sábado, 29 de noviembre de 2008

Unas 300 casas quedan fuera de la zona industrial que prevé el POT. Mijas (Málaga Hoy)

El alcalde de Mijas logra el compromiso de la Junta para no afectar a estas familias
Los vecinos mijeños de La Alberquilla pueden estar tranquilos ya que los núcleos de población quedarán fuera de la de la zona señalada en el Plan de Ordenación de Territorio (POT) como área de oportunidad, donde se quiere construir el Parque Empresarial de Mijas (PEM) y el Parque Tecnológico de la Costa del Sol. Así lo anunció ayer el alcalde del municipio, Antonio Sánchez, quien señaló que "sin duda es una gran noticia para más de 300 familias que ahora tienen la tranquilidad de que sus viviendas no se verán afectadas por la ordenación industrial de la zona".Sánchez ha logrado el compromiso de la Directora General de Urbanismo de la Junta de Andalucía tras la reunión mantenida el pasado 15 de noviembre, a la que se añaden numerosas gestiones que realizó directamente con altos responsables políticos de la Administración autonómica. Una vez que los trabajos técnicos definan el espacio industrial del área de oportunidad, la Junta tiene intención de declararla "de interés autonómico".

El PP presenta el estudio previo del puente sobre la Bahía de Málaga (Málaga Hoy)

Esta infraestructura, con la que se cerraría la ronda de circunvalación de la ciudad, supondría una inversión de entre 500 y 800 millones de euros, con un plazo de ejecución que oscila entre 36 y los 52 meses

El Partido Popular ha presentado hoy el estudio previo sobre el que sustenta la idea de construir un puente de 11 kilómetros sobre la bahía de Málaga capital, entre el entorno del Martín Carpena y la Cala del Moral. Esta infraestructura, con la que se cerraría la ronda de circunvalación de la ciudad, supondría una inversión de entre 500 y 800 millones de euros, con un plazo de ejecución que oscila entre 36 y los 52 meses, según los datos aportados por los miembros del comité de dirección Manuel Díaz Guirado, quien también es concejal de Urbanismo de Málaga, y Salvador Merino.

La iniciativa popular, que se puso sobre el escenario el pasado fin de semana, en el marco del Congreso Provincial de la formación, contempla la ejecución de un paso elevado sobre el mar con un doble nivel. El superior daría cabida a dos calzadas con tres carriles por sentido para el tráfico rodado, mientras la inferior estaría destinado al paso del tren de la costa y que en los próximos años deberá unir Algeciras con Motril, y para uso peatonal y carriles bici. Otro detalle técnico es que la altura que podría alcanzar para permitir el paso de buques y cruceros en dirección al puerto sea de hasta 70 metros.

No obstante, lo expuesto por los dirigentes populares mantiene en suspense las mayores incertidumbres sobre una actuación de esta envergadura: ¿quién financiará? ¿cuándo se ejecutará? ¿qué impacto tendrá? Preguntas a las que no supieron dar contestación. Respecto a las primeras, Díaz Guirado informó de que los representantes del PP en el Congreso de los Diputados, el Parlamento andaluz y el Ayuntamiento de Málaga plantearán en las próximas semanas la necesidad de que cada una de las instituciones analice el proyecto. Y en cuanto al impacto, insistieron en la necesidad de que una vez logrado el consenso de la administraciones se dé forma a un amplio estudio medioambiental que determine estos aspectos.

En cualquier caso, la idea del PP es que este puente sirva para mostrar el horizonte al que debe aspirar Málaga. En este sentido, subrayaron la necesidad de ir en la dirección de otras grandes ciudades, como Nueva York, San Francisco, Sidney y Barcelona, entre otras, que ya disponen de una infraestructura de este tipo.

Proyectos que nunca fueron (Málaga Hoy)



El parque temático, el rascacielos junto a la Comisaría o el Guadalmedina son algunas de las iniciativas olvidadas

Dijo el poeta francés Balzac: "La vida no va sin grandes olvidos". La sentencia del literato es aplicable al devenir de Málaga en las últimas dos décadas, un tiempo en que se han sucedido de manera continuada ideas, bocetos y proyectos de los que se supo una vez pero no más. Al listado de ensoñaciones pertenecen por méritos propios la torre de luz que se quiso instalar en la Catedral de Málaga, el rascacielos propuesto frente a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, la torre de comunicaciones del puerto, el parque temático y, hasta que se demuestre lo contrario, el Plan Guadalmedina.

