miércoles, 29 de octubre de 2008

Vidas con techos inciertos (Málaga Hoy)

Trece familias de El Palo con alquileres de renta antigua temen por el futuro de sus casas después de que una constructora las haya adquirido para construir un bloque
La incertidumbre se ha apoderado de trece familias de El Palo que ven peligrar su futuro en las casas que durante más de 50 años han habitado. Todas tienen contratos de alquiler de renta antigua indefinidos, pero una constructora ha adquirido las viviendas y tiene planeado edificar un bloque de pisos. La primera oferta que recibieron para que las abandonen es de 3.000 euros, aunque posteriormente la cifra subió a 10.000. El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, ya conoce el caso y el próximo viernes se reunirá con estos vecinos para asesorarles y que el caso no se convierta en otro de asustaviejas. María del Carmen Bravo y su hermana, dos de los afectados, poseen contratos que sus padres firmaron en 1938 y 1942, uno de los cuales se subrogó. La primera explicó que hace unas semanas recibieron una carta de un despacho de abogados en la que se les informaba del cambio de propiedad de la vivienda y les solicitaban una reunión."Mi hijo fue a la dirección indicada y allí le ofrecieron 3.000 euros para que abandonásemos la casa, manifestó María del Carmen, quien señaló que, ante la negativa, "días después la cifra aumentó a 10.000". Los residentes opinan que la oferta es ridícula y ni por asomo se plantean dejar el lugar.La mujer declaró que la constructora que ha comprado los domicilios tiene pensado edificar en el terreno y temen que acaben por tener que irse. Una solución que ven inviable porque "yo gano 400 euros al mes y mi madre, a la que cuido, tiene una paga de 500".Las viviendas se encuentran en el Pasaje del Rosario y otro anexo sin nombre. Son casas mata que los inquilinos han ido reparando poco a poco y en las que han vivido durante décadas.La situación es más grave para otros vecinos, a los que les ha llegado una carta de desalojo después de que en el pasado obtuviesen permisos verbales para anexar residencias de otros familiares que habían fallecido. Es el caso de la madre de Francisco Valentín, quien a sus 89 años de edad se enfrenta a la pérdida de la mitad de su domicilio tras recibir una orden de desahucio.Éste explicó que a estas personas también les han ofrecido 3.000 euros de indemnización y que, si no los aceptan, tienen de plazo hasta el próximo 1 de julio para abandonar la vivienda.Valentín se preguntaba por qué una constructora trata de hacer negocio "a costa de unos ancianos que no entienden de leyes y sin poder adquisitivo".Los vecinos ya han comenzado a moverse para defender sus derechos y han contratado abogados. Además, han puesto el caso en conocimiento del Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, quien los visitará el viernes.

El Consistorio amenaza con los tribunales a la Junta por el PGOU (Málaga Hoy)

El equipo de gobierno del Partido Popular tensa el enfrentamiento con la Administración autonómica y la acusa de "bloquear" los proyectos urbanísticos
El Ayuntamiento de Málaga no descarta acudir a la Justicia si la Junta de Andalucía continúa con su política de "bloqueo de proyectos" urbanísticos, ya que el Ejecutivo local considera que se sustentan en la "seguridad jurídica y legal", por lo que los defenderán "hasta las últimas consecuencias". Así lo aseguró ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien subrayó que presentarán una moción el próximo 30 de octubre en el Pleno municipal para denunciar esta situación y para reclamar la "autonomía y competencia" del Gobierno local en este sentido. Díaz denunció además que la Administración autonómica emplea una "doble vara de medir" cuando aprueba planes urbanísticos en otras provincias andaluzas, mientras que en Málaga "los mismos son tumbados, pero la ciudad se merece al menos igual trato". El edil manifestó que la Junta "se contradice" y "no se pone de acuerdo" con otros organismos de la Administración autonómica. Así, puso como ejemplo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente. Este informe rechaza proyectos incluidos por el Consistorio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y que el Ayuntamiento pretende "consensuar" con el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (Potum), elaborado por el Gobierno andaluz. Díaz explicó que estos proyectos urbanísticos se refieren a las viviendas en la zona del Lagar de Oliveros (Puerto de la Torre) o el Distrito de Campanillas, la urbanización al norte de la ronda este, la ocupación de Arraijanal o el hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, entre otros, y que la Junta "bloquea". El edil aseveró que en Campanillas existe una "falta de criterio y de rigor", puesto que la Junta tiene planteado un espacio en el sur para Viviendas de Protección Oficial (VPO), mientras que en el Norte el Ayuntamiento planeaba lo mismo y "existe riesgo de inundaciones". Sobre el colegio Maristas, argumentó que en el Potaum se ubicaba en el mismo sitio donde está previsto un "equipamiento metropolitano", pero cuando el Consistorio propuso la escuela "la Junta dijo que la zona sí está protegida". Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Rafael Fuentes, acusó al PP de "engañar" a los malagueños al insistir en aprobar un Plan General de Ordenación Urbana "perjudicial" para la ciudad, "tal y como constatan los informes técnicos recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), realizados por la Junta de Andalucía". Fuentes instó al equipo de gobierno popular a que atienda la petición de los distintos agentes sociales de retirar los proyectos que han sido rechazados.

La compraventa de viviendas sufre otro importante frenazo (Málaga Hoy)

