cesión del subsuelo de su parque trasero para la construcción del inmueble. Aunque las obras finalizaron hace dos años, no fue hasta el pasado mes de noviembre cuando el Ayuntamiento recepcionó el 'parking', cuyo coste final ha rondado los 4 millones de euros. Para empezar a rentabilizar cuanto antes la inversión, el actual equipo de gobierno quiso obtener unos ingresos extra habilitando las plazas en rotación mientras se ultimaban las gestiones para ponerlas a la venta. Una iniciativa que no tardó en quedar descartada por los técnicos municipales, dado que el aparcamiento no reúne las condiciones técnicas y de seguridad exigidas para su apertura como 'parking' público, entre otras, las relativas a la distancia entre plazas.
Escaso interés
De momento, siguen sin estar en venta, aunque en el Ayuntamiento tampoco le auguran un gran éxito. «Es una situación complicada, porque, salvo en verano, durante el resto del año no hay problemas de aparcamiento en la calle», reconoce el edil de Hacienda, Pedro Duarte. Ante esta situación, se ha optado por fijar un precio por debajo del mercado (aún sin concretar), pese a que ello suponga no cubrir gastos. Otra opción que se ha barajado ha sido vender el aparcamiento en bloque a una empresa que posteriormente lo comercialice, aunque, tal y como recalca Duarte «si no se ha podido vender en estos dos años, parece difícil hacerlo ahora».

Los vecinos de Banana Beach se amparan en el agravio comparativo para pedir su legalización. Marbella (SUR)

La comunidad de propietarios presenta a la Junta un dictamen que establece que el nuevo PGOU sí regulariza inmuebles similares

Los vecinos de Banana Beach se amparan en el agravio comparativo para pedir su legalización
Representantes de la comunidad de vecinos del edificio Banana Beach presentaron ayer el informe urbanístico a la Junta. :: SUR
El futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella legalizará 16 inmuebles que se encuentran en una situación similar a la que presenta el edificio Banana Beach. Al menos eso sostiene el informe elaborado por un equipo de expertos dirigido por el presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU), Ángel Díaz del Río, y que ayer fue presentado a la Junta de Andalucía por los vecinos de Banana Beach para avalar la demanda de que sus inmuebles encuentren también acomodo en el nuevo planeamiento marbellí. Banana Beach reúne a la mitad de las viviendas que el nuevo documento deja fuera del proceso de compensaciones para normalizar edificaciones irregulares
El estudio, encargado por la comunidad de propietarios, determina que el citado conjunto residencial se levanta sobre unos suelos calificados como sistema general de espacios libres, «al igual que sucede en otros tantos casos» de promociones inmobiliarias que sí serán legalizadas por el nuevo PGOU. En este sentido, el dictamen, que realiza un recorrido por las distintas edificaciones que presentan situaciones urbanísticas semejantes a Banana Beach, advierte en sus conclusiones de que «el ordenamiento jurídico español no puede plantear agravios comparativos ante casos urbanísticos similares».
El informe, al que ha tenido acceso SUR, fue presentado ayer en la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio por vecinos del edificio, que destacaron que el trabajo desarrollado por técnicos urbanistas recoge que, mientras Banana Beach no incumple la Ley de Costas, algunos de los más de mil edificios cuyas licencias fueron declaradas nulas y que son «indultados» en el PGOU sí se encuentran en la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre.
Reunión con Espadas
«Se trata de una clara discriminación», señaló José Ortiz, portavoz de los vecinos que ayer se desplazaron a Sevilla para presentar el informe. Mañana jueves volverán a viajar a la ciudad hispalense para reunirse con el consejero de Vivienda y Ordenación, Juan Espadas, al que plantearán las conclusiones del dictamen con la esperanza de que el Gobierno autonómico aprecie el agravio comparativo y «no condene al Banana Beach a la demolición». «La Junta legalmente aún puede hacer modificaciones puntuales dentro del Plan», añadió el representante vecinal.

La crisis agudiza el desplome de las licencias de obra en la capital (SUR)

La Gerencia Municipal de Urbanismo sólo concedió 246 permisos de obra mayor en 2009 frente a los seiscientos de hace dos años
20.01.2010 -
JESÚS HINOJOSA
MÁLAGA.