Un catálogo al que no se sabe si habrá que sumar la propuesta realizada por el PP para extender un puente de 11 kilómetros entre el Martín Carpena y la Cala del Moral. Los inicios de esta intervención crean dudas semejantes a las que en su momento originaron otras grandes ideas y que, a fecha de hoy, siguen acumulando olvido.

Si se elaborase un hipotético ranking, una posición de privilegio tendría que estar reservada al parque temático puesto sobre la mesa en 2003. El autor de la iniciativa fue el entonces concejal de Comercio del Ayuntamiento de Málaga José Luis Ramos e incluso el Pleno aprobó el 25 de marzo de ese año una proposición para "declarar de interés municipal" esta iniciativa, al tiempo que anunciaba un concurso de ideas. Pero tras más de cinco años, agua de borrajas.

A ella se suma la iniciativa de un grupo inversor que, a finales de 2004, planteó la construcción de un gran centro financiero y de negocios de 258 metros de altura, con 40 plantas, en la explanada situada frente a la Comisaría provincial. Las dimensiones que se barajaban situaban la edificación como una de las más altas de Europa. El macroproyecto vive aún en un punto y aparte que no parece tener solución. Como tampoco la tiene la torre de luz con la que en febrero de 2005 la Asociación Amigos de la Catedral y la Fundación Málaga pretendían cubrir la desnudez que presenta el templo de la capital, que sólo dispone de una torre. La iniciativa contemplaba la instalación de 25 proyectores de luz xenón de alta concentración y potencia, que daría forma a un haz de grandes dimensiones que podría ser visto en toda la ciudad.

Otra torre, en este caso de comunicaciones, fue planteada por un miembro del PP, Salvador Merino, como actuación de referencia en la ciudad. La idea era situarla sobre los terrenos ganados al mar tras la construcción del dique de Levante, en el puerto, suelo que finalmente dará cabida a un gran aparcamiento para autobuses turísticos. Merino se justificó en que cuando se hizo el planteamiento la empresa World Trade Center estaba dispuesta a asumir el coste de la ejecución, de unos 8.000 millones de pesetas, pero la parsimonia con la que se manejaron los cambios en el espacio portuario la hicieron desistir.

El Plan Guadalmedina tiene nombre propio en este relato. La ex alcaldesa de Málaga Celia Villalobos lo presentó en 2000, en plena campaña de las elecciones generales, pero desde entonces las administraciones públicas no han podido solventar los escollos técnicos y políticos a los que se enfrenta una intervención cuyo presupuesto rondaba los 600 millones de euros. Las imágenes plasmaban el embovedamiento del río en su traza urbana y la creación de una avenida para tráfico y una línea de metro.

Un ejemplo de la desidia administrativa a la hora de abordar los compromisos asumidos es el cinturón verde de 40.000 hectáreas de bosque prometido por la Junta de Andalucía en 1999 alrededor de la ciudad y que exigió al Gobierno central. Once años más tarde, la misma institución se desentiende y no la contempla ni recuerda.

El silencio resuena en los recovecos de la historia reciente de la ciudad cuando se trata de estas infraestructuras. Un mutismo que se mantiene con el circuito de velocidad que se quería ejecutar en la capital de la Costa del Sol y con el túnel que se dibujó bajo el Monte Gibralfaro para unir la plaza Torrijos con la ronda. Mientras en el primer caso, las empresas privadas que hicieron la propuesta mantienen el interés, en el segundo, el Ayuntamiento zanjó el debate hace años. Y a todo ello hay que sumar, como iniciativa más próxima, el tranvía litoral, ese mismo que durante las pasadas elecciones municipales se disputaron Francisco de la Torre y Marisa Bustinduy, entonces candidatos de PP y PSOE, y al que el regidor malagueño dio carpetazo pocos meses después de los comicios.