El número de viviendas transmitidas por compraventa bajó un 36,8% en agosto, tras intercambiarse un total de 37.744 inmuebles
La compraventa de viviendas disminuyó un 36,8% en agosto respecto al mismo mes de 2007, tras intercambiarse un total de 37.744 inmuebles, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara este dato con el del mes de julio, el descenso de la compraventa de viviendas sería del 18,7%. El número de compraventas de viviendas realizadas en el octavo mes del año es el menor de toda la serie, iniciada en 2007. En agosto del año pasado, las compraventas de viviendas superaron las 59.700. La mayor parte de las transacciones realizadas en agosto correspondieron a viviendas libres, con 34.350 operaciones, que implicaron un descenso interanual del 37,2%. El resto, 3.394, fueron compraventas de inmuebles protegidos, con una caída del 32,6% respecto a agosto de 2007. De las 37.744 operaciones de compraventa de viviendas registradas en agosto, 19.997 afectaron a viviendas nuevas, un 23,4% menos que en igual mes del año pasado, y 17.747 a inmuebles usados, con una caída del 47,3% en tasa interanual. De esta forma, el 91% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto fueron libres y el 9%, protegidas. Asimismo, el 47% de las operaciones afectó a vivienda usada, mientras que el 53% de los inmuebles eran nuevos. En agosto, el 56,7% de las transacciones de viviendas se registraron en cuatro comunidades autónomas, que fueron Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. Sumando las fincas urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana) y las rústicas, el total de fincas transmitidas en agosto fue de 146.542, con un descenso del 24,4% en tasa interanual y una caída del 21,5% respecto al mes de julio. En concreto, se transmitieron por compraventa un total de 83.239 fincas, un 33% menos que en agosto de 2007, mientras que 4.590 fincas se transmitieron por donación (+13,4%), 1.815 por permuta (-18,8%) y 23.189 inmuebles por herencia (-8,1%). En el apartado de compraventa, el 89,9% de las transacciones correspondieron a fincas urbanas y el 10,1% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 50,4% fueron compraventas de viviendas. Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas disminuyó un 32,1% en tasa interanual, hasta 8.366, mientras que el de fincas urbanas bajó un 33,1% y alcanzó las 74.873. En agosto, el número total de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes fue mayor en La Rioja (685), Castilla-La Mancha (668) y Aragón (620), mientras que el número de compraventas de fincas por cada 100.000 habitantes fue mayor en La Rioja (459), Castilla-La Mancha (318) y Murcia (311).

Más de 50.000 viviendas están ya en alquiler en Málaga (Málaga Hoy)

Promotores y constructoras aprenden en unas jornadas las ventajas de alquilar
El mercado del alquiler en la provincia de Málaga sube como la espuma. La imposibilidad para muchos malagueños de acceder a la compra de la vivienda está cambiando la tendencia de los últimos años. Y si antes la prioridad era comprar, ahora "la única posibilidad" es alquilar. Tanto, que ya hay 50.000 viviendas en alquiler en la provincia, un 17% del parque total "y el doble que hace unos años. Si la gente quiere mantener un nivel de vida digno, es la única alternativa que le queda", explicó ayer Javier Íscar, secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje Aeade, que participó en la Jornada inmobiliaria para el fomento del alquiler. El objetivo del encuentro era explicar a promotores y constructoras las ventajas del alquiler. Y también a agencias inmobiliarias, "porque ahora sobreviven las que se centran de verdad y dedican esfuerzos a ese sector", añadió Íscar. Eso sí, los precios se están manteniendo en los pisos de alquiler, aunque la previsión es que suban en los próximos años por debajo del IPC. Además, Málaga sigue siendo -junto a Sevilla- la provincia andaluza con las cantidades más altas. En las jornadas también participaron responsables del portal inmobiliario www.enalquiler.com y la asociación Arrenta, encargada de garantizar los alquileres mediante distintos modelos de contratos. También estuvo presente el Instituto Municipal de la Vivienda, cuyo gerente, Francisco Javier Carmona Conde, destacó la "alta demanda" de alquiler que hay en la capital y la achacó a "los cambios de modelos de vida y a la mayor movilidad laboral de los jóvenes". "La tendencia clara es hacia el alquiler y no la compra", concluyó Carmona.

Cómo entrar en 17 metros cuadrados (Málaga Hoy)

El mercado del alquiler ofrece desde pisos espectaculares y caros a pequeños estudiosN. Sánchez / Málaga Actualizado 29.10.2008 - 01:00

Las promociones de 'minipisos' han proliferado.
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Ordenamos las opciones para alquiler de viviendas en Málaga que nos da el portal inmobiliario enalquiler.com por precios. Si buscamos los más baratos, aparece el que tiene el precio más bajo de toda la capital: son 270 euros. Es un pequeño estudio de 35 metros cuadrados ubicado en Puerto de la Torre. "Coqueto estudio totalmente amueblado, exterior", explica su leyenda, donde también se dice que es para dos personas. Si buscamos los más caros, aparece un piso de seis dormitorios en plena calle Larios. El precio es de 3.875 euros, con lo que se podrían pagar más de 14 meses del anterior. Eso es por precios, porque si buscamos por tamaño la sorpresa es mayúscula. El más grande tiene 400 metros cuadrados y es una casa en la zona este que cuesta 2.200 euros al mes. El más pequeño, 17 metros cuadrados; cuesta 340 euros y se encuentra en el barrio de la Trinidad. No tiene ascensor ni parking. Pero es "imprescindible el aval". Las opciones para buscar un piso donde vivir de alquiler son casi para aburrirse, porque sólo en ese portal de internet hay más de 8.000 ofertas. Para centrarnos en el perfil más actual -individuo soltero, joven y poco más que mileurista- las alternativas disminuyen. Pero hay de todo. En cuestión de estudios, el más caro está en calle Chiclanero (junto al a plaza de la Merced) donde por 650 euros hay un estudio de 45 metros cuadrados sin estrenar, aunque hace falta aval bancario. Otra opción está en calle Octavio Picón, por Pedregalejo, donde por 380 euros hay un pequeño estudio de 20 metros cuadrados. Eso sí, las fotos que enseñan del piso demuestran su pequeñez: en una sola habitación cabe la mesa de estudio, el sofá, la cocina, una litera y la lavadora. Otros muchos que tampoco superan los 30 metros cuadrados tienen más fotos de las vistas que hay desde el piso que del propio inmueble. Una sola basta. Según cuentan los responsables de las inmobiliarias, un factor a tener muy en cuenta ahora para alquilar una vivienda es la posibilidad de pedir una ayuda pública. "No todos los pisos lo permiten al no estar declarados", explicaron en una agencia de fomento del alquiler, donde indican que las subvenciones tanto de Ministerio de la Vivienda como de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía están sirviendo para aumentar el número de personas en alquiler en la provincia de Málaga.