La crisis del sector inmobiliario ha hecho que se cumplan los peores pronósticos sobre la estadística de las licencias de obra que concede el Ayuntamiento de Málaga a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El Consistorio ha cerrado 2009 con sólo 246 permisos para obras de nueva construcción otorgados, casi la tercera parte de los que se expidieron en 2007 (598) y un 33% menos que los de 2008 (368). Esta disminución se traduce en una merma de los ingresos por tasas urbanísticas que el equipo de gobierno municipal confía en superar para este año 2010.
La caída en las licencias de obra concedidas ya se dejó notar en las cuentas municipales de 2008. Ese ejercicio, Urbanismo tenía previsto ingresar 12 millones de euros por este concepto, pero finalmente recaudó únicamente 7,2 millones. El año pasado, el Consistorio fue prudente y redujo sus previsiones de recaudación por tasas de licencias a la mitad (seis millones de euros), pero a 30 de septiembre sólo había recaudado 3,7 millones. Cara a la elaboración del presupuesto de este año, se pronosticó que se cerraría 2009 con una recaudación de unos cinco millones.
Previsión optimista
Pese al desplome de las licencias de obra mayor, el presupuesto de la Gerencia de Urbanismo para este año 2010 ha efectuado una previsión optimista al cifrar los ingresos por tasas de permisos de obra en 7,4 millones de euros. Esta previsión se basa en un informe que lo argumenta en base a dos cuestiones principales. Por un lado, «la tímida recuperación económica que los analistas estiman que se produzca durante la segunda mitad del próximo año» y, por otro, «la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que debe poner en mercado bastantes suelos que se encuentran a la espera de la aprobación de este instrumento de planeamiento», según se indica textualmente en el documento.
Ante tales pronósticos, la Intervención General del Ayuntamiento ha pedido a Urbanismo que vigile si efectivamente se producen ambas circunstancias y el ritmo de ingresos por tasas de licencias de obra acompaña a las previsiones de gastos que financian.
Donde se ha mantenido el nivel de expedición de permisos es en las licencias de obra menor, ya que se han seguido realizando reformas en viviendas a pesar de la crisis. En 2009, Urbanismo otorgó 4.269 de estas licencias de las que 3.313 se realizaron por el procedimiento abreviado para su pronta concesión.
Las licencias de primera ocupación sí disminuyeron el año pasado al pasar de 510 aprobadas en 2008 a 380. Además, bajó notablemente el número de viviendas asociadas a estos permisos -de 5.185 en 2008 a 510 en 2009- debido a que los proyectos que se presentan son de menor envergadura por las dificultades que impone la actual coyuntura económica.

El plante municipal contra la ley urbanística de la Junta empieza en Carratraca (SUR)

Los regidores de la provincia denuncian las dificultades para hacer entender a sus vecinos las limitaciones que establece la normativa
20.01.2010 -
ANTONIO M. ROMERO aromero@diariosur.es