Urbanismo buscará consenso con la Junta sobre el PGOU (La Opinión)

Manuel Díaz celebró ayer la primera reunión con la delegada de Medio Ambiente para alcanzar acuerdos que permitan desbloquear el planeamiento de la ciudad

M. FERRARY. MÁLAGA La ordenación urbanística de la ciudad para los próximos años será motivo de un profundo análisis conjunto entre la Delegación de Medio Ambiente de la Junta y la Gerencia de Urbanismo, que intentarán llegar a un consenso para desbloquear la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Estas buenas intenciones llegan después de que el informe preceptivo realizado por Medio Ambiente sobre el documento echara por tierra algunos de los principales proyectos contenidos en el PGOU propuesto por el PP, incluyendo un informe desfavorable a la construcción de unas 7.000 viviendas en la Vega de Campanillas.
La delegada de Medio Ambiente, Remedios Martel, y el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, mantuvieron ayer la primera reunión para buscar un complicado acuerdo sobre el desarrollo de la ciudad y conseguir el máximo consenso posible en torno al PGOU.
Ambos representantes pusieron de manifiesto su ánimo de potenciar los puntos de entendimiento y colaboración en materia medioambiental de cara al planeamiento urbanístico.
Este primer encuentro dejó satisfechos tanto a la Junta como al Ayuntamiento, lo que es un principio ante las importantes diferencias previas que existen sobre el PGOU. Así, Martel y Díaz señalaron su intención de seguir trabajando de forma conjunta y que prime "la colaboración para fomentar la sostenibilidad ambiental de la ciudad".
Ambas instituciones mantendrán nuevas reuniones técnicas para profundizar en los aspectos donde puedan llegar a acuerdos en materia de urbanismo. Durante la reunión se manifestó la voluntad común de seguir trabajando "por una ciudad mejor, y por velar por el desarrollo sostenible de Málaga".

Habitat, en suspensión de pagos (La Opinión)


La inmobiliaria catalana es la segunda gran empresa del sector en caer después de Martinsa. Ha solicitado el concurso de acreedores al no poder afrontar una deuda de 2.300 millones
LA OPINIÓN. BARCELONA / MADRID Las inmobiliarias españolas caen como un castillo de naipes. Habitat, quinta del sector en España, ha presentado proceso concursal, el equivalente a la antigua suspensión de pagos, con un pasivo de 2.300 millones al no poder sostener por más tiempo este elevado nivel de deuda. Los pagos a deber que arrastra tras la compra de la promotora de Ferrovial han forzado finalmente el concurso de acreedores que logró evitar en febrero.La catalana Habitat, presidida por Bruno Figueras, presentó ayer en los juzgados de lo Mercantil de Barcelona la solicitud para el concurso voluntario de acreedores con unas deudas de 2.300 millones. Se trata de la segunda gran inmobiliaria que se declara insolvente, después de Martinsa-Fadesa, y una más de la larga lista de empresas del sector que se han visto abocadas a suspender pagos en el último año.Habitat indicó en un comunicado que ha decidido recurrir al concurso para preservar "de la mejor manera posible" los derechos de todos los acreedores y para acometer una reestructuración que permita garantizar la continuidad de su proyecto empresarial.Habitat garantiza que su actividad comercial continuará con normalidad, que el consejo de administración y la cúpula directiva mantendrán el ejercicio de sus funciones y que se centrarán en finalizar las promociones de viviendas en marcha, ocho de ellas en Málaga y Sevilla."Habitat es un proyecto viable que está fuertemente afectado por la actual crisis financiera e inmobiliaria, pero cuenta con activos de alto valor que lo respaldan y dan solidez", aseguró Figueras en el comunicado. El capital de Habitat se reparte entre Figueras y su socio Josep Suñol, que controlan el 55%; seguidos de Ferrovial (20%) y los socios minoritarios Emilio Cuatrecases, Dolores Ortega, Isaak Andic, Emilio Rodés y Construcciones Castro, con otro 25%.Caídas. Esta empresa se suma ahora a la lista de inmobiliarias y constructoras que desde finales de 2007 han ido solicitando el concurso de acreedores al no poder afrontar sus pagos y cuyo endeudamiento conjunto supera los 10.500 millones de euros. Entre ellas se encuentran la valenciana Llanera, la bilbaína Ereaga, la sevillana Contsa, la gaditana Jale, la barcelonesa Lovipro o la madrileña Prasi. Sin embargo, el caso más relevante fue el de Martinsa. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, manifestó ayer su deseo de que las inmobiliarias y sus financiadores hagan un esfuerzo para lograr soluciones que permitan mantener el tejido empresarial de España, esto es, que eviten nuevos concursos como el de Habitat.