La Junta construirá 120 viviendas para estudiantes (La Opinión)

Los universitarios malagueños y sus profesores tendrán la posibilidad de acceder a una VPO en régimen de alquiler, con un contrato de cinco años y a bajo precio, gracias al convenio firmado ayer entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Vivienda, con idea de construir 120 pisos protegidos en el campus de Teatinos.El acuerdo supone el compromiso de la Administración andaluza para promover estas viviendas de cara al año 2011, con una inversión de 8,7 millones de euros, de los que un 40% será aportado por la Consejería de Vivienda. Además, la Junta asumirá la inversión necesaria para la urbanización del suelo y la gestión de las promociones.Estos edificios se ubicarán en el campus de Teatinos, en unos suelos que la Universidad de Málaga ya ha reservado para este fin. De hecho, el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda para los universitarios, así como a los investigadores, profesores y miembros de la comunidad universitaria.Las viviendas se ofrecerán por un tiempo máximo de cinco años, aunque se dará la posibilidad de prorrogar la estancia en otros doce meses si el inquilino continúa vinculado a la Universidad. El alquiler se estipulará en función de la renta básica, de forma que se facilite el acceso a los estudiantes.Los pisos tendrán una superficie máxima de 30 metros cuadrados en el caso de que se destine a un único ocupante y de 45 metros cuadrados para dos inquilinos. Además de las viviendas, se ofrecerá una serie de espacios y servicios comunes para los residentes, como acceso a internet y zona de estudios. Además se reservará un cupo para discapacitados y personas con necesidades especiales.Estas viviendas se sumarán, como una alternativa más, a la oferta de residencias estudiantiles, ya que la otra opción es el alquiler de un piso en el mercado libre. El desarrollo de los proyectos y las obras tendrán que ejecutarse para diciembre del año 2010, fecha de vigencia de este acuerdo. Además, se constituirá una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento del convenio.Estas 120 viviendas protegidas para alquiler forman parte de un plan mayor para dotar a Andalucía de 1.120 VPO para estudiantes. Sin embargo, el grueso de estos pisos (las 1.000 restantes) se promoverán en la provincia de Granada, en concreto en los municipios de Maracena, Albolote y la propia capital.Junto a esta iniciativa, el Ministerio de Vivienda quiere poner en marcha varias medidas para fomentar el acceso a los jóvenes, entre las que se incluyen ayudas de 1.200 euros para los gastos de compra de la primera vivienda, el alquiler con opción a compra y promover VPO para venta.

El Ayuntamiento no descarta la vía judicial ante ´el bloqueo´ de la Junta a sus planes urbanísticos (La Opinión)


La corporación culpa al Ejecutivo andaluz de "impedir el progreso" de Málaga. Una moción del equipo de gobierno defiende la autonomía municipal
JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga vuelve a romper los lazos políticos con la Junta de Andalucía, a la que acusa de ejercer una "política de bloqueo" que "frena el progreso y el desarrollo de Málaga".En el centro de este nuevo inicio de las hostilidades políticas está el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y las trabas que la Junta está poniendo a los proyectos más emblemáticos que el Ayuntamiento quiere poner en marcha a partir del plan general.El Consistorio está convencido de las bondades de sus proyectos; de ahí que el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, advirtiera ayer de que "se defenderán todos y cada uno de los proyectos hasta las últimas consecuencias y, si hace falta, se llegará hasta la justicia ordinaria".Antes de llegar a eso el equipo de gobierno presentará una moción al pleno de mañana jueves en la que, según explicó Díaz, "vamos a denunciar el bloqueo al desarrollo que la Junta nos está imponiendo, vamos a pedir la autonomía de competencia municipal porque todas estas actuaciones están consiguiendo que ahuyentemos a los inversores privados".La irrupción del Ayuntamiento en la gresca política se produce esencialmente por el informe de declaración de impacto ambiental que la Junta hace del PGOU aprobado provisionalmente por el Consistorio. En dicho informe, la Junta tumba proyectos como la construcción en la vega del río Campanillas, el desarrollo al norte de las rondas, el traslado del colegio de Maristas, la construcción de un puerto deportivo en El Morlaco o el desarrollo de unas 600 viviendas en la zona marítima de Arraijanal.Últimas consecuencias. Al respecto, el concejal de Urbanismo insistió en que esta actitud de la Junta "es de bloqueo y de freno al desarrollo de Málaga" y pone en peligro el futuro de la ciudad ya que "el capital inversor se va fuera de Málaga porque el Gobierno andaluz está consiguiendo que la capital sea un lugar con incertidumbre, inseguro y donde las grandes empresas no puedan invertir".Frente a la opinión de algunos sectores que aconsejan al Ayuntamiento que aparque los temas más polémicos para propiciar una rápida aprobación final del PGOU, el edil de Urbanismo insistió en que el Ayuntamiento va a "defender todos los proyectos hasta sus últimas consecuencias", dado que todos los planes "tienen el respaldo jurídico y la consistencia técnica para que sean aprobados".En el caso de que la Junta de Andalucía deje finalmente fuera del PGOU algunos de estos proyectos emblemáticos, Díaz indicó que "iniciaremos su defensa de manera individual, uno por uno a través de modificaciones del plan y hasta sus últimas consecuencias".El concejal de Urbanismo puso otros ejemplos que ilustran lo que el Ayuntamiento entiende como "política de bloqueo" a los planes municipales. Manuel Díaz habló de las más de 3.000 viviendas previstas en Lagar de Oliveros, que están a la espera de que la Junta apruebe la modificación de elementos del suelo correspondiente, o de como la Junta "está persiguiendo jurídicamente" el desarrollo urbanístico de la zona de la Princesa o ha tirado para atrás el hotel que se proyectaba en Atarazanas.

Cerro Lanza busca un acuerdo para legalizar su situación (La Opinión)