El plante municipal contra la ley urbanística de la Junta empieza en Carratraca
Oscar Román entra en el salón de plenos, momentos antes de renunciar al cargo de alcalde de Carratraca :: CARLOS MORET
De las palabras se ha pasado a los hechos, y la rebelión municipal contra la normativa urbanística de la Junta Justificar a ambos ladosde Andalucía es una realidad desde anoche. El plante tuvo su pistoletazo de salida en Carratraca cuando, en un pleno extraordinario, el hasta ahora alcalde, Óscar Román (IU), hizo efectiva su renuncia al cargo por estar en desacuerdo con algunos de los aspectos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que le obligarían a sancionar a un importante número de vecinos de este pueblo de apenas 896 habitantes.
Las discrepancias en Málaga con la LOUA -un cuerpo jurídico que restringe las posibilidades de construcción y de concesión de licencias en los municipios- no son nuevas. El pasado otoño, cuando se conoció la condena de un año de prisión y nueve de inhabilitación al entonces alcalde de Sayalonga, el socialista José Luis Navas, por un delito urbanístico que le abocó a la dimisión y ante la falta de soluciones para el urbanismo en la comarca de la Axarquía ya hubo regidores de todos los colores políticos que confesaron la posibilidad de renunciar a sus cargos al no vislumbrar una solución, al no sentirse respaldados por el Gobierno andaluz y ver, cada día, sobre sus cabezas la espada de Damocles de encontrarse ante los tribunales.
Sin embargo, lo inédito del caso de Carratraca es que estos desacuerdos con la normativa urbanística han desembocado en la dimisión del regidor provocando una crisis política sin precedentes en el municipio ya que, a priori, ninguno de los siete concejales de los tres partidos con representación en el Consistorio, Izquierda Unida, Partido Popular y PSOE, quiere asumir la Alcaldía en el pleno convocado para dentro de una semana. Unos días en los que se producirá una circunstancia no conocida en la provincia y es que el pueblo estará sin alcalde al haber dimitidos todos los ediles del equipo de gobierno de IU de sus funciones.
El caso del alcalde dimisionario de este pueblo ha puesto sobre la mesa una realidad: las dificultades y las presiones diarias que sufren los responsables políticos locales por parte de sus ciudadanos al no comprender éstos las limitaciones de la LOUA en la construcción de viviendas. Un hecho que corroboraron varios regidores consultados por este periódico.
«Todos los alcaldes tenemos dificultades para explicar a los vecinos que si tienen un terreno agrícola junto al pueblo no pueden hacerse una vivienda», relató la alcaldesa de Villanueva de Tapia y portavoz de IU en la Diputación, Encarnación Páez, quien pidió que en estos casos se aplique «el factor humano».
Páez subrayó que España es un Estado de Derecho donde hay que cumplir la ley pero añadió: «Este caso de Carratraca es el fracaso de la LOUA porque esta ley llegó tarde, mal y criminalizando al interior. Mientras las viviendas ilegales de Marbella se legalicen hay un fraude extraordinario a la ley. La Junta miró para otro lado ante las infracciones manifiestas, flagrantes y sangrantes que se produjeron en la Costa y ahora viene, tarde, con todo el poder a intentar resolver esta situación».
Un panorama muy similar retrató el alcalde del PP de Comares, Manuel Robles. «Lo que ha hecho el alcalde de Carratraca es lo que yo pedí hace unos meses ante la situación de inseguridad que vivimos en la Axarquía con el urbanismo: que los 31 alcaldes de la comarca fuéramos a Sevilla a llevar los bastones de mando y fuera la Junta la que gobernase los ayuntamientos».
Robles elogió la actitud de Óscar Román que calificó de «valiente» y aseguró que si el Gobierno andaluz no cambia su postura en materia urbanística y modifica la LOUA para dar seguridad jurídica a los ayuntamientos y la ciudadanía los alcaldes de la provincia deberían seguir la estela del ya ex alcalde de Carratraca y abandonar sus cargos.
José Manuel Aranda, alcalde socialista de Canillas de Aceituno, exigió al Gobierno regional un desarrollo reglamentario de la LOUA para encontrar una solución a la situación de la misma manera que se está haciendo con los chiringuitos.
«Hay poner un poco de sensatez en las normas. Hay que hacer leyes que sean una herramienta para facilitar la vida a los vecinos y no para hacérsela más difícil», pidió Aranda.
Otros políticos advirtieron de la posibilidad de que se produzca un 'efecto Carratraca' de dominó y otros regidores sigan el ejemplo de Óscar Román.
Cambio en la ley
Durante su visita a la capital, también se pronunció sobre este caso el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien reclamó la necesidad de alcanzar un gran pacto en la Comunidad Autónoma para modificar la LOUA y los controles de la Junta de Andalucía sobre el urbanismo porque «fallan a diario».
«Las últimas leyes encaminadas a intentar tapar el desastre urbanístico de Marbella, especialmente la LOUA, han paralizado el sector y han significado menos economía y menos empleo», subrayó Arenas, quien criticó la «negligencia del PSOE en materia urbanística.
También se pronunció el presidente de la Diputación, el socialista Salvador Pendón, quien aseguró que no comprende que un responsable público dimita por no aplicar la ley.
«No entiendo que un responsable público, que accede con absoluta libertad a esas responsabilidad al presentarse a unas elecciones, dimita para no aplicar la ley. La normativa urbanística de Andalucía no es de ayer, sino que lleva años en vigor, antes de las últimas elecciones locales (2007), por tanto cualquier responsable público que esté en desacuerdo con ella y que entienda que lo contemplado en ella va a condicionar su actuación política lo que debe hacer es no presentarse a las elecciones», dijo.