El Ayuntamiento aprueba el PGOU de forma provisional. Villanueva de Tapia (SUR)

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Villanueva de Tapia cuenta ya con la aprobación provisional del pleno del Ayuntamiento después de que el documento haya sido adaptado al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA).
Según explicó la alcaldesa, Encarnación Páez, el Ayuntamiento ha resuelto las alegaciones de la aprobación inicial y se ha procedido a la aprobación provisional del documento para no tener que aprobar el texto dos veces de forma inicial. De esta manera, ahora se ha abierto un periodo de alegaciones «sólo para los cambios que se hayan producido» con respecto al anterior documento inicial.
Cambios en el texto
Páez apuntó que estos cambios se refieren sobre todo a un recorte del suelo urbanizable, que ha pasado a ser sectorizado por las exigencias de la Junta de Andalucía en cuanto al crecimiento del suelo. También se ha calificado como urbano directo algunas pastillas del casco urbano que eran unidades de ejecución, pero que impedían que se pudiera calificar suelo porque agotaban el porcentaje permitido.
Páez espera que a partir de ahora se agilice la aprobación para que el municipio pueda crecer, ya que necesitan disponibilidad de suelo para evitar la especulación. La normativa indica que el documento debe ahora remitirse a la Junta de Andalucía para que le dé el visto bueno y posteriormente se procederá a su aprobación final por parte del Ayuntamiento.
«Estamos deseosos de que el PGOU se pueda aprobar para tener suelo disponible para las familias porque nuestra política de suelo no es una política especulativa. Lo que pretendemos es ordenar el posible desarrollo del pueblo teniendo en cuenta las condiciones básicas como el abastecimiento de agua, el saneamiento o el suministro eléctrico, de modo que el pueblo se desarrolle de una forma racional», afirmó la primera edil, quien se mostró «muy indignada» por la tardanza, así como por la falta de criterios de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Torrox firma el acta de recepción del aparcamiento de La Almedina. Torrox (SUR)

El 'parkíng' subterráneo ha supuesto una inversión de siete millones de euros y cuenta unas 380 plazas El equipo de gobierno quiere inauguralo el Día de la Constitución

APARCAMIENTO
Ubicación: La Almedina, en pleno centro del casco urbano.
Inversión: 7 millones de euros. Se ha ejecutado sobre terrenos municipales obtenidos mediante un convenio urbanístico.
Adjudicataria: La UTE integrada por Castelló S. A., Fodecs S. L. y Trigemer S. A.. Por un periodo de 20 años prorrogables otros 20.
Plazas: 385.
Espacio Comercial: 2.100 metros.
Zona de oficinas: 883 metros.
Inauguración: El sábado 6 de diciembre. Día de Andalucía.El aparcamiento de La Almedina es ya una realidad. Pendiente sólo del arreglo del acceso, el Ayuntamiento ha firmado esta semana el acta de recepción de las obras con la idea de abrirlo al público a partir del próximo sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución.
Los trabajos, que han supuesto una inversión de siete millones de euros, dotan a la localidad del primer estacionamiento público subterráneo. Dispone de tres plantas y una capacidad para 385 vehículos.
El proyecto consta asimismo de una zona comercial de 2.100 metros ubicada en la parte superior y una zona de oficinas de 883 metros, que será ocupada por la Gerencia de Urbanismo y las áreas de Obras e Infraestructura del Ayuntamiento.
La ejecución y explotación del aparcamiento fue adjudicada por el Ayuntamiento a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Almedina, formada por Castelló S. A., Fodecs S. L. y Trigemer S. A.. Como adjudicataria la UTE Almedina, que será la encargada de gestionar el 'parkíng' durante un periodo de 20 años prorrogables otros 20. La inversión ha corrido a cargo íntegramente de la empresa adjudicataria.
Lugar de ocio
El proyecto ha contemplado la construcción de una plaza dotada con todos los servicios que la convertirá en un lugar de ocio y esparcimiento en pleno centro de Torrox. El objetivo de la empresa es que unas 150 plazas sean para residientes, manteniendo el resto en rotación. El Ayuntamiento dispondrá de 10 plazas para uso municipal que se quieren reservar para Urbanismo.
La intención del equipo de gobierno es que durante los primeros 15 días, el aparcamiento pueda ser usado por los vecinos de manera gratuita.
Sobre la situación del aparcamiento del Pontil, el Consistorio ha señalado que no se podrán continuar con el proyecto hasta tanto no finalizada los trabajos de urbanización de la calle que da acceso a la barriada. La primera fase ya ejecutada supuso una inversión de unos 700.00 euros, mientras que la segunda y última asciende a una cantidad similar. Este nuevo 'parkíng' contará con 240 plazas.