El centenar de vecinos de este diseminado está dispuesto a pagar multas por autoconstrucción, pero reclama mejoras en los servicios municipales
ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA En el diseminado de Cerro Lanza, en lo alto del Puerto de la Torre, conviven las denuncias de la Fiscalía por autoconstrucción con las tasas municipales y algunos servicios del Ayuntamiento, una situación que los vecinos creen insostenible."Aquí estamos simples trabajadores, sabemos que las casas se han hecho sin papeles, por eso pedimos un acuerdo con el Ayuntamiento para pagar la multa correspondiente y que esto se arregle porque es un sinvivir", dice la presidenta vecinal, Dolores González. Jorge Fernández, otro vecino, explica que sobre el diseminado penden unas 50 denuncias por construcción ilegal. "No pedimos que nos eximan de la responsabilidad sino una solución consensuada porque tenemos servicios mínimos, pagamos el agua, hay poca electricidad y teléfono, una ambulancia tarda 50 minutos en llegar y la policía, hora y media", resalta. El vicepresidente vecinal, Juan Antonio Portillo, no se explica que el nuevo PGOU sólo incorpore y legalice "entre un 50 y un 60 por ciento del Cerro Lanza" y se pregunta por qué el Ayuntamiento "en el avance del PGOU tanteó incluir el diseminado entero y luego se echó para atrás".Jorge Fernández cree que en esta zona son tratados "como ciudadanos de tercera", mientras comenta que muchos de los vecinos con sanciones están en paro. La situación de Cristóbal García, de 30 años, en la construcción y con tres niños, es complicada. Sobre él pende la orden de derribo de su vivienda, una multa de 10 euros diarios durante 18 meses y dos años de cárcel. "No soy Julián Muñoz ni Roca", sostiene. El concejal de IU Antonio Serrano, que visitó la zona, explica que los vecinos "no piden privilegios", pero señala que el Ayuntamiento "es corresponsable de la situación" por falta de control y por no anticiparse "a la demanda ciudadana". El concejal se reunirá con el responsable de Urbanismo, Manuel Díaz, para tratar de buscar "una solución jurídica", y regularizar la situación del diseminado. La concejala socialista Mari Carmen Sánchez, que también visitó la zona y asistirá a la reunión, achacó el problema "a la desidia del Ayuntamiento" y lamentó que en el nuevo PGOU sólo haya un plan especial para un diseminado del Puerto de la Torre, frente a los cinco de 1997. "El resto está al margen de la legalidad, en tierra de nadie".

El PGOU reserva 48.000 metros cuadrados para colegios en San Pedro (La Opinión)

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, aprobado provisionalmente en pleno por el PSOE y el PP, reserva 430.000 metros cuadrados para equipamientos en San Pedro Alcántara, de los cuales 48.740 están específicamente destinados a la construcción de nuevos centros educativos.La concejala de Urbanismo, Alba Echevarría, presentó ayer las líneas generales del documento que afectan particularmente a este núcleo poblacional, así como al distrito de Nueva Andalucía, que se beneficiará de 482.000 metros cuadrados de dotaciones.En el cómputo global, la edil incluyó los suelos calificados como zonas de servicio de interés público y social, una especie de "cajón desastre" en el que los gobernantes de la ciudad podrán levantar distintos tipos de equipamiento sin especificar durante los ocho años de vigencia del PGOU, una idea del equipo redactor del Plan General, dirigido por el arquitecto Manuel González Fustegueras, que permite la construcción de colegios, centros de salud o equipamientos culturales en función de las necesidades.Institucional. Las áreas de sistemas generales y equipamiento institucional son las que mayor número de metros cuadrados ocupan, al representar tan sólo en San Pedro Alcántara, 261.874. Le sigue las de interés público, con 87.682 metros cuadrados; las citadas reservas educacionales y finalmente, las deportivas, con 34.955 metros.

El alcalde de Mijas defiende la construcción del Parque Empresarial en La Alberquilla (La Opinión)


Antonio Sánchez afirma que el nuevo proyecto permitiría albergar a un mayor número de empresas, así como la creación de más puestos de trabajo
MARÍA ALBARRAL. MIJAS El Parque Empresarial de Mijas (PEM) estará ubicado en la zona norte de la Alberquilla denominada ´Zona de Oportunidad´ por la Junta de Andalucía. Este espacio, que contará con un millón y medio de metros cuadrados, tiene capacidad para albergar el proyecto diseñado por los 232 empresarios mijeños asociados y también otras empresas de fuera del municipio, según explicó ayer el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez. La ampliación del número de negocios en una sola infraestructura industrial permitirá que se genere una mayor demanda de empleo lo que supondrá una mayor fuente de riqueza para el municipio, según el alcalde. "Este proyecto será muy positivo para la economía de Mijas, ya que se podrán crear muchos más puestos de trabajo que si únicamente contamos con empresas locales", explicó el regidor mijeño.La iniciativa de crear un parque empresarial sólido en la localidad siempre ha contado con el rotundo apoyo del Ayuntamiento de Mijas. Desde el Gobierno autonómico se propone un plan más amplio que no se ciñe tan sólo al proyecto del Parque Empresarial. "La iniciativa del grupo de empresarios mijeños es muy buena, pero podemos hacerla aún más potente complementándola con otras empresas", afirma Sánchez. El regidor mijeño asegura que "estamos ante una nueva situación económica y de planeamiento; es el momento de pensar en el futuro de Mijas con amplitud de miras y no repetir errores del pasado, como depender demasiado de la construcción".El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, respondía así ayer a las críticas del Partido Popular, que aseguraba que "el Parque Empresarial no existe ni jurídica ni urbanísticamente, pues aún no tiene suelo donde construir y el que se supone reservado para ello está destinado a grandes empresas que conformarán un Parque Tecnológico de la Costa del Sol".En este sentido, Antonio Sánchez ha asegurado que "es incomprensible que el PP se oponga a que Mijas tenga un proyecto industrial de mayor envergadura, capaz de atraer a más empresas, incluso de otros países", asegurando que "el Partido Popular le quiere negar a Mijas una oportunidad única para crear empleo, sin depender exclusivamente de la construcción y el turismo". Los empresarios mijeños decidieron unirse para conseguir más espacio en una zona fuera del casco urbano. En un principio, el PEM se situaba en la Atalaya pero la Junta de Andalucía calificó después los terrenos como ´Lugar de Interés Comunitario´ por lo que propone como alternativa la ´Zona de Oportunidad´. El pasado 26 de septiembre los comuneros se reunieron con la Empresa Pública del Suelo Andaluz (EPSA) para llegar a un acuerdo. El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, afirma que "comprende la impaciencia de los empresarios, a los que pide que mantengan su aportación en el proceso de negociación abierto con la EPSA, puesto que hasta ahora se ha producido un primer contacto y se seguirá trabajando para definir el proyecto". En cuanto a la actitud del PP, Sánchez añadió que "la política de los populares es la del "cuanto peor, mejor", apostillando que "sólo les interesa que las cosas vayan mal para Mijas y así sacar rentabilidad política".