Critican el rechazo a una comisión de viabilidad de los solares en La Atalaya. Mijas (SUR)

El Parque Empresarial criticó al equipo de gobierno por rechazar una moción de urgencia presentada en el último pleno por el PP donde se instaba a la creación de una comisión que evalúe la viabilidad medioambiental de los terrenos que los comuneros tienen en la zona de La Atalaya.
Para los empresarios no es lógico que en el POT aparezca como lugar de protección ambiental cuando la revisión del PGOU del municipio no lo contemplase.
El PP solicitaba que formara parte de la comisión la consejería de Ordenación del Territorio para implicarla en una revisión seria y rigurosa de un dictamen técnico que ha ocasionado el bloqueo de la construcción del PEM en la zona.

Negocian el reinicio de las obras del 'parking' de Le Corbusier. Benalmádena (SUR)

Los trabajos llevan meses parados desde que la adjudicataria se retirara ante los problemas municipales de financiación, impulsado en la anterior legislatura
El aparcamiento subterráneo de 485 plazas previsto en Le Corbusier parece que por fin va a salir de la situación de bloqueo en la que lleva inmerso desde el pasado mes de abril, después de que la empresa adjudicataria de los trabajos decidiera romper el contrato ante los problemas del Ayuntamiento para poder sufragar las obras, presupuestadas en 6,8 millones de euros durante la anterior legislatura.
Ahora, el actual equipo de gobierno está negociando con una nueva empresa para que se encargue de retomar los trabajos. En vista de que las arcas municipales no se encuentran precisamente en su mejor momento, el Ayuntamiento tiene previsto que sea la propia constructora la que autofinancie las obras a cambio de quedarse con los derechos de venta de las 485 plazas para coches y 25 para motocicletas, distribuidas en cuatro plantas subterráneas. «Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con el proyecto ya adjudicado, a pesar de que no había dinero para su financiación. Ante esta situación, la empresa adjudicataria optó por retirarse aludiendo a un incumplimiento del contrato», explicaron fuentes municipales.
Negociaciones
En cuanto al posible acuerdo con una nueva adjudicataria, desde el equipo de gobierno aseguran que las negociaciones se encuentran actualmente «muy avanzadas», por lo que confían en encontrar próximamente una salida viable para desatascar la realización del proyecto.
Una medida que seguramente agradecerán los vecinos del entorno, que llevan meses demandando una solución, ya que de momento se han quedado sin el jardín que había sobre la parcela (entre las calles Le Corbusier, Torrealmádena, Transversal y Pasaje del Águila), y sin aparcamiento. «Lo único que hay es un enorme agujero que no deja de acumular basura y agua, ya que allí viene a parar un arroyo», comenta una vecina. En este sentido, cabe recordar que el proyecto original del aparcamiento, cuya primera piedra se colocó a finales de marzo de 2007, contempla una plaza pública, con zonas ajardinadas y un parque infantil en dichos solares.
Desde el equipo de gobierno hay esperanzas de encontrar cuanto antes una solución que de nuevo impulse las obras de un proyecto muy necesario para los vecinos de la zona.

Sánchez garantiza la seguridad de las casas de La Alberquilla. Mijas (SUR)

Anuncian que la creación de la zona industrial definida en el POT no contemplará los terrenos habitados Alrededor de 300 familias viven en el área de oportunidad