Sobreseída la causa contra el arquitecto de Alhaurín el Grande por el caso Troya (SUR)


La jueza cree que no hay indicios racionales de criminalidad en el cumplimiento de sus obligaciones que deriven en hechos ilícitos. El alcalde considera que es una «buena noticia» para todos los imputados y un primer paso para el completo archivo de la causa

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín ha sobreseído provisionalmente la causa contra el arquitecto municipal de Alhaurín el Grande por el denominado caso Troya, que investiga una supuesta trama de corrupción en esa localidad por delitos de cohecho y prevaricación urbanística. La jueza ha acordado el sobreseimiento al considerar que no existen indicios racionales de criminalidad en el cumplimento de sus obligaciones que pudiesen derivar en los hechos ilícitos.En el auto judicial se señala que el técnico del Ayuntamiento alhaurino, M.A.G.M., informó negativamente sobre la concesión de licencias en los expedientes urbanísticos analizados en esta causa, excepto en un apartado relativo a una caseta agrícola, y que su trabajo obedeció a «criterios técnicos independientes a la asesoría jurídica». La resolución judicial se produce tras el informe en idéntico sentido de la Fiscalía, a petición del defensa. El fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, ha declarado que no se opone al sobreseimiento «al no haber quedado acreditada su intervención en los hechos delictivos».El fiscal alude a un expediente de obras promovido por una empresa y aclara que los informes emitidos por el técnico no pueden entenderse como un dictamen favorable, pues, añade el ministerio público, «en dos informes elaborados en 2006 el arquitecto municipal había ratificado su informe inicial en el que se mostraba contrario a la licencia solicitada».Como se recordara, en la primera fase de la actuación de la 'Operación Troya', fueron detenidos el 18 de enero de 2007 el alcalde, Juan Martín, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, y en fases posteriores fueron detenidas otra veintena de personas, en su mayoría empresarios. Además, el arquitecto municipal, cuya causa ha sido sobreseída, fue imputado por prevaricación.
Satisfacción para Serón
Según fuentes municipales, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, considera que esta decisión judicial es una buena noticia para los imputados por el caso Troya. El primer edil alhaurino también cree que el sobreseimiento de la causa contra el técnico municipal «es un primer paso para el archivo de la causa en todo su conjunto», según matizaron ayer las mismas fuentes municipales a este periódico.

Las obras del cuartel de la Guardia Civil concluirán en verano de 2010. Antequera (SUR)


El alcalde afirma que la construcción del complejo educativo en los solares del antiguo albergue comenzará antes de final de año

Casi tres meses después de que comenzaran las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Antequera con la firma del acta de replanteo, las autoridades colocaron ayer la primera piedra del edificio, que podrían estar concluido para verano de 2010, según matizó ayer el alcalde, Ricardo Millán, quien afirmó que principalmente el acto protocolario se hacía para «evitar la rumorología de que las obras están en peligro por el momento en el que estamos», refiriéndose a la crisis económica que azota el país.La construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil está sujeta a un convenio por el que la UTE formada por el Grupo Vera -cuyo presidente, Francisco Vera, asistió al acto de colocación de la primera piedra- y Edisol realizaría las obras y las de un complejo educativo en los solares del antiguo albergue. A cambio obtendría los solares del actual cuartel de la Benemérita para construir un moderno edificio de viviendas y locales comerciales. La actuación fue valorada en 27.117.912 euros, de los que 8.944.837 se destinarían a la construcción del cuartel; 12.891.208, al complejo educativo y, 5.281.867 euros se entregarían en metálico por los promotores en concepto de mejoras (dos millones se destinarían al equipamiento del cuartel y el resto irían a parar a las arcas municipales). No obstante, Millán apuntó ayer que un sobrecoste del micropilotaje para hacer la cimentación se descontaría a la UTE de esa aportación en metálico de aproximadamente tres millones que deberían ir a parar al Ayuntamiento. Además, Millán también aclaró que ni el proyecto del cuartel de la Guardia Civil ni el del complejo educativo sufrirían finalmente cambios debido a la actual crisis económica y afirmó que se ejecutarían tal y como fueron concebido, salvo algunas modificaciones técnicas como la altura de un muro.Como se recordará, el nuevo Cuartel de la Guardia Civil se levantará sobre una superficie de 3.300 metros cuadrados en forma de 'L' en la llamada Ciudad de la Justicia de Parquesol, donde ya están operativos los nuevos Juzgados y la nueva comisaría de la Policía Nacional.El cuartel contará con las correspondientes oficinas y aparcamientos, el puesto de la compañía y las dependencias de tráfico en un edificio que se diferenciará del destinado a las viviendas de los agentes, 39 en total.Por su parte, el Complejo Educativo se levantará sobre los terrenos del antiguo albergue, entre la estación de autobuses y los Jardines del Cortijo, y contará con 185 aparcamientos subterráneos. Albergará las instalaciones del Conservatorio, actualmente de grado elemental, con idea de optar al grado medio, y dispondrá de un auditorio con capacidad para 380 personas que será esencial tanto para dicho Conservatorio como para la Escuela de Idiomas, que también se ubicará en el complejo educativo, al igual que el Centro de Profesores.El complejo educativo estará formado por cuatro pabellones independientes unidos mediante jardines y pérgolas, integrando la mayor parte del arbolado existente en la parcela. Antes de la firma del convenio con la UTE se anunció que el plazo de ejecución de las obras era de 15 meses.Por último, en los solares del actual cuartel de la Guardia Civil, la UTE levantará un edificio de viviendas, comercios y aparcamientos.

El Ayuntamiento defiende la legalidad de las viviendas autorizadas en suelo rústico. Frigiliana (SUR)


El edil de Urbanismo recuerda que aprobaron una ordenanza que permite su construcción

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Frigiliana, Francisco Moyano (PA), defendió ayer la legalidad de las viviendas construidas en el campo en los últimos años, tras la última denuncia realizada por el colectivo Gena-Ecologistas en Acción, que ha interpuesto ante la Fiscalía un escrito por la existencia de más de 1.300 viviendas fuera de ordenación en suelo rústico. «Han sido todas autorizadas e informadas favorablemente por la Junta», consideró el edil, quien recordó, no obstante, que a partir de 2003, con la entrada en vigor de la LOUA, se restringió totalmente esta situación.«Nosotros aprobamos entonces, hace tres años, una ordenanza para regularlas, que está recurrida por la Junta», explicó el edil, quien añadió que el juez desestimó la suspensión cautelar solicitada por la Administración andaluza, de manera que el Consistorio podía seguir con su aplicación hasta que se resuelva el contencioso-administrativo. Moyano apuntó que en este tiempo «apenas se han dado una decena de licencias» en aplicación de esta ordenanza local, que restringe las autorización y exige los usos agrícolas y/o turísticos en las parcelas rústicas.«Este Ayuntamiento siempre está colaborando con las instituciones y el Seprona. Abrimos unos 300 expedientes sancionados por infracciones urbanísticas de todo tipo al año», argumentó el concejal frigilianero.

El Ayuntamiento cederá suelo a la Junta para el futuro palacio de congresos. Vélez-Málaga (SUR)

El nuevo equipo de gobierno trasladó ayer a la delegada del Gobierno, María Gámez, una batería de proyectos. El Ejecutivo andaluz se compromete a estudiar las demandas sobre la segunda fase del tranvía
El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento veleño formado por PSOE, IU y GIPMTM, no quiere dejar pasar ni un minuto para hacer realidad los proyectos incluidos en el pacto del tripartito. De esta forma, los trece concejales se reunieron ayer con la delegada del Gobierno, María Gámez, para trasladarle las necesidades del municipio.

La ampliación del Puerto de Caleta de Velez, el museo de arte contemporáneo, la situación de las casas de Mezquitilla y Lagos o de las Protegidas, y la culminación del tranvía, fueron algunos de los asuntos que se trataron. En este sentido, María Gámez, afirmó que la Junta de Andalucía analizará las demandas del Consistorio sobre la segunda fase del tranvía, cuyas obras aún no han sido recepcionadas. La delegada recordó que el Ejecutivo autonómico ya ha efectuado una inversión importante en este transporte. «Hoy no es un momento de toma de decisiones, sino de toma de contacto y traslado de preocupaciones», indicó Gámez quien se comprometió a trasladar todas las problemáticas a los diferentes dedegados.

La alcaldesa, María Salomé Arroyo, destacó la receptividad de la Junta a las propuestas del Consistorio y se mostró convencida de que en breve empezarán a materializarse los distintos proyectos.

Por su parte, el portavoz de IU y futuro concejal de Urbanismo, Salvador Marín, anunció que su intención es que el Ayuntamiento ceda suelo al Gobierno andaluz en el próximo pleno municipal para la construcción de equipamiento.

Cesión de suelo

«Vamos a ceder suelo en el recinto ferial Padro del Rey para que la Junta se haga cargo íntegramente de la construcción del futuro palacio de congresos», indicó Marín. IU también trasladó a la delegada su interés en firmar un convenio con la Universidad para que el municipio albergue varias carreras universitarias.

En cuanto al Club Náutico de Torre del Mar, Marín recordó a la delegada que el PSOE se ha comprometido a no derribar la piscina ubicada en suelo marítimo terrestre. «Queremos firmar un convenio para que nos cedan el suelo y darle un uso público instalando el Aula del Mar o un museo del mar», apuntó Marín.

Torre del Mar

En cuanto al tema de la segregación de Torre del Mar, la delegada se mostró prudente y recordó los obstáculos legales que supone. El líder del GIPMTM, Manuel Rincón, se mostró satisfecho y destacó el trato de respeto recibido. Además, remarcó que se van a modificar los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía para que Torre del Mar se convierta en el pueblo número 32 que forma parte del organismo.

De momento, el edil independentista Javier Checa sustituirá a María Salomé Arroyo como vocal en el ente mancomunado. Una vez modificados los estatutos el teniente alcalde pasará a ser miembro nato de la junta del organismo, que es el máximo órgano de gobierno de la institución.

Los afectados de viviendas irregulares se manifestarán ante la «dejadez» municipal. Mijas (SUR)

La asociación pide reunirse con el alcalde

La Asociación para la Regularización de Viviendas de Mijas llevaba tiempo quejándose de la «dejadez» de la Corporación municipal que «no atiende» las peticiones de la plataforma y tampoco se reúne con ellos. Por eso, han anunciado que se van a emprender movilizaciones, empezando por la que se realizará mañana durante la sesión plenaria.

Pese a que en principio las manifestaciones públicas se harán en el ámbito municipal, lo cierto es que la junta directiva no descarta «ir a Sevilla, Madrid o donde sea necesario para que este grave problema social no caiga en el olvido».

El presidente del colectivo, Juan Antonio Blanco asegura que el trato que reciben desde el Ayuntamiento es de «total pasividad», y reconoce que durante meses no ha mantenido ni un sólo encuentro con el primer edil, Antonio Sánchez, «pese a que se han solicitado ocho reuniones desde el pasado mes de febrero».

Preocupación

Blanco también aclara la gran preocupación de los socios del colectivo ya que «parece que no quieren recibir a la asociación porque no se ha hecho nada», argumentó. Por ello, se teme que la intención municipal sea «una cortina de humo con la única intención de que pase el tiempo y los expedientes abiertos se compliquen aún más».

Aunque se celebró hace escasos meses un pleno extraordinario para tratar el problema de las viviendas ilegales, pocas han sido las novedades que el colectivo ha recibido desde entonces.

El PGOU reserva en San Pedro y Nueva Andalucía 100 hectáreas para paliar la falta de equipamientos. Marbella (SUR)

Se destinará a la construcción en ocho años de colegios, centros de salud e instalaciones deportivas y a zonas verdes. El Plan prevé desmantelar la gasolinera de Puerto Banús

Si Marbella acusa todavía la falta de inversión en equipamientos por la desidia de los gobiernos gilistas y postgilistas, que durante más de 15 años sometieron a la ciudad a un bloqueo institucional amparado en la negativa a ceder suelo a otras administraciones, esta situación es aún más acuciante en San Pedro Alcántara y en el núcleo poblacional de Nueva Andalucía, por donde siempre pasaban de largo las escasas actuaciones realizadas durante esta larga década.

Pasado este capítulo negro de la historia local y con la mirada puesta en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), toca conocer cómo se recompondrá esa pesada herencia que dejó la 'era GIL'. Por lo pronto, el nuevo planeamiento, aprobado provisionalmente la pasada semana con los votos a favor de PP y PSOE y la oposición de IU, reserva 100 hectáreas, esto es, más de un millón de metros cuadrados de suelo tanto en la localidad sampedreña como en Nueva Andalucía para paliar la falta de equipamientos casi crónica que padecen ambas zonas.