Cuando todavía no se sabe a ciencia cierta si los terrenos de la zona de oportunidad se destinarán a la creación del Parque Empresarial de Mijas, (PEM), el Ayuntamiento anuncia que «los diseminados de la zona quedarán fuera de la zona industrial». Y es que, en los solares que el POT contempla para la expansión industrial del municipio existen viviendas fuera de la legalidad.
En total, alrededor de 300 familias del municipio «podrán estar tranquilas ya que sus viviendas no se verán afectadas por la ordenación industrial en la zona», aclaró el alcalde, Antonio Sánchez.
El equipo de gobierno ha logrado ese compromiso de la Directora General de Urbanismo de la Junta de Andalucía, con la que el regidor se reunió el pasado día 15. Este es el resultado de las gestiones que el primer edil viene realizando directamente con altos responsables políticos de la administración autonómica, como el Consejero de Ordenación del Territorio, así como con gestores técnicos como la dirección de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) para promover un crecimiento ordenado en la zona sin que el problema de las viviendas ilegales del municipio afectase al desarrollo de las industrias ni «el crecimiento económico de la localidad supusiese derribar las casas de cientos de ciudadanos», justificó Sánchez.
Tranquilidad
En su discurso, el alcalde quiso mandar un mensaje de confianza y tranquilidad a los vecinos, al tiempo que aconseja que «no se dejen confundir por aquellos que están tratando de sacar algún provecho de la situación». En este sentido, recordó que «el Ayuntamiento lleva meses trabajando y haciendo gestiones a todos los niveles para ofrecer soluciones a los ciudadanos, a las empresas y, en definitiva, a toda la sociedad de Mijas», añadiendo que "las soluciones vendrán de la mano de la colaboración entre las administraciones y los sectores implicados».
Una vez que los trabajos técnicos definan completamente el espacio industrial del área de oportunidad, la Junta tiene intención de declararla de interés autonómico, una figura que permite dar prioridad al desarrollo del proyecto empresarial y las infraestructuras que necesita, que ya no afectará a los núcleos habitados de La Alberquilla.
Por su parte el concejal no adscrito y presidente de la asociación de vecinos del diseminado, Jose Antonio Sánchez Peña, resaltó que «los residentes de la zona no están conformes con la ubicación del área industrial y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el PEM se desarrolle en otro área del municipio». Peña también destacó «la demagogia del PP que sólo apoya a los residentes de la Alberquilla Norte cuando los vecinos unidos llevan trabajando por la solución del problema desde hace meses».
Desde la oposición, los populares resaltaron que es una demanda solicitada desde hace meses y que garantizará la viabilidad de las viviendas construidas.

Petición para excluir El Potril del Plan Guadaiza. Marbella (SUR)

El equipo de gobierno sacó adelante en solitario la moción que hacía referencia a la solicitud a la Junta de Andalucía para que excluya la zona de El Potril del Plan Guadaiza. «El objetivo es impedir que familias de extracción humilde vean peligrar sus propiedades por una idea de despacho que aún no se plasmó ni cuenta con dotación presupuestaria», valoró el concejal Manuel Cardeña, quien insistió en la necesidad de que la administración autonómica elabore «una nueve delimitación que libere este suelo de las expropiaciones». El concejal socialista Óscar Fernández aseguró no entender la postura del PP y acusó a este partido de «tratar de ocultar» las inversiones de las administraciones socialistas. A la salida del salón de plenos, se produjo un incidente después de que un asistente al pleno lanzara un insulto contra el edil socialista Juan Luis Mena.

Vecinos de Río Real acudirán a organismos europeos si no se regularizan sus viviendas. Marbella (SUR)

Los dueños, de 14 nacionalidades distintas, advierten que denunciarán el caso en sus embajadas si el PGOU no les da cobertura

Los propietarios de Río Real Playa, una de las urbanizaciones que se quedan fuera del Plan de Ordenación Urbana elaborado por el Consistorio, han anunciado que están dispuestos a acudir a instancias internacionales hasta conseguir el mismo trato que han recibido otras promociones urbanísticas construidas al margen de ordenación y que serán regularizadas.
Se trata de 60 viviendas, en un 90 por ciento adquiridas por propietarios de 14 nacionalidades diferentes, 29 de las cuales están pendientes de la orden de demolición, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara en sentencia la licencia que el propio Ayuntamiento de Marbella concedió con Jesús Gil como alcalde. La razón, ocupan suelo a pie de playa reservado para zona verde y equipamiento deportivo y cultural con protección arqueológica. Según la Junta, durante su construcción se destruyó un yacimiento arqueológico. El equipo de gobierno acordó, sin embargo, no ejecutar esta y otras sentencias hasta la aprobación definitiva del PGOU.
«Algunos propietarios extranjeros sopesan dirigirse al Ayuntamiento, solicitar su indemnización y marcharse a su país de origen porque no les merece la pena vivir bajo esta administración. Otros van a luchar por sus derechos», aseguró la comunidad de propietarios de la urbanización en un comunicado.
Tribunal de Estrasburgo
Entre las medidas que contemplan se encuentran querellarse contra el Ayuntamiento y la Junta por presunta prevaricación y dirigirse a sus respectivas embajadas para que sus gobiernos «les defiendan», apuntan. Además, tienen pensado dirigirse al Defensor del Pueblo, andaluz y nacional, y acudir, si así es necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los vecinos aseguran que todos ellos son compradores de buena fe que adquirieron los inmuebles de forma legal a través de una licencia otorgada por el Ayuntamiento , que después fue impugnada por la entonces concejal socialista, Isabel García Marcos. Recuerdan que la propia Junta de Andalucía «autorizó la continuación de las obras» tras el descubrimiento del yacimiento y aseguran que tampoco invade el dominio público marítimo terrestre «ya que el deslinde de 2006 sólo consideraba ilegal un restaurante ubicado en la playa que aún continua en pie».
No es la única urbanización de Río Real cuyo futuro pende de un hilo. El promotor inmobiliario imputado en el 'caso Malaya' José Ávila Rojas tiene hasta el 21 de diciembre para demoler una estructura levantada en esta misma zona al encontrarse en situación irregular.