En ocho años

Parques, colegios, centros de salud, instalaciones deportivas o una residencia de mayores engrosan la lista de infraestructuras de uso público que se prevén construir en los próximos ocho años, plazo estimado para el desarrollo del PGOU, según explicó ayer la edil de Urbanismo, Alba Echeverría, durante la presentación de las líneas generales del documento para los dos núcleos de mayor peso tras el casco urbano de Marbella.

«Es un momento muy importante para reequipar a la ciudad con los equipamientos que nunca hemos tenido», valoró. Y no sólo con palabras. Detalló cómo en algunos casos ni siquiera se habían desarrollado suelos destinados a equipamientos que venían marcados en el Plan General del 86, pese a que han pasado más de dos décadas desde que se diseñó.

Es el caso de una «pastilla» de suelo en la zona de la avenida Virgen del Rocío donde restaban aún 18.000 metros cuadrados para un equipamiento institucional y 524 de uso cultural; superficies que se agregan al nuevo PGOU, que se prevé esté en vigor para la primavera de 2009. De los cambios introducidos por el equipo de gobierno tras la aprobación inicial y el periodo de alegaciones, señaló que se han realizado «pequeños reajustes» para distribuir zonas verdes y equipamientos de forma más acorde.

Centro logístico

San Pedro contará así con 430.000 metros cuadrados de equipamientos escolares, deportivos, institucionales, culturales, zonas verdes o zonas de servicio de interés público y social (Sips), en los que se concretará el uso durante el desarrollo del planeamiento, a los que se suman los 138.191 metros cuadrados del centro logístico de transportes que se ubicará al norte de la localidad. Será en el suelo previsto en el documento inicial para un parque cementerio, ahora reunificado en un gran camposanto en Nagüeles.

Destacan la ampliación del polideportivo del Arquillo, del colegio Fuente Nueva, del polígono industrial o la construcción de una residencia de ancianos, así como la prolongación de paseo marítimo para conectar la basílica paleocristiana con el tramo central, entre otros proyectos. Mientras, en Nueva Andalucía, el Plan contempla 482.000 metros cuadrados para equipamientos de diversa índole.

La ampliación del polideportivo con una piscina cubierta, el aumento de superficie de la zona dotacional de los Altos de La Campana, el incremento de suelo en la zona deportiva del Picadero con una escuela municipal de hípica, 1.700 metros cuadrados para un ambulatorio en la avenida Gustavo Adolfo Bécquer o el desmantelamiento de la gasolinera de Puerto Banús, igualmente para uso sanitario, son algunas de las actuaciones previstas para Nueva Andalucía.

Conferencia sobre el Plan General (SUR)

El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) inaugura hoy su ciclo de conferencias y mesas redondas para el curso 2008-2009 con una charla sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga. Dará comienzo a las 18.30 horas en la sede de este organismo, junto al parque de El Morlaco. Los ponentes serán Javier Gutiérrez Sordo y Damián Quero. Más información en 'www.omau-malaga.com'.

Urbanismo inicia la contratación de obras que los malagueños solicitaron para este año (SUR)


Las actuaciones, valoradas en 2,3 millones de euros, mejorarán calzadas y aceras. Dedican más de un millón al alumbrado

El Ayuntamiento ha sacado a concurso nuevas obras que pidieron los vecinos dentro del programa de presupuestos participativos para este año. Se trata de un conjunto de actuaciones que suman 2,3 millones de euros. La de mayor cuantía es el plan de reforma, reposición y mejora del alumbrado en la ciudad, que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto de 1.114.655 euros, según el concurso convocado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, que adjudicará estos trabajos en algo más de un mes.Otro proyecto consiste en la mejora de infraestructuras viarias en el distrito Palma-Palmilla, al que se dedican 556.629 euros que se emplearán en unas actuaciones que durarán unos seis meses. Beneficiarán a diversas calles de la barriada 26 de febrero (González Sáez, Menéndez Pidal, Pablo Casals, Ramón Pérez de Ayala y José María Pemán) y a la calle Guadalén.Además, Urbanismo ha licitado el plan de mejora de calles en Campanillas por valor de 378.103 euros y un plazo de seis meses. Se realizarán en las calles Lairenes (Maqueda) y en la plaza del Salvador (Santa Rosalía).Por último, también dentro del sistema de presupuestos participativos previsto para este año, el Ayuntamiento inició ayer la contratación de un plan de mejora de pavimentos en varias calles de la ciudad por un importe de 319.775 euros. Su plazo de realización también es de seis meses. Las obras, que renovarán calzadas, aceras y zonas de aparcamiento, se llevarán a cabo en las calles Pinosol, Zaragüeta (Camino de Antequera), Liebre (Cerrado de Calderón), Encarnación Fontiveros, pasaje del Dracma (La Unión) y La Carolina (La Noria).

La UMA construirá viviendas en Teatinos para alquilarlas a los universitarios (SUR)

Los estudiantes y el profesorado podrán optar a estos alojamientos durante cinco años, prorrogables doce meses más si continúan sus estudios. Los pisos tendrán entre 30 y 45 metros cuadrados y contarán con zonas comunes


EL PROYECTO
Dónde: En el campus de Teatinos

Número de viviendas: 120

Régimen: VPO en alquiler de renta básica a 25 años

Condiciones: Carácter rotatorio, por un máximo de cinco años, prorrogable 12 meses más

Metros: Entre 30 y 45 metrosHasta ahora, los universitarios que estudiaban en la Universidad de Málaga (UMA) tenían pocas opciones para encontrar alojamiento a comienzos de curso: O rezaban para encontrar plaza en una residencia universitaria o buscaban un piso compartido en el mercado libre de vivienda. Pero ahora buscar una vivienda será un poco más fácil. La UMA firmó ayer un acuerdo con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Vivienda para construir 120 alojamientos universitarios en el campus de Teatinos.

Estos alojamientos serán calificados como VPO en alquiler de renta básica a 25 años y tendrán un carácter rotatorio, como solución temporal hacia otras formas de acceso a la vivienda. El arrendamiento contará con una duración máxima de cinco años, prorrogables doce meses más, si el inquilino continúa vinculado a la Universidad.

Los destinatarios serán fundamentalmente los jóvenes estudiantes, pero también tendrán acceso investigadores, profesores y demás miembros de la comunidad universitaria, que podrán optar a este parque residencial a través de un procedimiento público de adjudicación puesto en marcha por la propia Universidad.