Todas las subastas de pisos tras el verano han quedado desiertas. Marbella (SUR)

Los juzgados de Marbella han pasado de ofertar una a cinco viviendas al mes, pero la falta de liquidez provoca que no haya postores que quieran pujar por ellas Los procesos de ejecución hipotecaria y los embargos de bienes inmuebles se han triplicado desde septiembre La mayoría son segundas residencias de extranjeros que han dejado de pagar la hipoteca al banco

La morosidad hipotecaria sigue en aumento. Si hace unos meses los juzgados de Primera Instancia de Marbella subastaban una vivienda al mes, ahora la media es de cinco. Los pisos se ofertan muy por debajo de su valor real, un 25 por ciento menos de media del precio que tenían hace un año. Aun así no hay postores que quieran pujar por ellos. «No hay liquidez, de ahí que las subastas de los últimos meses hayan quedado todas desiertas», explica Ángel Sánchez, juez decano de Marbella y titular del Juzgado de Primera Instancia número 3. Expertos auguran que esto no es más que la punta del iceberg. «Lo peor está por venir. No hay dinero. Las promotoras no tienen liquidez, los compradores tampoco y los bancos, cada vez menos», añade Elena Narváez, abogada especializada en Urbanismo.
La morosidad ha dado como resultado que los procesos de ejecución hipotecaria se acumulen en los juzgados de Marbella, llegando a multiplicarse por tres en el último trimestre, según las cifras que maneja el Decanato. El número de embargos también se ha triplicado en los últimos meses y en consecuencia, las subastas. ¿Problema? Muchas familias se verán en la calle. Los plazos para ejecutar la hipoteca son dilatados, así que las subastas de hoy obedecen a impagos que se produjeron en los primeros momentos de la crisis, lo que significa que en unos meses las subastas, los embargos y hasta los desahucios se multiplicarán.
«Los bienes se deprecian mucho en subasta así que se lo acaban quedando el banco o un comprador por mucho menos dinero de lo que realmente valen y el moroso sigue teniendo esa deuda. Hay familias que arrastran este problema de por vida», apunta Sánchez.
Perfil del comprador
El comprador que pierde su vivienda suele ser una persona de clase media-baja que pidió una ampliación de hipoteca sobre su casa cuando vio por cuánto la había vendido su vecino y ahora no puede pagar los recibos, cada vez mayores; o el que solicitó más dinero del que valía su casa para hacer frente a los gastos de escritura, avales y mobiliario pensando que su trabajo en la Construcción o en la Hostelería no le faltaría nunca. En Marbella además, se da un tercer perfil, el más numeroso. El del extranjero que adquirió el piso como segunda residencia o inversión y que ha dejado de pagar la hipoteca que contrajo con el banco. Hay que recordar que la crisis es generalizada en toda Europa. Un dato a tener en cuenta: la libra se ha depreciado un 20 por ciento y la mayoría de los extranjeros residentes en el término municipal son británicos.
¿Chollos?
En las ejecuciones hipotecarias no se llega al embargo, sino que las viviendas pasan directamente a ser subastadas. Algunas subastas suponen una magnífica ocasión para los ávidos compradores que hacen su agosto en época de vacas flacas, pero son las menos. Como explica Alfredo Martínez, delegado provincial de Ausbanc (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios), en la mayoría de los casos las viviendas están sobretasadas porque los préstamos que se concedieron eran muy altos, incluso por encima de su valor real. Según Elena Narváez, ahora nadie quiere quedarse con un bien cuya deuda es de 250.000 euros y cuyo valor en el mercado es, hoy por hoy, de 180.000. «No es un buen negocio», sostiene.
El parón de las ventas complica la gestión patrimonial de las entidades bancarias. Bancos y cajas no quieren quedarse con un piso. Además, no hay compradores suficientes para todos los pisos embargados que salen a la venta a pesar de que este tipo de subastas aplican rebajas de hasta el 50 por ciento, negociables, sobre el precio de adquisición.
Esta falta de compradores hace que los bancos no estén sacando todos los pisos de morosos. Es más, intentan retrasar al máximo la ejecución hipotecaria alargando los plazos. «Al banco no le interesa meterse en un procedimiento judicial y que las subastas se declaren una y otra vez desiertas», apunta Martínez. Muchos optan por crear sociedades de gestión de activos inmobiliarios para tratar de dar salida a los pisos embargados que comienzan a acumular en sus carteras como ya ocurriera en los años 90. De esta forma, los bancos se convierten en pequeñas inmobiliarias.
Por su parte, las promotoras se están convirtiendo en arrendadoras de los particulares que no consiguen un préstamo hipotecario. La empresa asume el préstamo con el banco y le cobra un alquiler al particular con opción a compra en dos, tres o cinco años, momento en el que recibe el resto del dinero.

El Ayuntamiento prevé recibir del Gobierno 98 millones para obras inminentes (SUR)

Los proyectos deberán adjudicarse a empresas que contraten a parados

Unos 98 millones para afrontar obras. Ese es el cálculo que hace el Ayuntamiento de Málaga sobre el paquete de medidas para paliar los efectos de la crisis económica anunciado por el Gobierno y que contempla 8.000 millones para los consistorios, en concreto para la realización de obras de «planificación y ejecución inmediata». Tendrán que ser obras que se pongan en marcha desde el 11 de enero y nunca más tarde del 13 abril, y que deberán adjudicarse siempre a aquellas empresas que contraten a más parados, ya que lo que se pretende con estas partidas ese reactivar el sector de la construcción. El 70% del importe de la obra se pagará al principio y el 30% restante se entregará cuando se certifique el fin de las obras, que tendrá como plazo límite el primer semestre de 2010.
Para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ayer estuvo en La Moncloa en la reunión mantenida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es muy importante que «por primera vez el Gobierno haya confiado en los ayuntamientos como elemento ejecutor para realizar inversiones de forma rápida y muy cercanas a los ciudadanos».
El alcalde de Málaga lamentó que este decreto no haya tenido en cuenta la estadística de desempleo de cada ciudad como baremo para la asignación presupuestaria, y señaló: «Nosotros intentaremos que el dinero que vamos a recibir no sólo sirva para crear empleo, sino también para reactivar la economía malagueña».
Finalmente, De la Torre especificó que con este decreto «el Gobierno de Zapatero no ha dado ninguna respuesta a la otra gran demanda de los municipios para resolver los problemas del gasto corriente, una clara asignatura pendiente en la política municipal española».
Por su parte, la concejala de Economía y Hacienda y portavoz del equipo de gobierno de la capital malagueña, Carolina España, manifestó que, pese a la urgencia con la que se deberán presentar los proyectos, el Ayuntamiento está preparado para cumplir todos los plazos. La edil consideró positivo que cada proyecto no pueda superar los cinco millones de euros porque se notará mucho en toda la ciudad: «No serán obras muy grandes pero sí lo suficientemente importantes; con proyectos que afectarán a casi todos los distritos».
Entidades financieras
España agregó: «El Gobierno central tenía que hacer este esfuerzo económico, porque su apuesta de apoyo había sido grande para las entidades financieras y para las comunidades autónomas, pero los consistorios estábamos como olvidados».
Ahora mismo, el Ayuntamiento de Málaga no tiene decidido ningún proyecto en concreto, aunque ayer en la junta de gobierno se analizaron los más urgentes para iniciar los trámites cuanto antes.
MÁS INFORMACIÓN I Los ayuntamientos deberán contratar parados para las obras públicas. pag. 36 A