Los pisos dispondrán de una superficie máxima de 30 metros cuadrados si su capacidad es para una sola persona, y de un espacio máximo de 45 metros cuadrados en el caso de que éste pueda albergar a dos inquilinos. De acuerdo con estos convenios, las viviendas deberán disponer de espacios y servicios comunes como acceso a Internet o zona de estudios. También se establecerán cupos para colectivos sociales con minusvalías y necesidades especiales. La inversión global para esta actuación asciende a un total de 8,7 millones de euros. Los acuerdos tendrán vigencia hasta diciembre de 2010 y una Comisión de Seguimiento garantizará el cumplimiento de las actividades comprometidas.

La cuerda se tensa entre la Junta y el Ayuntamiento por el PGOU (SUR)

El equipo de gobierno del PP amenaza con recurrir a los tribunales si continúa «el bloqueo» de sus proyectos . La Administración regional critica la actuación del Consistorio y le acusa de buscar la confrontación y el discurso del agravio

LOS PROYECTOS DE LA DISCORDIA Y LAS RESPECTIVAS POSTURAS
Arraijanal

Ayuntamiento: Sostiene que esos suelos ya fueron evaluados medioambientalmente en el PGOU de 1997 y defiende que en ellos se pueden construir hoteles, edificios de uso empresarial y las 664 viviendas previstas en el documento.

Junta: Mantiene que la ordenación propuesta no es compatible con la conservación de las características ecológicas de la playa y el arenal.

Vega del río Campanillas

Ayuntamiento: Defiende la construcción de viviendas en ese entorno y recuerda que el Gobierno andaluz hizo un área de reserva de suelo para casas en ese entorno.

Junta: Considera que no son viables diversos sectores por su impacto negativo en la vega del río y sus valores ambientales así como por los riegos de inundación.

Maristas

Ayuntamiento: Defiende el traslado del colegio a un suelo al norte del sanatorio de San José y que el plan metropolitano había reservado para equipamiento.

Junta: Argumenta que esa parcela está protegida.

Maqueda

Ayuntamiento: Defiende una urbanización de dos mil viviendas.

Junta: No ve viable el proyecto por encontrarse cerca de una central de ciclo combinado.

Construir al norte de la ronda

Ayuntamiento: Defiende el proyecto Limonar Alto de 500 chalés.

Junta: Mantiene que esos suelos deben ser no urbanizables.

Otros asuntos

Ayuntamiento: Acusa a la Junta de «puentearle» en la ampliación del Centro de Transportes de Mercancías, de perseguir judicialmente planes especiales municipales, de no desarrollar el convenio de arroyos o bloquear proyectos como las torres de Repsol y Martiricos o de arquitectos como Moneo.La cuerda se tensa entre el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas. Las hostilidades se abrieron en la mañana de ayer cuando el concejal de Urbanismo amenazó con llevar a la Administración regional a los tribunales si continúa con su política de «bloqueo sistemático» de los proyectos municipales. La respuesta no se hizo esperar. La delegada del Ejecutivo andaluz en la provincia, María Gámez, lamentó la forma de actuar del Consistorio de la sexta ciudad del país y le acusó de buscar el enfrentamiento y recuperar el discurso del agravio entre andaluces.

La postura municipal quedará de manifiesto en una moción -cuyo texto no fue facilitado- que van a presentar en el pleno de mañana. Es la dura respuesta al reciente informe de impacto ambiental elaborado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en el que se rechazan algunas de las principales iniciativas recogidas en la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

«Vamos a denunciar el bloqueo al desarrollo que la Junta nos está imponiendo, vamos a pedir la autonomía de competencia municipal porque todas esas actuaciones están consiguiendo ahuyentar a los inversores privados y que el capital inversor se vaya fuera porque la Junta está consiguiendo que Málaga sea un lugar con incertidumbre, inseguro y donde las grandes empresas no pueden invertir», aseguró Díaz.

Tras desear que el PGOU se apruebe «cuanto antes», el edil popular defendió la viabilidad técnica y jurídica de las actuaciones incluidas en el plan y sostuvo que las proyectos básicos, fundamentales y prioritarios se van a defender «hasta las últimas consecuencias y si hace falta se llegará hasta la justicia ordinaria». «No nos van a aburrir; al alcalde (Francisco de la Torre) y a mí no nos gana nadie en persistencia», aseveró.

Díaz manifestó que la Junta se contradice ya que se alcanzaron acuerdos en las mesas técnicas sobre aspectos del PGOU -a excepción de la construcción al norte de las rondas- y el informe de impacto ambiental «por sorpresa corta de raíz todos los proyectos que se intentaron consensuar».

A su juicio, el Gobierno regional actúa con «una doble vara de medir» en Andalucía que perjudica a Málaga ya que, según añadió, en ciudades como Sevilla, Almería, Córdoba o Huelva se aprueban proyectos que aquí se «tumban» o se «paralizan». Entre ellos, citó las construcciones en alturas que en esas capitales «se agilizan» y aquí se ponen trabas. Por ello exigió un trato igualitario. A la pregunta de si con esta actitud la Administración regional perjudica quiere perjudicar los intereses de Málaga, el edil respondió: «Hay hechos objetivos que lo demuestran».

María Gámez calificó de «desaforadas y fuera de lugar» estas críticas y sentenció que acusar al Gobierno regional de intentar bloquear y querer paralizar el futuro de Málaga es de «una magnitud y una gravedad» que supera cualquier listón en la crítica política.

Relaciones

«La Junta no va a contribuir con declaraciones gruesas como las que ha hecho el concejal a empobrecer y ensombrecer el panorama político de la ciudad en el que parece que lo único que se pretende es la búsqueda de una confrontación institucional estéril y además inexistente», indicó al tiempo que recordó que en la aprobación provisional del PGOU, el Consistorio ha mantenido los proyectos a los que ya se puso objeciones en el trámite procedimental previo.

Gámez afirmó que la Junta lidera y participa en los grandes proyectos de la ciudad (metro, auditorio, ampliación del campus universitario, el puerto o el aumento de plazas de guarderías). Una línea de actuación en la que, según mantuvo, van a continuar frente «al discurso del agravio y del enfrentamiento entre andaluces que no conduce más que a la desilusión y el agotamiento de los ciudadanos».